Editorial

La pandemia en Colombia: voracidad capitalista, servilismo e ineptitud del gobierno Duque

Febrero 06 / 2021 

El gobierno y los medios de comunicación se han ocupado de repetirnos una y otra vez que las altas cifras de contagio y muerte por Covid-19 en el país son consecuencia de la irresponsabilidad ciudadana, ¡mienten!. Mienten sistemáticamente para ocultar que la responsabilidad de la crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo es del gobierno, de sus mezquinas decisiones y de una burguesía nacional e imperialista que tienen como único objetivo seguir haciendo negocios, enriqueciéndose así sea a costa de la muerte de miles de personas.

 

Con más de 2 millones de contagiados y 55 mil muertes, Colombia -como han indicado los rankings internacionales- es uno de los países que de peor manera ha encarado el manejo de la pandemia en el mundo. Lo que eso ha supuesto para la población trabajadora es, en el mejor de los casos, un empobrecimiento sin precedentes, y en las peores circunstancias enfrentar el hambre, la enfermedad y la muerte. Con tasas de desempleo que llegaron al 20%, una cifra de muertes que duplica la población que pereció en una catástrofe como la de Armero en 1985, un nivel de contagio que se encuentra entre los más altos a nivel mundial y con limitadas esperanzas de acceder a una vacuna, el gobierno Duque nos quiere hacer creer que ha hecho un manejo excepcional de las circunstancias.

 

Las medidas de Duque para contener la emergencia económica: plata por montones… para los banqueros

 

Duque y sus esbirros se pavonean con total arrogancia diciéndonos que su inversión en el manejo de la pandemia para 2020 fue de 117 billones de pesos (equivalente al 11% del PIB), sin embargo, en un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se denunció que según los contratos y las cuentas presentadas la cifra apenas llegaba a 2,7 billones a junio de ese año (es decir, solo el 0,25 % del PIB); de los restantes de 114 billones de pesos no se tienen reportes.

 

Realmente la mayoría de esos recursos estuvieron destinados al sistema bancario, por un lado, como garantías de crédito, es decir, para proteger a los bancos de posibles impagos. Por otro, los dueños del capital financiero, se beneficiaron de créditos del Banco de la República por 13 billones de pesos. Es decir, mientras en el país 1 de cada 5 trabajadores perdían el empleo porque el gobierno Duque no otorgó a tiempo subsidios a las nóminas de las pequeñas empresas y no entregó ayudas económicas a las familias trabajadoras más carenciadas; los Sarmiento Ángulo (Grupo Aval), el Grupo Empresarial Antioqueño (Bancolombia), los Gillinski (Sudameris, Servibanca) y los demás sátrapas dueños del sistema bancario nacional se repartían los dividendos acumulados (ganancias que les corresponden a los empresarios según cada acción de la empresa que posean), que para el mes de septiembre de 2020 ya eran de casi 25 billones de pesos. Como si fuera poco los fondos privados de pensiones, de los que también son dueños estos parásitos, reportaron ganancias por 27 billones de pesos, aún así no le aseguran una pensión a ningún colombiano.

 

Mientras la pobreza y el hambre han crecido en el mundo por efecto de la pandemia, los multimillonarios se han hecho aún más ricos, no han perdido nada, han seguido ganando por montones. Solo en Colombia –según cifra de Oxfam con estimaciones de las cifras disponibles en Forbes y ONU-, las fortunas de tres billonarios (Sarmiento Ángulo, Gillinski y Santo Domingo) han crecido en cerca de 10 billones de pesos; dinero con el cual se podrían entregar cerca de 2 millones de pesos a más de 5 millones de trabajadores pobres.

 

Que un pequeño comerciante o un pequeño empresario decida protestar por la implementación de una cuarentena es consecuencia de esa política económica, que un trabajador informal, un vendedor ambulante salga a exponer su salud y su vida en la calle es resultado de esa política económica, que 300 familias acampen frente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en Bogotá reclamando ayudas económicas porque mueren de hambre en sus casuchas de los cerros es resultado de esa política económica, del desprecio e indolencia de la clase social burguesa y de las medidas que su gobierno, el patético gobierno Duque, ha tomado o se ha negado a tomar. 

 

Una reforma tributaria en los planes y una reforma laboral en los hechos

 

Duque y su ministro Carrasquilla, con su cinismo característico, ahora nos dicen que por el dinero que le han entregado al sistema financiero existe un hueco fiscal que deben solucionar, que se requiere una nueva reforma tributaria y su novedosa propuesta es que la tenemos que pagar nosotros, la clase trabajadora, nuevamente proponen incrementar el cobro del IVA y ampliarlo a todos los productos de la canasta básica familiar. Mientras en países como Argentina se han implementado impuestos a las grandes fortunas y existen cada vez más economistas en el mundo que reclaman ese tipo de medidas, el gobierno uribista sigue demostrando que es el gobierno de la gran burguesía, de la oligarquía, y que es incapaz de tomar una medida que la pueda afectar, por el contrario está dispuesto a esquilmar al pueblo trabajador hasta la última gota de sangre.

 

Los grandes empresarios desde la pasada reforma tributaria ganaron grandes excepciones en impuestos, sin embargo los escuchamos quejarse en los medios de comunicación porque supuestamente pagan impuestos muy altos, también mienten. Una persona perteneciente al 10% más rico en la Unión Europea paga en promedio 21.3% de sus ingresos en impuestos, en Estados Unidos 14% y en Colombia apenas el 5%. Estos «pobres empresarios» son los mismos que reclaman que es necesario que los trabajadores vuelvan a las fábricas, almacenes, obras o cultivos, no les importa la economía del país, mucho menos la salud de sus empleados, eso es un cuento, se preocupan exclusivamente por sus ganancias. Su presión por reabrir la economía y no ofrecer ninguna ayuda al pueblo trabajador también es responsable de la situación actual de crisis. 

 

Esos burgueses insaciables son los que también reclaman una reforma laboral y pensional, el gobierno Duque se las ha concedido soterradamente. El decreto 1174 va en esa dirección, es una clara contrareforma laboral que entró en vigencia desde el pasado 1 de febrero. Este decreto formaliza el trabajo por horas, liquida la posibilidad de pensionarse ampliando el sistema de BEPs (Beneficios Económicos Periódicos, que permite mesadas pensionales por debajo del salario mínimo) y sigue engordando el negocio de los fondos privados de pensiones, deja abierta la posibilidad del despido sin indemnización, profundiza las condiciones de inestabilidad laboral y por todo ello liquida las posibilidades de asociación y sindicalización.

 

La crisis sanitaria: denuncias contundentes del talento en salud y servilismo de Duque ante las transnacionales farmacéuticas 

 

Pero el gobierno no solo es responsable de la crisis económica, la crisis de salubridad no es un cruel destino que estábamos condenados a soportar, ha sido también consecuencia de la insensatez e ineptitud de Duque y sus ministros. El gobierno uribista no ha atendido los reclamos y recomendaciones de los trabajadores de la salud, aún hoy en distintas regiones del país los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de seguridad y servicios generales en los hospitales laboran sin condiciones de bioseguridad adecuadas, con salarios adeudados de tres o cuatro meses y en una condición de exposición infame que ha cobrado la vida de más de 150 de ellos. Las comunidades científicas y médicas han reiterado que con la pandemia ha quedado demostrado que el sistema de salud en Colombia es un desastre, que desde la entrada en vigencia de la ley 100 –promovida por el entonces senador Álvaro Uribe-, pasó de ser un sistema público de salud a ser un negocio de unos cuantos empresarios, que privilegian sus intereses económicos por encima de la prevención y atención de los pacientes.

 

Agremiaciones como el Colegio Médico de Bogotá han denunciado como los gobiernos -tanto el nacional como los locales-, han mentido con las cifras de ocupación de las camas UCI, en ciudades como Bogotá existió a comienzos de este año un colapso del sistema hospitalario, la demanda de camas UCI sobrepasó la oferta, por lo que se tuvieron que trasladar pacientes desde Bogotá a ciudades como Barranquilla y Cartagena. La respuesta del gobierno a estas denuncias ha sido mantener las condiciones de precarización laboral del talento en salud, apoyar una reforma del sistema que propone concentrarlo y monopolizarlo aún más (Proyecto de ley 010 de 2020). Duque y su ministro de salud Fernando Ruíz entregaron la realización de las pruebas Covid a las EPS y han sido un completo fracaso, el país nunca ha llegado a las cifras que se requieren para la detección temprana y el seguimiento de los contagios. Sin importar esos resultados ahora les entregan la aplicación de las vacunas, que posiblemente lleguen al país en algún momento.

 

Que hoy tengamos plan de vacunación, página para el plan de vacunación y hasta la fecha ninguna vacuna también es responsabilidad de la política servil de Duque, en este caso con las grandes empresas farmacéuticas imperialistas (Pfizer, Aztrazeneca, Jonhson & Jonhson, Moderna, GlaxoSmithKline, Merck o Sanofi). El gobierno uribista se negó a votar a favor de la iniciativa de Sudáfrica y la India en la OMC (Organización Mundial del Comercio) para que las patentes de las vacunas fueran de acceso libre y así pudieran ser producidas por los laboratorios de muchos más países en el mundo, de este modo también en ese escenario se puso del lado de los monopolios empresariales y en contra de una solución global y solidaria a la pandemia. El gobierno Duque también se ha negado a constituir una alianza con los países de la Latinoamérica para negociar en mejores condiciones ante las farmacéuticas, rechazó desde el comienzo de la pandemia las propuestas de la comunidad científica colombiana que reclamaban una inversión en ciencia y tecnología que recuperara las capacidades del país para producir vacunas, que podrían habilitar un trabajo conjunto con países como Brasil, Argentina y México para desarrollar una estrategia para la solución al acceso de la vacunas en la región.

