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Las cifras del Covid-19 en Colombia crecen descontroladamente y el gobierno nos miente de forma cínica e indolente

 

El pasado 13 de junio en Quibdó, capital del departamento del Chocó, un hombre de 78 años de edad murió por falta de atención médica. Como muchos otros colombianos que han padecido circunstancias similares estuvo tirado por varias horas en una camilla frente a la puerta de la IPS Funvida, estaba conectado a una bala de oxigeno y se presume que padecía neumonía. A pesar de los reclamos de sus familiares se le negó el ingreso al centro asistencial, cuando fue trasladado al Hospital Ismael Rendón de esa ciudad llegó sin signos vitales. El caso se conoció porque los transeúntes grabaron un video que fue publicado esa noche en la emisión de Noticias Uno. Este hecho podría ejemplificar la realidad del sistema de salud en Colombia en las últimas tres décadas, pero en las circunstancias actuales es además expresión de lo que padece la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos de la población ante el desarrollo incontrolado del Covid-19 en el país.

 

Al ministro de salud Fernando Ruíz, le preocupa poco la muerte de un «negro pobre», tirado en una camilla frente a la entrada de una IPS en la remota Quibdó, desde la comodidad del palacio de gobierno, afirma que las tasas de contagio y letalidad del coronavirus en el país son bajas. La realidad lo desmiente. Por estos días se ha hecho macabramente común escuchar que murió el papá de una amiga, que se contagió un familiar, que no le entregaron la prueba a tiempo a un compañero de trabajo, que uno mismo tiene síntomas y lleva semanas esperando que le hagan la prueba. En nuestra vida cotidiana hoy constatamos que nos ronda la enfermedad y la muerte, pero también lo demuestran las cifras oficiales de la progresión del virus en Colombia.

 

En el mundo 196 países han reportado casos de contagio por Covid-19, Colombia esta 9 en esa lista, superando a países como China, origen de este coranavirus y que tiene una población ampliamente superior a la nuestra, a Italia o España que fueron epicentro de la pandemia en territorio europeo. El crecimiento del Covid-19 ha sido exponencial en los últimos meses: en mayo cerramos con 29.383 contagiados, en junio con 97.846 y finalizamos julio con 295.508. Al cerrar julio estuvimos durante 29 días consecutivos entre los 10 países con más muertes diarias a nivel mundial, algunos de esos días fuimos el país con la mayor tasa de fallecidos por millón de habitantes. Arrancamos agosto llegando a cifras de contagio cercanas a los 400.000 infectados y superando las 12.000 muertes, con un promedio de 300 fallecimientos diarios.

 

 

A todas luces las cifras no son bajas y el ministro de salud miente de forma cínica e indolente, lo más preocupante es que la dinámica de desarrollo de la pandemia nos indica que las cosas van a estar mucho peor. Ese es el signo que marca a América Latina en este momento: la catástrofe sanitaria.

 

La destrucción de nuestros sistemas de salud pública desde los años 90 -que se materializó en Colombia con la entrada en vigencia de la nefasta ley 100 (link artículo salud)- y  el manejo irresponsable y mezquino de la crisis por gobiernos como el de Bolsonaro, Piñera o Duque, nos enfrenta a una realidad que está lejos de mejorar; pues no se no atienden las recomendaciones de los profesionales de la salud y las comunidades científicas, y esta canalla gobernante se pone exclusivamente al servicio de la voracidad de las élites capitalistas.

 

A esta altura se puede decir que no tenemos una estadística plenamente confiable del desarrollo de la pandemia; la denuncia a las EPS por la demora en la toma de muestras y entrega de resultados es constante, la procuraduría habla de más de 70.000 pruebas represadas. En regiones como Sucre y Nariño la entrega ha llegado a tardar más de 64 días, en algunos casos los resultados se han conocido cuando la persona ya ha fallecido; así es imposible el diagnóstico temprano y el control de posibles focos de contagio.

 

El índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las tres principales ciudades del país se encuentra entre un 80% y un 90% y por ello la muerte sin atención hospitalaria se hará cada vez más común. Estas circunstancias han conducido a que en la ciudad de Bogotá se hayan instalado tres refrigeradores en los cementerios para conservar los cuerpos que esperan turno para ser incinerados en los hornos crematorios, mientras se avanza en autorizar la inhumación de los cuerpos ante la falta de infraestructura para asegurar su cremación. Escenas como las presentadas en ciudades como Guayaquil o Manaos podrían estar cercanas a nuestra realidad a pesar de la arrogancia y suficiencia con la que el gobierno y sus ministros se ocupan de negarlo.

 

El Covid-19 acecha las barriadas obreras y populares, el gobierno es responsable

 

Las muertes producidas por el Covid-19 respetan una clara división de clases. La mayoría de los muertos en ciudades como Bogotá pertenecen a la clase trabajadora, a los estratos 1, 2 y 3. Los trabajadores pobres somos quienes ponemos las víctimas por unas condiciones de desigualdad históricas y estructurales, somos quienes estamos peor alimentados, los que padecemos enfermedades asociadas a condiciones de trabajo indigno, los que cargamos con todos los males que produce la precarización laboral, los que tenemos que salir al rebusque para poder llevar el plato de comida a la mesa y a los que se nos niega la atención en salud por no tener capacidad de pago. Somos los condenados por el sistema.

 

El gobierno uribista de Duque ha tomado medidas que profundizan esas circunstancias y que ahondan sus efectos. La primera medida fue mantener abierto hasta el 19 de marzo el Aeropuerto El Dorado y el tráfico aéreo en todo el país, 13 días después del ingreso del primer contagiado con Covid-19, decisión que hizo posible la propagación del virus y la emergencia sanitaria consecuente. La segunda fue su «reapertura gradual de la economía» desde finales del mes de abril. Carolina Corcho -Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana- ha explicado a medios internacionales las consecuencias de esta decisión:

 

«En Colombia se hizo una apertura muy rápida. En Europa esto se hizo después de pasar el pico y lo hicieron gradualmente, pero acá no hemos pasado el pico y tenemos 43 sectores económicos en la calle (…) En el decreto todos tenemos una excepción para salir así que en la práctica la cuarentena no existe (…) Las medidas han sido insuficientes, no se hizo la inversión social necesaria con recursos que el Estado tiene y esto asfixió a las personas económicamente. Ahora es muy difícil que la gente se quede en casa».

 

Como plantea la médico los trabajadores tuvimos que salir a exponernos al virus porque el gobierno nos condeno al hambre y al desempleo, nos puso contra la pared al no disponer recursos suficientes para la entrega de subsidios y el pago de salarios, nos llevó como «borregos al matadero». Así los trabajadores informales empezamos a salir de los cuartos y casas de alquiler a buscar el alimento diario con las ventas ambulantes, y, los trabajadores «formales» a enfrentarnos en el lugar de trabajo a la noticia de que los patrones, ni cortos ni perezosos, habían reducido los salarios, establecido periodos de licencia sin remuneración o simplemente nos habían despedido, los «más afortunados» mantenemos el empleo pero sin las mínimas medidas de bioseguridad y exponiéndonos cotidianamente en el transporte público.

