domingo, 24 de mayo de 2020
Trump y Duque:
martes, 19 de mayo de 2020
HOY MÁS QUE NUNCA SE HACE NECESARIO CONSTRUIR Y LUCHAR POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES, HUMANAS Y AL SERVICIO DE LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS
Bogotá, Colombia
La crisis de la
universidad pública no es nueva, a pesar de que hemos luchado duramente, el
déficit estructural, causado por la desfinanciación premeditada de gobiernos
que tienen la intención de quitar el derecho de educarse a los hijos de los
trabajadores. En medio de la pandemia, se acrecienta y hace más aguda la
vulneración de nuestro derecho a la educación, por ello hoy más que nunca
tenemos que luchar para poder garantizarlo.
Educación y garantías para el confinamiento
Sabemos que la única manera real y efectiva
para combatir la pandemia en estos momentos es la cuarentena (a excepción de
que se cree la cura), por tal motivo, el Ministerio de Educación ante las
dificultades que presentaba la educación presencial, en el marco de la
pandemia, impuso la virtualización por lo menos hasta el 31 de
mayo. Sin embargo, esta medida presenta especiales complicaciones para las 32
universidades públicas que hay en el país, debido a la condición socio-
económica en la que se encuentran la mayoría de los estudiantes.
Por ejemplo, las encuestas efectuadas en la
Universidad Nacional (Sede Bogotá), la Universidad Distrital y la UPN -en esta
última fueron realizadas y difundidas por los representantes estudiantiles,
debido a que la administración no las realizó ni las difundió, a pesar de que
esta información era y es fundamental para realizar un plan de contingencia
institucional real y coherente que abarque no solo a los estudiantes
sino a toda la comunidad universitaria (profesores y trabajadores)- revelan que
cerca del 25% de estudiantes manifestaron no tener los recursos que exige la
virtualización, esto sin contar los miles de estudiantes que no pudieron
realizar la encuesta, por las mismas condiciones de ausencia de conectividad.
Estos datos demuestran que el acceso a
aparatos tecnológicos y redes de internet son mínimos para una fracción
importante del estudiantado, cuyas familias luchan día a día contra las
implicaciones laborales que ha tenido la cuarentena. Sin embargo, en muchas universidades
públicas del país se inició clase, pero ¿bajo qué condiciones si estos factores
no se tomaron en cuenta? Y esto sin contar con la falta de programas de apoyo
psicoafectivo y psicológico, necesarios en medio de esta crisis. Esa ausencia de
condiciones mínimas para llevar a cabo la educación virtual, ha ocasionado que
compañeros de universidades como la UIS (Universidad Industrial de Santander) y
de la Universidad Francisco de Paula Santander (sede Ocaña y Cúcuta), hayan
tenido que salir hace algunas semanas a protestar a la calle, poniendo en
riesgo sus vidas para poder hacer evidente la angustia por la
falta de garantías para iniciar virtualmente el semestre.
Las administraciones de las universidades
públicas tienen la obligación de exigir al Estado recursos para que los
estudiantes no paguen las matrículas (matrícula cero), para proyectos en
bienestar (acompañamiento psicológico y psicoafectivo), equipos tecnológicos y
de conectividad. Al igual que deben planear alternativas reales que ayuden a
salir de la actual situación de crisis que padecen la mayoría de nuestras
familias. Además, a todos y cada uno de las trabajadoras y trabajadores,
profesores y profesoras se les debe garantizar su salario y condiciones dignas
de vida y trabajo, independiente de la labor y tipo de contrato que tengan, sin
olvidar la continuidad de su seguridad social a mitad y a final de año. ¡Sería
inhumano y un acto criminal desemplear a los trabajadores y dejar sin servicio
de salud a sus familias en medio de crisis!
Por lo anterior reiteramos:
¡Es responsabilidad del Estado y de las Administraciones de las universidades,
brindar las garantías para que todas y todos los estudiantes podamos seguir
ejerciendo nuestro derecho a la educación en esta época de pandemia, sin que
nosotros ni nuestras familias y la comunidad universitaria nos veamos afectados!
