sábado, 27 de marzo de 2021

LA DEROGATORIA DEL 1174 DE 2020 UNA TAREA DE TODOS LOS TRABAJADORES

¿Qué crea el decreto 1174 de 2020?

El Decreto 1174 de 2020 del Uribista Duque es una reforma regresiva al sistema de seguridad social con el que se reglamenta el piso de protección social. El presente texto quiere mostrar a los trabajadores las dos caras de la moneda de esa reglamentación: cuánto dinero se ahorran sus patrones con este Decreto y cuantos derechos pierden los trabajadores. También quiere demostrar cómo no es solo una reforma a la seguridad social, sino una norma que da rienda suelta al trabajo por horas que empeorará su nivel de vida.

 

¿Qué es el piso de protección social?

La Ley 100 de 1993 reguló de manera general el sistema de salud, el aseguramiento a riesgos profesionales y el derecho a pensión. Son éstos tres servicios la base del sistema de seguridad social del país. Ante la precarización del trabajo que se ha vivido tras las medidas de apertura económica en los últimos 30 años, los gobiernos de turno han respaldado la pretensión de los empresarios de legalizar las condiciones precarias en las que laboral millones de colombianos, siendo un objetivo importante de estas presiones el buscar formas de “cubrir con seguridad social”[1] a trabajadores por días y por horas. Después de la ley 100 el Decreto 2616 de 2013 del gobierno de Santos avanzó en ese objetivo al autorizar el pago de seguridad social por días para trabajadores que laboran menos de 30 días al mes para un patrón. El Uribista Duque profundizó la tarea impuesta por los patrones mediante el Decreto 1174 de 2020 que autoriza el pago a seguridad social por horas laboradas.

La posibilidad de contratar por días y horas siempre ha existido en la legislación laboral colombiana, bajo contratos como el de obra o labor, contrato ocasional (igual a un contrato a término fijo inferior a un mes), o trabajos a jornada parcial. La dificultad a la que se enfrentaban los patrones era que, en caso de querer deshacerse de responsabilidad por un accidente o enfermedad laboral, deberían pagar la seguridad social de los trabajadores como si estos recibieran por lo menos un salario mínimo y hubiesen trabajado todo el mes.

Veamos cómo se benefician los patrones con las reglamentaciones sobre la materia de los respectivos gobiernos.

 

Decreto 2616 de 2013. Recopilado en el decreto 1072 de 2015. Pago a seguridad social por días trabajados.

(i)   El patrón se ahorra el 8% del pago a salud, pues no se tiene que cotizar al régimen contributivo de salud, el trabajador pasa al régimen subsidiado[2].

(ii)La contribución a pensiones y caja de compensación se realizara por semanas, de acuerdo a la cantidad de días trabajados al mes. Si se trabaja al mes: de uno a siete días, el patrón pagara solo una semana; entre 8 y 14 días, pagará dos semanas; entre 15 y 21 días, pagará tres semanas; de 22 a 28 días, pagará 4 semanas.

 

Decreto 1174 de 2020. Pago a seguridad social por horas trabajadas.

(i)   El patrón se sigue ahorrando el pago de salud, pues los trabajadores estarán en el régimen subsidiado.

(ii)No se cotiza a pensión, los trabajadores quedan inscritos en el plan de beneficios económicos (BEPS), al cual el patrón deberá cotizar el 14% de salario pagado al trabajador (que se paga por horas).

(iii)                 Quita la obligación a los empleadores de pagar la protección de riesgos profesionales de acuerdo al nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador, ahora el trabajador queda inscrito de manera general a un “seguro inclusivo”.

(iv)                  Ahorra a los patrones el 4% del salario, pues no hay que cotizar a caja de compensación familiar.

Para ilustrar, en el siguiente ejemplo se compara cuánto debe pagar un patrón a seguridad social por un trabajador que labora en total 96 horas al mes, es decir, la mitad de lo que sería un mes completo, bajo: el régimen de la ley 100, el Decreto 2616 de 2013 y el Decreto 1174 de 2020.

La base de liquidación será el salario mínimo de 2021 = Novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos ($908.526)

Valor día = $30.284

Valor hora = $ 3.785


Con el decreto 1174 de 2020 el patrón se ahorra:
 

·       Frente a la Ley 100, doscientos treinta y un mil trescientos dieciocho pesos ($231.318) en el pago de seguridad social por cada trabajador al que contratara por 98 horas mensuales (14 días a la semana).