 

Como cereza del pastel –envenenado- el gobierno Duque se inventó el «Covid-Friday», un viernes sin IVA para que las grandes superficies comerciales cazaran compradores incautos y los bancos celebraran que la satisfacción del afán de consumo se hacía con la tarjeta de crédito en la mano. Las aglomeraciones y el descuido de las normas de distanciamiento social fueron motivo de asombro y burla en los medios internacionales. El alza excepcional en las tasas de contagio dos semanas después demostraron que toda concesión que el gobierno hace a sectores de la burguesía nacional la pagamos los trabajadores con la enfermedad y la muerte.  

 

El gobierno nacional y los gobiernos locales se apresuran a decir que es la irresponsabilidad individual la que nos lleva a estas cifras de contagio. Muy fácil es decirlo haciendo cuarentena o «teletrabajando» desde sus cómodos apartamentos o casas, viendo crecer sus fortunas -como lo denuncian las investigaciones que advierten que la riqueza de los burgueses latinoamericanos se ha incrementado en 113.400 millones de dólares desde el mes de marzo-, con el salario completo -o con un incremento, como el de los congresistas que se aprobaron subir sus sueldos-, con una prestación efectiva del servicio de salud y el acceso oportuno a pruebas y medicamentos.   

 

El sistema de salud puesto al desnudo por el personal médico

 

En publicaciones anteriores hemos sostenido que es a los científicos (virólogos, epidemiólogos, etc.) y el personal del servicio de salud, a quienes debemos escuchar por su conocimiento y experticia en estas circunstancias de calamidad sanitaria; justamente lo contrario a lo que ha hecho el gobierno Duque. Por eso haremos uso de las declaraciones de miembros de los Colegios Médicos, la Federación Médica Colombiana, Médicos Unidos de Colombia y las Comunidades Científicas, para conocer lo que piensan sobre las condiciones actuales del sistema de salud en el país.

 

La formulación más amplia que han planteado en los medios de comunicación es que el sistema de salud está colapsado, reventado. Sumado al nivel de ocupación de las UCI en las grandes ciudades y las muertes de pacientes con Covid-19 sin atención médica que han denunciado, las asociaciones de médicos y científicos han advertido cuáles son los problemas que conducen a este colapso. Hernán Bayona, presidente del colegio médico de Bogotá, ha señalado: «Las instituciones están descapitalizadas para enfrentar el pico de la pandemia (…) Aún se les adeudan a muchísimos médicos y trabajadores de la salud en el país salarios».

 

El pasado 3 de agosto empezó una huelga de hambre por el pago de 11 meses de salarios atrasados en el Hospital Rosario Pumarejo en Valledupar, los trabajadores llevan más de un mes de cese de actividades. Acciones similares se han presentado en ciudades como Barranquilla o Cartagena, y en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y San Andrés. Se ha constatado como en departamentos como Chocó o Amazonas se llegó a enfrentar la pandemia con muy pocas UCI habilitadas o directamente sin ellas, como en el Hospital Ismael Roldán de Quibdó, el más importante del departamento. Los médicos exigen el fin de la tercerización laboral, que se haga el pago directo de los servicios a los hospitales sin la intermediación de las EPS, y aún a estas alturas reclaman los insumos médicos de bioseguridad que el gobierno dice son responsabilidad de las ARL (Aseguradoras de Riesgos Laborales, otra pata de la Ley 100).

 

Desde la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, su presidente, ha subrayado que la pandemia ha demostrado la incapacidad de las EPS de atender a sus afiliados. En palabras de la médico Carolina Corcho: «Se confiaron en que las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) harían su tarea y no la hicieron como se está demostrando ante la opinión pública. Si no entregan los resultados de las pruebas a tiempo, mucho menos van a hacer aislamientos, cuarentenas familiares y cercos epidemiológicos».

 

El mismo Isaza, en una entrevista con Yamid Amat, explicó: «El problema es un problema de salud pública y debe ser tratado con una política de salud pública; par poder establecer un modelo a seguir, no desde una perspectiva de gerencia de la pandemia sino del conocimiento y la experiencia médica (…) La concepción de una gerencia es la concepción de un modelo de salud basado en el mercado; en un sistema de mercado financiero y no de la prevención, no se tiene ni la vocación, ni la capacidad para resolver y prevenir situaciones como la actual».

 

Isaza va a la raíz del problema, el sistema de salud en Colombia desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el hoy privado de la libertad Álvaro Uribe Vélez, convirtió el derecho a la salud de los colombianos en un privilegio al que se accede según las leyes del mercado: si usted tiene con qué pagarlo. El gobierno Duque, fiel del discípulo de Uribe, sigue sus preceptos, nombrando gerentes para afrontar un problema de salud pública, gerentes que hacen cálculos de costo/beneficio y ceden a cualquier reclamo de los sectores económicos, que no se ocupan de intentar resolver la calamidad sanitaria en las que estamos y menos de prevenir su profundización.

 

Frente a esta realidad partidos como Cambio Radical proponen una «reforma estructural al sistema de salud», que ha sido apoyada por el gobierno en cabeza de uno de sus gerentes: el ministro de salud Fernando Ruíz, el mismo que asegura que tenemos cifras bajas de contagio y muerte. En respuesta a esta iniciativa el presidente del Colegio Médico Colombiano Roberto Baquero dice que están en contra del proyecto de ley por una sencilla razón, consideran que con este proyecto no se acabará con las EPS. Gustavo Morales, presidente ACEMI el gremio de las EPS, aclara perfectamente el sentido del proyecto: «el proyecto de ley no pretende acabar con las EPS sino fortalecerlas financieramente y cambiarles el nombre». Por supuesto ACEMI sí está de acuerdo con el proyecto porque las EPS se mantienen en el negocio, van a desaparecer las más débiles y se tenderá a establecer un sistema controlado por un par de grandes monopolios, es decir, se plantean un par de cambios para que el problema de fondo siga igual, que el sistema de salud siga en manos de estos empresarios de la muerte.

 

¿Qué se debe hacer para enfrentar la actual crisis sanitaria?

 

En Cacerolazo en línea hemos publicado un programa desde el comienzo de la crisis ubicando las medidas que consideramos resultaban indispensables para evitar las condiciones actuales, seguimos reivindicando ese programa (link programa) y las consignas que hemos sostenido a lo largo de estos meses de extensión de la pandemia como: «cuarentena sin hambre», sin embargo, en este caso queremos atender y dar un espacio a las recomendaciones y exigencias mínimas del personal de salud en el país que son nuestros combatientes en primera línea contra el virus.