La virtualidad no premeditada, sus
problemas colaterales y su combinación con problemas estructurales
Aunque
vemos que la respuesta natural en un primer momento ante la ausencia de
condiciones de los estudiantes para llevar acabo la normalidad académica era
pedir que se suspendiera el semestre, debemos considerar las gravísimas
implicaciones y el papayazo enorme que se le hubiese dado al gobierno para
desviar recursos y desfinanciar aún más a las IES públicas. Basta ver
el ejemplo de lo sucedido en Ecuador: en plena pandemia, se hizo un recorte de
casi 100 millones de dólares al presupuesto de las 32 universidad públicas que
hay en ese país -comprometiendo seriamente su funcionamiento y patrocinando su
cierre- con la excusa de que se necesitan reajustar presupuestos para combatir
la pandemia. Pero esto no podemos dejar que suceda en nuestro
país.
La implementación de la educación virtual en
las universidades presenciales, producto de la pandemia, profundiza problemas
ya existentes, como son las condiciones laborales de los docentes. El
teletrabajo, a diferencia de lo que piensan los burócratas de la
administración, no es para nada fácil ni da tiempo de “rascarse la barriga”
como ellos creen, cada vez se inventan más y más tareas nuevas para asegurar
que los salarios que se les pagan a los profes “sí sean merecidos”. Reinventar
prácticas didácticas y pedagógicas conscientes y contextualizadas a la crisis
global y a la situación que afrontan los estudiantes, ha sido desgastante y
requiere de tiempo, recursos e insumos de los que muy poco se preocupan las
universidades, de modo que el costo de las iniciativas y de los recursos corre
por cuenta de los profesores, quienes terminan solventándolas con sus salarios.
El cambio en la realidad amerita una modificación sustancial de los planes de
trabajo de todos los maestros y maestras. Y a estas arduas labores se le suman
obligaciones adicionales en casa como el cuidado de niños o ancianos, el aseo y
mantenimiento del hogar, entre otras, que dan como resultado el agotamiento
físico, mental, y emocional.
En el caso de los estudiantes, aunque no han
sido suficientes, debemos destacar la gestión de algunas IES como la U. de
Magdalena y la U. del Tolima, que han encabezado iniciativas para garantizar
los derechos básicos a través de apoyo económico a población estudiantil más
vulnerable, vinculación de estudiantes para apoyo en virtualización y préstamos
de equipos para las clases virtuales. Es importante mencionar también que
gracias a la presión ejercida por estudiantes y de profesores, el rector y el
consejo académico de la UPN se vieron obligados a enviar una carta al ministro
de hacienda y a la ministra de educación pidiendo más presupuesto, evidenciando
que las universidades públicas no dan abasto para sustentar la virtualización y
brindar las garantías socioeconómicas que ésta implica.
¡Debemos seguir
presionando para que todas las IES y el Estado proporcionen los recursos
necesarios para garantizar los derechos básicos a sus estudiantes!
¡Universidad productoras de ciencia y
conocimiento por y para el pueblo!
A pesar de la enorme deuda histórica que
tiene el Estado con la ciencia, investigación y los insumos necesarios para la
educación de las IES, el aporte que estas han hecho durante la pandemia no ha
sido para nada despreciable. De acuerdo con ASCUN (Asociación Colombiana de
Universidades), en diferentes Instituciones de Educación Superior del país han surgido
numerosas iniciativas desde distintas áreas para ayudar a combatir la crisis
producida por la pandemia.
Además, han hecho un gran aporte al brindar
la fuerza productiva más importante de la sociedad: los humanos, los
trabajadores de la salud y mano de obra cualificada en diferentes áreas para
atender esta crisis. No es un secreto para nadie que las
universidades han graduado generaciones de trabajadores que hoy están
enfrentando esta pandemia y que incluso la Ascofame (Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina) autorizó el grado anticipado de estudiantes de la UN, U
del Rosario, U de Antioquia, entre otros, para disponer de más personal médico
para afrontar el virus.
Ante la evidente desprotección de los trabajadores de la salud por
parte del Estado y a propósito del recientemente conmemorado día del trabajo,
¡exigimos que se garantice la bioseguridad y condiciones laborales dignas para
todos estos estudiantes y trabajadores, fundamentales para combatir la crisis!