·       Respecto al Decreto 2616 de 2013 el ahorro será de setenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos ($77.777)

Mientras el empleador se lucra por cada trabajador que someta a la precarización, los trabajadores pierden sus derechos. En la siguiente tabla se realiza la comparación según los regímenes antes expuestos.




El decreto 1174 es una reforma laboral encubierta 

El Decreto 2616 de 2013 le ahorró dinero a los patrones al permitirles pagar la seguridad social de acuerdo a las reglas arriba explicadas. Sus reglamentaciones están dirigidas a labores que suelen prestarse por días, como es el caso de los servicios generales en casas o trabajos que se contratan por menos de un mes, del tipo a los que pertenecen los remplazos de vacaciones u obras específicas. En otras palabras lo que hizo fue permitir un pago más bajo de seguridad social a trabajadores que ya trabajaban a tiempo parcial.

En cambio, lo que hace el Decreto 1174 es viabilizar que trabajos que son contratados a jornada completa ahora se puedan contratar a jornada parcial. Pensemos en el siguiente ejemplo: una fábrica necesita de tres turnos de 8 horas para trabajar 24 horas al día. Con el Decreto 1174 podrá tener 4 turnos de 6 horas diarias para cumplir el mismo propósito. Miremos:


 
En este ejemplo cada trabajador va a perder de ingreso directo $363.486, más su derecho a pensión, riesgos profesionales, caja de compensación e incapacidades que cubre el régimen contributivo de salud a diferencia del subsidiado.



Mientras tanto, el patrón -asegurando la misma mano de obra- se ha ahorrado mensualmente por concepto de salarios $545.418 y por aportes a seguridad social $816.266. En total, por cada turno que llegue a precarizar de esta manera, el patrón se habrá ahorrado un millón trescientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos ($ 1.361.684). Seguro con el mayor cinismo pedirán agradecimientos, ya que, al pasar de 3 a 4 trabajadores, dirán ¡que han creado empleo!

Aunque no toque ninguna regla relativa a la contratación en Colombia, el 1174 es una verdadera reforma laboral. Todo lo anterior es la razón que explica la arremetida de despidos y procesos disciplinarios que vivieron y viven los trabajadores en el marco de la pandemia, los contratos suspendidos que no son reiniciados mientras se contrata personal temporal, etc.

 

La clase política colombiana, con Uribe a la cabeza, cumple 30 años arrebatando los derechos a los trabajadores

Lo que es claro para cualquier trabajador que lea la presente nota: que el Decreto 1174 de 2020 es una norma jurídica que viabiliza la contratación por horas, llevándose por delante el código sustantivo del trabajo y la regulación del trabajo formal de 8 horas diarias y los derechos que le corresponden al trabajador por el mismo; para el cínico ministro de trabajo del Gobierno del Uribista Duque es solo una medida para “ayudar” a quienes por estar en la informalidad no cotizan a pensión, es una medida pensada en 12 millones de colombianos caídos en el desempleo o en empleos precarios, lo que calla el señor Custodio es que esas condiciones son gracias a las políticas de apertura económica adelantadas desde el 90, bajo la “democrática” y neoliberal constitución de 1991.

No son nuevas las justificaciones de los políticos en las que indican estar pensando en la generación de empleo mientras arrebatan a los trabajadores sus derechos. En 1990, cuando se discutía la reforma laboral, el por entonces senador Álvaro Uribe defendía la perdida de retroactividad de las cesantías y su entrega a los fondos privados diciendo: “… yo he dicho que el nuevo sistema es un UPAC mejorado porque tiene un rendimiento mínimo superior. Además, una seguridad mucho mejor para los trabajadores que la seguridad actual”. Frente a la pérdida de estabilidad laboral de los trabajadores con la desaparición de la pensión sanción que castigaba a los patrones que despidieran sin justa causa a un trabajador que hubiese laborado por más de 10 años, este sinvergüenza afirmó: “la ley acoge la jurisprudencia de la Corte, que nos ha dicho que la pensión proporcional de vejez, a cargo del instituto de seguros sociales sustituye la pensión sanción… no hay ningún perjuicio para el trabajador…”. Cuando se le preguntó si con la reforma ganaban o perdían los trabajadores, sentenció: “claro que ganaron, porque el sistema tradicional de cesantías es un sistema que ha venido causando la inestabilidad de los trabajadores, los empresarios por temor a ese sistema están desvinculando anualmente a dos millones de trabajadores

