Que el gobierno de Duque asuma su responsabilidad política y financiera
con las universidades públicas y sus estudiantes. Que garantice YA la
matrícula cero en todas las universidades públicas del país, para amortiguar la
crisis que los estudiantes y nuestras familias estamos viviendo en el contexto
actual de la pandemia, no solo por la emergencia sanitaria sino también por la
zozobra que vivimos constantemente, por no saber si podremos comer o estudiar,
por la bancarrota económica de nosotros y de nuestras familias.
La decisión del Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional de
continuar con la modalidad de “educación virtual”, por los menos hasta lo que
queda de este año, como una medida de prevención ante las dificultades que
presenta la educación presencial por el contagio del virus, resulta preocupante
y alarmante para todas las universidades públicas del país, por la
crisis financiera estructural que estas padecen hace mucho y que se profundiza
cada vez más en esta coyuntura de crisis económica generalizada. ¿Bajo
qué condiciones piensa el gobierno de Duque que se podrá continuar hasta fin de
año? si desde el principio esta medida ha presentado un sin número de
dificultades debido a la desfinanciación de la educación pública y a la
situación crítica de la mayoría de los estudiantes, que en muchos casos ni
siquiera cuentan con conectividad a internet ni con equipos para procesar
información.
El Gobierno Nacional no ha atendido el clamor de los estudiantes que
valientemente en medio de la pandemia han salido en defensa de sus
universidades por medio de tomas y plantones, exponiéndose al contagio y a los
ataques del ESMAD. Por el contrario, reafirma su desprecio hacia las
universidades públicas, arrojando a algunos a la realización de huelgas de
hambre como última medida de presión, pues el descaro y la desidia de Duque y
su gabinete no tienen límites.
A pesar de que no se han visto marchas multitudinarias por la dificultad
que representa el contexto del virus, cada vez se siente con más fuerza la
solidaridad y acompañamiento de múltiples sectores a los y las compañeras que
se están arriesgando en los campamentos. ¡Saludamos fraternalmente las luchas
que se han llevado a cabo estos meses y las que se mantienen en pro de la
Matrícula cero! Es evidente que de no haber sido por la pandemia y la presión
ejercida por los y las estudiantes en las manifestaciones que se llevaron a
cabo a nivel nacional en estos últimos meses -y sin el apoyo de diversos
sectores-, el Gobierno Nacional no hubiese siquiera pensando en aumentar el
presupuesto a la educación pública, pero ese incremento está muy lejos de
garantizar a matrícula cero, como ha querido hacer creer Duque. En el caso de
las universidades públicas, como en el de las familias pobres y los hospitales,
es patente la misma infamia de poner encima de todo, los intereses de los
bancos y de los grandes empresarios.
No es que no haya plata, sí la hay, solo que invertir en la educación pública no es una prioridad porque no es un negocio ni beneficia económica y políticamente a la burguesía de este país, todo lo contrario, Duque y la oligarquía no tienen ningún interés en que se fortalezca y se preserve el pensamiento crítico y político que se forja dentro de las U. públicas y menos en este momento, por el contrario su plan a lo largo del tiempo ha sido desfinanciar y quebrar a las universidades públicas, bien para destruirlas o para poder privatizarlas y controlar todo lo que en ellas surge. La realidad es que ¡Sin inyección real de presupuesto el gobierno condena a los estudiantes a la deserción másiva y le niega el derecho a la educación a toda una generación.
Toma de la UPN / Foto Tomada por Al Carajo - Medio Informático |
¡NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR: LA MATRÍCULA 0 DE DUQUE ES UN ESPEJISMO!
En este contexto Duque tiene el cinismo de anunciar
el 11 de agosto que se han invertido $974 mil millones de pesos que
beneficiarán a cerca de 400 mil estudiantes universitarios con el costo de la
matrícula, que sería financiada entre un 70 % y un 100% para estratos 1 y 2, y
que, según afirma "esta ayuda es una forma de entender la realidad y la
afectación que tienen las familias colombianas, haciendo un aporte claro y
concreto sin que esto implique sacrificar el acceso al conocimiento y la
educación”, sabiendo que no es cierto, pues cuando se revisan las
cifras que están en la página oficial del Ministerio de Educación queda en
evidencia que lo único que hace es reencauchar cifras de ayudas que YA FUERON
DADAS, y que muchos de estos dineros son asumidos por entes territoriales y
Fondos de Solidaridad y, lo peor, que en la mayoría de los casos involucran
dinero de las mismas universidades, que es tan infame como poner a donar sangre
a un anémico.
