¡La violencia institucional que han ejercido las Fuerzas Armadas colombianas en contra de las mujeres ha sido sistemática y se ha tratado de esconder bajo la cortina de poder del Estado!
En Colombia las recientes denuncias por parte de mujeres –varias de ellas niñas— de diferentes etnias indígenas que han sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros del ejército colombiano, han desatado la ira e indignación y han puesto en el centro del debate la tan normalizada violencia en contra de la mujer, particularmente aquella que es ejercida por quienes dicen ser los “defensores” del pueblo y “héroes de la patria”. Frente a esta grave problemática cínicamente el Estado y el gobierno de Duque como solución, nos ofrecen “ayuda” de las mismas instituciones que nos acosan, abusan, violan y asesinan.
El Estado y el
gobierno de Duque nos hacen un llamado a confiar en las Fuerzas Militares, pues
son “sólo unas cuantas manzanas podridas”, siendo que éstas han perpetrado
históricamente masacres y asesinatos políticos, muchos en complicidad con los
paramilitares, que han sido el soporte del régimen del terror de Uribe, y que
Duque, en su esfuerzo por reinstaurar dicho régimen, ha restituido en el poder
a toda una cúpula comprometida con crímenes graves contra los DDHH, como los
falsos positivos, en amenazas, intimidación y asesinatos constantes a líderes
sociales, campesinos y obreros.
No en vano las
mujeres de Colombia se han unido a las millones de voces de mujeres alrededor
del mundo coreando: “El Estado opresor es un macho violador”, denunciando la
violencia, la violencia sexual y abusos sistemáticos por parte de la Fuerza Pública
con la indulgencia y hasta complicidad del Estado, contra los derechos y vida
de las mujeres; denunciando que el Estado y el gobierno fingen interés por los
casos de abuso y violencia, pero en realidad encubren y distorsionan los casos
que se han denunciado, alargando y archivando los procesos y re victimizando a
quienes denuncian. Es por esto que
hoy más que nunca se hace necesaria la unión y lucha de las mujeres en contra
del Estado, sus instituciones y del sistema capitalista que nos explota, viola
y oprime; es necesario que continuemos denunciando estos casos de violencia y
abuso.
La
violencia sexual por parte de miembros de las fuerzas militares: ¿casos
aislados u otra expresión más de su brutalidad y de la impunidad del estado?
“Quienes defienden al Ejército dicen que se
trata de unas cuantas manzanas podridas, pero el verdadero problema es que es
una práctica sistemática y estructural”
Catalina Ruíz, Julio
1 de 2020, The Washington Post.
El reciente caso que salió a la luz pública el pasado 22 de junio, sobre la violencia sexual contra una niña indígena de 13 años, perteneciente a la comunidad Embera Chamí, por parte de un grupo de al menos siete soldados, abrió el debate sobre las prácticas sistemáticas de abuso y violencia sexual ejercidas por las fuerzas públicas colombianas, particularmente del ejército, contra las mujeres y niñas. Sin embargo, frente a estos acontecimientos, los altos mandos de la institución militar sostienen como defensa a las denuncias, que éstas son casos aislados, que son unas cuantas “manzanas podridas que manchan el uniforme”. Incluso, Eduardo Zapateiro, el jefe del Ejército Nacional, se llena la boca asegurando que: “Ningún soldado, colombianos... Escúchese bien, quiero ser enfático. Ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”. No obstante, aunque Zapateiro y los demás altos mandos del ejército se empeñan en convencernos de que estas prácticas son de unos pocos miembros del ejército y no son reiterativas y que los miembros del ejército no son entrenados para “atentar contra los derechos humanos”, la verdad es que para nadie es un secreto que el uso desmedido del poder y de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares no es algo nuevo, pues son entrenados para ejercer control y poder sobre los territorios y la población mediante el uso de la fuerza y la violencia desenfrenada, lo que los hace propensos a esas prácticas de abuso y violencia sexual hacia las mujeres y niñas. De allí que el abuso y la violencia sexual ejercida por parte de los militares hacia las mujeres, tampoco es una práctica reciente en estas instituciones.