Los politiqueros como Uribe, su títere Duque y su lacayo ministro de trabajo son expertos en usar palabras lindas para justificar las desgracias a las que con sus leyes someten a los trabajadores y benefician los patrones. 30 años del mismo juego en el que invitan a los trabajadores a ceder sus derechos para tener un trabajo porque: “mejor es algo que nada” y la pandemia, han demostrado el fracaso total de esas políticas, pues en 2020 mientras el número de hogares colombianos que comen solo una vez al día se multiplicó 5 veces -al pasar de 55.915 a 287.473 y más de 3.2 millones de familia pasaron a comer solo dos veces al día[4]-, el sector financiero ganó 24.25 billones de pesos[5], lo que equivale a ganarse 207 veces el premio del baloto más alto que se ha repartido en Colombia (que fue de 117 mil millones de pesos)[6].

 


… Y también van por la sobreexplotación de los hermanos venezolanos

La burguesía colombiana, cómplice del saboteo económico y del ataque a la soberanía de Venezuela adelantado por Washington, se apresta aprovechar el 11 74 para sobreexplotar también a los migrantes venezolanos.

Los trabajadores no tenemos patria, a un burgués lo único que le interesa es extraer ganancias explotando el trabajo sin distingo de nacionalidad, solo consideran si tienen la oportunidad de redoblar sus ganancias aún más. Esto es algo que los trabajadores no podemos olvidar, pues es deber recordar este principio elemental de la clase obrera para superar las divisiones que nos venden políticos y medios de comunicación, y luchar unidos en contra de la explotación capitalista.

 

Los colombianos debemos tumbar el decreto 1174 en las calles como los ecuatorianos en 2019 tumbaron el nefasto decreto 883.

El 2 de octubre de 2019 el presidente de Ecuador, el traidor Lenin Moreno, por medio del decreto 883 cumplía las órdenes del Fondo Monetario Internacional al liberar el precio de los combustibles en el vecino país. El pueblo trabajador, liderado por las comunidades indígenas, conscientes que tal medida encarecería los alimentos y la vida, salió decididamente a las calles de Quito. El día 14 de octubre, tras 12 días de dura lucha en las calles, el presidente que ante la potencia de la acción de masas en Quito se refugió en Guayaquil, tuvo que dar marcha atrás y derogar el Decreto.

El pueblo colombiano liderado por los trabajadores no puede dudar un segundo que el ejemplo ecuatoriano es el único camino efectivo para derogar el maldito Decreto 1174, que abre las puertas de par en par a las grandes masas hacia una vida miserable.

El Comité Nacional de Paro ha levantado un plan de lucha, que tiene como objetivo preparar el paro nacional del día 28 de abril. Es deber de los trabajadores hacer que la derogatoria del 1174 de 2020 sea uno de los objetivos de esa movilización, para ello el paro debe prepararse desde las fábricas, escuelas, oficinas y barrios.

Para lograr lo anterior, y además detener la máquina de guerra del infame uribismo que asesina sin piedad a niños y niñas, el 28 de abril debe prepararse por abajo, y articularse en miras de recuperar la senda del 21N (2019).

¡Todos a preparar el gran paro nacional del 28 de abril y la conmemoración del día internacional del trabajo!

¡Derogatoria inmediata del 1174!

¡Abajo el ministro de guerra Molano, asesino de niños!

A parar para avanzar: ¡VIVA EL PARO NACIONAL!



[1] Algo para resaltar, es que el sistema de seguridad social traslada de patrones a instituciones del sistema la responsabilidad en caso de accidentes o enfermedades laborales. En cuanto al sistema contributivo en salud, este se encargara de las socorrer al trabajador en caso de accidente no laboral o enfermedad de origen común, siendo quien asume el pago de las incapacidades o la pensión en dado caso.

[2] No sobra recordar que el régimen subsidiado de salud es financiado con el dinero de todos los colombianos. Es decir, que no es solo se trata de los derechos que pierde el trabajador al cambiar del régimen contributivo al subsidiado, sino que ese 8%, que se meten al bolsillo los empleadores, es aportado por el resto de trabajadores colombianos vía impuestos.

[3] Para el ejemplo se toma el valor más alto de riegos profesionales.

 


sábado, 6 de marzo de 2021

Hay que derrotar la nueva ofensiva de Duque: ¡No a la reforma tributaria uribista!