Este anuncio tiene como propósito engañar a la
población, convencerla – una vez más a través de su uso manipulador de los
medios de comunicación serviles- de que ya está todo solucionando para los
estudiantes, cuando la realidad es que el aporte hecho por el Gobierno Nacional
fue de $97.500 millones, que tuvieron que ser repartidos entre las 63 IES, es
decir, un promedio del 12% de lo que necesita cada una para cubrir la Matrícula
Cero. Este mísero aporte fue hecho en mayo, cuando aún se estaba en pleno
semestre 2020-1.
Frente al llamado de la comunidad universitaria los
alcaldes y gobernadores de algunos departamentos destinaron fondos para
contribuir a la condonación, pero en el caso de universidades que son de tipo
Nacional, la situación es mucho más compleja, pues son las mismas universidades
quienes han tenido que exprimirse para costear las matrículas,
exponiéndose a huecos financieros que luego pueden ser contraproducentes, como
en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se dispusieron $2.122
millones que fueron sacados de la reducción de gastos que son necesarios para mejorar
infraestructura o invertir a la investigación o para ayudar a aliviar la
situación de sus estudiantes con programas urgentes de Bienestar universitario
adaptados a la situación de la pandemia, además el rector asegura que este
esfuerzo sólo puede hacerse por este semestre (2020-2) , pues el Gobierno
Nacional sólo aportó $1.170 millones; mientras que la Universidad Nacional
trasladó de sus propios recursos $2.200 millones para cubrir al 63% del
pregrado y $800 millones para posgrados. ¿Qué pasará en los años posteriores
cuando la crisis se agudice?
Lo que vemos es que, además de no garantizar el
derecho a la educación de muchos estudiantes, a quienes arroja ya mismo a la
deserción, estamos ante el hecho cierto de que la crisis estructural de las
universidades públicas se agudiza, poniendo incluso -en perspectiva- a muchas
en riesgo de quiebra o desaparición. La oligarquía y Duque no derramarán una
lágrima por este desastre.
HASTA AHORA HEMOS CONSEGUIDO ALGUNAS CONQUISTAS PARCIALES
Es bien sabido que, sin las conquistas del paro
estudiantil del 2018, la crisis actual sería tan profunda que seguramente para
el semestre 2020-2 algunas universidades estarían cerradas.
Incluso lo que se ha ganado ahora, de parte de los entes regionales y de
las administraciones de las mismas universidades, es en todo caso una
conquista, así sea muy parcial y llena de complicaciones, de estas luchas
actuales y del apoyo recibido por distintos sectores de la sociedad.
La base lograda para la mayoría de las
universidades fue la matrícula cero para los estratos 1 y 2, las variantes se
encuentran en los porcentajes de apoyo a los estratos restantes, por ejemplo,
en la universidad del Valle se espera un apoyo del 30% para estrato 3 y un 20%
para estrato 4, conseguido junto a la Gobernación del Valle del Cauca, además
de $1.000 millones para conectividad. En la universidad de Sucre fue junto a la
Alcaldía de Sincelejo con $300 millones de pesos y la Gobernación de Sucre por
$1.000 millones de pesos. En la universidad de Caldas sólo se podrá beneficiar
un 42% del estrato 2. Para la Universidad Industrial de Santander las
matrículas serán asumidas por el gobierno departamental y buscará además apoyar
a los estratos 1 y 2 de las Unidades Tecnológicas de Santander y la Universidad
de la Paz.
En la universidad Tecnológica de Pereira fue por
medio de un aporte de $2.437 millones que reunieron en una bolsa común la
Gobernación de Risaralda y las Alcaldías de 12 municipios. En Medellín fueron
tres instituciones: el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad de
Antioquia, Tecnológico de Antioquia con un aporte de $20 mil millones por parte
de la Alcaldía, que además presiona a la Gobernación de Antioquia para que
brinde ayudas a las demás instituciones que están bajo su cargo. En cuanto a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas se requiere $6.800 millones, de
los cuales la Institución sólo puede poner el 50% (recordemos que se está
recuperando de la corrupción de su anterior administración) más los aportes que
hagan desde la Alcaldía de Bogotá.
