En el caso de Bogotá, epicentro de la pandemia, la
administración distrital en cabeza de Claudia López y de la Secretaría de
Educación, bajo todo tipo de amenazas y chantajes, que se asemeja más a los
rasgos autoritarios del gobierno nacional que a lo anunciado en su campaña para
la alcaldía, presiona para que a partir del martes 13, los colegios de la
ciudad, regresen a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia
En este marco, es urgente que el magisterio en unidad con
padres y madres de familia y estudiantes, nos dotemos de una política para
resistir a esta nueva arremetida del gobierno de Duque en favor del capital, en
detrimento del derecho a la salud y a la vida, y que, unidos, reivindiquemos el
verdadero derecho a la educación en las condiciones que impone la actual
situación de pandemia. Debemos acoger la experiencia y recomendaciones de la
comunidad científica, en el sentido de que, mientras no alcancemos la inmunidad
de rebaño, la proporción entre el trabajo presencial y el trabajo en casa, debe
ser inversamente proporcional a la evolución de la pandemia y en todo caso,
previa implementación del 100% de las medidas de bioseguridad en las
instituciones educativas. Esto es a mayor contagio, menor presencialidad, a
menor contagio, mayor presencialidad; y en momentos de los picos como el de
ahora, la presencialidad debe ser CERO.
Por el derecho
de los trabajadores y del pueblo pobre a la vida y a la educación, derrotemos
la nefasta política del uribista Duque.
En el mundo
nos acercamos a los 3 millones los fallecidos por la pandemia. El hecho que la
humanidad, en pleno siglo XXI, haya resultado tan vulnerable ante el Covid-19,
tiene un responsable central: el sistema capitalista imperialista mundial. No
se podría explicar el monumental desastre sin tener a la vista lacras propias
del capitalismo como: el imponer la obtención de ganancias y más ganancia para
el capital como el supremo criterio rector de las prioridades de la sociedad;
la irracional depredación de la naturaleza motivada por el ánimo de lucro; el
descomunal salto en la inequidad, desigualdad social y pobreza; y la criminal
opresión de los países ricos sobre los pobres.
Y es que la
pandemia que ha significado la enfermedad para millones, la muerte para
centenares de miles no es democrática, los mayores damnificados son las
poblaciones pobres, los negros, los migrantes, los mayores, los afectados por
comorbilidades. Así mismo la crisis económica, que aceleró la pandemia, golpea
con más brutalidad a los trabajadores y pobres del mundo, mientras un puñado de
mega millonarios se enriquecen aún más.
En nuestro
país, la pandemia no solo encontró un sistema de salud público destruido por la
voracidad de unos cuantos capitalistas contribuyendo a elevar sustancialmente
el número de muertes, muchas de ellas evitables; también encontró un sistema de
educación pública desfinanciada, en crisis, con un déficit de más de 73
billones de pesos al 2017, con instituciones sin agua potable, sin baterías de
baño, sin conectividad, etc., que ha impedido cualquier grado de presencialidad
que la situación epidemiológica hubiera permitido. Tampoco se apoyó seriamente
la educación no presencial. Ni el gobierno nacional ni los regionales apoyaron
a las familias, garantizando equipos y conectividad para todos los estudiantes,
ni la renta básica de por lo menos un salario mínimo que protegiera a sus
familias. Tal circunstancia ha significado que miles de estudiantes hayan
tenido que combinar sus actividades académicas con la incorporación al mercado
de trabajo, otros, por la precariedad de sus recursos, no hayan podido acceder
a eso que el gobierno llama «virtualidad», no tienen computador o tableta,
conexión fija a internet o datos. La desigualdad en materia educativa se
acrecienta y condena a esta generación a una evidente limitación en sus
procesos formativos.
En el caso de
los maestros de los colegios oficiales, colocaron todo de sí, creando de un día
para otro todo un sistema de educación remota, sin haber sido preparados para
ello, y sin contar con el suficiente apoyo del Estado, usando sus propios
recursos: su casa, sus servicios públicos, su internet, sus computadores (que
en muchos casos tuvieron que contratar y comprar a las carreras), usando sus
horas de descanso, afectando la atención a sus propias familias, y dando un
paso al frente para estar en la primera línea del apoyo a los estudiantes y a
sus familias, trabajando en equipo con estas, y en no pocos casos en
condiciones de precariedad laboral, (como es la situación de los docentes de
los colegios privados), lograron paliar la situación, para no dejar que se
perdiera del todo el año escolar.