 

El gobierno tampoco se interesó en negociar con los rusos y chinos por su supeditación a los dictados de las trasnacionales imperialistas, tan solo ahora, cuando esas transnacionales le pagaron sus servicios dejándolo último en la fila de entregas, ahora, cuando el programa Covax de la OMS -que fue creado para el acceso a las vacunas de los países pobres del capitalismo- tampoco le asegura una dosis, ha decidido sentarse a negociar la vacuna Sputnik V del instituto de investigación ruso Gamaleya y las vacunas chinas producidas por Sinopharm, CanSino y Sinovac. Si en Colombia empieza algún día el programa de vacunación es muy probable que sea con estas vacunas. A Duque se le puede recordar el adagio popular: «así paga el diablo, a quien bien le sirve».

 

Alternancia educativa en Colombia: entre la mentira y la indiferencia

   

No conformes con tan nefasto panorama la ministra de educación María Victoria Ángulo decreta la vuelta a la presencialidad en los colegios públicos y privados del país y la alcaldesa de Bogotá Claudia López hace lo mismo para la capital. Desde el Ministerio se han llenado la boca diciendo que han invertido 400 mil millones de pesos en recursos para el retorno a las aulas en los colegios públicos, ¡mienten!, suman peras con manzanas pues incluyen dineros que son destinados habitualmente para programas como el de alimentación escolar, realmente solo han invertido 64 mil millones, que equivale a un gasto de 2 millones de pesos por institución educativa en el país[1], con esos recursos ni siquiera se adecúa una batería sanitaria, en esas condiciones y con cifras de contagio que están por encima de los 9 mil casos diarios y una ocupación de camas UCI muy superior al 50% –cifra que según las comunidades científicas permitiría un retorno seguro- quieren que maestros y estudiantes regresen a las clases.

 

El gobierno ha desarrollado cálculos de cuánto requiere invertir en la infraestructura educativa y tiene la plata para hacerlo, pero no lo hace y no lo hará porque prefiere tener debilitado el sistema de educación pública y responsabilizar de su crisis al gremio docente, hacerlo ver ante la población como quien se niega al retorno a las aulas, en últimas prefiere conducir a los profesores, los estudiantes y sus familias a la exposición, como lo ha hecho con el talento en salud.

 

Más aún plantean un retorno a las aulas para los sectores sociales que tienen peores condiciones de vulnerabilidad, estudios a nivel mundial han planteado una y otra vez que quienes mueren por Covid están en los sectores más carenciados de la clase trabajadora, negros y latinos en Estados Unidos, estratos 1, 2 y 3 en países como el nuestro. Lo que los expertos llaman condicionamientos sociales para la enfermedad no son más que las circunstancias de pobreza y exclusión a las que se ven sometidas las familias que envían sus hijos a las instituciones escolares públicas. Gobierno y empresarios presionan para la reapertura de colegios no por su preocupación en los niños sino para que la mano de obra femenina que ha sido expulsada del mercado laboral durante la pandemia o ha tenido que asumir de forma más amplia las labores del cuidado en los hogares, vuelva a las fábricas. Su altruismo se corresponde nuevamente con su vil interés.

 

Las tendencias bonapartistas y fascistas del gobierno uribista avanzan

 

Las vidas de los trabajadores colombianos no valen nada para el gobierno y los empresarios, son cifras, estadísticas, les da lo mismo que sean 5 mil o 50 mil, lo que realmente les importa es mantener su caja de ingresos funcionando. Que es de esa manera se expresa también con el asesinato de líderes sociales y las masacres que no cesan, Duque y sus ministros no se inmutan al salir diariamente a decir que los asesinatos son consecuencia del narcotráfico, del ELN y las disidencias de las FARC, mientras las bandas paramilitares asesinan defensores de derechos humanos, ambientalistas o dirigentes campesinos defensores de la sustitución de cultivos. Duque expresa su menosprecio por los miles de muertos cuando declara duelo nacional por la muerte del ministro de defensa Holmes Trujillo -comandante de la fuerzas militares y de policía que cometieron la masacre de jóvenes el pasado mes de septiembre- pero poco y nada dice o hace por esas miles de familias que han sido víctimas de la pandemia o la violencia política, solamente nos repite una y otra vez sus estribillos del supuesto éxito de su gobierno. 

 

Duque se ha ocupado de colocar en todos los entes de control a sus partidarios y amigos, ahora da un paso adelante para borrar las alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales en el país, le ha indicado a su defensor del pueblo, el acusado de corrupción Carlos Camargo, que las cifras de líderes asesinados solo pueden ser publicadas por la fiscalía general de la nación, a cargo de su amigo y escudero el fiscal Francisco Barbosa. La fiscalía históricamente ha entregado cifras menores de líderes asesinados y se ha ufanado de esclarecer los asesinatos que investiga, la falsedad de sus declaraciones y la ineficacia de sus acciones se demuestra en que la matanza no ha parado. Esta nueva jugadita del uribismo en el poder no tiene otro fin que pretender acabar con el problema negando que existe.

 

El nepotismo ya es una marca registrada del uribismo, así como pusieron sus fichas en la fiscalía, la contraloría, la procuraduría y la defensoría del pueblo, ahora lo hacen en el Banco de la República donde nombraron a Bibiana Taboada, cuyo mayor merito para el cargo es ser hija de la ex - ministra del interior y de trabajo Alicia Arango, circunstancia similar se presentó con el nombramiento del nuevo ministro de defensa Diego Molano, quien fue presentado por Duque como idóneo para el ministerio porque es hijo de un militar, nació en un hospital militar y estudió en un colegio militar. El nuevo ministro se reacomoda de cargo para seguir repitiendo el mismo coro de Duque y el fiscal sobre los asesinatos de líderes, la ilustre codirectora es una nueva ficha que el gobierno pone para limitar la autonomía del Banco.

 

¿Qué respuesta debemos dar los trabajadores a esta situación?

 

Los científicos, médicos, enfermeras y sus agremiaciones son hoy la vanguardia en el enfrentamiento a la política del gobierno, debemos reconocerles ese lugar, exigir a las centrales obreras y a las direcciones políticas y del movimiento de masas que rodeen al talento en salud, que constituyan en torno suyo un frente de lucha común para lograr revertir las crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. 

 

El planteamiento de «Colombia, un solo hospital» que han sostenido las comunidades científicas y médicas responde a la necesidad de centralizar la prevención, detección y atención para enfrentar la pandemia. Un plan de vacunación, por ejemplo, debe responder a ese horizonte, no puede entregarse al caótico y fracasado modelo de las EPS. Los reclamos de los profesionales de la salud van en dirección de derogar la ley 100 y avanzar hacia un sistema de salud público estatal, que como ha quedado demostrado a nivel mundial es el mecanismo de política social que realmente puede hacerle frente a una crisis como la actual. Eso supone romper con la privatización del sistema de salud y con la precarización a la que ha sido sometida su personal.

 

En lo inmediato han venido haciendo énfasis en la prevención, sostienen que es necesario mantener las cuarentenas, las normas de distanciamiento social y de protección personal, pero eso, han subrayado, no funciona si no se plantean las políticas para combatir los condicionamientos sociales que amplían las posibilidades de contagio de la enfermedad, por ello han sostenido la necesidad de la «renta básica». Sus consignas son hoy las consignas que mejor responden a las circunstancias y por ello deberían ser apoyadas decididamente por todo aquel que se precie de tener un carácter progresista y democrático.

 

Son estos mismos científicos y personal de salud los que frente al problema de la vacunación han planteado que es necesario que las negociaciones con las transnacionales farmacéuticas tienen que ser transparente ante la población, los dineros con los que se negocia son públicos y por tanto también tienen que serlo los términos de contratación. Se debe presionar al gobierno para que las negociaciones se den de cara a la sociedad, para que respalde las iniciativas para hacer públicas las patentes y para negociar de forma mancomunada con los otros países de la región ante las farmacéuticas, para que invierta los dineros en ciencia y tecnología que nos permita actuar de forma conjunta también en la producción, administración y distribución de vacunas, el gobierno no hará nada de esto sino actuamos masivamente a favor de los reclamos que estas comunidades y asociaciones han venido haciendo.    

 

En materia económica los trabajadores colombianos estamos en mora de tomar como consignas la «renta básica» y el «salario mínimo para las mujeres que desarrollan las labores del cuidado en los hogares», pero además necesitamos luchar por la derogatoria del decreto 1174, combatir la política económica del gobierno Duque y torcerle el brazo para que la reforma tributaria quite las exenciones tributarias a los ricos e imponga un impuesto a las grandes fortunas, dinero tienen y por montones, que sean ellos los que paguen la crisis, porque son ellos y su avaricia la que de fondo explica la debacle social, económica y sanitaria actual.