El desprecio, el odio de clase de Duque y el sector
que representa, que hemos visto durante todo este largo período de la pandemia,
se hace patente en este caso de las universidades públicas. Pero también su
ineptitud y mediocridad, han llevado una y otra vez a que sean los alcaldes y
los gobernadores los que tomen las iniciativas, pero, para colmo del cinismo,
Duque y su partido no asumen las responsabilidades nacionales por estos
asuntos, sino que se las adjudican a esos gobiernos locales y regionales.
(RECUADRO No.1)
NO A LAS ARBITRARIEDADES DE LAS ADMINISTRACIONES CONTRA PROFESORES Y TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Pero no son somos sólo los estudiantes los que
padecemos esta infamia, ya que cientos de maestros y maestras no saben si van a
conservar su empleo, y la inmensa mayoría -ocasionales y catedráticos- está a
punto de quedarse sin seguridad social, cuando se venzan sus vinculaciones y
tengan que asumir no sólo el desempleo sino la suspensión de sus afiliaciones a
las EPS que les afecta ellos/as, pero también a sus familias, todo lo cual está
a punto de ocurrir en medio del pico de la pandemia en todo el país. La misma
infame situación espera a miles de trabajadores y trabajadoras de servicios
generales y administrativos.
Y como la infamia no es sólo universal, sino que
además cobra forma en el corazón de todo tipo de personajes y circunstancias, a
lo dicho se suman las innumerables violaciones de derechos y abusos por parte
de las Administraciones universitarias y de los jefes en los
distintos niveles, quienes aprovechan la pandemia para despedir maestros y
maestras, acosar laboralmente a los colegas, perseguir activistas sindicales y
negarse a negociar con los sindicatos, obstruyendo o impidiendo el legítimo
derecho a la asociación y al ejercicio sindical.
Especial atención merece la denuncia que nuestros
maestros y maestras hacen constantemente de la agudización de la precarización
y la sobreexplotación laboral en medio de la pandemia, con el teletrabajo, pues
las universidades no han flexibilizado sus planes de trabajo, como tampoco han
flexibilizado las condiciones de la enseñanza, lo que ha redundado tanto en el
alargamiento de hecho de la jornada laboral, el recorte del tiempo de sus vidas
privadas y hasta el incremento de sus gastos en tecnología y servicios
públicos, pero también en mayores dificultades para desarrollar el trabajo
académico, lo que ha llevado a que las instituciones no den una adecuada
respuesta pedagógica al duro momento que vivimos los estudiantes.
Un caso particularmente oprobioso, al que
dedicaremos toda su amplitud más adelante, es el de la administración de la
UPN, que muestra una conducta esquizofrénica, pues, al mismo tiempo que anuncia
su apoyo a la financiación de las matrículas de los estudiantes está a punto de
aprobar en los consejos Académico y superior el así llamado el Procedimiento Administrativo Sancionatorio aplicable a los
docentes Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional. Un
proyecto autoritario y discriminatorio, que se ensaña en los profesores más
vulnerables de la universidad -el 80%- buscando no sólo arrebatarles derechos
políticos como ciudadanos, sino también arrebatarles conquistas económicas y
académicas como trabajadores de la educación a través de sanciones
disciplinarias.
Pero lo más ruin es que deja ver el deseo de la
administración de librarse de la crítica y la protesta de sus profesores y de
romper todo vínculo de solidaridad entre estos, los estudiantes y los demás
trabajadores de la universidad. Nos solidarizamos con nuestros maestros y
maestras y llamamos a derrotar este engendro de estilo casi uribista. Exigimos
mantener el empleo de todos los trabajadores docentes y no docentes de las
universidades públicas (que se cumpla el decreto 491 del 28 de marzo, en el que el gobierno se
compromete y exige mantener el empleo a los trabajadores contratistas del
estado, incluyendo a profesores catedráticos y ocasionales y trabajadores
administrativos), que se garantice su seguridad social y se respeten sus derechos
sindicales y políticos.