En un estudio reciente por la Corporación Sisma Mujer (2019), se señala a los miembros de las “fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia como los mayores presuntos responsables de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto de la violencia sociopolítica” –esto sin mencionar, la violencia sexual ejercida por grupos guerrilleros y paramilitares–. En ese sentido, este mismo estudio señala, para el 2018, a las fuerzas militares como los presuntos agresores que mayor participación tuvieron, pues “registran el 62,16% del total de hechos vinculados a la fuerza pública; y 23,59% del total de casos de violencia sexual contra las mujeres”, seguido de miembros de “delincuencia organizada” (paramilitares, pandillas, narcotraficantes, bandas criminales), “quienes reportan 24,62% de estos hechos”. Así mismo, se menciona que del 2017 al 2018 los casos de violencia sexual perpetrados por las fuerzas armadas, las fuerzas públicas, la policía, policía judicial pasaron de 43 en 2017 a 74 en 2018 (un incremento del 72,09%); de las fuerzas militares de 14 en 2017 a 46 en 2018 (un incremento del 228,57%). No obstante, cabe recordar que lamentablemente, en el marco del conflicto armado, no sólo militares y paramilitares incurrieron en este tipo de conductas contra las mujeres, también hay casos de miembros de los grupos guerrilleros, tal cual como lo señala el mismo estudio de Sisma Mujer, en donde los casos de violencia sexual en manos de grupos al margen de la ley (FARC, ELN) incrementó en el 2018 en un 65, 5% (lo que equivale de 16 casos en 2017 a 26 en 2018).
Aunque las anteriores
cifras corresponden a la violencia sexual en el marco del conflicto armado, es
preciso señalar que estos actos se siguen perpetrando. Hace unos meses Alberto
Bruni, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, informó que se habían encontrado tres casos de violencia sexual, en
Arauca, Guaviare y Meta, en el que estarían implicados miembros del Ejército.
De igual modo, luego de la noticia de la niña Emberá, el Ejército Nacional
reconoció otro caso de violencia sexual perpetrado en septiembre de 2019 en
Guaviare, contra una niña indígena de la comunidad nukak makú, quien fue
encerrada por cinco días en el Batallón Joaquín Parías. En 2018, se conoció que
el militar Raúl Muñoz (quien paga una condena de 60 años), abusó sexualmente de
una menor en Tame, Arauca. En 2017, en Fuente de Oro Meta, una menor de cuatro meses
fue abusada sexualmente por un soldado. A esto se suman las declaraciones del
general Eduardo Zapateiro, sobre 118 integrantes de la misma institución
investigados por abuso sexual que involucran a menores de edad.
Todo esto demuestra,
a diferencia de lo que nos señala Zapateiro y su cúpula militar, que no se
trata de unas cuantas manzanas podridas de la institución o de casos aislados,
por el contrario, es una práctica sistemática de abuso de poder y autoridad que
las fuerzas militares han ejercido hacia niñas y mujeres, particularmente
aquellas en condición vulnerable, en los diferentes territorios del país. Las
fuerzas militares colombianas no son ningunos héroes de la patria, sino que,
desde su semilla, es una institución putrefacta que refleja a profundidad los
aspectos más retardatarios de la sociedad: el machismo, la violencia contra
quienes están desarmados, torturas y violaciones a derechos humanos y, sobre
todo, la defensa del opresor y el explotador a costa de la vida de los explotados
y oprimidos.
Un aparato represivo signado por la violencia política, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad
Este derroche de
abuso, de crueldad e impunidad que cobija a las Fuerzas Armadas tienen una base
profunda en el carácter de clase de estas instituciones, su función como pilar
del estado burgués, pero también en las peculiaridades de la oligarquía
colombiana y de su relación con el imperialismo. El estado es por definición el
aparato de dominación de las clases poseedoras, el órgano que garantiza que
estas clases mantengan la propiedad privada de los medios de producción y todas
sus condiciones de privilegio y opresión sobre las otras clases, y no eso que
nos enseñan en la escuela para adoctrinarnos desde pequeños, que “el estado
somos todos” o que “el estado es nuestro gran protector”. Dentro de ese aparato
de dominación las Fuerzas Armadas son la columna vertebral, el aparato represivo
y de inteligencia que soporta por la fuerza toda la explotación y la opresión.
Ese trabajo se complementa con la acción de la justicia que defiende los
intereses de los explotadores y opresores y persigue y encierra a los de abajo
cuando se levantan, junto a ellos están el aparato escolar y los medios masivos
de comunicación, que reproducen las ideas dominantes de estas clases
poseedoras.