 

El llamado que debemos hacer a la centrales obreras y a las direcciones políticas del movimiento de masas es a que se coloquen al servicio de la defensa de estas políticas, que convoquen a la unidad de acción en torno a la agremiaciones médicas y científicas, que se constituya un frente común con ellas, pero no simplemente con declaraciones públicas, es necesario que se establezca un plan de acción que conduzca a un proceso de movilización, que sea constante, contundente y que responda a las condiciones de salubridad de forma responsable. Es necesario convocar para ello un gran encuentro nacional en defensa de la salud, de la vida y por la superación de la crisis económica para las familias trabajadoras.

 

Un plan de ese carácter solo se puede alcanzar si se logran articular los distintos sectores que han salido a luchar en los últimos años, por eso se requiere un encuentro amplio y democrático, que tome como ejemplo las acciones desarrolladas por la Minga indígena el año anterior, que demostró que se pueden hacer acciones de masas contundentes, que presionen al gobierno y que cuenten con mecanismos de control de la salubridad.

 

 

 

¡Por un frente único de lucha encabezado por los profesionales y trabajadores del sector salud!

¡Por un encuentro nacional en defensa de la salud y la vida, para la superación de la crisis económica!

¡Por un plan de lucha para torcerle el brazo al gobierno Duque!

¡Por el salario mínimo para las mujeres que desarrollan las labores del cuidado en los hogares!

¡Renta básica ya!

 



[1]Así lo plantea una investigación citada por el experto en educación Julián de Zubiría https://www.youtube.com/watch?v=CoEUcxccOAQ e investigaciones citadas por el presidente de la Fecode William Velandia https://www.youtube.com/watch?v=PT80DixTJVs

 



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LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES, POLITICAS Y DE DERECHOS HUMANOS PARA DETENER EL PLAN COLONIZADOR DEL ESTADO DE ISRAEL EN TERRITORIO PALESTINO




Sí, la izquierda sionista me acusa de antisemita, sobre todo porque sostengo que es necesaria la destrucción del Estado sionista. Como marxista, parto de la base de que el proletariado de una nación que explota y oprime a otra, como Israel a los árabes y palestinos, no puede liberarse. La clase obrera judía es heredera de una gloriosa tradición en la lucha de clases: el camino del proletariado occidental, incluido el argentino, está sembrado de una multitud de heroicos luchadores judíos. Pero ese proletariado no podría seguir hasta el fin, ni reverdecer y superar su gloriosa tradición, mientras no se ponga de parte de los palestinos y los árabes, que son reprimidos, perseguidos y esclavizados por el Estado de Israel. El genocidio es una constante del sionismo, desde los primeros años hasta la reciente invasión del Líbano y la masacre de los campamentos de Sabra y Chatila.

NAHUEL MORENO, marzo de 1986



La verdad de las «democracias del primer mundo» está demostrada en el caos y muerte provocados en medio de la pandemia del Covid-19, desde la Unión Europea hasta América. Pero a la vez han dejado al desnudo el racismo, la xenofobia y la violencia incrustadas en los regímenes de explotación dominantes tanto en los Estados Unidos como en un «moderno e ilustrado» Israel: a pocos días del asesinato policial de Gregory Floyd en Minnesota, era asesinado a manos de la policía de fronteras de Israel, Iyad al-Hallaq, un palestino autista de 32 años. Tanto uno como el otro integran una lista ya incalculable de víctimas de la opresión social, política y económica.

Al avance colonizador del Estado de Israel contra el pueblo palestino no lo detienen ni la crisis sanitaria ni la pandemia: el 1º de julio estaba previsto el envío al Parlamento del proyecto de ley con el que el Estado de Israel pretendía blanquear la anexión de los territorios ocupados por la fuerza a los palestinos en Cisjordania.

En los Estados Unidos, una coalición de políticos y parlamentarios demócratas y grupos judíos han iniciado un llamado a impedir la ayuda militar estadounidense a Israel en repuesta a la anexión planificada de territorios palestinos. La parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez impulsa una campaña de firmas que insta a la administración Trump a tomar medidas que impidan esta decisión política del gobierno de Israel.

Otras iniciativas similares están circulando en la comunidad judía en los Estados Unidos, exigiendo la rendición de cuentas y acciones concretas a instituciones judías estadounidenses contra la política de anexión.

Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén Este, es la tierra donde las autoridades palestinas pretendían fundar un Estado independiente, después de décadas de expropiación, expulsión, represión y violencia ejercida contra su pueblo por parte del Estado de Israel.

Las conversaciones y los acuerdos de paz han sido inútiles, porque Israel no dejó de avanzar con la ocupación. Cuando se retiró de la Franja de Gaza en 2005, continuó con el control de sus fronteras, sus aguas territoriales y su espacio aéreo. El Estado de Israel ha construido un apartheid en los territorios palestinos. Las presiones económicas y militares que Israel impone sobre los palestinos están planificadas para desalojarlos o esclavizarlos de forma definitiva.

Desde 1948, cuando se estableció un Estado teocrático-racial, el pueblo palestino sufre un verdadero genocidio de parte de los usurpadores, que han usado métodos de guerra civil para quedarse con sus tierras y sus propiedades. La Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas publicó en 2017 un informe que concluía que Israel había «establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su conjunto», incluidos sus ciudadanos palestinos, documento vetado por la presión de Israel y de los Estados Unidos. Pero la realidad del apartheid continuó. Israel ha basado la construcción de su Estado en la destrucción de un pueblo.

Anticipando estas nuevas iniciativas del gobierno israelí, el presidente Mahmud Abbas rechazó cualquier anexión unilateral y advirtió a Israel y Estados Unidos que se retiraría definitivamente de los Acuerdos de Oslo. Mientras tanto, el ministro de gabinete israelí Ofir Akunis anunció la postergación, por ahora, de este último trámite parlamentario, esperando un respaldo más contundente de Trump. El Reino Unido, la ONU, la Unión Europea y países árabes se pronunciaron contrarios a esta decisión, una más de las tantas que el Estado de Israel suma en su avance colonialista.

Bajo el poder de fuego de las fuerzas armadas israelíes y el respaldo permanente de los Estados Unidos a la ocupación, se ha fomentado y financiado la campaña para la construcción y consolidación de colonias en esa parte de Cisjordania, donde ya viven 500.000 israelíes en 132 colonias.


DEBEMOS PRONUNCIARNOS CONTRA LA COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO PALESTINO POR PARTE DEL ESTADO DE ISRAEL

El noticiero CM& publicó una nota el pasado jueves 2 de julio en la que se advertía del rechazo generalizado en el seno de la ONU a la política de anexión de los territorios ocupados por parte del gobierno de Israel, según el informe se había discutido el tema en la Asamblea General y los únicos países que no se habían pronunciado en contra de la avanzada colonialista israelí habían sido Estados Unidos y Colombia. La cancillería publicó en su página oficial un comunicado en el que se afirma: «no es cierto que el Plan de Anexión de Cisjordania haya sido discutido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo afirmó en el día de ayer un medio de comunicación»; el escueto comunicado señala lo que considera una falsedad del informe pero no aclara cuál es la posición del gobierno Duque frente al tema.

La agencia de prensa Anadolu reseña una carta en la que personalidades como el ex - ministro de agricultura del gobierno Barco José Fernando Botero Ochoa, el ex – rector de la Universidad Nacional Ramón Fayad y el Senador Jorge Robledo piden al gobierno que se pronuncie rechazando la política de anexión de Cisjordania. No se conoce aún una respuesta a la misiva, pero sí que Duque había manifestado en medio de su campaña electoral que tenía la intención de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel -siguiendo los pasos de Trump-, que su gobierno se mostró sorprendido y contrario al reconocimiento del Estado Palestino que el gobierno de Juan Manuel Santos realizó en 2018 (1). En marzo de este año Duque se pronunció a favor de poner en funcionamiento el tratado de libre comercio con Israel que se firmó en 2013 y declaró ante el lobby de la comunidad judía en Colombia que comparte la política israelí de destrucción de organizaciones «terroristas» como Hezbola y Hamas. En ese sentido la nota publicada por CM& no parece muy alejada de la realidad y difícilmente la carta que se le envío a Duque va a tener una respuesta positiva. Del gobierno uribista no podemos esperar el más mínimo gesto democrático, de su autoritarismo, su carácter represivo, asesino y explotador, así como de su condición servil al imperialismo tenemos sobradas muestras.   

Por estas razones resulta ser una tarea del pueblo colombiano y latinoamericano, a través de sus organizaciones sindicales y sociales, partidos de izquierda, políticos, parlamentarios y organismos de derechos humamos lanzar una campaña contra la planificada anexión israelí de los territorios ocupados. Llamamos al Comité Nacional de Paro, a las Centrales Obreras (CUT – CGT – CTC), a la FECODE, a la ONIC, a las organizaciones campesinas, de las negritudes, feministas, estudiantiles y las distintas organizaciones políticas y personalidades democráticas en Colombia a que encabecen esta campaña contra el peligro inminente de legitimización pretendida por Israel de la colonización de Cisjordania. 

Nota:

(1) Para esa fecha Colombia era el único país latinoamericano que no había tomado esa decisión.