Incluso
la Universidad Nacional dispuso las instalaciones de su Hospital Universitario
para la atención de pacientes con COVID-19. ¿Ahora sí se entiende por qué los
estudiantes de medicina “prefirieron perder un semestre” en el 2011, para
exigir un hospital universitario propio? Además, varias universidades, entre
ellas públicas como la U de Antioquia, la UTP, la del Valle, la UIS, la
UNICAUCA y la U. de Caldas ya están procesando muestras en alianza al
INS (Instituto Nacional de Salud) y otras universidades están camino a
lograrlo, lo cual es un aporte invaluable al diagnóstico y rastreo de
infectados.
Estos
hechos son una demostración del valor de eso que siempre decimos en las
marchas, cuando exigimos dinero para la ciencia y la investigación: ¡es
ahora cuando sale a la luz que lo que se logra en un laboratorio, trasciende el
ámbito académico y que la ciencia tiene un carácter social fundamental y que
está destinada a brindar bienestar! Otros aportes derivados de
investigaciones de las universidades incluyen el desarrollo de respiradores,
diseño y elaboración de elementos de protección, producción y distribución de
gel antibacterial, creación de cabinas de desinfección y cámaras de aislamiento
para pacientes infectados, apoyo psicológico y emocional para la comunidad,
elaboración de protocolos y manuales de prevención de la enfermedad,
etc. También se ha avanzado en la investigación de la estructura y
funcionamiento del virus, como en la U. de Antioquia, que logró aislar y
cultivar el virus: ¡esto abre las puertas a importantísimos avances en la
búsqueda de métodos de antivirales y probar la efectividad de desinfectantes!
¡Hoy más que nunca cobra vigencia nuestra lucha por la educación y por el
conocimiento como un bien común y no como un negocio!
Creemos
que además de los aportes que se pueden hacer desde la ciencia y la tecnología,
las diferentes facultades de todas las universidades tienen mucho que aportar
en esta crisis: ejemplo de ello es la asesoría y soporte que pueden brindar las
facultades de derecho a los trabajadores víctimas de despidos, Esto ya empezó a
hacerlo la universidad Libre a través de una plataforma virtual. También el
servicio de psicología (al cual se refirió con desprecio Marta Lucía Ramírez
recientemente) haciendo un acompañamiento a los estudiantes y sus familias.
También se han visto ya diferentes espacios como foros, charlas y
demás, que generan integración y diálogo en torno a temáticas relacionadas con
la crisis y las consecuencias que ha tenido y tendrá en diferentes aspectos de
la vida: economía, política e incluso arte y cultura. ¡La vida no será la misma
después de esta crisis y es la universidad un excelente espacio de preparación
para enfrentar los nuevos escenarios que se avecinan! Llamamos a cada facultad,
a cada departamento, a aportar desde su campo de saber, a pensar el presente.
La
universidad debe ser un eje de unidad ante la crisis
La crisis no es solo económica, política y
social: es emocional y mental. La
condición de encierro, que muchas veces se profundiza por las situaciones
familiares y de convivencia, desgasta emocional y mentalmente tanto a
estudiantes como trabajadores y profesores. Hay un sentimiento de angustia
generalizado, de desasosiego, de “no futuro”, que compromete seriamente el
desempeño en las labores de cada sector. Sumándose a obligaciones adicionales
en casa (cuidado de niños o ancianos, el aseo y mantenimiento que exige el
hogar, etc.)., por eso que llamamos ahora más que nunca a estar unidos
como comunidad universitaria, a ser soporte el uno del otro, a generar redes de
solidaridad material y emocional entre nosotros: ¡solo el pueblo salva al
pueblo! ¡hagamos los unos por los otros lo que el Estado no hace ni hará por
nosotros!
La universidad en este momento cumple ese rol
fundamental en la construcción de redes de apoyo y defensa contra el gobierno y
la oligarquía, que quieren que los platos rotos los paguemos los más
pobres. Los estudiantes de la universidad pública debemos ser un
bastión de resistencia, debemos apoyarnos y comunicarnos constantemente
para denunciar y hacer evidente la situación actual de las universidades
públicas y del país, así como la de todos los sectores precarizados de la
sociedad.