El gobierno uribista de Duque se ha caracterizado por su ineptitud para encarar la crisis sanitaria que desencadenó la pandemia del Covid-19, por su cinismo a la hora de explicar los asesinatos de líderes sociales y la ampliación del accionar paramilitar en todo el país, pero sobre todo por su actitud servil ante la gran burguesía nacional y las transnacionales imperialistas.

En Colombia los principales grupos económicos se han seguido enriqueciendo en medio de la crisis, particularmente beneficiados con los recursos públicos. Duque les entregó 9 billones de regalo desde la pasada reforma tributaria de 2019, en medio de la pandemia destinó la mayor parte de los recursos a banqueros y comerciantes de la salud -dueños de las EPS-, y en los últimos días se ha denunciado que otorgó miles de millones de pesos en ayudas a sus protegidos de siempre, los aportantes a su campaña: Sarmiento Angulo, Gilinski, Ardila Lulle y Santodomingo.

El gobierno Duque es el responsable de la crisis económica y social que padecemos, no conforme con ello se ha empeñado en hacer que la crisis la paguemos los trabajadores. El 1174, la reforma laboral que nos impuso por decreto, y su iniciativa de realizar una nueva reforma tributaria van en esa dirección. Si en noviembre y diciembre de 2019 los jóvenes, las mujeres, las negritudes, los indígenas, los campesinos y los trabajadores, nos organizamos para detener el «paquetazo de Duque», ahora tenemos que redoblar esfuerzos en la organización y la lucha contra esta nueva ofensiva.

 

Crisis económica y desigualdad: una realidad de la que apenas se habla 

Colombia atraviesa una profunda crisis económica. Fedesarrollo planteó que el país entró en recesión desde marzo de 2020, una circunstancia así no se vivía desde 1999, sin embargo las cifras actuales tienden a ser peores, la caída del PIB (Producto Interno Bruto) el año anterior fue de -6.8% (dos puntos por encima de aquel entonces), el número de personas desempleadas a diciembre fue de 3,3 millones y en tan sólo un mes del presente año llegó a ser de 4,16 millones -casi un millón más-, pasando de una tasa de desocupación del 13% a una del 17.3%, la más alta en la historia. Se estima que la pobreza afecta hoy a uno de cada dos colombianos, que el 23% de los hogares pasó de comer 3 veces al día a comer sólo 2 y que el 10% sólo tiene para ingerir alimentos 1 vez al día.

Esta crisis ahonda los problemas ya existentes. Desde hace años distintos informes como el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam) publicado por un grupo de universidades entre las que está la Universidad de lo Andes, el Informe Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), e incluso los informes de agencias imperialistas como el Credit Suisse Research Institute o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayan que América Latina es la región más desigual del mundo y Colombia el país más desigual de la región.

Según datos de los informes citados los colombianos con más de 100.000 dolares son apenas el 3,8% de la población y sólo 3 personas concentran una riqueza equivalente a lo que poseen más de 20 millones de colombianos pobres. El 66,8% de la riqueza del país esta en el 10% más rico de la población. Luís Enrique Espitia y Luís Jorge Garay han publicado libros sobre el tema de la desigualdad en los que hablan de la existencia en el país de ricos, super ricos y super super ricos, estos últimos serían el 0,1 % de los ricos. La conclusión es que la riqueza producida socialmente, por millones de trabajadores, está ultraconcentrada en unas cuantas manos.

Esa profunda desigualdad es el verdadero origen de la pobreza, la injusticia y la violencia que azotan los espacios urbanos y rurales, la que conduce a los jóvenes de Buenavetura a enlistarse en las bandas de paramilitares y nacotraficantes, al campesino del Catatumbo o el Cauca a cultivar coca, a los niños de la Guajira a la desnutrición y a los indígenas del Bajo Baudó al desplazamiento. Según la OCDE se requeriría el equivalente a 11 generaciones, es decir, cerca de tres siglos para que una persona salga de la pobreza en Colombia.

 

Los impuestos o cómo sostener el Estado burgués esquilmado a los trabajadores

El presupuesto general de la nación para 2021 está cercano a los 314 billones de pesos, de ellos alrededor del 50% provienen del recaudo de impuestos. El 85% de los impuestos en el país provienen del Impuesto de Renta y del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Otras fuentes de recursos son las empresas de capital público como Ecopetrol -que producen dividendos al Estado- y el endeudamiento.