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Conocer el problema histórico y político de la cuestión palestina es de gran importancia para que los trabajadores, jóvenes y quienes se reconocen en posturas democráticas, no terminemos siendo engañados por las falsedades ampliamente publicitadas por los países imperialistas y el movimiento sionista.

Por lo anterior Cacerolazoenlinea recomienda la lectura del documento "Israel: historia de una colonización", publicado en Revista de América en 1973. Dicho texto culmina con este revelador concepto:

¿Quiénes son, entonces, los opresores y quiénes son los oprimidos? ¿Quiénes tienen derecho a la autodeterminación? Aquí la cosa es simple y concreta: lo primero e inmediato es restituir al pueblo oprimido su tierra y sus derechos nacionales y democráticos. Al mismo tiempo, garantizar a todos los judíos que quieran vivir en paz y fraternidad con los árabes y sin explotarlos, a todos los judíos que no quieran ser carne de cañón de Dayán y el imperialismo yanqui, la completa igualdad de derechos democráticos como ciudadanos de un Estado Palestino, democrático, laico y no racista.

En este link está disponible el texto en pdf: Descargar

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¡Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, volvamos a protestar!


Junio 12 de 2020





El 9 de junio el país contabilizó 42.078 contagiados y 1.372 muertes por Covid-19, desde el mes de marzo las cifras no han parado de crecer, el salto más importantes se produjo a partir del 27 de abril fecha en la se decretó la «reapertura gradual de la economía» para complacer a los empresarios; el gobierno Duque condujo con esta decisión al contagio y la muerte a miles de colombianos. 



El gobierno uribista es responsable porque se ha negado a destinar los recursos necesarios para que las familias puedan quedarse en casa con la alimentación, servicios públicos y pago de deudas garantizados -como sí lo pueden hacer los ricos- y para que las pequeñas empresas no despidan a sus trabajadores. Necesitamos condiciones para que las familias trabajadoras podamos cuidarnos y quedarnos en casa:

¡Volver a la cuarentena, pero sin hambre!
¡Renta básica ya: para desempleados, trabajadores informales y todos aquellos dueños de pequeños negocios que se vieron obligados a cerrar!
Dinero sí hay: ¡Que se deje de pagar la deuda externa, y que se cobre fuerte impuesto de emergencia a los ricos, bancos y monopolios!

El gobierno uribista de Duque en acuerdo con la burguesía avanza por vía de decretos en medidas antiobreras -como las contrarreformas laboral y pensional- que frenamos con el Gran Paro Nacional de 2019. Con las distintas patronales aplica medidas tramposas que dejan desprotegidos, con escasos recursos o directamente sin salario a los trabajadores: licencias no remuneradas, vacaciones forzosas, reducción de salarios, abusivo aumento de la jornada laboral.

¡Detengamos nuevamente el paquetazo de Duque!
Los trabajadores y pobres necesitamos que las centrales obreras, las organizaciones campesinas, estudiantiles, indígenas, de mujeres, de negritudes:
¡Hagan un llamado a la lucha unitaria!
¡El 21N pudimos, hagámoslo de nuevo!

Esta pandemia ha demostrado que un sistema público de salud es el único que puede asegurar la atención de la población, uno a uno los gobiernos han entregado el sector a mercaderes inescrupulosos como los dueños de las EPS, que solo buscan enriquecerse. Los trabajadores de la salud en las condiciones más precarias han tenido que afrontar el cuidado de los colombianos, por eso su lucha merece todo nuestro apoyo:

¡Que el gobierno garantice las condiciones de bioseguridad a los trabajadores de la salud, formalización laboral y el pago de los salarios atrasados!
¡Abajo la ley 100: sistema público de salud, con garantías laborales!

El asesinato de George Floyd ha desencadenado la justa ira del pueblo estadounidense y el pueblo negro en el mundo; la violencia policial, la discriminación racial y la pobreza que afecta a los negros y otras minorías en Estados Unidos expresa la profunda descomposición del capitalismo imperialista. En Colombia también la violencia policial asesina a jóvenes negros –Anderson Arboleda y Janner García en Puerto Tejada-, pero además se ha recrudecido la violencia estatal y paramilitar contra campesinos, indígenas y líderes sociales:

¡La vida de los negros importa!
¡Solidaridad con la lucha del pueblo afro y de los Estados Unidos!
¡Basta de violencia estatal y paramilitar en Colombia!
¡Duque es responsable de los asesinatos!

El gobierno Trump arremete una y otra vez contra el pueblo venezolano y la soberanía nacional del hermano país, Duque no ha hecho otra cosa que acompañarlo en sus correrías como vil lacayo: después de aliarse con los Rastrojos -el grupo narcoparamilitar que opera en la frontera- para permitir el ingreso a Colombia del títere Juan Guaidó, de apoyar la escalada de las operaciones militares yanquis en el Caribe, de permitir la instalación de campamentos de mercenarios en territorio nacional y ser cabeza de playa de la operación Gedeón para derrocar al presidente Nicolás Maduro, ahora nos dicen que las tropas yanquis nada tienen que ver con un ataque a Venezuela, los hechos precedentes hablan por sí solos:    

Desmantelamiento de las bases militares imperialistas en Colombia
¡Fuera tropas yanquis de Colombia!
Movilicémonos por el respeto a la soberanía nacional y para impedir el inminente ataque a Venezuela

El gobierno nacional en cabeza de la ministra de educación ha declarado que la educación pública y privada retornará a actividades a partir del 1 de agosto, cuando las cifras de contagio y muerte por la pandemia no paran de crecer, cuando el gobierno no ha sido capaz de asegurar condiciones de bioseguridad a miles de trabajadores en el país y particularmente a los trabajadores de la salud, ahora nos dice que en los colegios y escuelas esto será distinto, sus afirmaciones no  se corresponden con los hechos y no tienen ningún sustento científico:

¡Protejamos la vida de los estudiantes, docentes, personal de apoyo y administrativos!
Unidad de la comunidad educativa y barrios populares para exigir:
Que los colegios no se conviertan en foco de infección:
continuar en educación no presencial, pero con garantías

Claudia López denuncia que Duque ha levantado de hecho la cuarentena por lo cual se han aumentado las cifras de muerte y contagio en todo el país, además que está usando la Fiscalía para abusar y ocultar sus fracasos:

¡Que Claudia, Petro y todos los dirigentes políticos que no quieren ser cómplices de este gobierno criminal llamen a la protesta unificada contra Duque!
¡Las protestas ni se autorizan ni se prohíben por los mandatarios locales, si les parece sensato abrir los centros comerciales, es mucho mas sensato salir a protestar por nuestros derechos!


Con los cuidados de bioseguridad:
Necesitamos volver a la protesta (plantones, cacerolazos, marchas...) de lo contrario, este gobierno y los empresarios seguirán logrando que los de abajo paguemos la crisis, mientras ellos se hacen más y más ricos.










Fuera tropas, bases militares y mercenarios Yanquis de Colombia y Latinoamérica


Sigamos el ejemplo del Pueblo Ecuatoriano y Estadounidense

...


Basta de asesinatos a los lideres y lideresas sociales.

El Gobierno de Duque es el Responsable.
Juicio y castigo a los culpables 

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Estamos ante un gobierno dispuesto a hundir completamente el barco con tal de no lanzar las balsas a los náufragos obreros y populares



A finales de marzo decíamos en un comunicado:

El capitalismo es irracional por definición, porque la sed de ganancia le ciega toda posibilidad de planificación, pero esto ya no es irracionalidad, es locura. Si no se toman medidas radicales vamos hacia una catástrofe 10 veces peor que la de Italia (…) La combinación de la destrucción del sistema de sanidad pública y la miseria y la indigencia es una bomba de tiempo a punto de estallar. Tenemos que organizarnos para impedir que estalle.

A pesar de todo a Duque se lo ve confiado, a Carrasquilla ni se diga. Sienten que, en medio de todo, les está yendo bien y que incluso es posible que logren aplicar muchas de las contrarreformas que no pudieron imponer el año pasado por las movilizaciones y el paro nacional, que tenían a este gobierno y a su patrón Uribe sumidos en la crisis y el desprestigio. Piensan, con esa frivolidad propia de los yupis -de esos que nunca en su vida han pasado hambre, de esos que nunca han tenido que pelear, pues todo lo consiguieron por herencia o por el favor de otros-, que las cifras de la pandemia no están tan mal como en Brasil, o Ecuador, que la crisis económica está lejos de parecerse a la de Argentina, que los pobres aguantarán un poco más y que los empresarios estarán contentos porque se está haciendo lo que ellos piden. Mientras tanto seguirán felices gobernando por decreto -sin al menos el miserable contrapeso del parlamento-, gastando plata a raudales en campañas para mejorar su imagen, y encomendando el país a la virgen de Fátima.

La suerte de los trabajadores y los pobres del país no podía ser más penosa. Confiado como está en que “la estamos piloteando”, este gobierno avanza, firme, pero sin prisa, camino a la catástrofe. Se está configurando un nefasto escenario en el que lo peor de la pandemia -que muchos pronostican para junio y julio- se combinará con una recesión severa de la economía nacional, la cual tendremos que enfrentar en medio del despeñadero de la economía mundial.

