Los nadies: los hijos de
nadie,
los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los
ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo
la vida, jodidos,
rejodidos:
Los nadies,
que cuestan menos
que la bala que los mata.
(Fragmento de ‘‘Los nadies’’.
Eduardo Galeano)
El 21N quedará guardado en los anales de la
historia del país como el día en el que los de abajo despertaron, el día de la
indignación, el inicio de una serie de jornadas de protesta donde el gobierno
títere de Iván Duque estuvo contra las cuerdas. El 21N fue la acción de masas
más importante desde el Paro Cívico Nacional de 1977, y como en esa ocasión,
donde se configuró el Consejo Nacional Sindical (CNS), le planteó a todos los
revolucionarios y luchadores del país, la necesidad de la unidad y trazar
conjuntamente un derrotero de lucha. Para hacer frente a esa necesidad se creó
el Comité Nacional de Paro, un logro político en cuanto a la organización de la
lucha, aunque con limitaciones por el rol que jugó su dirección burocrática,
que decidió no ir a fondo con la continuación y preparación de jornadas de Paro.
LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LA SENSACIÓN DE
NO FUTURO DE LA JUVENTUD
La lucha del 21N se enmarca en una lucha a
nivel mundial, donde los oprimidos se están rebelando contra el sistema, porque
vivimos un momento particular donde el capitalismo agudiza su decadencia y se
exacerban todos los males sociales. La angustia de los jóvenes al no encontrar
posibilidades de estudio o trabajo cuando terminan la secundaria –algunos ni
siquiera lo pueden hacer, porque deben desertar para ayudar a sostener sus
familias– ha acrecentado la sensación de no futuro, la sin salida social.
Esta es
una preocupación compartida, incluso, por algunos sectores burgueses, como se
evidencia en el informe sobre las perspectivas de los jóvenes[1] con el enunciado ¿No
Future?, donde se concluye que un sesenta por ciento de personas de todas las
generaciones opina que los millennials (como se le conoce a la
presente generación de jóvenes) son quienes peor viven y vivirán en el futuro, respecto
a sus padres, en lo que se refiere a aspectos económicos y políticos.
La presente
generación es, sin duda alguna, la generación de la crisis. Si bien la
digitalización es lo que les define como grupo de edad, podríamos decir
que, más que nativos digitales,
son nativos en la crisis. Los jóvenes han crecido en
medio de recesiones económicas, que han congelado su futuro y les ha provocado una sensación de frustración. Esta
generación se ha criado en la fragilidad. Es la que más ha sufrido la crisis,
la que tiene salarios más bajos y la precariedad durmiendo en casa. En 2015, según el Banco Mundial, los
contratos temporales que firmaron los trabajadores franceses y holandeses de
entre 15 y 24 años representaron cerca del 50%. Es decir, en el futuro los
jóvenes tendrán que trabajar más años y disfrutar menos ahorros para financiar
sus pensiones a pesar de estar activos más tiempo que las generaciones
precedentes.
Además de las crecientes brechas entre dos
generaciones, los jóvenes frente a los mayores, atravesamos tiempos, donde los
niveles de desigualdad[2] son
escandalosos y, particularmente en América Latina y el Caribe, donde el 20% de
la población concentra el 83% de la riqueza. Según el informe, antes citado, el
número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000.
En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de
personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de
acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
El efecto de las
políticas neoliberales en la región ha hecho mella y, ante esto, muchos jóvenes han decidido tomar
las calles y combatir al capitalismo –así sea de manera inconsciente y
desordenada–, nos hemos reusado a ser una generación perdida. No solo en
Colombia la juventud ha sido la vanguardia. En Puerto Rico, los jóvenes fueron
artífices de la caída del gobernador Ricardo Roselló; en Haití protagonizaron
fuertes levantamientos durante todo el 2019, exigiendo la renuncia de Jovenel Moïse y
las políticas del Fondo Monetario
Internacional (FMI); también se hicieron sentir
los jóvenes en Ecuador, apoyando la resistencia al paquetazo económico del
reaccionario Lenin Moreno y el FMI. En Chile, el proceso más profundo, mostró
la heroica lucha de los jóvenes, alzándose, en principio, contra el cuarto
aumento –en menos de dos años– a la tarifa del metro. Pero no era solo contra
30 pesos de aumento, era contra 30 años de precarización en la salud, en las
pensiones, en la vivienda, los altísimos sueldos de parlamentarios, el aumento
de la luz y el petróleo, la represión de las Fuerzas Armadas y todo el legado
de la dictadura de Augusto Pinochet[3].