 

El gobierno Duque, vendedor de humo por definición, ha anunciado una extensión de la cuarentena hasta el mes de agosto; la medida mantiene las 43 excepciones autorizadas desde finales de abril y promueve otras, es decir la cuarentena no existe. El gobierno de Claudia López en Bogotá capituló a esa política presionada por distintos sectores burgueses y solo la modifica haciendo una cuarentena escalonada de tres semana por barrios y un confinamiento total para quienes sufran de hipertensión, diabetes y obesidad. Los miembros de la Federación Médica Colombiana han llamado a una cuarentena total en ciudades como Bogotá y a que el gobierno nacional disponga los recursos de apoyo económico a los trabajadores informales y los destechados, según las declaraciones de Isaza. Ese es el sentido básico de la consigna de cuarentena sin hambre y son las medidas racionales y al servicio de la vida que se requieren con urgencia. Podríamos sumar que los recursos deberían llegar también a todo el sector de trabajadores formales que han sido afectados por las medidas patronales para afrontar la crisis.

 

Varias asociaciones y federaciones de médicos han llamado desde el comienzo de la pandemia en el país ha realizar pruebas masivas de coronavirus, plantearon la necesidad de realizar 10.000 pruebas por millón de habitantes. Igualmente han sostenido que se requiere realizar pruebas masivas al personal de salud, conductores de transporte público, empleados de tiendas, grandes superficies y personal bancario, pues cada uno de estos grupos de trabajadores puede ser un foco de contaminación. En general estas recomendaciones han sido desatendidas. Incluso el gobierno nacional y las EPS han optado por una política contraria, realizar la prueba solo a los pacientes sintomáticos y negarse a realizar una segunda prueba para corroborar si los que resultaron contagiados han dejado de ser portadores de la enfermedad.

 

Claudia Vaca, investigadora del área de medicamentos y profesora de Universidad Nacional, ha anotado que las gestiones para la llegada de la vacuna contra el Covid-19 al país se está negociando a puerta cerrada, su preocupación es nuevamente que los criterios con los cuales parece que se está haciendo esta negociación no son los de una política de salud pública. Lo que se sabe hasta ahora es que se está proponiendo un trueque en el que el país pondría personas para experimentar con una vacuna a cambio del acceso a la misma, en otras palabras nos ofrecen como «conejillos de indias», lo cual no responde a los parámetro éticos de las comunidades científicas. Luego, como ya proponen los congresistas del partido de gobierno, el acceso lo determinaría el «mercado», es decir, la capacidad de compra, la plata en el bolsillo de cada colombiano. Por estas razones, junto con cada vez más agrupaciones de trabajadores de la salud, solo se puede exigir la derogatoria de la Ley 100 y el fin de la mercantilización de la salud.

 

La indignación y la rabia que nos causa la muerte de compañeros, amigos y familiares nos conduce a disentir de sentencias ante estos fallecimientos como: «es el destino», «lo que tenia que pasar, pasó», «dios así lo quiso», «de algo nos tenemos que morir», «las pandemias son normales». No, nuestros compañeros, nuestros familiares y nuestros amigos no tienen porque enfermarse y mucho menos morir en medio de la crisis sanitaria actual; si mueren es porque existe un sistema económico que nos condena a la inequidad, la desigualdad y la explotación, que depreda la naturaleza sin medir las consecuencias y afectaciones para la vida y salud humana, que privilegia el enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud de la inmensa mayoría, que sostiene un sistema de salud que arroja al pueblo trabajador a la enfermedad y la muerte. Si nosotros somos los condenados por el sistema, estamos llamados a ser históricamente sus sepultureros. Una y mil veces más diremos desde esta tribuna: ¡Muerte al capitalismo!

ANTE LOS RECLAMOS DE VIVIENDA: ¡EL GOBIERNO URIBISTA RESPONDE ASESINANDO A MATEO!

Escribimos estas líneas motivados por la rabia y por la indignación al ver cómo el gobierno uribista de Duque descarga una brutal represión en contra de los más pobres en las calles de los barrios populares y en el campo. El día 25 de junio en Ciudadela Sucre, municipio de Soacha, fue asesinado el joven Duván Mateo Aldana Álvarez, de apenas 15 años estudiante de la I.E.D Buenos Aires del municipio de Soacha, cuando la Policía Nacional, el GOES (Grupo de Operaciones Especiales) y el asesino ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) realizaban de manera arbitraria un desalojo de al menos mil personas.

Existen testimonios de la comunidad que afirman la presencia de policías de civil y del uso de armas de fuego en contra de los pobladores. Justamente, uno de esos disparos habría sido el que impactó a Mateo. El gobierno nacional y el gobierno municipal actuaron de la manera más feroz con todo su aparato represivo, develando la sevicia y la brutalidad con la que este gobierno uribista actúa frente a los reclamos populares por techo, pan, trabajo y salud en medio de la pandemia.

En Soacha hay, como en muchas zonas del país, un conflicto alrededor de la vivienda, causado por el desplazamiento violento de familias campesinas por parte de los paramilitares al servicio de las transnacionales, de empresarios y de terratenientes. Ante esta circunstancia, Soacha ha sido receptora de muchas de esas familias, que se han ubicado en tugurios, viviendo en condiciones de miseria sin ninguna garantía social. Y en estas condiciones, el municipio fue víctima, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de los llamados “falsos positivos”. Ahora, nuevamente, el Estado hace “presencia” en una de las zonas afectadas por aquella atrocidad (Ciudadela Sucre), y responde al reclamo de vivienda de muchos pobladores con represión y con una descarada recompensa, ofrecida por el alcalde municipal, de 20 millones de pesos por información sobre las mafias que estarían detrás de la invasión. Todo esto constituye un escupitajo a quienes estaban exigiendo su derecho a la vivienda, convertidos en “vándalos” y en simples instrumentos de mafias, sin reconocer las necesidades de aquellos pobladores, que no tienen donde vivir.

Así, mientras los casos de contagio por COVID-19 aumentan exponencialmente en el país y las condiciones de vida de las masas están cada vez más deterioradas, el gobierno de Duque se ensaña en contra de todos los que resisten sus embates y que buscan las garantías básicas de las que históricamente han sido excluídos como la vivienda, la salud, el trabajo y la alimentación. La pandemia ha sido utilizada por el gobierno Duque para implementar sus planes anti obreros y anti populares vía decreto, llenando los bolsillos de los mega ricos del país: banqueros, terratenientes y grandes empresarios. El gobierno quiere descargar la crisis económica sobre las mayorías trabajadoras, a lo que se suma el asesinato sistemático de líderes sociales, que alcanzaron la cifra de 140 en sólo 2020 , con un aumento de 53% en los primeros cuatro meses del año y que no se detuvieron con el virus.

Por eso, desde Cacerolazo en línea denunciamos los atropellos de los que ha sido víctima la comunidad en la Ciudadela Sucre en Soacha, llevados a cabo por la Policía Nacional y el escuadrón de la muerte ESMAD en su afán por desalojar a los pobladores que están invadiendo predios. Con el asesinato de Mateo Aldana se deja claro cuál es la prioridad: la propiedad privada por encima de la vida del pueblo pobre. Todos sabemos en lo que terminan estos desalojos: mayores calamidades para los pobladores, agravadas ahora por la pandemia. Cuán injustos son estos desalojos lo demostró un miembro de la misma policía en Cali, quien se negó a dar cumplimiento con un desalojo en esa ciudad.

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MATEO ALDANA!¡DESMONTE DEL ESMAD YA!¡VIVIENDA Y CONDICIONES DIGNAS PARA LAS FAMILIAS POBRES Y TRABAJADORAS DE SOACHA Y DEL PAÍS!