La curva no se aplana, los contagios y los muertos se incrementan cada día. En el país ya son 21.981 los contagiados y 728 muertos, en Bogotá ya van 6.112 contagiados, mientras las cifras crecen acelerada y peligrosamente en otras regiones, como en la costa Atlántica donde se cuentan 2.043 en Atlántico, 1731 en Bolívar y 452 en Magdalena, en el Valle del Cauca las cifras fueron altas desde el inicio y ya van 1.973. Y en algunas regiones apartadas y con muy baja densidad demográfica ha habido un salto espectacular, en el Amazonas van 1.300, mientras que en el Meta suman 954, porque no se hizo nada para impedir el contagio que venía de Brasil y Perú, con el agravante de que cada uno cuenta apenas con un hospital y una cama de cuidados intensivos.

Pero lo peor de todo es que, gracias a las medidas del gobierno nacional, que han ido relajando la cuarentena para favorecer a los empresarios, hoy hay barrios de Bogotá -ubicados en las llamadas zonas de alerta naranja, los más densamente poblados- en los que han vuelto los habituales trancones, y donde se percibe el mismo alboroto y hacinamiento callejero de siempre. El domino pasado la ciclovía y el tradicional paseo del mercado de las pulgas de la carrera séptima, emblemáticos lugares de encuentro de un sector de la clase media bogotana, rebosaban de gente de manera cercana a lo acostumbrado. Todo porque, justo cuando América Latina ha pasado a ser el centro mundial de la pandemia, Duque mandó el mensaje de que ya podíamos empezar a relajar la cuarentena. ¿Cuántos miles o decenas de miles se están contagiando a diario en medio de este frenesí? ¿Cuántas decenas o cientos empezarán a morir en sus casas -como en Ecuador- en las próximas semanas, cuando los hospitales que no fueron adaptados para enfrentar la crisis no den a basto?

Pero ¿cómo llegamos a esto? gracias a una cadena de errores muy bien premeditados. Mientras que los gurúes del pensamiento neoliberal discuten en todo el mundo que la única manera de evitar el colapso de la economía mundial, es haciendo que el estado intervenga de manera agresiva, mientras países como Perú han destinado el 9% de su PIB para enfrentar la crisis, Colombia sólo ha destinado 2 %. Más aún, mientras que países como Francia -con el neoliberal Macron en la presidencia- han prácticamente nacionalizado el Sistema de Salud para contener la emergencia, Duque les entregó la plata a los bancos y a las EPS, cuyos dueños se llenan los bolsillos porque los tratamientos y las cirugías comunes casi se han extinguido, pero ellos no entregan lo que adeudan a los hospitales y clínicas que atienden a los pacientes.

Estamos bordeando el umbral de la catástrofe gracias a que los frívolos y serviles yupis -parásitos de los parásitos-, agentes de los bancos nacionales y extranjeros y de los acaparadores de tierras del país, se negaron a cometer el sacrilegio de entregarle la plata a las familias pobres para que tuvieran con qué comer y pagar sus deudas (Mínimo vital dicen unos, Renta Básica dicen otros) y así pudieran permanecer en casa, cuidándose y cuidando a sus hijos, por 3 o 4 meses. Porque no podían violar el credo neoliberal que dice que la salud es un gran negocio, por eso no les dieron la plata a los hospitales ni aseguraron los miles de respiradores ni los cientos de camas de cuidados intensivos. No fueron capaces siquiera de salvar de la quiebra a las pequeñas empresas, con lo que precipitaron además los despidos de decenas de miles de trabajadores. Gracias a este premeditado ahorro de los fondos del estado, miles de familias desesperadas empezaron a salir a las calles a buscar trabajo y a renegar de la cuarentena. Con otras palabras, el gobierno creó las condiciones para contar con el apoyo social de decenas de miles de desesperados que creen que el problema es la cuarentena y no que el gobierno tenía y tiene la obligación de hacer que se implemente sí, pero sin hambre.

En fin, llegamos a esto porque Duque se negó a hacer lo que -el también neoliberal- ex ministro de Santos, Carlos Echeverri, le dijo que hiciera: que tomara prestada la plata del Banco de la República y difiriera la deuda a varios años y con ella asegurara que no se quebraran ni las familias ni las empresas. Echeverri recordó que durante la crisis económica de finales de los 90, el gobierno le iba a entregar 9 billones de pesos a los bancos y la Corte Constitucional les ordenó que se la entregaran a las familias que estaban endeudadas y a punto de perder sus casas. El mismo Echeverri aseguró que el gobierno tenía que actuar agresivamente y dijo que era una injustica social que Carrasquilla anunciara que la plata que estaban consiguiendo con la banca internacional era para salvar a los bancos.

El gobierno dice que está salvando a las empresas y con ello al país, cuando, en realidad, está precipitando un contagio masivo e incontrolado del virus y está llevando a la quiebra a la economía. Y cuando estas dos crisis se junten los padecimientos que hoy vivimos serán cosa de niños comparados con las brutales desgracias que se avecinan.
Según el DANE en marzo el desempleo fue del 12.6% (2,9 millones de desempleados), el más alto en 15 años, y se calcula que puede llegar al 20%. En el primer trimestre del año el PIB creció en 1.1%. Este dato del 1,1% es muy revelador, pues sólo refleja 15 días de marzo bajo cuarentena y, sobre todo, es el resultado de los promedios de los 3 meses, donde enero y febrero tuvieron un promedio de 4,1%, respectivamente, mientras que en marzo el PIB, en lugar de crecer, se contrajo en 4,9%. Además, los especialistas más optimistas dicen que la economía se contraerá en el próximo trimestre (-2,5) %, mientras que otros calculan que podrá llegar a (-5,1) %. Tenía razón el columnista de La Silla Vacía Héctor Riveros -cuando se preguntaba:

Es difícil precisar cuántos empleos se hubieran logrado salvar si Carrasquilla hubiese aceptado hace cuatro semanas tomar algunos de los remedios que ahora acepta tomar, como sería difícil saber qué hubiera pasado si el bombero en vez de dar consejos de usar el extinguidor o pedir ayuda a los vecinos hubiera atendido el llamado rápidamente. Quizás no hubiera llegado a ayudar a recoger los escombros sino a parar el fuego antes de que las llamas lo consumieran todo.

Nuevas medidas llegaron con la segunda Emergencia Económica, pero continuaron siendo tibias, ni un sólo peso adicional para las familias, mientras que se dispuso que el gobierno pagará el equivalente del 40% del salario mínimo de cada empleado a las empresas que hayan tenido una reducción del 20% en su facturación en medio de la crisis. Entre tanto crece la desesperación en los barrios más pobres de las ciudades, mientras que en Bogotá persisten los desalojos violentos contra familias que no tienen ni con qué dar de comer a sus hijos. El gobierno uribista de Duque y la alcaldesa “progresista” (que finalmente terminó aceptando la “apertura gradual” del Presidente) permanecen firmes en su decisión de salvar el capitalismo sin desequilibrar en el presupuesto, una salida que todo indica resultará suicida, con la suerte de que, en todo caso, el desastre lo pagaremos los trabajadores y los pobres. Estamos ante un gobierno dispuesto a hundir completamente el barco con tal de no lanzar las balsas a los náufragos obreros y populares.

Pero todo lo que está mal puede empeorar, el Consejo Gremial acaba de contraatacar. Ha propuesto, en colaboración con el Ministerio del Trabajo, 14 medidas disque “para proteger el empleo”, dentro de las cuales se pretende imponer la contratación por horas, el pago proporcional de la cotización a pensión y salud, y aprovechar el plan de convertir las ciudades en lugares de 24 horas de actividad, es decir acabar por completo con la Jornada Laboral y generalizar la sobreexplotación sin tener que pagar recargos ni festivos. Estas “innovadoras” propuestas buscan hacer realidad -en medio de la crisis de la pandemia- la tan anhelada Reforma Laboral para los empresarios, estas se suman a tantas otras, como las de Vargas Lleras, de reducir los salarios, no pagar primas ni las cesantías o las que ya están en ciernes en los decretos del gobierno, como modificar las relaciones laborales destruyendo las Convenciones Colectivas de trabajo y recortar las posibilidades de acción de los sindicatos. Todo mientras siguen los asesinatos y las amenazas a los líderes sociales y a los excombatientes.

Ante esta situación las bases obreras y populares deberían reclamar a la alta dirigencia de la CUT de la FECODE, del Comité Nacional de Paro, que rompa el frente que mantienen de hecho con el gobierno de Duque. En la declaración del 10 de mayo publicada en la prensa nacional, la cual es firmada por prácticamente todo el espectro político de la izquierda colombiana, empezando por los Verdes, el Polo, Colombia Humana (que en ocasiones anteriores sí había confrontado al gobierno y llamado a la movilización), siguiendo con el Partico Comunista, la UP, el nuevo partido de las FARC, Congreso de los pueblos y el PST, se empieza denunciando que Duque haya acabado con la cuarentena mandando 15 millones de personas a trabajar, así como que no haya resuelto los problemas del sistema de salud para atender la crisis, empezando por la precaria y peligrosa situación de sus trabajadores, pero termina dándole consejos al gobierno: diciéndole de dónde sacar la plata y exigiéndole que “actúe con la mayor cautela y rigor científico para las reactivaciones que se ordenen de los sectores productivos”; dicen esto en lugar de denunciar que eso es lo que precisamente no están haciendo Duque y sus secuaces, pues lo que les ha interesado es proteger al gran capital. Lamentablemente con esta postura las grandes direcciones políticas, sindicales y sociales del movimiento obrero y popular terminan apoyando las nefastas medidas de Duque.