También destacamos, este año, la lucha de los
jóvenes –principalmente los afros– en Estados Unidos, contra el racismo y la
violencia policial, contra el asesinato de George Floyd y levantando el puño
con la consigna Black Lives Matter; así como en Perú, contra el ilegitimo y asesino
gobierno de Manuel Merino, que, pese a desatar una represión como no se veía en
años en ese país, no logró acallar las voces de los jóvenes que coreaban
‘‘¡Merino, escucha, el pueblo te repudia!’’, logrando que Merino, tras cinco
días de presidencia, renunciara. De igual forma, aunque menos difundida, la
lucha de los jóvenes guatemaltecos contra la aprobación del presupuesto nacional para el año 2021, que reduce las partidas
para salud y protección social, las partidas para la universidad pública y el
poder judicial, al tiempo que destina 100 millones de quetzales (más de US$12
millones) para una nueva sede del Congreso.
A nuestros abuelos, a nuestros padres y a
nosotros mismos nos han quitado tanto, que nos quitaron el miedo. Los jóvenes
ya no tememos enfrentar la represión o a gritar ‘‘¡Uribe, paraco, el pueblo
está verraco’! Es la rebelión contra el sistema y sus gobernantes. Esta voz
hace eco desde los jóvenes de clase media hasta los jóvenes de los sectores
populares. Y uno de esos jóvenes que se atrevió a luchar por sus hermanos de
clase, por su pueblo, en contra de las reformas pensionales y laborales, que
joden profundamente a los ancianos, que impide que nuestros padres se pensionen
o que desmejoran nuestro futuro, fue Dilan Cruz, un pelado de dieciocho años al
que la represión de Duque le quitó la vida y liquidó sus sueños.
EL ASESINATO DE DILAN CRUZ: LA EXPRESIÓN DE
ODIO A LOS HIJOS DE LA CLASE OBRERA
Dilan Cruz era un joven que soñaba con ingresar a la Universidad Pública, parte de su protesta tenía que ver con las escasas posibilidades que tienen los jóvenes de los sectores populares en Colombia para acceder a la Educación Superior. El 23 de noviembre, el tercer día de movilizaciones en el marco del Paro Nacional, seguían resonando las voces disidentes y, todavía con más fuerza, después de la noche anterior, la del 22N, que quedó para la historia como la Noche del Terror. Aquella noche de protestas, el gobierno Duque quiso infundir pánico en los barrios populares de Cali y Bogotá, con el ánimo de crear animadversión hacia el Paro, llevando a la gente a armarse con palos, machetes y hasta pistolas, para defenderse de los supuestos vándalos del Paro que iban a saquear sus casas. Al otro día se demostró que todo había sido un plan de Duque y el uribismo, en colaboración con la honorable Policía Nacional, para reventar el Paro. Policías de civil, en compañía de sectores lúmpenes (los desclasados), rompían los vidrios de las casas y se metían a los conjuntos residenciales a sembrar zozobra. La rabia que generó esta sucia estrategia contra el Paro, llevó a que la gente saliera a las calles a gritar vivas al Paro Nacional y a demostrarle a Duque, que no nos iba a sembrar terror.
Y como la estrategia no funcionó, aumentó la represión en
las calles. La tarde del 23N, en la carrera 4.ª con calle 19 de Bogotá, Dilan
Cruz cayó gravemente herido después de recibir un fogonazo de una escopeta
calibre 12, disparado por un miembro del ESMAD. Aquel día, se repetía la
historia de Nicolás Neira, joven de 15 años asesinado por un proyectil del
ESMAD, el 1 de Mayo de 2005; de Johnny Silva, de 21 años, quien murió cinco meses después en
la Universidad del Valle, en una protesta estudiantil contra el TLC que el
gobierno Uribe se disponía a firmar con Estados Unidos; y de Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad
Distrital, quien cayó en una manifestación el 21 de abril de 2016.
No son los únicos, según la
ONG Temblores, en su informe del año pasado, 34 personas han perdido la vida en
medio de protestas desde la creación del ESMAD en 1999[4].