Por si esto fuera
poco, Colombia tiene una larga tradición de violencia política, pues la
oligarquía ha privilegiado los métodos violentos incluso para dirimir sus propios
conflictos, y la ha usado sistemáticamente para derrotar la lucha de clases. La
violencia política, e incluso el recurso de los paramilitares como una táctica
constante para mantener su dominación han sido un rasgo característico del
régimen político colombiano por décadas. Rasgo que se acentuó por la alianza
histórica de esa oligarquía con el imperialismo, lo que ha permitido una
injerencia constante de EEUU en los asuntos internos del país, al tiempo que el
país ha cumplido servilmente el rol de peón militar y político de sus intereses
en el continente y en el mundo.
Pero con el Plan
Colombia -desde el gobierno de Andrés Pastrana-, estos rasgos se hiperdesarrollaron
y el país se convirtió en “el portaviones político y militar” del imperialismo
en la región. Para esos fines imperialistas contra la soberanía de los países
independientes como Venezuela y Ecuador y bajo la bandera de la guerra contra
el narcotráfico, inundaron el país de bases militares de EEUU, cometieron todo
tipo de atropellos, incluso violando las fronteras de esos países. En este
marco, las FFMM de Colombia llegaron a ser las más grandes -en términos
proporcionales- del continente y desde antes el país recibe la tercera
inversión militar más grande de parte de EEUU, sólo después de Israel y de
Egipto.
Han recibido por
décadas el presupuesto más alto del estado y han gozado de gran poder e
impunidad, actúan casi con licencia para matar en muchas regiones del país. Y
durante los gobiernos de Uribe ayudaron a instaurar un verdadero régimen de
terror férreamente apoyado y secundado por EEUU, en el que reinaron violaciones
a los derechos humanos como los falsos positivos. Desde entonces estas instituciones
represivas viven un proceso de descomposición creciente, cada semana hay un
escándalo nuevo por chuzadas, por espionaje contra jueces, periodistas y
opositores políticos, por violaciones de derechos humanos, así como por todo
tipo de atropellos y episodios sistemáticos de corrupción al más alto nivel.
Pero el gobierno de Duque se dio a la tarea de restituir en los más altos
cargos del Ejército a oficiales comprometidos en todo tipo de acciones
criminales, como los falsos positivos. Por ello es el responsable político de
la matanza sistemática contra líderes sociales y excombatientes y del nuevo
auge del paramilitarismo, todo bajo la más descarada impunidad. En este marco
las crecientes denuncias por abusos sexuales contra mujeres y niñas por parte de
militares, se entiende perfectamente.
¡No es un fenómeno nuevo: la violencia contra la
mujer ha sido un instrumento de guerra y dominación… también del imperialismo!
El uso del cuerpo de
la mujer como botín de guerra es una práctica sistemática que convierte a las
mujeres y sus cuerpos en instrumentos de control y dominación, es una forma de
intimidación, castigo o represalia contra el enemigo, en la que los actores
armados de un conflicto siembran el terror en las comunidades e imponen el
control militar. Esta práctica la podemos encontrar a lo largo de la historia
en varios hechos devastadores. Un ejemplo de esto es la guerra de Bosnia
(1992-1995), en la cual las fuerzas serbias practicaron violaciones masivas
entre las mujeres bosnias musulmanas en los campos de concentración por ser
consideradas como parte de sus servicios; la guerra del Congo (1998-2003), en
la cual, según un estudio de American Journal of Public Health, se habrían violado
cuatro mujeres cada cinco minutos, lo cual arroja un aproximado de 400.000
mujeres violadas al año; o en África, en el 2013, en donde el cuerpo de las
mujeres era el salario con el que el gobierno pagaba a sus milicianos, miles de
mujeres eran explotadas, violadas u obligadas a casarse con los soldados que
habían asesinado a sus familias. Estos son sólo algunos de los hechos atroces
que se han cometido contra las mujeres y niñas alrededor del mundo, y que
demuestra que los actores del conflicto no sólo libran la batalla en los
territorios, sino que también los cuerpos de las mujeres se convierten en su campo
de batalla.