No nos corresponde aconsejar al enemigo de clase, y menos aún ocultar lo desastroso de sus decisiones. El comunicado, además, no propone ninguna medida de lucha para arrebatar al gobierno uribistas las reivindicaciones que reclama al inicio, en materia de renta básica para los pobres o presupuesto efectivo para los trabajadores y el sistema de salud. Todo cambió desde los agitados días del paro nacional del año pasado, cuando estas mismas direcciones llamaron a enfrentar el paquetazo del gobierno. Una vez las coalicionas de los Verdes y el Polo conquistaron varias alcaldías y empezaron a gobernar, pasaron de combatir al gobierno a usar su tremenda influencia sobre la CUT y sobre FECODE para asegurar la estabilidad del régimen, muchos dirigentes se pasaron a asesorar a estos gobiernos y han hecho que buena parte de los mejores activistas del paro terminaran haciendo la labor asistencialista de estos gobiernos en los barrios.

La crisis de la pandemia no sólo ha develado todas las lacras del sistema capitalista-imperialista mundial, también está dejando al desnudo la bancarrota política de las direcciones sindicales y políticas. Cuando, aprovechando la situación de zozobra y angustia de las masas obreras y populares, el gobierno y los patrones se han ensañado contra ellas, los dirigentes responden con la rutina y la poltronería, cómodos desde sus casas se han negado a organizar y a centralizar en acciones nacionales la solidaridad de clase con las miles de familias que se debaten entre morir por el Covid-19 o morir de hambre. Su comunicado no llama a acciones concretas en apoyo a los trabajadores de la salud, quienes nos vienen dado ejemplo de lucha. El comunicado tampoco llama a acciones concretas de lucha para respaldar a los sectores que protestan con cacerolazos y de manera ejemplar en los barrios al grito de “cuarentena sí, pero sin hambre”; y, en lugar de levantar una política para obligar a los poderosos a que paguen ellos los platos rotos de esta crisis -como nacionalizar los bancos y la salud o no pagar la deuda externa, etc.-, presos como están del sindicalerismo y del electoralismo, se han dedicado a contener a las masas para preservar la estabilidad de Duque, la de sus gobiernos “progresistas” y la de ellos mismos. Son la pata izquierda de los salvadores del capitalismo.

El gobierno y los empresarios no cejan en su esfuerzo por imponernos el paquetazo por el cual salimos a paro el año pasado. En ese momento estas mimas direcciones realizaron una hazaña histórica: unificar a todos los sectores de explotados y oprimidos para salir a derrotarlo. ¿No ven acaso que es necesario retomar esa iniciativa? Los hermanos ecuatorianos nos están mostrando de nuevo el camino. Desde Cacerolazo en línea llamamos a seguir su ejemplo.

A los trabajadores, a los pobres, a las mujeres luchadoras y a los jóvenes rebeldes, los llamamos a plantearse claramente la necesidad de romper toda esperanza en el sistema capitalista-imperialista y con sus defensores “progresistas” y reformistas y a plantearse la necesidad de organizarse políticamente, con el objetivo de luchar incansablemente por destruir a este sistema mundial y luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Única alternativa para que las necesidades humanas de la inmensa mayoría estén en el centro y no las ganancias de unas cuantas familias poderosas.

¡1 de mayo: Cacerolazo Nacional 12 del día!

  

¡Para que no nos lleven como borregos al matadero!

 

«Como lo dispusimos con @IvanDuque, las personas de las finanzas, contabilidad, recursos humanos, administración, mercadeo, es decir, todo el back office seguirá en teletrabajo. Los únicos que saldrán del aislamiento serán los operarios de industrias y los obreros de construcción”.

Marta Lucía Ramírez, tweet 22 de abril. 

 

 

 

El gobierno uribista de Duque, privilegiando los intereses económicos de unos cuantos capitalistas y no la salud de los colombianos, mantuvo abierto hasta el 19 de marzo el Aeropuerto El Dorado y el tráfico aéreo en todo el país, 13 días después del ingreso del primer contagiado con Covid-19, esa decisión hizo posible la propagación del virus y la emergencia sanitaria consecuente; hoy contamos con 5379 contagiados y 244 personas muertas. La responsabilidad política de esa catástrofe es del gobierno nacional.

Nuevamente esos intereses económicos son los que motivan al gobierno a implementar su «reapertura gradual de la economía». La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con su cinismo de clase, lo deja claro en su tweet: no todos vamos a exponer la vida. Los parásitos que viven del trabajo de los otros como Jaime Alberto Cabal presidente de Fenalco (Federación nacional de comerciantes), Rosmery Quintero presidenta de Acopi (Asociación colombiana de pequeños industriales), los Sarmiento Ángulo (dueños del grupo Aval), el grupo empresarial antioqueño (dueños del grupo Bancolombia) o los Santo Domingo (accionistas de Bavaria, D1) seguirán veraneando en sus casas de campo o en sus mansiones en el norte de Bogotá; ninguno de ellos viajará en el transporte público, irá a la obra o a la fábrica con mil o dos mil compañeros, tendrá que hacer fila en las urgencias de un hospital para poder acceder a un respirador artificial si se contagia y llega a estar gravemente enfermo.  

Es la clase trabajadora, somos miles de obreros los que vamos a volver a laborar sin contar con los mecanismos adecuados de protección contra el virus, sin que el país tenga la capacidad de aplicación y análisis de pruebas de detección masiva del Covid-19, sin haber ampliado la capacidad hospitalaria instalada y sin haber dado, al menos, las garantías de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Esto supone, que con cualquier aumento de los casos de contagio, las muertes por falta de una infraestructura de atención médica crecerán exponencialmente, es decir, nos llevan como borregos al matadero. 

Existen compañeros trabajadores que están dispuestos a ir a exponerse a esa condena, pero eso tiene una explicación: ¡hay hambre en los barrios! y cuando falta el plato de comida en la mesa, cuando nuestros niños padecen hambre, estamos dispuestos a dar la vida misma. Nuevamente la responsabilidad de esa situación es del gobierno Duque que ha hecho lo que ha estado en sus manos para colocarnos contra la pared y que terminemos apoyando su criminal «apertura gradual». 

Duque gobierna al servicio de una pandilla de explotadores, es su representante. Por eso no llegan mercados a nuestros barrios y se pone en riesgo el pago de nuestros salarios o se pierden tantos puestos de trabajo cada día, porque el dinero público que sale de nuestro trabajo y del pago de los impuestos el gobierno se lo entrega a banqueros nacionales y extranjeros, a los terratenientes y a la burguesía en general que incrementa su riqueza aún en tiempo de pandemia, es por eso también que ni siquiera llegan los préstamos a las pequeñas y medianas empresas causando despidos masivos. También por eso ha aprovechado la pandemia para imponer un paquetazo de medidas anti-obreras.

El levantamiento de la cuarentena no puede quedar en manos de nuestros verdugos. No son Duque, su ministro de salud Fernando Ruíz  o los distintos representantes de la burguesía que aparecen en los medios de comunicación, los que deben tomar esa decisión, tampoco son los alcaldes y gobernadores que ahora capitulan a las presiones de la burguesía para «reabrir la economía», que  reprimen en los barrios los justos reclamos del pueblo trabajador. Claudia López, por ejemplo, ha deslegitimado las protestas barriales y ha pasado a reprimirlas con el Esmad, y lamentablemente aunque oponiendo cierta resistencia y discutiendo el ritmo, finalmente aceptó aplicar la «apertura gradual» de Duque. Quienes deben orientar cualquier medida sobre la cuarentena son los científicos y los trabajadores de la salud siguiendo las experiencias que han sido efectivas en la contención de la pandemia a nivel internacional.

¡Que las decisiones las tomen los científicos y el personal de salud!


¿Qué dicen los científicos? La viróloga y microbióloga Beatriz Parra ha planteado que no se cuenta con la información requerida para relajar la cuarentena pues no se han realizado las pruebas de contagio suficientes. Los hechos corroboran esa posición. La ciudad con más contagiados es Bogotá, en ella se realizan únicamente 2.000 pruebas diarias y se tienen represadas cerca de 3.000 por falta de reactivos, no son muchas más las que se realizan a nivel nacional , por lo que no se tiene una estadística confiable del desarrollo de la epidemia. 

El gobierno nos dice que se crearán protocolos de seguridad para evitar el contagio de los trabajadores que regresemos a fábricas, empresas y construcciones, pero a esta altura ni siquiera se les ha asegurado esa protección a los trabajadores del sector salud. El personal médico tiene en este momento 306 casos de positivos para Covid-19, es decir, el 6.7% de todos los casos en el país. Tal hecho no se puede explicar sólo porque ellos estén en la primera línea de atención, es consecuencia de que no se les han dado los equipos de protección en bioseguridad indispensables para desarrollar su labor. En algunos casos ni siquiera se les han pagado los salarios atrasados o se les despide por solicitar hacerse la prueba de contagio. 