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LA PRECARIEDAD DEL SISTEMA DE SALUD FRENTE AL COVID 19, EXPRESIÓN DE LA DESCOMPOSICION DEL SISTEMA CAPITALISTA

El derecho a la salud es quizá después del derecho a la vida, el don más preciado que debería tener la humanidad. Si padecer una enfermedad o lesión es ya una situación angustiante, no ser atendido de manera oportuna, gratuita y con altos estándares de calidad se convierte en catástrofe.

Pero la salud no es solo la ausencia de enfermedad, también está relacionada íntimamente con la calidad de vida: La vivienda, la alimentación, el agua potable, los servicios básicos, la educación, la salud mental, la recreación entre muchos otros, son derechos mínimos inalcanzables o precarizados para la mayoría de los trabajadores y pobres del mundo; otro sector de trabajadores mejor remunerados y gran parte de la clase media viven “endeudados” para poder acceder a unos derechos que se suponen ya alcanzados por siglos de “desarrollo” y “civilización”.

Pero hace ya al menos tres décadas se destruyó el concepto de la salud como un derecho, y pasó a ser un “servicio”. Pasó al mismo estatus que cualquier servicio; comparable por ejemplo con el de telefonía móvil: un servicio al cual se puede acceder… o no, si no se tiene los recursos. Y para quien pueda acceder, es decir, pagar, se le tienen diferentes opciones de acuerdo a su capacidad de pago: los hay de gama alta, media o baja. Y todo tan “democrático” como el “mercado”: el usuario decide qué opción compra. Sólo que con la salud lo que está en juego no es la calidad de un teléfono, sino la vida.

Mientras existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y un tercio de la humanidad vivía en países sin capitalistas ni terratenientes (en economías que no giraban alrededor de la “ganancia”); el capitalismo, para evitar que los trabajadores y pobres miraran hacia la URSS como un modelo, y presionado por fuertes luchas obreras y populares, tuvo que ceder, aunque parcial y desigualmente, cierto carácter de “derecho” a la salud; existieron así servicios de salud pública importantes.

Una vez, hacia 1990, que el imperialismo se deshizo de la URSS, mostró sin tapujos su verdadero rostro “neoliberal”, y desató un tsunami de privatizaciones y destrucción de conquistas sociales. La salud no escapó a esta sed de “oportunidades de negocio”. Así llegamos al 2020, la humanidad en estado de vulnerabilidad total, llegó el COVID-19… he hizo de las suyas.

LA SALUD COMO NEGOCIO, LA INTERMEDIACION DE LA LEY 100 Y LA SEMIDESTRUCCIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA

“En Colombia las EPS son peores que el coronavirus”.

Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas. 16-04-2020.

La pandemia ha develado las pésimas condiciones del sistema de salud y de la mayoría de los trabajadores de este sector. Frente a las denuncias sobre la carencia de EPP (Elementos de Protección Personal) para el personal y trabajadores de la salud, sale a relucir el bajo presupuesto para el año 2020 asignado al INS (Instituto Nacional de Salud) de 26 mil millones de pesos (19 veces menos del asignado para el ESMAD). Ni siquiera en tiempos de pandemia, el gobierno se “ruboriza” al destinar 9.600 millones de pesos en camionetas y otros 3.350 millones en “posicionamiento de imagen”. Es claro entonces que para Iván Duque la represión y el manejo mediático de su imagen, está muy por encima de la salud como derecho fundamental y de la protección y estabilidad de los trabajadores de la salud. La raíz de esta concepción mercantilista de la salud tiene sus orígenes en la ley 100 de 1993.

En el año 1993, el gobierno de Cesar Gaviria expidió la ley 100 cuyo ponente fue Avaro Uribe Vélez. Esta legislación creó la intermediación en la salud a través de las EPS, el estado ya no atendería directamente al sector mayoritario de la población, por el contrario, sería a través de las EPS generando un intermediador que se quedaría con buena parte de los ingresos. Los usuarios deberían además recurrir a toda clase de obstáculos para ser atendidos (preexistencias), cofinanciar parte del servicio (cuotas moderadoras o copagos) y ver como se restringen los medicamentos necesarios para los tratamientos (POS y restricciones al vademécum).

La negación permanente de servicios, la falta de oportunidad y calidad, el uso de las tutelas para poder acceder al sistema en los casos más críticos y la corrupción galopante, completan este difícil panorama para la mayoría de la población colombiana. El mismo BID en el 2018 debió reconocer que la insatisfacción de los afiliados llegó al 70% y que solo el 30% puede acceder realmente a la atención primaria del sistema (1). En plena pandemia, departamentos como el Amazonas cuentan solamente con un hospital de segundo nivel y sin ninguna unidad de UCI, a pesar de tener una de las tasas más alta de contagios en el país. En ciudades como Cartagena, Cali y algunas localidades de Bogotá la capacidad instalada de UCI están cerca del 75% faltando aun varias semanas para llegar al pico de contagios. En esta última ciudad, también debemos denunciar la privatización y posible demolición del Hospital San Juan de Dios, referente en América Latina de hospitales públicos.

La red pública hospitalaria quedó semidestruida o en el mejor de los casos subcontratada a las EPS, situación que se agrava con las moras recurrentes en los pagos. Solamente en el eje cafetero estas últimas le adeudan 556 billones a las IPS y hospitales (denuncia realizada por el gobernador de Caldas). Esta “venta de servicios” se ha visto diezmada desde el inicio de la cuarentena, pues las EPS han disminuido considerablemente el número de citas, procedimientos y medicamentos, aumentando así sus fabulosas ganancias (cerca de 3,6 billones de pesos mensuales) y perjudicando aún más a los hospitales públicos.

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EXPUESTOS AL COVID 19 SIN ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y SIN GARANTÍAS LABORALES

 “En Colombia no hay déficit de médicos, ni de técnicos de salud, sino una falta de contratación o deficientes tipos de vinculación laboral”

Carta enviada por las Sociedades Médicas 

al presidente Iván Duque 27-03-2020

Han transcurrido casi tres meses desde el primer contagio de covid 19 en el país y seis semanas desde que el gobierno Duque prometió garantizar los elementos necesarios de bioseguridad para los trabajadores de la salud y la situación no mejora. Situaciones como el retraso en los pagos, la precarización laboral, la reducción “voluntaria” de salarios (Clínica del Norte en Barranquilla), masacres laborales (700 trabajadores de la salud despedidos en Medimas, 20 trabajadores en el San Vicente de Antioquia, 30 médicos despedidos de la red pública en Barranquilla), despidos de médicos que solicitan EPP, médicos obligados a trabajar a pesar de estar contagiados (Tumaco), la discriminación y exclusión social; se suman al aumento de contagiados a cerca de 760 y al lamentable fallecimiento de 10 trabajadores de este sector que enfrenta en primera línea el avance de la pandemia. Todo esto ocurre mientras los dueños de las EPS se enriquecen cada día más, bajo la colaboración de los diferentes gobiernos que también hacen parte del fabuloso negocio de la intermediación, la enfermedad y la muerte.