Colombia, en sus más
de 50 años de conflicto armado, no podría ser la excepción frente a esos abusos
y violencia sistemática contra la mujer y, aunque hasta el momento ningún actor
armado ha reconocido públicamente la responsabilidad por el uso de la violencia
sexual, hay varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que confirman
la dimensión de los daños y la magnitud de la violencia con que el cuerpo de
las mujeres y niñas han sido objeto de sometimiento, de apropiación, y de
despojo de su dignidad y de su humanidad, que en últimas es una cuestión de
poder, pues es en la violencia sexual donde el cuerpo de la mujer es el
bastidor o soporte en el que se afirma la destrucción, sometimiento y
dominación moral del enemigo, lo cual sigue perpetuando la construcción de
masculinidades despóticas y violentas.
Las prácticas de
violencia, violencia sexual y abuso que convierten a las mujeres y niñas en un
instrumento para la guerra, no solamente han sido ejercidas por las fuerzas
militares colombianas, sino que, también, se ha ejercido por grupos
paramilitares y guerrilleros –esto bajo el conflicto armado—, y como si esto no
fuera poco, por las tropas militares del imperialismo yanqui. Esto último
obedece, precisamente, a que la burguesía colombiana,
encabezada por el Estado, ha mantenido por décadas su absoluta complacencia y
entrega al imperialismo estadounidense. Este servilismo que ha
ido creciendo desde el 2001 con el “Plan Colombia” y que se intensificó bajo
los gobiernos de Uribe, Santos, y, actualmente con Duque, ha convertido a
Colombia en el “portaviones político y militar del imperialismo yanqui”: la
existencia de 12 bases militares estadounidenses –aunque sólo se reconozcan 7–,
el ingreso de Colombia a la OTAN en el 2018; la financiación, el monitoreo y
equipamiento de los aparatos militares e inteligencia yanqui a las Fuerzas
Armadas y su participación en las maniobras militares estadounidenses; las
operaciones conjuntas con Estados Unidos para “combatir” a las FARC en países
vecinos como Ecuador y Venezuela –precisamente en estos países que no son
serviles al imperialismo–, la firma de los Tratados de Libre Comercio, el
ingreso de Colombia a la OCDE; son sólo una muestra de la disposición abierta
del gobierno y de las Fuerzas Armadas colombianas a colaborar con el amo del
norte en su deseo de control y dominación política y económica de América
Latina. En ese marco, no sólo le ha dado carta abierta a los yanquis para que
intervenga en los asuntos políticos y económicos del país, sino que, también,
parece habérsele otorgado a sus Fuerzas Armadas un permiso absoluto para
cometer vejámenes, entre ellos el abuso sexual hacia las mujeres y niñas,
contra las poblaciones vulnerables del territorio colombiano sin que éstos
tengan repercusión alguna.
En el “informe de la
comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, se revela que entre el 2003 y
2007 al menos 53 mujeres menores de edad fueron violadas por soldados y
funcionarios de seguridad de EEUU en cercanías de la base militar de Tolemaida;
y no solamente fueron víctimas de este tipo de violencia sexual, pues dichos
actos fueron grabados y vendidos como material pornográfico. Aunque frente a
estos actos la Defensoría del Pueblo en Colombia y el ICBF han asegurado hacer
un seguimiento y la embajada estadounidense en Colombia ha señalado que
cualquier mala conducta por parte de sus fuerzas armadas será tomada “muy en serio”,
en la actualidad no hay ninguna condena ni proceso abierto contra soldados o
agentes gringos por delitos sexuales en el país. Este derroche de impunidad
demuestra hasta dónde es capaz de llegar la oligarquía y el estado colombiano
en su sumisión al imperialismo, así como los rasgos coloniales del país en su
relación con esa potencia extranjera.
¡Los ataques sistemáticos a las mujeres por parte
de las fuerzas Armadas se concentran en los grupos históricamente más oprimidos!
Las mujeres, sus
condiciones, la violencia y opresión a la que están expuestas, no se pueden
hablar genéricamente ni en abstracto. Los ataques contra las mujeres, se han
enfocado en los grupos que siempre han sido más afectados por otras condiciones
como la de ser negra, indígena, pobre, “poco educada”, trabajadora, transexual
o discapacitada.