Ahora se tiene que poner en discusión cuáles
formas podemos usar para manifestar nuestra inconformidad: cacerolazos,
denuncias por redes sociales, videos y contactos con canales de televisión, redes de apoyo y solidaridad, son herramientas que,
en medio de la imposibilidad de manifestaciones masivas, nos dan una voz fuerte
que no se deja disgregar frente a las dificultades. En este tiempo tenemos la
oportunidad para actuar y aportar desde la universidad, no sólo como
estudiante, docente y trabajadores, sino como actores políticos e incidir en la
nuestra realidad inmediata.
Los espacios virtuales de
clase también son una oportunidad para plantear las dudas y las discusiones en
torno a la actualidad, no podemos dejar que se separen de la coyuntura, por el
contrario, las actividades que se propongan pueden tener como punto de partida
la reflexión sobre el acontecer actual. Recordemos que la academia también
tiene el deber de construir sociedad y que la U. pública ha jugado un papel muy
relevante durante años como un polo de denuncia y defensa de los derechos
fundamentales como la salud y educación, en este momento se tiene que escuchar
con más fuerza y resonancia lo que hemos venido denunciando con gritos en las
calles. ¡La universidad pública es fundamental en la construcción de conciencia
social, debemos seguir aportando a ese proceso colectivo desde una perspectiva
crítica!
Hacemos un llamado de
unidad a estudiantes, trabajadores y profesores para que juntos exijamos que la
universidad se mantenga abierta y al servicio de las necesidades de los más
pobres y vulnerables bajo las siguientes garantías:
- Que se suspenda el pago de los semestres en las universidades públicas, “Matrículas cero” para todos y todas las estudiantes: las familias en estas condiciones, tienen la prioridad de abastecerse de comida. De igual forma, se debe condonar el pago de los préstamos del ICETEX.
- Que se brinden las garantías socioeconómicas y psicoafectivas para que ningún estudiante se quede sin estudiar.
- Los Consejos Académicos y Superiores de todas las universidades públicas deben expedir acuerdos transitorios mediante los cuales se reestructuren los presupuestos, redistribuyendo los rubros que no se están usando en este momento -como pago de servicios públicos, compras de todo tipo, viajes, etc.- para redirigir estos recursos a lo que es prioritario y fundamental: asumir costos de matrícula, incrementar los servicios de bienestar y apoyar la consecución de equipos y de conectividad para los estudiantes que lo requieren.
- ¡Que se garantice la contratación laboral de profesores y trabajadores en condiciones dignas!
- Se deben restructurar colectivamente los planes de trabajo de los docentes, redistribuyendo las horas para dedicarse con estricta prioridad a la docencia -cuyo tiempo de preparación, acompañamiento y evaluación se ha triplicado-; y posibilitar su ejercicio pedagógico y didáctico de flexibilización de la enseñanza, para adaptarse a las duras condiciones de vida de ellos mismos y de sus estudiantes, para estrechar lazos fraternales con ellos en lugar de enloquecerlos, y para adaptarla al estudio de la coyuntura que nos atraviesa.
- Todo lo que se haga en los campos de la investigación y la proyección social en las universidades públicas debe responder a las necesidades humanas y sociales que la actual crisis demanda, empezando por las de los más débiles y vulnerables, tanto a escala local como nacional e internacional. El conocimiento o es humano y social o pierde sentido y recae en la pura vanidad.
Por último, hacemos un
llamado general a la población para que luchemos por:
- ¡Que no se privilegie a los bancos y se le de dinero a la represión!, ¡que el Estado garantice y priorice el derecho a la salud, al empleo y a la educación!
- ¡Por el mínimo vital para todas las familias pobres del país!
- ¡Garantías para un confinamiento serio, que no nos lleven al matadero levantando la cuarentena en plena época expansión del virus!
- ¡Que no se pague la deuda externa ni se invierta en la guerra, y que se exijan impuestos a las grandes fortunas para financiar la respuesta a la crisis!
¡CUARENTENA
SIN HAMBRE!