La precariedad en los elementos de bioseguridad, genera un círculo de multiplicación de contagio. El personal de salud sin bioseguridad, se expone al virus y seguramente contagia a su familia y a sus compañeros. Los trabajadores de la salud contagiados deben ir a cuarentena y si hay masividad en los contagios se cierran hospitales y clínicas. Todas estas situaciones agravan la crisis sanitaria y limitan aún más la precaria capacidad instalada de personal médico, camas y unidades, especialmente de UCI. Producto de estos contagios masivos se han cerrado cerca de 10 clínicas en el país, recientemente 2 en Manizales, una en Chocó, una en Córdoba y otra en Bogotá.

Contrario a la protección de los trabajadores de la salud, Duque ha impuesto medidas arbitrarias y nefastas que van en contra de sus derechos como por ejemplo el decreto 538 que pretende arrojar a los médicos, enfermeras y hasta estudiantes de último año de medicina prácticamente a una muerte segura pues sin las medidas mínimas de protección, es cuestión solo de días para que el número de trabajadores de la salud infectados y muertos a cuenta del Coronavirus sea desastroso, como lo afirma el medico Camilo Prieto.

El responsable es el gobierno de Iván Duque quien ha desprotegido al personal de salud y actúa como cómplice de los patronos y de las ARL en la lentitud con la que se dota de los EPP a médicos, enfermeras y trabajadores. La misma procuraduría dice que solo 1.454 IPS de 10.679 han recibido los elementos de bioseguridad por parte de las ARL; para dar un ejemplo los 5 hospitales públicos del Tolima y 3 de Huila no han recibido a la fecha ninguno de estos elementos. En estudio realizado por la federación Médica Colombiana el 88% de los trabajadores de la salud no tendrían equipos de protección completos (2). 

A través del decreto 676 de 2020 el ministerio de salud admitió como enfermedad laboral el covid 19, a pesar de esto el gremio médico colombiano expresó su inconformidad frente a dicho decreto afirmando que este “presenta vacíos relacionados con aspectos de suma importancia que fueron expuestos por sociedades científicas antes de su expedición y que generan detrimento de los derechos de todo el talento humano en salud” (3).

Está claro entonces que mientras el gobierno de Duque expresa por todos los medios de comunicación la supuesta protección del personal médico, en la práctica se sigue atentado contra los derechos laborales, desconociendo a las organizaciones médicas y condicionando los EPP a una mínima parte de estos.

La carencia de EPP está ligado directamente al problema de la precarización laboral, la gran mayoría del personal de la salud se encuentra bajo la modalidad de contratos por meses y muchos de ellos bajo la figura de sobreexplotación de OPS (orden de prestación de Servicios), atomizados bajo diferentes modalidades de contratación, con una variedad de patronos en cada ciudad, las agremiaciones y organizaciones sindicales fueron reducidas a su mínima expresión y en otros casos desaparecidas.

La Federación Medica Colombiana en una reciente encuesta revela que el 20% del personal vinculado a la salud no cuenta con su pago al día, mientras según las propias cifras del Ministerio de Salud en Colombia hay 23 mil profesionales de la salud a los que se les adeudan por concepto de nóminas vencida, alrededor de 460 mil millones de pesos (www.elcolombiano.com 02-05-2020), en esta misma encuesta tan solo el 46% afirmó tener un contrato de planta, mientras el 38% se encuentran vinculados por OPS (orden de prestación de servicios).

LA LUCHA POR UN MODELO DE SALUD SIN INTERMEDIACIÓN Y DE PLENAS GARANTIAS PARA SUS TRABAJADORES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Particularmente, desde el inicio de la pandemia, miles de trabajadores de la salud han denunciado por redes sociales y medios de comunicación las condiciones de precarización en que se encuentran. Las más graves de estas, son la falta de elementos de bioseguridad y de garantías laborales. Los trabajadores de la salud se han convertido en vanguardia de la lucha durante esta pandemia, con plantones, marchas y cacerolazos en casi todo el país, los médicos, enfermeras y empleados nos muestran el camino a seguir, no solo para enfrentar la crisis sanitaria generada por el covid 19 sino para enfrentar la crisis económica y social generada por los “de arriba” y sus gobiernos y que pretenden que la sigamos pagando los de “abajo”. Fecode, CUT, centrales obreras y CNP deben respaldar estas acciones y organizar un plan de lucha y de exigencias al gobierno para que tome las medidas necesarias y de fondo frente a la pandemia. Las direcciones del movimiento obrero y de masas no pueden seguir dando simples respuestas aisladas, gremiales y coyunturales frente a esta profunda crisis.

La pandemia ha demostrado que la rápida velocidad de propagación del virus y sus fatales consecuencias se multiplican al tener un sistema de salud al servicio de la ganancia y las relaciones del mercado, las ganancias que producimos los trabajadores y la gran cantidad de impuestos que sufragamos, deberían garantizar un sistema de salud gratuito, universal, estatal y de alta calidad. La única manera de minimizar los impactos del virus y evitar que sus consecuencias sean asumidas por los más frágiles, es la estatización del sistema de salud, derogando la ley 100, en ese sentido, desde cacerolazo en línea les proponemos el siguiente programa:

• El gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales deben cancelar los salarios y prestaciones sociales que le adeudan al personal sanitario. Creación de primas y bonificaciones adicionales que generen un ingreso significativo.
• Dotación inmediata, completa y de calidad de los EPP para garantizar la bioseguridad de todos los trabajadores de la salud en los diferentes campos y niveles de la atención médica.
• ¡No más contrataciones por OPS ni contratos! Nombramiento de planta y formalización a cargo del estado, con salario profesional y plenas garantías de estabilidad y ascenso para todo el personal médico, asistencial, administrativo y de servicios, vinculado al sistema de salud público.
• ¡Abajo la ley 100! Todos los recursos del sistema de salud tanto público como privado quedan a disposición total para atender la pandemia y otros problemas de salud que no den espera. En consecuencia, todo el sistema de salud (incluidas EPS e IPS) así como las empresas nacionales y extranjeras que producen y comercializan servicios y productos de salud, incluidos medicamentos, pasan de inmediato a control del Estado, y les queda prohibido el ánimo de lucro, deben funcionar sólo con criterio social y eficiente para resolver la crisis. Por tanto, todo ciudadano deberá ser atendido gratuitamente, por cualquiera de esas entidades sin importar si está afiliado o no a determinada EPS o medicina prepagada. Los privados que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.
• Las anteriores medidas son necesarias y su realización daría un importante avance para enfrentar la pandemia, pero la solución definitiva en el campo de la salud y en todos los demás aspectos, pasa por la movilización revolucionaria de los trabajadores, el campesinado, los sectores étnicos y populares, las mujeres, la juventud, los artistas, la clase media empobrecida; en la perspectiva de la destrucción de este oprobioso sistema capitalista que arroja a las masas del mundo a la falsa disyuntiva entre morirse por el virus o morirse de hambre y que amenaza hoy más que nunca la destrucción del planeta. Para que dicha tarea tome su forma consiente y logre consolidar los inevitables triunfos que las masas obtendrán, urge además la construcción del partido revolucionario internacional de la clase obrera. Este es un momento histórico que nos llama a resolver por la positiva la disyuntiva entre socialismo o barbarie.