En todos estos casos, hay por lo menos algunas cosas en
común. La mayoría de los asesinados eran jóvenes provenientes de los sectores
bajos de la población, hijos de trabajadores, que luchaban por salir adelante
en medio de la pobreza. Es decir, es un asunto de clase, que evidencia el
desprecio por los jóvenes pobres, a quienes este Estado asesino considera
desechos sociales. El otro aspecto en común es la impunidad. A pesar de que el Estado
colombiano fue condenado desde 2011 por la muerte de Neira y Silva, la justicia
sigue sin procesar a los responsables. En el caso de Nicolás, los
uniformados de la Policía que coordinaron la operación y que, según la
Fiscalía, intentaron encubrir la muerte del joven siguen libres y solo hay un
condenado: quien lo confesó todo.
Pese a esto, el crecimiento en
recursos y personal del Escuadrón de la Muerte (léase ESMAD), ha sido
impresionante. Según la ONG citada, comenzó con 200 hombres y cero pesos para
compras de elementos y armas. Seis años más tarde, los números eran otros:
1.352 integrantes y un presupuesto de casi $8.000 millones para compras de
elementos y armas. En 2010, año en que Álvaro Uribe salió de la Casa de Nariño
y llegó Juan Manuel Santos, el presupuesto para ese mismo fin iba por los
$11.700 millones y el personal, por 1.843. En 2014, 2015 y 2017, el ESMAD recibió
en total más de $31.000 millones para armas y elementos. Nunca antes ese grupo
había recibido tantos recursos. Y peor todavía, en medio del desastre generado
por la crisis económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19, Duque, en vez
de girar recursos para sostener a los más necesitados, se atrevió a gastar en
nuevos implementos para el ESMAD, aprovechando la cuarentena en prevención
contra las movilizaciones y estallidos sociales que se avecinan. El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, denunció
la licitación de la Policía Nacional por valor de $9.515.844.030 sin IVA,
gastados en 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas como las que asesinaron
a Dilan Cruz. Adicionalmente, comprarán
más de 23 mil esferas marcadoras. A esto se suma la bobadita de 7.900 millones
de pesos en 5 tanquetas[5].
Lo anterior deja claro que,
para este gobierno miserable la salud, la educación y la vida de los pobres
importa un carajo. Y sus llamados de ‘‘el que la hace la paga’’ y sus
condolencias con la familia de Dilan, no es más que cinismo y vil hipocresía. No ha hecho nada –ni lo va a hacer– frente a
la exigencia de desmonte del ESMAD o de una reforma a la policía. Incluso, este
año, fue asesinado Anderson Arboleda, un joven
afro de 19 años, quien vivía en Puerto Tejada (Cauca) y, que, el 19 de mayo,
tras recibir varios ‘‘bolillazos’’ en la cabeza por parte de un policía, perdió
su vida, acción justificada por esta institución supuestamente porque incumplía
con la cuarentena. También, el pasado 25 de junio, Duván Mateo Álvarez, joven
de 15 años, que cursaba octavo grado en el colegio Buenos Aires del municipio
de Soacha (Cundinamarca), fue asesinado por un proyectil de bala en medio de un
desalojo a cargo de la Policía y el ESMAD, en la Ciudadela Sucre.
Estas muertes hacen
parte de un largo historial de abusos cometidos por esta institución del
régimen, que expresan, además, la sistematicidad de su accionar
criminal y violento. ‘‘Según el informe
«Bolillo, Dios y Patria» de la ONG Temblores, en el período 2017-2019, hubo 639
homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 de violencia sexual, en los
que, basados en informes de Medicina Legal, hay un presunto miembro de la
fuerza pública involucrado.”[6] Además de los grandes
crímenes, es constante su agresión contra poblaciones específicas, su racismo, clasismo,
machismo y homofobia.
Y si bien es cierto que, como lo documentó la
ONG mencionada, en los años 2005, 2013 y 2016 (gobiernos
Uribe, el primero, y Santos, los dos últimos) fueron los que más dejaron
víctimas, en este gobierno se reactivaron las masacres, llegando, incluso a ciudades
como Bogotá, donde no se habían atrevido a tanto.