La burguesía colombiana, ese cada vez más pequeño sector de la pobalción en el que se concentra la riqueza, se queja habitualmente de las altísimas tasas de impuestos, y de como ellos soportan con sus contribuciones el aparato estatal. Es común escuchar a sus economistas, diciéndonos con toda seriedad, que en el país tan solo unos 3 millones y medio de colombianos pagan el Impuesto de Renta.

Nos señalan que eso es inobjetable y formalmente tienen razón, sin embargo, el 85% del Impuesto de Renta no proviene de contribuyentes directos, si no de la Retención en la Fuente, que no es otra cosa que un adelanto del Impuesto de Renta que se cobra en las transacciones económicas. La Retención en la Fuente se le descuenta a un asalariado contratado por orden de prestación de servicios como la mayoría de los trabajadores de la salud en la actualidad, nominalmente puede que ellos no estén obligados a pagar el Impuesto de Renta, pero en la realidad se lo terminan cobrando. Lo mismo sucede si un trabajador ofrece sus servicios como ayudante de construcción en una obra de remodelación de una oficina, a la hora del pago no se le cancela el 100% del precio pactado por su trabajo, se le hace la deducción de la Retención en la Fuente. De esa manera los contribuyentes al Impuesto de Renta crecen de forma indeterminada y abarcan a un amplio margen de la clase trabajadora.

Contrario a lo dicho por lo lugartenientes de la burguesía, Espitia y Garay han llegado a concluir que para los ricos, super ricos y super super ricos el Impuesto de Renta tiene muy poco peso, pagan muy poco en proporción a sus ingresos y riqueza acumulada.

El otro impuesto que es columna vertebral del sistema tributario colombiano es el IVA, creado en 1963 se ha mantenido por 57 años como el tributo de mas fácil recaudación. La tarifa general del IVA es hoy del 19%, se paga al momento de la compra de productos como prendas de vestir, electrodomésticos y algunos alimentos -por ejemplo, un frasco de aceite-. Empezó siendo del 10%, con Gaviria pasó a ser del 14%, con Samper del 16% y con Santos del 19%. El IVA es un impuesto indirecto que se le carga al consumidor sin tener en cuenta su capacidad de pago. Lo paga Sarmiento Ángulo y Don Juan al momento de comprar una camisa, una lavadora o una barra de chocolate.

Sin embargo, para una familia como la de Don Juan el IVA representa en promedio un 11,5% de su ingreso mensual y para una familia como la de Sarmiento Ángulo apenas un 2,2%. Es decir, es un impuesto que afecta particularmente a la clase trabajadora, sobre todo a sus sectores más pobres porque les quita una mayor porción de su salario.

Nominalmente los ricos, super ricos y super super ricos deberían pagar muchos más impuestos, pero tienen todo tipo de exenciones, para 2018 Espitia estimaba que estas llegaban a los 50 billones de pesos. De este modo es un embuste decir que la mayor parte de la financiación del Estado proviene de la burguesía, es el pueblo trabajador el que soporta con el pago de impuestos a un Estado que debería ocuparse de invertir los recursos recaudados en el bienestar de esa clase trabajadora que lo sostiene.  

 

Pandemia y desigualdad: una realidad mil veces padecida

Pero la realidad dista mucho de ser así. La inversión del Estado para la satisfacción de los derechos básicos de la población ha sido históricamente miserable. La salud y la educación llevan décadas convertidas en un privilegio, del cual buena parte de los colombianos están excluidos o tienen un acceso restringido. La lucha cotidiana para muchas familias de la clase trabajadora es por la atención en salud, por condiciones mínimamente dignas en el servicio educativo o por el acceso a la educación superior. 

Una mujer fallece al subir un puente peatonal en Bogotá luego de salir de su EPS y no recibir atención médica, llevaba meses solicitando una intervención quirúrgica al corazón. La enfermera que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 llevaba 2 meses sin que le pagarán su salario; alrededor de 700 trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fueron a la huelga en agosto pasado luego de 8 meses sin pago, 4 de ellos se declararon en huelga de hambre. Según un informe de la Procuraduría en 2020 la deuda con los hospitales públicos ascendía a 11,4 billones de pesos, sus deudores son las EPS, las aseguradoras y el Estado.