_______________________________________________________
Fuentes:
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) . INICIATIVAS
DE NUESTRAS IES ASOCIADAS ANTE EL COVID-19: https://ascun.org.co/noticias/detalle/iniciativas-de-nuestras-ies-asociadas-ante-el-covid-19
https://www.las2orillas.co/once-universidades-le-metieron-el-acelerador-a-las-pruebas-covid-19
https://www.semana.com/educacion/articulo/coronavirus-u-de-antioquia-graduo-98-medicos-anticipadamente-por-pandemia/664712
viernes, 15 de mayo de 2020
EL GOBIERNO CONDENA A LAS MUJERES AL HAMBRE, A LA VIOLENCIA Y A LA PRECARIZACIÓN LABORAL
Una vez iniciada la cuarentena diversos medios de comunicación mostraron
la situación de confinamiento como una “oportunidad” para invertir mejor el
tiempo, aprender idiomas, “emprender” con un nuevo negocio digital y disfrutar
el tiempo en familia.
Sin embargo, la realidad ha derrumbado con fuerza ese castillo de naipes, ha roto aquellas ideas develando su carácter clasista, apenas pensables para un sector acomodado de la población. La verdadera cara del capitalismo se muestra con hostilidad cada día de confinamiento y quienes sostienen las pesadas cargas de la crisis económica en curso son los trabajadores, los pobres, los migrantes y las mujeres.
Con el decreto de la cuarentena se dispararon las denuncias por violencia doméstica, quedarse en casa no significó para miles de nosotras “disfrutar de la familia y la pareja”, o una “oportunidad para trazarnos nuevas metas” tal como auguraban cientos de medios y políticos, que romantizaron el encierro y las relaciones familiares ya descompuestas por este sistema.
La violencia de género se dispara y el gobierno Duque guarda silencio:
Para muchas quedarse en casa ha implicado convivir con su agresor, triplicar las jornadas de trabajo y poner más altas las barreras para denunciar, pues el estar confinadas 24/7 con nuestro agresor ha hecho que nuestras vidas estén en mayor riesgo, buscar ayuda y acudir a ella se ha vuelto casi imposible pues los círculos de apoyo se ven reducidos.
Antes del inicio de la cuarentena, según los datos de De Justicia las mujeres representábamos el 86% de las víctimas de violencia doméstica en Colombia, y el 73% de casos de violencia intrafamiliar tenía lugar al interior de las viviendas[1], con la cuarentena las denuncias por violencia doméstica se triplicaron. Así mismo, desde el 20 de marzo hasta el 16 de abril se registraron 19 feminicidios de los 54 registrados que han ocurrido desde inicios de año[2].
El gobierno Duque dejó escalar la violencia, hoy mucho más silenciada e invisibilizada que antes. Este “descuido” responde a los intereses de la casta política que representa, pues los problemas de las mujeres trabajadoras y pobres nunca han estado contemplados en su agenda.
Las medidas de gobiernos locales tampoco han respondido a las necesidades de las mujeres que padecen este tipo de violencia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso como condición para entregar subsidios a las familias más pobres, que no hubiera violencia intrafamiliar, condenando así a miles de mujeres a elegir entre denunciar y no comer, o aguantar los golpes y alimentar a sus hijos[3].
En Bogotá la mayoría de los casos de violencia denunciados están relacionados con violencia psicológica y física, y las mujeres víctimas son en su mayoría residentes de Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar: localidades donde abundan los barrios populares y donde habitan mujeres trabajadoras que están padeciendo por falta de trabajo o por exceso de este, pues las cargas que derivan de la triple jornada exige a las mujeres atender las obligaciones laborales, junto con aquellas que se nos han impuesto, como naturales de nuestro sexo ( cuidar a los hijos, limpiar y cocinar), esta situación combinada con la violencia que se vive al interior de las casas resulta en mayor opresión y desigualdad.
Las medidas son tan ineficientes que en Bogotá, La secretaría distrital de la mujer, reportó que en el primer mes de cuarentena hubo un total de casi 6.000 llamadas a la Línea Púrpura, lo que representó más de la tercera parte del total que normalmente se reciben en un año (1.700 para 2019); pero la eficiencia real de este canal es de entre 30 % a 45 % ya que solo cuenta con 14 profesionales encargados, lo que implica que hay muchos más casos que están quedando sin atender. Si esto es así en Bogotá, la situación en el resto del país de seguro es mucho más precaria.