REFERENCIAS:

(1) https://www.dinero.com/pais/articulo/cual-es-el-problema-del-sistema-de-salud-colombiano/263731

(2) www.semana.com. Edición del 6 de mayo de 2020

(3) www.opinionysalud.com/2020/05/21

Cacerolazos: herramienta de lucha del pueblo trabajador mas empobrecido

«Prefiero que me mate el Covid-19 a mí y no el hambre a mis hijos».

Trabajador de la construcción en un cacerolazo

No es cierto, no somos iguales. No es lo mismo pasar la cuarentena en un finca de recreo en Anapoima que hacerlo en el barrio San Pablo en Ciudad Bolívar; no es lo mismo hablar del Covid – 19 desde el barrio Rosales en el norte de Bogotá que hacerlo desde la Comuna 13 en Medellín o la Comuna 21 en Cali. La sociedad colombiana es una de las más desiguales del mundo y la inequidad reinante emerge con toda crudeza en medio de la cuarentena.

¡Tenemos hambre! ¡Nuestros hijos tienen hambre! Se escucha gritar en todos los barrios de los sectores de la clase trabajadora más empobrecida del país, mientras en los barrios de la burguesía se reparten 8.5 billones de pesos sacados de la plata pública que el gobierno Duque destinó para mantener la liquidez de los bancos con el decreto 444. Este es el gobierno de la oligarquía financiera, por eso no llegan los recursos a la Comuna Villa Santa en Pereira, al barrio Villa Italia en Calarcá (Quindío) o a la Comuna 3 en Barrancabermeja, Duque le entregó el dinero para afrontar la emergencia a sus amigos los banqueros que no tuvieron problemas en repartírselo entre ellos.   

En el mejor de los casos techos de lata, un par de tablas, cartón y plásticos rotos como paredes constituyen las viviendas de la población de desplazados por la violencia, afrocolombianos, vendedores ambulantes, recicladores, trabajadores informales de barrios como San Bernardino (localidad de Bosa en Bogotá), hoy sus herramientas para reclamar por auxilios son la cacerola en las manos y el trapo rojo en las fachadas de sus casas.

El hambre los lleva a las calles, el hambre los hace gritar, pedir ayuda y solidaridad; la respuesta oficial la vemos en videos grabados en cualquier rincón del país: el despliegue del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la Policía, bombardeo de gas lacrimógeno y disparos para quienes protestan porque no quieren ver a sus hijos morir de hambre.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que las protestas eran impulsadas por «políticos que salían a hacer asonadas y problemas», ¡pretende tapar el sol con un dedo! A las calles van miles de bogotanos, miles de colombianos, que no tienen absolutamente nada que comer. López procura calmar el hambre de nuestros barrios con represión, no le cuesta mucho pasar a las políticas a las que nos tienen acostumbrados la derecha colombiana.

López fue apoyada y felicitada por Duque, con quien dice puede hacer un excelente equipo. Duque destinó 7.900 millones de pesos para comprar tanquetas para el ESMAD. La riqueza que produce el pueblo trabajador se invierte así en la fiesta de los Sarmiento Ángulo y los Santo Domingo, y en el arsenal con el que se reprimen nuestros reclamos. Para nosotros eso tiene una sola explicación: así funciona el capitalismo, por eso estamos por su destrucción. Desde Cacerolazo en línea tenemos claramente definido cuál es nuestro lugar en esta sociedad, estamos del lado de las cacerolas, de los oprimidos y explotados, por ello nos ofrecemos como medio para la denuncia y la acción en contra de este sistema de hambre. Apoyamos las expresiones de rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y distritales que en el marco de la cuarentena nos recuerdan que no somos iguales y que no podemos aceptar los llamados a la unidad nacional de nuestros explotadores.

En medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, los bancos se lanzan como vampiros a la yugular de los trabajadores. El gobierno de Duque les sirve de alcahuete.

Muchos esperaban que los decretos expedidos por el gobierno nacional, en el marco de la Emergencia económica y social, buscarían aliviar a los más pobres y vulnerables, que mitigarían en parte la terrible desigualdad social, redistribuirían de alguna manera la riqueza escandalosamente concentrada en nuestra sociedad. Vanas ilusiones.

Lo que han hecho Duque y Carrasquilla es usar la crisis para engordar aún más las bolsas de los multimillonarios. Los bancos y corporaciones financieras, los que dominan la economía mundial y nacional, se llevan la presa más suculenta.

La jugada del alcahuete uribista ha sido tan grosera y tan alevosa, dado el contexto de zozobra y angustia, que ha desatado una oleada de críticas y denuncia por parte de personajes inesperados. Las crisis generan fisuras y ahondan las que ya existen porque algunos de los poderosos temen que tanto agravio termine provocando estallidos sociales.

Así, se han publicitado como nunca las ganancias del sector financiero en 2019, que superan los 13.1 billones de pesos, es decir, más de $13.000.000.000.000 Y las denuncias más polémicas provienen de miembros de partidos de gobierno como el Conservador y la U o “Independientes” como Cambio Radical y de periodistas serviles como Vicky Dávila.

El senador de Cambio Radical Rodrigo Lara denunció que el Banco de la República le prestó 13.5 billones de pesos a los bancos privados, disque para garantizar la liquidez, es decir, para que prestaran con facilidad a los ciudadanos de a pie, y sobre todo a las empresas y a las pequeñas empresas que lo requieran en esta coyuntura. Pero ¡oh sorpresa¡, inmediatamente empezó una ronda de asambleas de las juntas directivas de los bancos en las que se resolvió repartir dividendos -ósea repartir ganancias a los dueños de los bancos- que suman unos 8 billones de pesos. Es decir que, en lugar de respaldar la demanda de préstamos, los banqueros aseguraron sus bolsillos con la plata del Estado,  que sale de lo que nos chupan a los trabajadores.

El senador del partido Conservador David Barguill calificó de “inocuas e insuficientes” las medidas anunciadas por diferentes entidades bancarias para aliviar la carga financiera de los deudores afectados económicamente por el Coronavirus, como la extensión de los plazos para el pago de los créditos. Pues denunció que no hay ninguna condonación siquiera de los intereses, que se seguirán acumulando y que habrá que pagar después. Llegó incluso a decir que los banqueros deberían ser más solidarios con los usuarios pues, si el sistema se revienta y estos no pueden pagar sus deudas, todos se van a hundir.

El senador Armando Benedetti, de la U, llegó incluso a decir que “este año, ni un solo banco puede ganar un solo bendito peso” y dijo más: “Así que, a ellos, en esta crisis, se les debería poner en cintura y si no que se piense la más dura de todos que sería nacionalizar los bancos. Si nacionalizaran los bancos y los hospitales, se arreglaría el problema en 15 o 20 días, porque además de que los bancos no ayudan, están presionando para que se levante la cuarentena".