Los conocedores del sistema de salud en Colombia advierten que no se cuenta con las herramientas para enfrentar un incremento de los contagiados. En el caso de Bogotá sólo se tiene la cuarta parte de los respiradores necesarios para responder al pico de la pandemia, es decir, si ese pico llega de forma más prematura porque se relaja la cuarentena y el virus se extiende de manera exponencial como puede suceder a partir de la «reapertura gradual», no se tiene la capacidad para atender la demanda de camas hospitalarias. La epidemióloga Zulma Cucunubá asegura que si se retoma la vida social como antes se tendrían tres contagios adicionales por cada infectado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que en América Latina lo peor está aún por venir, no hemos llegado aún al pico de la pandemia y acelerar su llegada nos conduciría a situaciones como las que se padecen hoy en Ecuador, país en el que ni siquiera la infraestructura funeraria da abasto. Si no escuchamos a los científicos y nos guiamos por las estupideces que salen a decir los voceros de los explotadores y el gobierno como la senadora uribista María Fernanda Cabal enfrentaremos una catástrofe aún peor a la que estamos viviendo.

¡Cuarentena sí, pero sin hambre!


El pueblo trabajador tiene hambre, pero no tendría porque ser así, los trabajadores hemos creado riqueza suficiente para afrontar la crisis generada por la pandemia, para atravesarla sin padecer la miseria y la muerte a la nos quieren condenar Duque y la burguesía colombiana. No nos dejemos engañar con el falso dilema según el cual sólo hay dos alternativas: mantener la cuarentena y morirnos de hambre o volver a trabajar para «reactivar la economía» y así tener con qué comer.

Lo que hay detrás de este falso dilema es el interés de que un puñado de ricachones no quieren dejar de ganar lo que venían ganando o que incluso quieren aprovechar la crisis para ganar todavía más, como pasa ahora con los bancos. Nosotros sostenemos que existe una tercera alternativa: colocar todos los recursos y riquezas de la sociedad al servicio del bienestar común, y no del lucro privado; así se podría hacer realidad la consigna de los barrios populares: ¡cuarentena sí, pero sin hambre¡, y enfrentar la pandemia desde una perspectiva científica en favor de la humanidad.

Lo que debemos hacer es exigir que esos recursos y riqueza se distribuyan entre la población con una renta básica mensual, que dineros como los que Duque entregó a los bancos -13.5 billones de pesos-, pasen directamente a los hospitales, clínicas y laboratorios, a la compra de mercados y al pago de una renta básica mensual a cada trabajador, lo mismo se puede hacer con los dineros que pagamos a la banca mundial por la deuda externa que equivale al 54% del PIB nacional. Nosotros invitamos a defender un programa de emergencia para afrontar la crisis como el que hemos venido sosteniendo desde este espacio (que usted puede conocer en el siguiente link: https://cacerolazoenlinea.blogspot.com/2020/04/programa-de-emergencia-contra-duque-y_12.html).

La única salida es la lucha organizada


A pesar de la dura situación que vivimos es posible luchar para exigir garantías y defendernos, prueba de ello y ejemplo a seguir son los trabajadores que viven en cientos de barrios populares y comunas que con su auto-organización, con sus bloqueos y con sus ruidosos cacerolazos nos muestran el camino. En ellos el trapo rojo ondea como bandera, como expresión de rabia, pero también de dignidad y de deseo de lucha.

Ejemplo son también aquellos que están en primera línea de la batalla contra la pandemia, los médicos y trabajadores de la salud, quienes ofrecen todo su empeño por cuidarnos pero también vienen realizando plantones y acciones de protesta contra los contratos precarios, los malos salarios y por el acceso a la protección de bioseguridad necesaria. 

Una actitud de lucha semejante la vimos inicialmente en los inmigrantes, los vendedores ambulantes e informales, los trabajadores de la construcción, y los presidarios que han protestado legítimamente por condiciones de salubridad necesarias para protegerse de la pandemia al interior de las cárceles y por ello fueron impunemente masacrados. Lucha continua es la de los líderes sociales y los defensores de DDHH que también siguen siendo impunemente asesinados en todo el territorio nacional -15 de ellos durante la cuarentena, 71 líderes sociales en total y 20 excombatientes de las FARC-. 

Quienes están resistiendo nos han mostrado sobradamente que hay formas de lucha en medio de esta difícil situación. Lo que falta es la decisión política de las grandes direcciones para fortalecerlas y unificarlas. Es urgente que todas las direcciones que confluyeron en el histórico paro del 21N, las que constituyeron el Comité Nacional de Paro: centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, feministas, partidos de izquierda y de oposición al gobierno; asuman su responsabilidad y rodeen de solidaridad y apoyo a todos los sectores que vienen resistiendo, que coloquen su organización y sus recursos para favorecer la coordinación unitaria de estas luchas. 

Muchos de quienes protestan en los barrios populares son los padres y madres de familia de los niños y jóvenes que estudian en los colegios oficiales, y en universidades públicas. Gran tarea corresponde a la dirección de Fecode, de la ADE y demás sindicatos regionales de colocarse al servicio de estas luchas; también a ASPU y sus distintas seccionales. Los profesores de base debemos exigir a los dirigentes asumir esta tarea.

Desde CACEROLAZO en línea llamamos a denunciar y rechazar la «apertura gradual» de Duque, necesitamos la mayor unidad de los de abajo para buscar revertir esa irresponsable y criminal medida carente de garantías, y exigir la práctica de una cuarentena como lo reclama la comunidad científica y los barrios populares. 

Hagamos el llamado a que el Comité Nacional de Paro considere positivamente la propuesta hecha por Gustavo Petro: «convocar al primer cacerolazo en cuarentena». Sí, un gran cacerolazo nacional, que sea parte de un plan nacional de lucha. Es urgente, es necesario, y si las direcciones lo llaman e impulsan con fuerza, sería posible. Un buen momento para llevarlo a cabo, como ha planteado la CUT, sería el próximo viernes Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Los dirigentes tienen la palabra.

Bogotá, 26 de abril del 2020

Programa de Emergencia para enfrentar la pandemia

 



La primera gran catástrofe mundial del siglo XXI está en curso, aunque no podemos pronosticar la profundidad de su impacto, ha puesto al descubierto la decadencia y putrefacción de un sistema económico y social que por su sed desmedida de ganancia nos está llevando a la barbarie: EL CAPITALISMO.

Ellos, los capitalistas, los ricos y poderosos se preparan para salir de las crisis, descargándola sobre los hombros de los millones de trabajadores y pobres del mundo entero. Se equivocan quienes creen que la amenaza de extinción de la humanidad los hará reflexionar compartiendo sus monstruosas riquezas. Como nos indica el himno de los trabajadores -La Internacional-, la salvación de los trabajadores será obra de nuestras propias manos: “No más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios, nosotros mismos haremos, nuestra propia redención”, esta es una verdad que la historia ha comprobado una y otra vez, por ello les proponemos levantar y defender como clase trabajadora el siguiente programa para enfrentar esta emergencia: 

1 - Para enfrentar la pandemia

• Todos los recursos del sistema de salud tanto público como privado quedan a disposición total para atender la pandemia y otros problemas de salud que no den espera. En consecuencia, todo el sistema de salud (incluidas EPS e IPS) así como las empresas nacionales y extranjeras que producen y comercializan servicios y productos de salud, incluidos medicamentos, pasan de inmediato a control del Estado, y les queda prohibido el ánimo de lucro, deben funcionar sólo con criterio social y eficiente para resolver la crisis. Por tanto, todo ciudadano deberá ser atendido gratuitamente, por cualquiera de esas entidades sin importar si está afiliado o no a determinada EPS o medicina prepagada. Los privados que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.

• Todas las industrias que puedan reconvertirse o que técnicamente ya estén en condiciones de producir recursos que sean requeridos por el sistema de salud, deben colocarse de inmediato a su disposición. El gobierno deberá garantizar un inventario de necesidades, y emitir una orden de producción a estas industrias. Esta producción de emergencia será con criterio social, sin ánimo de lucro. Esto incluye: mascarillas, tapabocas, gel antibacterial, alcohol, camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, implementos de protección para médicos, paramédicos y personal de aseo y vigilancia de hospitales, etc.

• Todas las unidades hospitalarias que puedan convertirse en Unidades de Cuidados Intensivos deben hacerlo. Todos los hoteles deben quedar a disposición del sistema de salud y de quienes requieran habitación.

• El gobierno gestionará de manera centralizada la importación inmediata de recursos hospitalarios y médicos que no se produzcan en el país. Esto incluye kit para diagnóstico de COVID-19 para realizar pruebas gratuitas y masivas. Para ganar poder de negociación con empresas de países imperialistas y transnacionales, Colombia hará unidad con otros países de América Latina.

• El gobierno buscará la cooperación científica, técnica y económica con todos los gobiernos de América Latina para enfrentar la pandemia, empezando por Venezuela, con la que compartimos 2.219 kilómetros de frontera.

• El gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales deben cancelar los salarios y prestaciones sociales que le adeudan al personal sanitario y se debe establecer una contratación por el Estado, con todas las garantías laborales y salario profesional, de todo el personal médico, de enfermaría y paramédico.

2 – Para enfrentar la crisis económica y social

• Garantía de renta básica igual a un salario mínimo legal a todos los desempleados y trabajadores informales que por la cuarentena general se queden sin ingresos.