En la institución educativa Aguas Pietras en Turbaco (Bolívar) no se cuenta con agua potable, un carro de bomberos la deposita en un tanque, igual suerte corren los colegios de las comunidades indígenas en el Guanía. En la inspección de Santa Rita en Cumaribo (Vichada) esta ubicado el colegio Francisco de Paula Santander que atiende a 196 estudiantes y lleva años denunciado su precariedad, solo cuenta con dos baños, faltan pupitres, agua potable y dotación para los laboratorios.

El sistema público de salud fue destruido desde los años noventa y en época de pandemia ha dejado ver el efecto que eso produce a la hora de atender una emergencia, ha sido un desastre por la inoperancia de un modelo de salud al servicio del interés privado y el lucro. La deuda histórica con las escuelas y colegios del país ha hecho enormemente difícil la posibilidad de una educación virtual, niños y maestros sin recursos tecnológicos o conectividad padecen el rigor del abandono estatal. La llamada política de alternancia es prácticamente imposible en cientos de instituciones educativas que no cuentan siquiera con agua potable o baterías sanitarias.  

Para esa minoría de ricos, super ricos y super super ricos esos no son inconvenientes su servicio de salud les asegura condiciones dignas de atención médica y no tienen problema en viajar para acceder a tratamientos y vacunas en el extranjero. Sus colegios cuentan con sendas inversiones para la adecuación de protocolos de bioseguridad y si tienen que volver a la educación virtual tienen recursos suficientes para no tener inconvenientes.

El heroísmo de los trabajadores del sector salud es el que mantiene lo que queda del sistema público en pie y ha permitido soportar los estragos de la pandemia. El esfuerzo de maestros, familias y estudiantes ha hecho posible salvar en algo la educación durante este largo año de crisis sanitaria. Las carencias estructurales en sectores como salud y educación hicieron posible un impacto catastrófico de la pandemia y son responsabilidad de un Estado que se niega a invertir en las necesidades básica de la gente y se niega a cobrarle impuestos a los que acumulan la riqueza.

 

La reforma tributaria de Duque al servicio de la oligarquía y de la banca imperialista

Según el gobierno Duque el déficit fiscal en el país -recursos que le hacen falta para cubrir sus gastos- está cercano al 9% del PIB, unos de 90 billones de pesos. Del mismo modo ha señalado que la deuda pública –deuda del Estado con la banca nacional y particularmente extranjera- está alrededor del 60% del PIB. De los casi 314 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2021 el gobierno Duque planea destinar alrededor de 71 billones de pesos para el pago de la deuda, casi el 22,4% del presupuesto total, lo cual se convierte el monto más alto que hemos pagado en la historia. Cerca de 36 billones van al pago de la obligación neta y 33 billones al pago de intereses. Por lo cual el gobierno uribista ha dicho que se requiere una nueva reforma tributaria para incrementar el nivel de ingresos por la vía de cobrar más impuestos.  

El eje de la Reforma Tributaria sería extender el IVA y poner a pagar más Impuesto de Renta a las personas naturales. Cuando la burguesía dice, bien sea por boca de sus gremios, sus expertos o directamente de Duque y Carrasquilla, que es necesario «eliminar las exenciones y beneficios» para aumentar el recaudo, no se refieren a eliminar todas las gabelas de los ricos, super ricos y superricos sino a cobrar el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar que hoy en día están exentos (huevos, leche, carne o pescado, etc.), excluidos (arroz, frutas, gas, etc.), o que se benefician de una tarifa diferencial de 5% (como el café, las harinas o las carnes frías).

Para promover la idea, el propio Duque y los periodistas a sueldo de la patronal usan el argumento de que es injusto que personas como ellos, de altos ingresos, no estén pagando el IVA por algunos productos. Su supuesta solución es cobrar IVA a todos los productos y, posteriormente, «devolver» a la población más pobre lo cobrado a través de pagos del gobierno a dos millones de hogares.

Con una devolución del IVA del 100% al 20% de las familias más pobres se reembolsarían a estos hogares 1.7 billones de pesos, el gobierno Duque viene implementando una política similar de devolución del IVA a los más pobres, entrega 37 mil pesos mensuales para beneficiarios de sus programas Familias en acción y Colombia Mayor. Las cifras pasan a ser criminales cuando recordamos que en la pasada reforma tributaria el gobierno uribista le regaló 9 billones de pesos a los empresarios más poderosos del país en beneficios tributarios.