DUQUE HA ESCALADO LAS TENDENCIAS FASCISTAS EN
EL RÉGIMEN: LA MASACRE DEL 9S EN BOGOTÁ
El asesinato de Dilan Cruz no ha merecido de
parte del gobierno el más mínimo esfuerzo por hacer justicia, por prevenir
nuevos asesinatos de manifestantes o frenar la brutalidad policial. Todo lo
contrario, Duque ha subido los niveles de represión y ha envalentonado a sus
agentes homicidas. Un caso que lo muestra de manera clara es el asesinato del ciudadano
Javier Ordoñez, de 43 años, estudiante de derecho a punto de graduarse y
taxista de oficio, quien salió de su casa, donde departía con unos amigos, a
comprar licor. Él y sus amigos fueron abordados por policías, -no era la
primera vez que pasaba esto- quienes ya ‘‘tenían entre ojos’’ a Ordóñez. Al
contradecir a los policías por un comparendo que le iban a imponer, fue atacado
continuamente con una pistola ‘taser’ (que propina choques eléctricos). Javier
Ordóñez suplicó una y otra vez ‘‘No más, por
favor no más, por favor ya, en serio por favor ya no más.” Y los
presentes gritaban ‘‘ya basta, que ya’’, pero se escuchaba descarga, tras descarga.
Ordóñez fue trasladado al CAI (Comando de Acción Inmediata) de Villa Luz, en
Bogotá, donde se lo siguió golpeando y torturando hasta terminar con su vida.
La reacción no se hizo esperar y la respuesta
de los jóvenes de los barrios populares, a quienes la policía acostumbra a
hostigar, perseguir e incriminar, fue la de quemar y destruir estos centros,
que más que prestar atención se han convertido en centros de tortura, homicidios[7] y
violaciones sexuales[8]. El
caso de Ordóñez recordó, una vez más, la sevicia de la Policía Nacional y la
impunidad que cubre sus acciones. La indignación se hizo presente en Bogotá,
Barranquilla, Cali, Ibagué, Madrid y Mosquera (Cundinamarca), Medellín y Soacha,
donde fueron atacados por lo menos 27 CAI en dos jornadas de insurrección
juvenil, el 9 y 10 de septiembre. Como lo dijimos, el gobierno de Duque se
venía preparando para futuras movilizaciones y estallidos y, en esta ocasión,
no iba a permitir que se repitieran las jornadas de protesta iniciadas con el
21N. La policía, por su parte, como si se tratara de una guerra civil, cual
agentes de una dictadura, no repararon en abrir fuego a diestra y siniestra, asesinando
a 13 personas en Bogotá y Soacha, en una autentica masacre[9] en
plena vía pública y a los ojos de quienes miraban atónitos desde sus casas.
Y como si fuera poco, los policías
aprovecharon para violentar sexualmente a algunas mujeres. La ONG Temblores[10]
documentó varias de estas denuncias y los abusos policiales, y escribió en un
comunicado que el jueves 10 de septiembre en el CAI San Diego, de la localidad
de la Candelaria, una mujer fue violentada: “uno de ellos empezó a acosarlas
sexualmente, preguntándoles “Cómo vamos a arreglar”. Aprovecharon la situación
de indefensión en que se encontraban ellas y procedieron los dos [policías] a
manosearlas por encima de la ropa”.
JUICIO Y CASTIGO AL RESPONSABLE DEL ASESINATO
DE DILAN CRUZ
Quienes participan en la multitud de la
protesta suelen calificarse como ‘‘desechos de la sociedad’’, ‘‘vándalos’’
‘‘bandidos’’, ‘‘ladrones’’, ‘‘salvajes’’, ‘‘mendigos’’ y un etcétera de
apelaciones despectivas. La historia de los de abajo pocas veces se rememora pues,
en cuanto menos se haga eco de dichas acciones, más fácil se las borra de la
memoria colectiva y se impide que emerjan como referentes políticos para las
nuevas generaciones.
Sobre Dilan se dijo que había estado en la
correccional, que era un delincuente y que su participación en las jornadas del
Paro solo obedecía a vandalismo. ¿Si así lo fuera, la Policía tiene la
autoridad para matar? Estas noticias falsas, sumadas a las declaraciones que
dio el gobierno, en las que se califica el hecho como un accidente propio de
este tipo de procedimientos, solo buscan justificar su asesinato y que su caso
quede en el olvido, que se convierta en un número más de las estadísticas de
los crímenes impunes de este estado. El capitán del ESMAD -léase el asesino-
Manuel Cubillos no cometió un accidente en un acto de servicio, sino que
cometió un homicidio. Su actuación no fue para disuadir la protesta ni se rigió
por los ‘‘protocolos’’ de esa institución, que dicen que debe disparar de forma
parabólica, sino que tiró a matar, pues el disparo fue de frente y directo a la
cabeza de Dilan. Las pruebas del
homicidio son bastante claras, sin embargo, al sol de hoy, el caso sigue en
manos de la Justicia Penal Militar, donde se asegura la total impunidad del responsable.