La Periodista Vicky Dávila se refirió a los bancos como avaros e insolidarios y vaticinó: “Nos enfrentamos a una explosión social de dimensiones inciertas. El hambre puede ser pésima consejera y alimentar el caos” y advirtió: “A los bancos tampoco les conviene tener un universo de clientes quebrados. Solo vendría la ruina para todos.”

Muchos, -como el mismo Barguill y la periodista Dávila- han recordado que los bancos se salvaron en la crisis de los 90 gracias a que todos pagamos por años el 2 por 1.000 -2 pesos por cada 1.000- y que ahora deberían retribuir al pueblo que los salvó y que hoy los necesita. Lágrimas de cocodrilo. La verdad es que esa ha sido la fórmula más socorrida por los gobiernos, como en la crisis mundial de 2008, en la que todos los países imperialistas salvaron a los bancos -que metieron en la crisis al mundo entero y destruyeron los ahorros y las pensiones de decenas de miles de trabajadores- con la plata del estado -léase la que nos sacan con los impuestos- y luego no devolvieron ni un centavo, todo lo contrario, salieron más fuertes y voraces y los más grandes se tragaron a los más pequeños y hoy se dedican a chupar la sangre a toda la humanidad, lo mismo hizo el presidente Gaviria con ese famoso impuesto.

Pero la cosa es todavía peor, el senador Jorge Enrique Robledo y su copartidario Wilson Arias, del Polo Democrático, denunciaron que el gobierno acaba de regalar $500.000.000.000 a los bancos, pues estos le prestaron 9.8 billones al gobierno, por lo que se ganaran esos 500.000.000 en intereses. Una jugada descarada pues el Banco de la República podría haber hecho el préstamo. A esto se suma la decisión de trasladar la carga de las pensiones de 22.000 trabajadores de los Fondos Privados al fondo estatal Colpensiones, con lo que se debilita el fondo estatal y se inicia la tan anhelada privatización al tiempo que se engordan los bolsillos de los banqueros que dejan de pagar sus obligaciones pero que recibieron por décadas los aportes de esos 22.000 trabajadores.

Es cada vez más claro que este es un gobierno servil a la oligarquía financiera nacional extranjera. Se calcula que los costos de la actual crisis rondan los 50 o 60 billones, cuando se pregunta a Duque de dónde sacará la plata este ha contestado que del endeudamiento externo, de hecho ya consiguió 11.000 millones, una verdadera canallada, pues la deuda externa llegó ya a los US$138.175 millones lo que corresponde al 42,7% del PIB. La fórmula es clara: la crisis es una gran oportunidad para los vampiros nacionales y extranjeros.

Si esto está pasando ahora, cuando lo duro de la crisis aún no empieza ¿cómo será cuándo esta se agudice? O acabamos con los vampiros y sus alcahuetes o nos van a escurrir hasta la última gota de sangre.

Entre tanto hacemos nuestras las propuestas de los sindicatos bancarios del país: no aumentar la deuda externa, que el Banco de la República le preste al gobierno y que se derogue la ley 100.

 

DECLARACIÓN

 

CONTRA LA AGRESIÓN IMPERIALISTA A VENEZUELA CON PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE DUQUE

Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad.

 

Simón Bolívar (1783-1830)

 

En medio de miles de muertos y millones de contagiados por el CODIV 19, el gobierno de Donald Trump ha decidido desplegar un gigantesco operativo militar sobre las costas del hermano país de Venezuela, con el argumento de “combate al narcotráfico”. Esta acción del imperialismo más poderoso del planeta, en momentos en los cuales las naciones necesitarían unir esfuerzos para salvar vidas y enfrentar la pandemia, devela la crisis de un sistema que se alimenta del olor nauseabundo de la destrucción y la guerra.

Esta agresión militar se da luego de que el régimen yanqui imputó cargos por “narcotráfico” y ofreció millonarias “recompensas” contra Maduro y otros altos mandos venezolanos. Así pretenden, además, disfrazar el ataque con el manto de una “operación antinarcóticos”. Como si no fuera que el gran negocio capitalista de los narcóticos se da fronteras adentro de Estados Unidos, y que del mismo se beneficia especialmente la gran banca imperialista.

Estados Unidos es por hoy uno de los principales productores de marihuana, cuyas ventas ascendieron a casi 9.000 millones de dólares y se estima que para el 2021 las ventas alcanzarán los 21.000 millones de dólares, según Tom Adams, director de BDS Analytics, que hace seguimiento a la industria del cannabis. 1En un artículo de James Petras titulado “How Drug Profits saved Capitalism" plantea que “los beneficios de la droga, en el sentido más básico, se aseguran mediante la capacidad de los cárteles de lavar y transferir miles de millones de dólares al sistema bancario norteamericano. De acuerdo con los registros del Departamento de Justicia norteamericano, un banco sólo, el Wachovia Bank (propiedad hoy de Wells Fargo), lavó 378.300 millones de dólares entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11 de mayo de 2011). Todos los bancos principales de los EE. UU. han hecho de socios financieros activos de los cárteles asesinos de la droga.”2

El guion del “combate al narcotráfico” nos recuerda el cuento usado por Bush sobre las “armas químicas y de destrucción masiva” de Sadam Husseim, que le valió el apoyo del imperialismo mundial y de las burguesías lacayas como la colombiana. Pero luego las tales “armas de destrucción masiva” no aparecieron por ninguna parte, pero el país sí quedó destruido y su petróleo fue saqueado.

La guerra contra las drogas se ha convertido en el vehículo principal de colonización y militarización de América Latina. Un vehículo financiado e impulsado por el gobierno norteamericano y alimentado por una combinación de falsa moral e hipocresía. Para la muestra un botón, Colombia, el primer país productor de coca, es hoy con 12 bases militares gringas en su territorio, la punta de lanza del imperialismo contra los pueblos de América Latina, en especial contra Venezuela.

Está en curso una de las mayores crisis que ha enfrentado la humanidad: La combinación de una pandemia que ya ha matado a más de 100.000 personas y contagiado a más de un millón y medio, con una crisis económica que podría conducir a una depresión peor que la del 30. Este contexto hace que la decisión de Trump de agredir ahora a Venezuela sea vista como lo que es, un acto de brutal piratería.

No caigamos en el engaño del discurso “en defensa de la democracia” y “contra los narcóticos”, el fondo de la decisión del imperialismo yanqui es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos en el hemisferio, eliminar todo atisbo de independencia destruyendo el régimen chavista en Venezuela perpetuar su dominio sobre los inmensos recursos económicos de América Latina y el Caribe, hoy en franca disputa con potencias emergentes como China y Rusia. Hoy a Estados Unidos le interesa reforzar más aún su control y opresión sobre América Latina cuando se dispone, junto con todos los burgueses, a hacerle pagar a los trabajadores y a los pobres los platos rotos por la pandemia y por la crisis de su economía capitalista.