Eso sin mencionar que es imposible devolver lo recaudado a los millones de trabajadores que viven en la informalidad y no están bancarizados, el gobierno uribista omite decir que sería mucho más sencillo -menos costoso, menos burocrático y sobre todo menos proclive a trampas y corrupción-, eliminar las gabelas y exenciones que ya existen. Por ejemplo, Duque y su partido son campeones en dejar de pagar Renta, Álvaro Uribe pago 0 pesos de Impuesto de Renta en 2020 e Iván Duque quedó con un saldo a favor de 8 millones.

Según la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) las exenciones y beneficios tributarios otorgados en 2020 llegaron a 92,4 billones de pesos, es decir, si los ricos, super ricos y super super ricos pagarán sus impuestos íntegramente se cubriría el total del déficit fiscal.

De acuerdo a cifras subrayadas por Salomón Kalmanovitz las exenciones al sector financiero permitieron que los banqueros pagaran en 2020 sólo el 1,9% de sus utilidades de 121 billones de pesos; las petroleras sólo el 7% de 92 billones y las empresas mineras el 6% de 31 billones, cuando debieron haber pagado el 33% de acuerdo a la ley. El costo para los ingresos del Estado por estos obsequios a estos tres sectores fue de 80 billones de pesos, más de cinco veces lo que el Gobierno intenta recaudar con su nueva reforma tributaria en un año. Así las cosas el sistema tributario colombiano beneficia a las transnacionales, los rentistas bancarios y los terratenientes, pero grava sin ningún pudor a la clase trabajadora.

El gobierno uribista de Duque y su ministro Carrasquilla, a pesar de la crisis económica, del desempleo rampante, del hambre, de la muerte que se extienden por la crisis sanitaria, nos vuelven a decir que no podemos cobrarles más impuestos a los ricos, super ricos y super super ricos, que el peso de la crisis que ellos han contribuido a profundizar lo debemos seguir cargando nosotros, incluso que se debe profundizar la miseria y la pobreza con tal de mantener a los banqueros y las empresas imperialistas felices. 

 

Una mentira mil veces dicha

La premisa de esta Reforma, como de todas las anteriores, es que no se puede cobrar impuestos a las empresas y la burguesía, porque son éstos los que generan empleo y dinamizan la economía. Este dogma ha demostrado ser completamente falso, lo que se refleja no solo en la realidad, sino cada vez en más estudios de los economistas burgueses. La política de subsidiar a los ricos y las empresas por la vía de no cobrarles impuestos ha ocasionado mayores niveles de desigualdad y endeudamiento de los Estados, que luego tienen que buscar recursos para las finanzas públicas con nuevas reformas tributarias.

En la investigación Las consecuencias económicas de los importantes recortes fiscales para los ricos, publicado en diciembre de 2020 por David Hope y Julian Limberg del London School of Economics, se dice:

«Los resultados también muestran que el desempeño económico, medido por el PIB real per cápita y la tasa de desempleo, no se ve afectado significativamente por importantes recortes de impuestos para los ricos. Los efectos estimados para estas variables son estadísticamente indistinguibles de cero».

En palabras simples: lo último que hace un empresario con el dinero que deja de pagar por impuestos es contratar a más personas para generar más empleo. Cualquier trabajador sabe que su patrón exprimirá primero a sus trabajadores hasta que no puedan dar una gota más antes de pasar a contratar a una sola persona. El grueso del dinero ahorrado por la burguesía no se usa para invertirlo productivamente, sino que se acapara, se usa para especular o para el consumo de nuevos lujos.

 

Reformas tributarias regresivas una práctica recurrente de los gobiernos en Colombia

Las Reformas Tributarias son una imposición de la burguesía imperialista contra el pueblo pobre y trabajador para asegurar el pago de la deuda. Las calificadoras de riesgo se ocupan de decirles a la banca internacional y a las transnacionales imperialistas si es posible prestarle dinero a un gobierno o «invertir» en un país. Para que la calificación sea favorable presionan a los gobiernos de países como el nuestro para que adopten medidas como las reformas laboral, tributaria o pensional que esquilman a la clase trabajadora para asegurar los recursos con los que se pagará lo prestado.

Al mismo tiempo las reformas tributarias son parte de la agenda de las asociaciones de los ricos, super ricos y super super ricos, como el Consejo Gremial, la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) o Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), que presionan para que se les otorguen nuevas exenciones tributarias y para que la financiación estatal se soporte con impuestos a los trabajadores.

