Una vez iniciada la cuarentena diversos medios de comunicación mostraron
la situación de confinamiento como una “oportunidad” para invertir mejor el
tiempo, aprender idiomas, “emprender” con un nuevo negocio digital y disfrutar
el tiempo en familia.
Sin embargo, la realidad ha derrumbado con fuerza ese castillo de
naipes, ha roto aquellas ideas develando su carácter clasista, apenas pensables
para un sector acomodado de la población. La verdadera cara del capitalismo se
muestra con hostilidad cada día de confinamiento y quienes sostienen las
pesadas cargas de la crisis económica en curso son los trabajadores, los
pobres, los migrantes y las mujeres.
Con el decreto de la cuarentena se dispararon las denuncias por
violencia doméstica, quedarse en casa no significó para miles de nosotras
“disfrutar de la familia y la pareja”, o una “oportunidad para trazarnos nuevas
metas” tal como auguraban cientos de medios y políticos, que romantizaron el
encierro y las relaciones familiares ya descompuestas por este sistema.
La violencia de género se dispara y el gobierno Duque guarda silencio:
Para muchas quedarse en casa ha implicado convivir con su agresor,
triplicar las jornadas de trabajo y poner más altas las barreras para
denunciar, pues el estar confinadas 24/7 con nuestro agresor ha hecho que
nuestras vidas estén en mayor riesgo, buscar ayuda y acudir a ella se ha vuelto
casi imposible pues los círculos de apoyo se ven reducidos.
Antes del inicio de la cuarentena, según los datos de De
Justicia las mujeres representábamos el 86% de las víctimas de
violencia doméstica en Colombia, y el 73% de casos de violencia intrafamiliar
tenía lugar al interior de las viviendas,
con la cuarentena las denuncias por violencia doméstica se triplicaron. Así
mismo, desde el 20 de marzo hasta el 16 de abril se registraron 19 feminicidios
de los 54 registrados que han ocurrido desde inicios de año.
El gobierno Duque dejó escalar la violencia, hoy mucho más silenciada e
invisibilizada que antes. Este “descuido” responde a los intereses de la casta
política que representa, pues los problemas de las mujeres trabajadoras y
pobres nunca han estado contemplados en su agenda.
Las medidas de gobiernos locales tampoco han respondido a las
necesidades de las mujeres que padecen este tipo de violencia. La alcaldesa de
Bogotá, Claudia López, puso como condición para entregar subsidios a las
familias más pobres, que no hubiera violencia intrafamiliar, condenando así a
miles de mujeres a elegir entre denunciar y no comer, o aguantar los golpes y
alimentar a sus hijos.
En Bogotá la mayoría de los casos de violencia denunciados están
relacionados con violencia psicológica y física, y las mujeres víctimas son en
su mayoría residentes de Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar: localidades
donde abundan los barrios populares y donde habitan mujeres trabajadoras que
están padeciendo por falta de trabajo o por exceso de este, pues las cargas que
derivan de la triple jornada exige a las mujeres atender las
obligaciones laborales, junto con aquellas que se nos han impuesto, como
naturales de nuestro sexo ( cuidar a los hijos, limpiar y cocinar), esta
situación combinada con la violencia que se vive al interior de las casas
resulta en mayor opresión y desigualdad.
Las medidas son tan ineficientes que en Bogotá, La secretaría
distrital de la mujer, reportó que en el primer mes de cuarentena hubo un total
de casi 6.000 llamadas a la Línea Púrpura, lo que representó más de la tercera
parte del total que normalmente se reciben en un año (1.700 para 2019); pero la
eficiencia real de este canal es de entre 30 % a 45 % ya que solo
cuenta con 14 profesionales encargados, lo que implica que hay
muchos más casos que están quedando sin atender. Si esto es así en Bogotá, la
situación en el resto del país de seguro es mucho más precaria.
Ante la falta de canales de atención, la secretaría, en alianza con
Fenalco, D1, Justo & Bueno y Ara estableció un acuerdo en donde los
trabajadores de estas tiendas deberán servir de mediadores entre las víctimas
de violencia y los cuadrantes de policía, recolectando datos cuando una mujer
haga mercado en sus tiendas y manifieste necesitar ayuda. ¡Menuda solución!