Como se denunció desde Cuba: “El Comando Sur norteamericano, en marzo del 2018, hizo pública una información sobre su estrategia para nuestra región en los próximos diez años, los principales «peligros» o «amenazas» identificadas y el modo de enfrentarlas. Así mencionó a Cuba, Venezuela, Bolivia, «la lucha contra el narcotráfico», redes ilícitas regionales y transnacionales, mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe…”3

La escalada del imperialismo contera Venezuela no cesa, desde el fracasado intento de golpe de estado en el 2002 contra Chávez, pasando la orden ejecutiva del “democrático” Obama declarando a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadunidenses”, el genocida bloqueo que ha causado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos según datos de ACNUR, y ha supuesto pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, lo que equivale a entre 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano o al Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente un año y medio.4

Detrás de la campaña yanqui contra Venezuela hay razones geoestratégicas. El amo del norte jamás perdonó ni perdonará a los gobiernos responsables del fracaso del ALCA, (Tratado colonizante de libre comercio), a los gobiernos que promovieron la integración latinoamericana, centroamericana y caribeña contra los dictados de Washington. Las campañas contra los gobiernos de Chávez y Maduro, contra Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner, Daniel Ortega, Dilma Rousseff y Lula tiene el trasfondo de erradicar esos “malos ejemplos” de gobiernos que independizaban a sus países del imperio y que usaron gran parte de los recursos derivados del auge de las materias primas, para armar un entramado de bienestar social, brindando vivienda, salud y educación a los sectores más necesitados de la población.

La política de Estado del conjunto de la oligarquía yanqui para recuperar su dominación sobre América Latina, concentra en Donald Trump y su gobierno, la faceta más criminal. Al genocida bloqueo y las ilegales sanciones contra el pueblo venezolano, Trump ordena una escalada militar, con el desplazamiento de poderosos barcos de guerra, aviones espía y miles de tropas estadounidenses, cerca de las costas de Venezuela.

Estados Unidos con más de medio millón de contagiados, cerca de 20.000 muertos en su mayoría de la comunidad latina y afrodescendiente,5 es hoy el epicentro de la pandemia, por eso, esta ofensiva militar, empieza a ser duramente cuestionada en su interior, como una forma de ocultar la “mortal mala gestión”6 del gobierno frente al COVID 19, siendo la demostración más dramática de un sistema decadente y putrefacto que debe ser erradicado antes de que nos conduzca a la barbarie.

Estados Unidos, como bien lo pronosticó el libertador Simón Bolívar, continuará si no lo impedimos con su rol de gendarme colonizador violando cada vez que la plazca la soberanía nacional de los pueblos de América Latina y del mundo.

Como buen lacayo Duque no tardó en apoyar la agresión, y anunciar la participación junto con otros 23 países en la quinta fase de la llamada Operación Orión, que más allá del pretexto de la lucha contra el narcotráfico, constituye realmente la participación de Colombia en la agresión militar contra Venezuela. El apoyo a esta demencial acción dada por el gobierno de Iván Duque, pone sobre el tapete el papel servil que históricamente ha desempeñado la oligarquía colombiana, al colocar al país como portaviones del imperialismo en América Latina.

Duque tiene el cinismo de sumarse al ataque yanqui a Maduro por “narcotraficante” cuando a ojos de todos los colombianos quedó claro que para llegar al gobierno este gobierno contó con el apoyo activo de narcos como el Ñeñe Hernández así como lo hiciera en el pasado reciente su mentor Álvaro Uribe. Habla del combate al narcotráfico, cuando no dudo en apoyarse en el grupo narco paramilitar de los rastrojos para que el autoproclamado Guaidó cruzara la frontera para atacar a Venezuela.

Para los trabajadores y pueblo pobre de Colombia, esta posición del gobierno uribista de Iván Duque que pretende conducirnos a una guerra con nuestro hermano pueblo de Venezuela es sencillamente un acto criminal, como lo es el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, que bajo su nuevo gobierno se ha disparado. Criminal fue no cerrar el aeropuerto el Dorado a tiempo para contener los contagios importados. Y si de atacar a alguien por criminal se trata, qué decir del uribismo que fue gestor de la ley 100 cuyo resultado es la destrucción del sistema de salud pública en Colombia, creador de EPS – IPS que hoy se enriquecen con la salud de los colombianos, que sobre explota a los médicos y paramédicos con contratos precarios, y ahora los conduce a la muerte sin mecanismos de protección para enfrentar la pandemia. Criminal es no garantizar a las familias pobres condiciones dignas de alimentación y vivienda para hacer la cuarentena. Criminal es estar facilitando a los capitalista la reapertura de empresas, para que puedan seguir obteniendo ganancias con la explotación de los trabajadores, así eso signifique llevar al matadero de la pandemia al trabajador y su familia.

La exigencia del cese inmediato de toda acción bélica contra Venezuela, el levantamiento del brutal bloqueo contra su pueblo, así como el respeto a la soberanía de los pueblos, debe ser la posición de todos los trabajadores, demócratas y luchadores revolucionarios del continente y del mundo. Quien no se coloque del lado del pueblo agredido contra el imperialismo agresor y sus cómplices, quien no esté por la derrota de los ejércitos invasores, en este caso el colombiano, pasara al basurero de la historia como el traidor a la causa de la libertad.

Saludamos a todos aquellos que se han pronunciado contra esta nueva agresión, a los miembros del parlamento colombiano que han pedido explicaciones a Duque por su apoyo al gobierno yanqui, a los compañeros de la CUT y demás sectores políticos y sindicales que han repudiado esta acción.

La escalada de Estados Unidos contra Venezuela exige ir más allá; resulta urgente que la CUT y el Comité Nacional de Paro encabecen el llamado a la más amplia unidad de acción con todos aquellos que acuerden en rechazar la agresión imperialista a Venezuela, en defender su soberanía, y en repudiar que el gobierno uribista de Duque comprometa a Colombia en tal ataque a una nación hermana.

¡Retiro inmediato de las fuerzas desplegados por el ejército yanqui sobre las costas venezolana!

¡Cese del criminal bloqueo y de las sanciones ilegales contra Venezuela y Cuba!

 ¡Suspensión por parte del gobierno colombiano de toda maniobra que atente contra la soberanía de Venezuela!

¡Retiro de las doce bases militares de yanquis del territorio colombiano!

Retiro inmediato de Colombia de la llamada Operación Orión, y uso ya de esos recursos económicos y logísticos para enfrentar la pandemia, dar alimentación a la población más pobre mientras esta dure, pagar salarios adeudados a personal médico y paramédico, y dotarlos de recursos requeridos para sus labores.

Referencias

1. https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/01/marihuana-legal-estados-unidos-industria-auge/

2. https://www.sinpermiso.info/textos/el-papel-de-wall-street-en-el-narcotrfico-negocio-boyante

3. http://www.granma.cu/mundo/2018-08-09/bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-el-plan-suramerica-09-08-2018-17-08-04

4. https://actualidad.rt.com/actualidad/305334-consecuencias-economicas-bloqueo-financiero-venezuela

5. https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/el-coronavirus-mata-mas-a-los-hispanos-en-nueva-york.html

6. https://www.newsweek.com/trump-administration-drug-venezuela-operation-distract-coronavirus-1496044?em

EL CACEROLAZO en línea

Abril 12 del 2020