Cada dos años los gobiernos de turno promueven una nueva reforma tributaria con el mismo carácter: imposición, ampliación o modificación de lo que los expertos llaman impuestos regresivos, aquellos que tienden a aumentar la existencia de desigualdades, pues gravan o aumentan la carga impositiva a quienes tienen menores ingresos y riqueza. Sin embargo, lo particularmente infame de la reforma que propone el gobierno Duque es que se presentará en el marco de la que podría ser la peor crisis económica del país en años.

 

Derrotemos la reforma tributaria de Duque, construyamos el paro nacional

Existen amplios sectores académicos y políticos en el mundo que vienen planteando la necesidad de implementar reformas tributarias progresivas, que contribuyan a aminorar las desigualdades existentes en sociedades como la colombiana, estableciendo impuestos para los sectores ricos, super ricos y super super ricos de los que hablan Espitia y Garay.

En el país algunos centros de pensamiento y grupos de estudios tributarios de las más importantes universidades han propuesto: impuestos a las bebidas azucaradas y los servicios digitales, una ampliación del impuesto a la emisión de dióxido de carbono, implementar una tarifa altamente progresiva y diferencial sobre la renta de las empresas, mantener y profundizar el impuesto sobre el patrimonio y modernizar los mecanismos de cobro de impuestos y seguimiento a evasores.

No dudamos que muchas de esas propuestas son útiles y necesarias, pero nos parece que lo primero debe ser eliminar todas las exenciones tributarias que se han otorgado por décadas a las empresas y personas más ricas -nacionales y extranjeras-, que son las verdaderas responsables del deficit fiscal. Es decir, eliminar las exenciones a Duque y sus amigos Sarmiento Ángulo, Gilinski, Ardila Lulle, Santodomingo y hasta el mismo Uribe.  

Petro ha planteado también que «se debe gravar la renta». Refieriéndose al capital improductivo, aquel que no se invierte en la producción de mercancías: capital financiero, destinado a la especulación o el atesoramiento; dividendos empresarialesl, las ganancias extraídas por la burguesía que no serán reinvertidas; y la tierra fértil improductiva, que acaparan los terratenientes.

Sumado a lo anterior debemos exigir ante la situación de crisis y calamidad actual el No pago de la deuda, además de los intereses abusivos que impone el sistema financiero por cada prestamo y las imposiciones políticas con las que llega cada uno de ellos, en el momento actual, en vez de saciar la sed de ganancia de los banqueros, se deben destinar esos recursos para paliar el desempleo y el hambre a la que se ha sometido a una buena parte de la población trabajadora.

La única posibilidad de avanzar en esa dirección es una lucha unificada para derrotar la ofensiva de Duque, su decreto 1174 y su anunciada contrareforma tributaria. El 21N es nuestro referente nacional de lucha más cercano, con él se frenó un primer intento de Carrasquilla de ir a una extensión del impuesto del IVA, con él se frenaron las reformas pensional y laboral que la burguesía aún reclama.

La CUT ha convocado un Paro Nacional para el 28 de abril y ha planteado un plan de lucha en estos primeros meses del año, pero los paros y las movilizaciones no se decretan, se construyen. Es necesario que las direcciones sindicales desarollen una política que vaya encaminada a lograr la unidad de todos los sectores en la lucha, que promuevan la realización de asambleas de base y encuentros obrero/populares, que convoquen y permitan la participación democrática de jóvenes, mujeres, indígenas, negritudes, campesinos y la clase trabajadora en general.

El aborto legal en la Argentina no fue un regalo de los congresistas a las mujeres, la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Chile no fue un regalo de Piñera a la juventud y tampoco fue un regalo de Moreno al movimiento indígena en Ecuador la derogatoria del decreto 883; las grandes conquistas de estos pueblos se dieron en la calle, con la movilización y con la lucha, por eso reclamamos de las direcciones políticas del movimiento de masas, a Petro y los dirigentes del llamado Pacto Histórico, que se coloquen a la vanguardia de las convocatorias a la movilización y la lucha contra la ofensiva del gobierno uribista.

 

¡No al pago de la deuda!

¡No a la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla!

¡Que la crisis la paguen los ricos!

¡Por la construcción de un gran Paro Nacional para derrotar la ofensiva uribista!

¡Que las direcciones sindicales y políticas del movimiento de masas convoquen asambleas de base y un gran Encuentro Nacional Obrero/Popular para preparar el Paro!

 


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