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CON LA PANDEMIA SE AGUDIZA LA CRISIS ESTRUCTURAL DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
La crisis de la educación pública no es nueva,
hunde sus raíces en el texto constitucional en donde se establece que la
educación es un servicio y se desarrolla en la ley 30 de 1992 que amarra la
financiación de las universidades según el crecimiento del IPC. Esta situación
ha llevado a que hoy las universidades se sigan financiando con los mismos
recursos de los años noventa y que su déficit bordee los 19 billones de pesos.
Aun cuando se han logrado arrancar algunas inyecciones de presupuesto, gracias
a la lucha estudiantil, estas no han sido suficientes para cubrir el hueco
financiero que se agravará con la crisis económica que hasta ahora empieza.
No siendo poco, con la apertura económica y la
llegada del neoliberalismo, la privatización se convirtió en el aspecto común
de las reformas, planes y programas sobre educación.
Los distintos gobiernos y sobre todo los más recientes Santos y Duque,
serviles a los mandatos de la OCDE, el BM y el FMI que imponían el
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y exaltaba el papel del
ICETEX como el mejor ejemplo de financiación, impulsaron diversos programas y
leyes como la reforma a la ley 30 durante el Gobierno de Santos que buscaba
privatizar la universidad pública, el extinto Ser Pilo Paga que destinó
recursos estatales a universidades privadas y que se ha reencauchado hoy en el
programa Generación E.
Estos son solo algunos ejemplos de los diversos
programas, leyes, planes y proyectos que han atacado la existencia de las
universidades y que el movimiento estudiantil, por medio de las movilizaciones,
ha logrado resistir y en parte frenar (como en 2011 y 2018). Sin
embargo, todo lo ganado sólo fueron algunos recursos para impedir las quiebras
o cierres inminentes en el 2018, incluso muchos de los acuerdos no se han
cumplido, pero en las actuales condiciones se está retrocediendo con respecto a
lo conquistado e incluso estamos entrando en una nueva etapa más crítica que
puede significar la quiebra o el cierre de muchas universidades.
La combinación de la crisis estructural con la
actual crisis generalizada de la economía en medio de la pandemia, seguramente
se prestará para que los enemigos de la universidad pública avancen en la
expedición de decretos y leyes privatizadoras, es posible incluso que algunas
no puedan soportar las consecuencias de la crisis y se vean obligadas a cerrar.
Esta combinación podría ser la oportunidad perfecta para dar la estocada final
a las universidades públicas, es por esto que el movimiento estudiantil debe
continuar alerta, pues está claro que el gobierno nacional no soltará ningún
recurso a menos que lo (arranquemos o consigamos) por medio de la organización
y lucha de los diversos sectores que buscan una educación pública gratuita y al
servicio del pueblo pobre.
SOLIDARIDAD, UNIDAD, RESITENCIA Y
ORGANIZACIÓN
Hoy por las condiciones extraordinarias, se hace
urgente y necesario dar una solución a la coyuntura (MATRÍCULA CERO), pero no
solo por nuestra crítica situación como estudiantes, sino también por los
trabajadores y profesores que se encuentran precarizados, sobreexplotados con
el trabajo virtual. En este momento el llamado fundamental y la bandera que
debemos tener es: la unidad y la solidaridad, entre todas las
universidades públicas, con los trabajadores y profesores y desde la
universidad con los trabajadores y pobres que están resistiendo esta durísima
crisis sanitaria y económica, pero también con los que resisten los asesinatos
y masacres, el ataque brutal del régimen en complicidad con los paramilitares.
Empecemos por rodear de solidaridad y apoyo las acciones de resistencia que se están
librando en diversas universidades, para ir avanzando hacia acciones más
amplias, por la MATRÍCULA CERO.
Pero es necesario reconocer que estamos entrando en una crisis peor que
las que enfrentamos en 2011 y 2018, esto debe llevarnos a trabajar unidos con
una perspectiva de lucha más amplia, de gran envergadura, que nos permita ganar
el apoyo de muchos sectores de la sociedad para impedir la quiebra o cierre de
nuestras universidades. Para todo esto es urgente retomar el método democrático
de las asambleas para tomar decisiones, así como retomar el camino de la
coordinación y la organización de carácter nacional que nos permita construir
una respuesta programática y política de gran alcance a la actual crisis.
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