Sujetar la ayuda de quienes no pueden acceder a la Línea Púrpura a una ayuda a
medias, pues su acceso depende de la compra en la tienda: siendo así, un
beneficio más de clientela que una atención estatal.
Así mismo se impone sobre los hombros de los trabajadores de estas
tiendas, una carga adicional que por otra parte supone que toda persona está
capacitada para la atención de estos casos y se deja en manos de la policía,
una institución denunciada en varias ocasiones por violar y agredir a mujeres
un problema tan complejo como la violencia doméstica.
Como si fuera poco, Fenalco se muestra como abanderado de las luchas
contra la violencia de género de manera hipócrita y la alcaldía se presta para
lavarles la cara, pues bien es sabido que muchos de estos casos de violencia se
ven intensificados por las condiciones de pobreza y miseria en la que viven
miles de personas, condiciones de las que es responsable el capitalismo que en
situaciones de crisis como esta, pone sobre los más oprimidos en este caso las
mujeres pobres, los pesados ladrillos de su descomposición.
Tanto el gobierno nacional, como el local son responsables de las
penurias que miles de mujeres están padeciendo, puesto que las medidas son ineficientes
y casi inexistentes para la magnitud del problema que se vive y también porque
sus esfuerzos están enfocados en salvar bancos y empresarios, no mujeres, ni
trabajadores o niños pobres, que en momentos como este representan una carga o
un sacrificio necesario para sostener la riqueza de unos pocos.
Hoy son las mujeres las que cierran las calles de los barrios populares,
colgando trapos rojos en puertas y ventanas, son ellas las que viven violencia
dentro de sus casas y la peor de la violencia institucional al momento de
exigir sus derechos, porque antes de elaborar canales de atención efectivos
prefieren reprimir y silenciar a quienes tienen hambre.
Así mismo, la comunidad Trans y las prostitutas, que han sido
históricamente golpeadas, excluidas e invisibilizadas, han sufrido el doble en
este contexto, ya que la ausencia de un plan de contingencia que les garantice
un mínimo vital las ha obligado a exponer sus vidas para poder comer. Podría
decirse que la ausencia de medidas para esta población se traduce en un plan
institucional de “limpieza social” al que todos debemos enfrentar con rechazo.
Por estas razones se hace necesaria la unidad de organizaciones de
mujeres y centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales y populares,
para delinear por un lado programas y canales de atención centralizados que
brinden atención inmediata y por otro para exigir al gobierno tanto nacional
como local los recursos necesarios para la atención de mujeres víctimas de
violencia doméstica e institucional (como las trabajadoras sexuales) por
ejemplo, se puede exigir que el gobierno use los hoteles como refugios y se
hace necesario que los Sindicatos dispongan recursos y trabajadores, como sus
abogados para la atención inmediata de las mujeres.
Trabajadoras domésticas y de la salud sin garantías:
En su mayoría las trabajadoras domésticas son madres cabeza de familia,
tienen salarios por debajo del salario mínimo y ninguna prestación social, el
12% están por encima de los sesenta años, lo que las ubica como personas de
mayor riesgo frente al COVID, así mismo el 77% de estas trabajadoras recibe
pago en especie, como la alimentación que reciben en las casas de sus patronos.
Desde que inicio la cuarentena estas trabajadoras en su mayoría fueron
despedidas y hoy se encuentran sin ninguna garantía. 5
Si en el caso de la gran mayoría de los trabajadores del país, la
pandemia ha profundizado sus precarias condiciones de trabajo y de vida, debido
a las medidas de las patronales en su contra, como la suspensión de contratos,
la reducción de salarios, la imposición de “vacaciones,” el despido o el
sometimiento a ir a trabajar sin condiciones de bio-seguridad; es mucho peor en
el caso de las trabajadoras, en especial de las empleadas domésticas cuyas
posibilidades de defender sus derechos son casi inexistentes, más aún cuando su
relación con sus patronos muchas veces no es ni siquiera considerada como una
relación laboral.
Estas mujeres deben soportar la pandemia sin salario, con las cuentas
del arriendo y los servicios corriendo y los culpables son los patronos que
sobre ellas ejercen la peor de las violencias: obligarlas a padecer hambre.
La situación de ellas demuestra que la crisis de la pandemia ha hecho
que recaigan con más fuerza las lacras del capitalismo sobre los sectores más
vulnerables, en connivencia total del gobierno uribista quien decreta medidas
para salvar a los ricos y a sus ganancias.