Ante la falta de canales de atención, la secretaría, en alianza con Fenalco, D1, Justo & Bueno y Ara estableció un acuerdo en donde los trabajadores de estas tiendas deberán servir de mediadores entre las víctimas de violencia y los cuadrantes de policía, recolectando datos cuando una mujer haga mercado en sus tiendas y manifieste necesitar ayuda. ¡Menuda solución! Sujetar la ayuda de quienes no pueden acceder a la Línea Púrpura a una ayuda a medias, pues su acceso depende de la compra en la tienda: siendo así, un beneficio más de clientela que una atención estatal.
Así mismo se impone sobre los hombros de los trabajadores de estas tiendas, una carga adicional que por otra parte supone que toda persona está capacitada para la atención de estos casos y se deja en manos de la policía, una institución denunciada en varias ocasiones por violar y agredir a mujeres un problema tan complejo como la violencia doméstica.
Como si fuera poco, Fenalco se muestra como abanderado de las luchas contra la violencia de género de manera hipócrita y la alcaldía se presta para lavarles la cara, pues bien es sabido que muchos de estos casos de violencia se ven intensificados por las condiciones de pobreza y miseria en la que viven miles de personas, condiciones de las que es responsable el capitalismo que en situaciones de crisis como esta, pone sobre los más oprimidos en este caso las mujeres pobres, los pesados ladrillos de su descomposición.
Tanto el gobierno nacional, como el local son responsables de las penurias que miles de mujeres están padeciendo, puesto que las medidas son ineficientes y casi inexistentes para la magnitud del problema que se vive y también porque sus esfuerzos están enfocados en salvar bancos y empresarios, no mujeres, ni trabajadores o niños pobres, que en momentos como este representan una carga o un sacrificio necesario para sostener la riqueza de unos pocos.
Hoy son las mujeres las que cierran las calles de los barrios populares, colgando trapos rojos en puertas y ventanas, son ellas las que viven violencia dentro de sus casas y la peor de la violencia institucional al momento de exigir sus derechos, porque antes de elaborar canales de atención efectivos prefieren reprimir y silenciar a quienes tienen hambre.
Así mismo, la comunidad Trans y las prostitutas, que han sido históricamente golpeadas, excluidas e invisibilizadas, han sufrido el doble en este contexto, ya que la ausencia de un plan de contingencia que les garantice un mínimo vital las ha obligado a exponer sus vidas para poder comer. Podría decirse que la ausencia de medidas para esta población se traduce en un plan institucional de “limpieza social” al que todos debemos enfrentar con rechazo.
Por estas razones se hace necesaria la unidad de organizaciones de mujeres y centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales y populares, para delinear por un lado programas y canales de atención centralizados que brinden atención inmediata y por otro para exigir al gobierno tanto nacional como local los recursos necesarios para la atención de mujeres víctimas de violencia doméstica e institucional (como las trabajadoras sexuales) por ejemplo, se puede exigir que el gobierno use los hoteles como refugios y se hace necesario que los Sindicatos dispongan recursos y trabajadores, como sus abogados para la atención inmediata de las mujeres.
Trabajadoras domésticas y de la salud sin garantías:
En su mayoría las trabajadoras domésticas son madres cabeza de familia, tienen salarios por debajo del salario mínimo y ninguna prestación social, el 12% están por encima de los sesenta años, lo que las ubica como personas de mayor riesgo frente al COVID, así mismo el 77% de estas trabajadoras recibe pago en especie, como la alimentación que reciben en las casas de sus patronos. Desde que inicio la cuarentena estas trabajadoras en su mayoría fueron despedidas y hoy se encuentran sin ninguna garantía. 5
Si en el caso de la gran mayoría de los trabajadores del país, la pandemia ha profundizado sus precarias condiciones de trabajo y de vida, debido a las medidas de las patronales en su contra, como la suspensión de contratos, la reducción de salarios, la imposición de “vacaciones,” el despido o el sometimiento a ir a trabajar sin condiciones de bio-seguridad; es mucho peor en el caso de las trabajadoras, en especial de las empleadas domésticas cuyas posibilidades de defender sus derechos son casi inexistentes, más aún cuando su relación con sus patronos muchas veces no es ni siquiera considerada como una relación laboral.
Estas mujeres deben soportar la pandemia sin salario, con las cuentas del arriendo y los servicios corriendo y los culpables son los patronos que sobre ellas ejercen la peor de las violencias: obligarlas a padecer hambre.