Sin embargo, Duque
y su partido se han dedicado a estigmatizar a FECODE y al magisterio, lo que ha
conducido al incremento de las amenazas y asesinatos de maestros. Ataques que
dan continuidad y buscan el objetivo de destruir la fuerza de FECODE, como lo
hizo con la Minga Indígena, con los jóvenes que salieron a protestar contra la
violencia policial, contra los líderes de restitución de tierras o defensores
de los derechos humanos, en fin, contra todos aquellos que le opongan
resistencia en un intento por evitar cualquier proceso de articulación y
organización de la lucha contra la brutal ofensiva de la rosca oligárquica en
el poder.
Duque y su
gobierno pretenden responsabilizar a los maestros de la penosa situación en que
se encuentran nuestros los niños y sus familias, afectados en todos los
terrenos, desde los académicos, pasando por los socioafectivos, del incremento
de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual, del reclutamiento de jóvenes
por los grupos armados etc. No nos llamemos a engaños, el gobierno no pretende
resolver estos problemas que son producto de las causas estructurales de
desigualdad, de las condiciones de miseria y falta de oportunidades que la
pandemia ha agudizado pero que no son nuevas.
La verdad que
el gobierno oculta, es que el objetivo de abrir los colegios, responde al
interés de liberar la mano de obra de aquellos miembros de las familias que han
tenido que quedarse en casa para atender a los estudiantes, en su mayoría
mujeres, para que esté disponible para la explotación por parte de los
empresarios; y para acrecentar la masa de desempleados creando mayor presión
para que estos acepten condiciones más precarias de trabajo. Recordemos que con
su decreto 1174 Duque legalizó y entregó a los patronos nuevas herramientas
para ultra-precarizar y sobre-explotar a los trabajadores (trabajo por horas).
La circular también está hecha a la medida de la necesidad de los mercaderes
privados de la educación, del transporte, de los contratistas del PAE, etc.
Esta ofensiva es pues una medida más de este gobierno en la dirección de
favorecer los intereses del capital, en detrimento de los de las masas
populares en estos tiempos de pandemia y crisis económica.
Por ello,
desde las bases del magisterio debemos llamar a la dirección de FECODE a poner en el centro de su accionar -más
allá de la mera reivindicación sindical-, la organización de padres de familia, estudiantes y profesores,
para unidos exigir el derecho a la educación pública y al buen ejercicio de la
profesión docente, lo que en la actual situación de pandemia significa: primero,
brindar a la comunidad educativa todas los recursos necesarios para el
desarrollo, en condiciones dignas, de la porción de educación que continúe bajo
la modalidad no presencial (empezando por garantías de conectividad gratuita y
universal); y, segundo, entregar de
emergencia todos los recursos económicos, humanos y materiales para crear las condiciones previas que
garanticen las medidas de bioseguridad adecuadas para la porción de la
educación que pueda comenzar a pasar a la modalidad presencial, siempre que el
curso de la pandemia lo permita.
De esta
manera, en un frente compuesto por profesores, padres de familia y estudiantes,
podremos contrarrestar la pretensión del gobierno y del ministerio de educación
de dividir a la comunidad educativa, enfrentando a las familias de los estudiantes
con los docentes, haciéndoles creer que los responsables del deterioro de la
educación pública durante la pandemia ha sido el magisterio; vil maniobra
gubernamental para ocultar su responsabilidad al haber privilegiado durante la
pandemia los intereses de los grandes empresarios sobre los de las familias y
los hijos de los trabajadores y los pobres.
El pliego de
peticiones y la estructura organizativa de FECODE, al servicio de la lucha y la
movilización.