Las centrales obreras y el Comité nacional de Paro, en apoyo de los
sindicatos de trabajadoras domésticas como UTRASD deben acompañar la situación
de estas trabajadoras y elaborar un plan de apoyo encaminado a proteger y
garantizar un mínimo de derechos para estas mujeres y sus familias, empezando
por una exigencia al gobierno para que garantice un ingreso mínimo vital
durante la cuarentena, además, cada patrón debe garantizar el pago a estas
trabajadoras mientras ellas permanezcan en casa, para cuidarse ellas y sus
familias.
Así mismo, las trabajadoras del sector salud no escapan a estas
condiciones precarizadas, sobre ellas recaen arduas jornadas en donde se han
visto vulneradas, empezando por la falta de medidas de bio-seguridad que ha
elevado las posibilidades reales de su contagio, cuando con los implementos
necesarios este se podría disminuir. Los discursos presidenciales o del
ministro Fernando Ruíz que felicitan a las trabajadoras de la salud y las
califican de “heroínas”, así como la “buena voluntad” de las EPS, no las van a
proteger del virus, es necesario que se destinen los recursos para su
protección y para que realicen su trabajo con todas las garantías de seguridad.
Es totalmente justo cuando alzan su voz y gritan “somos héroes, pero no somos mártires”
ante semejante burla por parte del gobierno y de los intermediarios
privados.
En el mundo la mayoría del personal de la salud son mujeres, según la
OMS representan el 74% del total de trabajadores de este sector y a pesar de
esto la brecha salarial es del 28% lo que ha llevado a que miles de mujeres se
vean obligadas a conseguir entre dos y tres trabajos para cubrir sus
necesidades básicas.
Esta situación combinada con la precarización laboral y la pandemia hace
que estas trabajadoras arriesguen mucho más su vida al tener que desplazarse a
distintos focos de contagio poniendo en riesgo sus vidas y las de sus
familias.
Agremiaciones y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud
han hecho diversos llamados para realizar cacerolazos desde balcones y
ventanas, las centrales obreras no han ido a fondo con este llamado, dejándolos
a la deriva en su lucha, es por ello por lo que desde las organizaciones de
mujeres debe hacerse un llamado a apoyar estas iniciativas para lograr
garantías para los trabajadores de la salud, que en su mayoría son
mujeres.
Ni el gobierno, ni las patronales han tenido alguna contemplación con
los trabajadores, las mujeres y los pobres, es por ello que de la unidad de
todos estos sectores deben salir las fórmulas para enfrentar la crisis y a
quienes pretenden hacernos pagar por ella.
Las mujeres fueron vanguardia en la gran movilización del 21N, hoy han
sido muchas las que han salido a resistir desde los barrios a la represión, son
otras tantas las que han sido obligadas a trabajar en las peores condiciones,
teniendo que dejar solos a sus hijos para garantizar la comida, todo esto bajo
la anuencia del Gobierno Uribe-Duque que nos manda a morir en nombre de las
ganancias de los empresarios.
A las mujeres nos han acorralado, entre la comida o el contagio nuestro
y de nuestras familias, entre los golpes o la calle. Sobre nosotras las
consecuencias de la pandemia, la crisis, el confinamiento y el trabajo son
mucho peores; por ello más que nunca, se hace necesario fortalecer los lazos de
solidaridad entre organizaciones de mujeres y sindicatos, son muchas las
acciones que se han llevado en diferentes barrios y ciudades, pero es necesario
centralizar y generar un programa que atienda todas nuestras necesidades, se
necesita de la unidad para que seamos nosotros los trabajadores y trabajadoras,
los sectores populares, los campesinos y los estudiantes los que hagamos frente
a esta crisis.
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Que la crisis la paguen los ricos!
¡Garantías reales para las mujeres durante la cuarentena!
¡Cuarentena sí, pero sin hambre ni violencia doméstica!
¡Garantías de bioseguridad y contratación directa para las trabajadoras
del sector salud y sus familias!
4. 4. https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-en-peru-covid-19-municipalidad-de-lima-inaugura-albergue-para-mujeres-victimas-de-violencia-durante-cuarentena-noticia-1258948)
5. 5. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-en-colombia-empleada-domestica-habla-de-como-pasa-la-cuarentena-482420
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