La familia de Dilan busca
que el caso pase a la justicia ordinaria. De no prosperar, plantean llevar el
caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seguramente,
intentarán dilatar y desgastar a la familia, como lo saben hacer en este tipo
de situaciones. Por nuestra parte y en nombre de las decenas de miles de
jóvenes que nos movilizamos el 21 N y que hemos combatido a este gobierno desde
que se posesionó, seguimos exigiendo castigo a los culpables y llamamos a
honrar su memoria como luchador y como hijo del pueblo.
El asesinato de Dilan Cruz,
quien dejó de respirar justamente el día que se graduaba de la Institución
Educativa Distrital Colegio Ricaurte, nos recuerda que estamos ante un Estado
criminal y asesino, al que solo podemos enfrentar de manera unificada,
siguiendo el camino de lucha del 21N. Las voces que han silenciado, los sueños
que han truncado, solo afirman más nuestra convicción de seguir luchando por
las mismas causas por las que cayeron, a luchar por la destrucción de este
sistema explotador y opresor. Por preservar sus nombres y por lograr justicia,
necesitamos organizarnos desde abajo, fortalecernos políticamente y prepararnos
para las próximas movilizaciones, que seguro vendrán, y que requieren la máxima
unidad para enfrentar y hacer retroceder a este gobierno y sus instituciones de
represión.
¡Fuera el comandante de la policía Oscar
Atehortúa y toda la cúpula de la Institución!
¡Juicio y castigo a los policías asesinos y no por
la Justicia Penal Militar!
¡Fuera el ministro de defensa, el uribista
Carlos Holmes Trujillo!
¡Por el desmonte del ESMAD!
¡Reforma radical de la policía Ya!
[1] Foundation For European Progressive Studies y Fundación
Felipe González Véase en línea: https://gallery.mailchimp.com/a7d12fb69d5e759b901453fd5/files/252d624b-a71b-44c0-93f0-821600857eda/Las_perspectivas_vitales_de_los_jo_venes_espan_oles.pdf?utm_source=Fundaci%C3%B3n+Felipe+Gonz%C3%A1lez&utm_campaign=80f4c5ef4b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_05_39&utm_medium=email&utm_term=0_40654a6129-80f4c5ef4b-115684805
[2] OXFAM International. Los milmillonarios
del mundo poseen más riqueza que 4600 millones de personas. Véase en línea:
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas
[3] Su lucha
logró un triunfo democrático. El 25 de octubre del presente año se realizó un
plebiscito, donde el 79% de la población
que salió a votar aprobó una nueva Constitución, intentando dejar atrás el legado de la dictadura. Sin
embargo, la lucha sigue abierta, pues si bien es un triunfo, aún no se sabe qué
camino pueda tomar la Constituyente y puede que las masas se vean obligadas a
salir nuevamente a las calles.
[4] El Espectador. 34 personas han muerto por
acciones del Esmad desde su creación: ONG Temblores. 1-12-2019. En línea: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/34-personas-han-muerto-por-acciones-del-esmad-desde-su-creacion-ong-temblores/
[5] PluralidadZ. Trujillo, Paula ¿Gobierno
Duque se está preparando para futuras protestas? 05-06-2020. En línea: https://pluralidadz.com/politica/gobierno-duque-fortalece-el-esmad/
[6] Víctor de Currea Lugo. De cómo la gente perdió el
miedo al abuso policial. 10 de septiembre. Véase en línea: http://victordecurrealugo.com/abuso-policial-colombia/
[7] Como
sucedió el 4 de septiembre en la Estación de Policía de Soacha (cinco días
antes de lo sucedido con Javier Ordóñez), donde murieron incinerados nueve
jóvenes, bajo la complacencia de los agentes de policía que, pese a ver que los
reclusos se estaban quemando, no hicieron nada, incluso impidieron que sus
familiares apagaran las llamas.
[8] Para ampliar en este tema, léase Violación
institucional sistemática por parte de las Fuerzas Armadas a los derechos y
vida de las mujeres. En línea: https://cacerolazoenlinea.blogspot.com/2020/08/
[9] Para conocer nuestra posición al respecto,
ver: https://cacerolazoenlinea.blogspot.com/2020/09/