FECODE es la
federación sindical más grande del país, tenemos el reto -como en otros
momentos de la historia política del país-, de contribuir a derrotar la nefasta
política del uribista Duque. Colocar como primer punto del actual pliego de
peticiones la lucha por las condiciones previas y la conectividad. Así mismo, junto a la comunidad médica, y los
trabajadores de la salud, que son hoy en día la primera línea en la defensa del
derecho a la vida, levantar la consigna COLOMBIA UN SOLO HOSPITAL, la exigencia
de la vacunación gratuita y universal, la liberación de las patentes y por
encima de todo, impedir que la vacunación caiga en manos privadas, como
pretenden ya algunos mercaderes de la salud.
FECODE debe
también junto con el movimiento sindical, las organizaciones sociales, indígenas,
juveniles, campesinas, y otras, sumarse y jugar un papel protagónico en la
lucha por la renta básica de un salario mínimo y sin condiciones para todos los
que la necesiten, por reclamar que el Estado les reconozca pago salarial a las
miles de mujeres que por efectos de la pandemia han tenido que asumir el
cuidado del hogar y el apoyo al proceso educativo de sus hijos; así mismo, la
lucha contra la reforma tributaria, laboral y pensional que ya está en curso,
por juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y
masacres, de los mal llamados falsos positivos, de los que bombardean
indiscriminadamente niños y niñas, víctimas del abandono del Estado.
Para que esto
se haga realidad, es necesario que las fuerzas políticas y sociales que tienen
presencia en las organizaciones sindicales, depongan sus intereses
particulares, depongan actitudes sectarias y divisionistas y defiendan el
sindicato, como una organización de frente obrero para luchar contra el patrón
y contra el gobierno, y no como un instrumento para fortalecer los distintos
proyectos políticos y personales. Defender al interior del sindicato la
democracia sindical, entendida como la participación activa y consciente de las
bases en la toma de decisiones, es lo que puede hacer la diferencia, entre un
sindicato para la lucha y un sindicato para la conciliación con el patrón.
Y así, de
manera unitaria, intensificar en colegios, lugares de trabajo y barrios la
preparación democrática y por la base del paro nacional convocado por las
Centrales Obreras y el Comité Nacional de Paro para el próximo 28 de abril,
contra el uribista gobierno de Duque y sus medidas antiobreras y antipopulares.
En cada
colegio, en cada vereda, en cada municipio, juntémonos con padres y estudiantes
para organizar la lucha por el derecho a la vida y el derecho a la educación.
En contra de
las acusaciones del gobierno, a los maestros si nos importa la suerte de los
niños y de sus familias, es por eso que a lo largo y ancho del país se
desarrollan iniciativas que van desde campañas de solidaridad, hasta procesos
organizativos que buscan arrancarle al gobierno condiciones reales que
garanticen el derecho a la educación.
Un ejemplo de
ello son los maestros de Puerto Caldas, un municipio de Risaralda que fue
noticia en estos días por el brutal desalojo de la comunidad de San Isidro,
ellos desde comienzo de año, se organizaron junto con los padres, y estudiantes
para exigirle a la Secretaría de Educción de Pereira desde agua potable hasta
el nombramiento de funcionarios (secretarios y vigilantes) para garantizar el
proceso de matrícula y la protección de la institución. Han realizado mítines
al frente de la alcaldía, constituido mesas de trabajo, reuniones con la
comunidad en la que participan hasta los exalumnos que vienen desde otras
localidades a defender el derecho a la vida y a la educación.
Por su parte
los profes del Fernando Mazuera ubicado en la localidad de Bosa en Bogotá,
desde el año pasado crearon un comité de solidaridad desde el cual vienen
trabajando en campañas de apoyo a la comunidad, en la entrega de mercados y
guías para las familias más vulnerables y este año están adelantando un derecho
de petición exigiendo a la Secretaría de Educación equipos y conectividad para
más de 2.000 familias, al tiempo que iniciaron el proceso de discusión de la
exigencias previas para un eventual regreso a la presencialidad en el momento
en que la evolución de la pandemia lo permita defendiendo el respeto a la
autonomía institucional y el derecho del
gobierno escolar en cada institución a decidir si abre o no una porción de
presencialidad.
Estos y otros
ejemplos los deberíamos replicar en cada rincón del país, y juntos con la
comunidad organizarnos para resistir a la ofensiva del uribista duque que pretende
descargar el peso de la pandemia y de la crisis brutal crisis económica, sobre
los trabajadores y pobres de Colombia.
11 de abril del 2021