La situación de ellas demuestra que la crisis de la pandemia ha hecho que recaigan con más fuerza las lacras del capitalismo sobre los sectores más vulnerables, en connivencia total del gobierno uribista quien decreta medidas para salvar a los ricos y a sus ganancias.
Las centrales obreras y el Comité nacional de Paro, en apoyo de los sindicatos de trabajadoras domésticas como UTRASD deben acompañar la situación de estas trabajadoras y elaborar un plan de apoyo encaminado a proteger y garantizar un mínimo de derechos para estas mujeres y sus familias, empezando por una exigencia al gobierno para que garantice un ingreso mínimo vital durante la cuarentena, además, cada patrón debe garantizar el pago a estas trabajadoras mientras ellas permanezcan en casa, para cuidarse ellas y sus familias.
Así mismo, las trabajadoras del sector salud no escapan a estas condiciones precarizadas, sobre ellas recaen arduas jornadas en donde se han visto vulneradas, empezando por la falta de medidas de bio-seguridad que ha elevado las posibilidades reales de su contagio, cuando con los implementos necesarios este se podría disminuir. Los discursos presidenciales o del ministro Fernando Ruíz que felicitan a las trabajadoras de la salud y las califican de “heroínas”, así como la “buena voluntad” de las EPS, no las van a proteger del virus, es necesario que se destinen los recursos para su protección y para que realicen su trabajo con todas las garantías de seguridad. Es totalmente justo cuando alzan su voz y gritan “somos héroes, pero no somos mártires” ante semejante burla por parte del gobierno y de los intermediarios privados.
En el mundo la mayoría del personal de la salud son mujeres, según la OMS representan el 74% del total de trabajadores de este sector y a pesar de esto la brecha salarial es del 28% lo que ha llevado a que miles de mujeres se vean obligadas a conseguir entre dos y tres trabajos para cubrir sus necesidades básicas.
Esta situación combinada con la precarización laboral y la pandemia hace que estas trabajadoras arriesguen mucho más su vida al tener que desplazarse a distintos focos de contagio poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Agremiaciones y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud han hecho diversos llamados para realizar cacerolazos desde balcones y ventanas, las centrales obreras no han ido a fondo con este llamado, dejándolos a la deriva en su lucha, es por ello por lo que desde las organizaciones de mujeres debe hacerse un llamado a apoyar estas iniciativas para lograr garantías para los trabajadores de la salud, que en su mayoría son mujeres.
Ni el gobierno, ni las patronales han tenido alguna contemplación con los trabajadores, las mujeres y los pobres, es por ello que de la unidad de todos estos sectores deben salir las fórmulas para enfrentar la crisis y a quienes pretenden hacernos pagar por ella.
Las mujeres fueron vanguardia en la gran movilización del 21N, hoy han sido muchas las que han salido a resistir desde los barrios a la represión, son otras tantas las que han sido obligadas a trabajar en las peores condiciones, teniendo que dejar solos a sus hijos para garantizar la comida, todo esto bajo la anuencia del Gobierno Uribe-Duque que nos manda a morir en nombre de las ganancias de los empresarios.
A las mujeres nos han acorralado, entre la comida o el contagio nuestro y de nuestras familias, entre los golpes o la calle. Sobre nosotras las consecuencias de la pandemia, la crisis, el confinamiento y el trabajo son mucho peores; por ello más que nunca, se hace necesario fortalecer los lazos de solidaridad entre organizaciones de mujeres y sindicatos, son muchas las acciones que se han llevado en diferentes barrios y ciudades, pero es necesario centralizar y generar un programa que atienda todas nuestras necesidades, se necesita de la unidad para que seamos nosotros los trabajadores y trabajadoras, los sectores populares, los campesinos y los estudiantes los que hagamos frente a esta crisis.
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Que la crisis la paguen los ricos!
¡Garantías reales para las mujeres durante la cuarentena!
¡Cuarentena sí, pero sin hambre ni violencia doméstica!
¡Garantías de bioseguridad y contratación directa para las trabajadoras
del sector salud y sus familias!
[1] https://www.dejusticia.org/4-preguntas-y-algunas-respuestas-para-entender-la-desigualdad-de-las-mujeres-en-la-cuarentena/
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