• Que se derogue el decreto por el cual el gobierno centraliza y agiliza las autorizaciones de despidos masivos. En su lugar, que se prohíba todo despido mientras dure la crisis. Que se prohíba cualquier rebaja de salario, de la jornada o licencia no remunerada o “vacaciones” impuestas por el patrón durante la cuarentena. Que se castigue a los especuladores. Que se conceda licencia remunerada o autorización de trabajo desde casa, sin ninguna desmejora salarial, a todo trabajador que no labore en áreas esenciales en estos momentos de crisis.

• Subsidio y financiación estatal barata a las pequeñas empresas y comercios para que cumplan estas normas de emergencia. Reintegro inmediato de todos los trabajadores despedidos desde que inicio la crisis de salud (ejemplo: los de servicio en tierra de Avianca, en OMA, en empresas de aseo).

• Para los trabajadores de los servicios esenciales que no se interrumpen durante la crisis: no sobrecarga laboral, que se contrate personal adicional con todas las garantías (para tareas de desinfección de vehículos y estaciones de trasporte público, etc.); pago de bonificación por riesgo, entrega de dotación de seguridad en salud conforme instrucción médica.

• Que todas las iglesias pongan sus templos y demás instalaciones a disposición de quienes requieran habitación, como los habitantes de calle.

• Congelamiento de precios de medicinas y artículos de primera necesidad. Moratoria en el pago de créditos bancarios a trabajadores y pobres. Congelamiento de arriendos. Claudia López anuncio no cobro de servicios públicos en Bogotá por un mes; el gobierno Duque impidió la aplicación de la medida, se requiere al contrario que se establezca en todo el territorio nacional y que se prolongue todo el tiempo que dure la crisis.

• A los estudiantes y profesores se les ha conducido a un modelo de educación virtual para el que no estaban preparados, el Estado colombiano debe asegurar la prestación del servicio de internet gratuito para la clase trabajadora y el pueblo pobre que carece del servicio o lo recibe con deficiencias y debe dotar de computadores portátiles a los estudiantes de los colegios y universidades públicas del país como lo han hecho países como Argentina con el programa Conectar Igualdad.  

• Ante la crisis económica y la caída de las bolsas de valores: estatización sin indemnización (ya se han apropiado de demasiado dinero) de todos los fondos de pensiones y cesantías (Porvenir, Protección, etc.). El Estado pasa a garantizar que no se pierdan el derecho a la pensión ni lo ahorrado como cesantía por los trabajadores.

• Derogatoria inmediata del decreto 444 que crea el FOME por que como dijo Claudia López es un “abuso absurdo que además disminuye los recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

• El gobierno hará un Plan de emergencia alimentario y de salud para inmigrantes y población más vulnerable, con recursos de las empresas productoras -ganaderas y agrícolas- y comercializadoras de alimentos, con distribución de mercados puerta a puerta en barrios y veredas. Y, durante la cuarentena garantizará albergues gratuitos a inmigrantes, habitantes de calle y todos los ciudadanos que lo necesiten.

3 – Para financiar este plan

• La deuda externa del país, con bancos de países imperialistas, es de 556 billones de pesos (equivale a más de 567 millones de salarios mínimos mensuales, incluyendo subsidio de transporte). Sólo este año por deuda pública y privada, en capital e intereses, habrá que pagar 26 billones (equivale a casi 28 millones de salarios mínimos con subsidio de transporte). Esos bancos mega ricos llevan décadas parasitando de la riqueza del país. Que se suspenda de inmediato el pago de esta deuda, y que estos recursos queden para financiar este plan de emergencia.

• Duque con la reforma tributaria del año pasado les perdonó 9 billones de pesos a los grandes empresarios. Que se anule esa medida, y estos empresarios paguen la totalidad del impuesto para financiar este plan de emergencia.

• Las distintas iglesias se vienen beneficiando de exención de pago de impuestos por sus templos y otras riquezas. Que se anule esa medida, y las iglesias paguen impuesto proporcional a sus riquezas y a sus grandes ingresos por aportes de sus feligreses.

• Los bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, grupo Aval ganaron más de 7 billones de pesos el año pasado. Sólo Luis Carlos Sarmiento aumentó su riqueza en 3 mil millones de dólares. Que al sector financiero se le imponga un impuesto por esta emergencia por el coronavirus y la crisis económica equivalente al 50% de sus ganancias. Y se imponga un impuesto progresivo a todas las grandes fortunas y ganancias. Los bancos y entidades financieras que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.

• Que se suspendan todos los planes asociados a la aspersión aérea con glifosato y erradicación forzada impuestos por Trump. Y que esos recursos sean para este plan de emergencia.

• Que se expropie sin indemnización a las empresas -nacionales o extranjeras- que saboteen o se resistan a acatar las medidas del plan de emergencia.

• Es abyecto y propio de un gobierno de lacayos que Duque declare su apoyo a la agresión militar imperialista a la República Bolivariana de Venezuela, pero es doblemente criminal que lo haga en medio de la actual situación de calamidad y urgencia. Los trabajadores debemos exigir al gobierno Duque que respete la soberanía nacional venezolana y colombiana, impedir que nuestro suelo se preste para cualquier tipo de amenaza al territorio del hermano país y que se destine cualquier recurso con ese fin. Los recursos nacionales deben estar al servicio del pueblo colombiano y de la solidaridad y fraternidad con los pueblos pobres de América Latina y el mundo, no del lado de las armas y la provocación de los países imperialistas. Criminal será cualquier intervención militar contra Venezuela como criminal es el bloqueo y las sanciones económicas sobre esta nación y sobre Cuba ¡Exijamos su terminación inmediata¡

• El presupuesto para la guerra, por ejemplo, la impuesta por Trump contra el narcotráfico que impulsa todas las formas de violencia en los campos colombianos, o la guerra que desarrollan los sectores burgueses en el poder para reprimir las justas luchas del pueblo trabajador debe ir al servicio de salud y la atención de las comunidades más pobres. Solamente para el mantenimiento del ESMAD se destinan 490.000 millones de pesos al año, como si esto fuera poco el gobierno Duque destinó 7.900 millones para comprar nuevas tanquetas; todos estos recursos y el consecuente desmonte del ESMAD, asegurarían en estas circunstancias la alimentación de miles de familias que lo requieren con urgencia.

• Que la CUT acoja la propuesta de FECODE de aportar por parte de todos los trabajadores un día de salario para el FONDO DE SOLIDARIDAD HUMANITARIA.

4 – Para que no se roben la plata del plan

Las declaraciones de Aida Merlano y del “Ñeñe” Hernández confirmaron el secreto a voces: el régimen político de este país, empezando por el gobierno de Duque, está y ha estado montado sobre la total corrupción, como lo dijo Petro: “El presidente ejerce un mandato ilegítimo”. Los políticos de los partidos que han gobernado a este país no sólo han estado al servicio de la oligarquía y se han beneficiado de la explotación a los trabajadores, sino que, insaciables, roban a diestra y siniestra. Por eso, para que todos ellos, en cabeza del gobierno de Duque, no se roben los recursos del plan de emergencia, para que no impongan un plan que beneficie a los ricos y haga que la crisis la paguemos los de abajo, es necesario ejercer control y vigilancia por parte de los trabajadores, los pobres y la comunidad científica y médica.

• Que el Comité Nacional de Paro, en representación del movimiento obrero, campesino, indígena, juvenil, popular y de las mujeres, encabece una acción de control y vigilancia sobre todos los recursos del plan y su ejecución.

• Que, desde las universidades, los sindicatos del sector salud y la comunidad científica se establezca una comisión de expertos en salud para la orientación estratégica del plan de choque contra la pandemia.

• Que el gobierno de Duque se someta a la vigilancia y control del Comité Nacional de Paro y de la Comisión de Expertos en Salud en todo lo relacionado con la ejecución y manejo del presupuesto del plan de emergencia.

• Que en los barrios populares y de trabajadores se organicen redes de solidaridad con los vecinos para colaborarse durante la emergencia, para ayudar a cuidar a los ancianos y a los más desprotegidos, empezando por los inmigrantes venezolanos, víctimas de xenofóbicas campañas de discriminación, y para ayudar a vigilar y controlar desde la base la ejecución del plan de emergencia y gasto del prepuesto. De igual forma se deben organizar estas mismas redes en los lugares de trabajo y en las organizaciones sindicales. Los trabajadores sindicalizados debemos ser ejemplo de solidaridad con nuestros hermanos de clase: trabajadores informales, vendedores ambulantes, inmigrantes y el pueblo trabajador más empobrecido.

Conquistar un plan como este para garantizar que la pandemia y que la crisis no la terminemos pagando los de abajo, dependerá de la lucha. Lucha que no puede olvidar en estos momentos los asesinatos de líderes sociales como el del dirigente campesino Marco Rivadeneira o masacres como la ocurrida contra los presos de la cárcel Modelo. En las actuales difíciles condiciones debemos ser creativos para ejercer la fuerza de nuestra movilización.

2 comentarios:

  1. Apoyar todas esas medidas nos convertirían en un pueblo solidario los unos con los otros para erradicar la corrupción.

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  2. Como vamos a mandar los niños a los colegios públicos eso es mas contagió pero a la ministra no le importa q mueran niños pobres

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