La encuesta realizada
en el marco de la campaña “violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de
su guerra” realizado para el periodo de 2010-2015, concluye que las mujeres
negras, entre 15 y 24 años, pertenecientes al estrato socioeconómico 1, son
quienes más expuestas han estado a ser víctimas de violencias sexuales en el
marco del conflicto armado. Además, el mismo informe, realizado para el periodo
2001-2009, revela que 48,5% de las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto pertenecen al estrato 1 y el porcentaje restante, a los estratos 2 y
3.
Para las mujeres
racializadas -afrocolombianas e indígenas- la violencia ha sido mucho peor
porque se ha combinado con actitudes históricas asociadas al colonialismo, el
racismo y al esclavismo, pues, no es un secreto para nadie que, desde los
tiempos de la colonia, el cuerpo de la mujer ha sido objeto de dominación. Además, los territorios que habitan son los más
afectados por la desatención y olvido estatal, lo que se evidencia en su
situación de vulneración a derechos básicos como la salud, la educación y el
trabajo digno. Todo esto muestra que, como en todas sus otras manifestaciones,
la violencia del estado tiene un marcado sello de clase. En esos lugares, que
aparecen como tierra de nadie, es donde más se viven los abusos y los vejámenes.
¡El Estado y sus instituciones
son complacientes con la violencia sexual y abuso contra las niñas y mujeres!
Por otra parte,
frente a ese mismo caso, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, se
vanagloria de haber hecho un rápido proceso en contra de los militares que
aceptaron cargos, pero su teatro se cayó al piso cuando, en el fallo, se les
acusó de acceso carnal abusivo, lo que, según la ley, implicaría insinuar que
la menor consintió la violación (algo impensable), además que da una rebaja de
pena a los agresores. Como si este fallo fuera poco, los siete exmilitares
fueron trasladados a un batallón en lugar de ser llevados a una cárcel regular,
lo cual no fue explicado ni tiene razón de ser pues ya no pertenecen a la
milicia.
Como en muchos otros
casos la Fiscalía y el sistema judicial, son cómplices de la corrupción que hay
dentro de esta institución (FFMM, policía y ESMAD), pues ocultan y encubren
todos los crímenes que se cometen en contra las mujeres (pobres, campesinas,
trabajadoras), los luchadores populares, sindicales, indígenas y defensores de
derechos humanos. Y, descaradamente, nos hacen un llamado a confiar en los
miembros de estas instituciones, quienes abusan, violan, persiguen, amenazan,
criminalizan y desaparecen, lo cual resulta aún más oprobioso y hasta cínico.
La impunidad y el
desprecio hacia la vida de los pobres y los oprimidos son las marcas
distintivas de este régimen y de este gobierno, como se evidencia con los casos
antes mencionados y, en este momento, con el recrudecimiento de las masacres y
asesinatos contra niños y jóvenes: 6 jóvenes asesinados en la zona rural del
municipio de Tumaco, 8 jóvenes entre 19 y 25 años masacrados en la aldea Santa
Catalina (Samaniego, Nariño), 5 niños entre los 14 y 16 años degollados en Cali,
tres jóvenes entre los 20 y 30 años acribillados en la zona rural del municipio
de Abrego (Norte de Santander), dos niños de 12 y 17 años asesinados en el
Municipio de Leiva (Nariño) –todo esto sin mencionar los asesinatos recientes a
líderes y lideresas sociales, e indígenas–.
Respecto a todos esos
acontecimientos atroces el gobierno de Iván Duque, no hacen más que emplear
palabras eufemísticas pretendiendo así minimizar la gravedad de los hechos,
culpando al narcotráfico e incluso a las mismas víctimas, y encubriendo a los
perpetradores de esos crímenes. Lo cierto es que el único responsable político
de las violaciones de derechos humanos y matanza contra mujeres, jóvenes,
niños, lideres, campesinos y trabajadores, es el gobierno uribista de Iván
Duque, quien en su empeño por reinstaurar el régimen del terror del uribismo y
en su benevolencia al imperialismo yanqui, han permitido las violaciones
sexuales, masacres y desapariciones forzadas contra lo pobres, explotados y
oprimidos.
Referencias bibliográficas
- https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-recibio-hace-ocho-meses-denuncia-de-nina-indigena-abusada-en-guaviare/682870)
- https://www.vanguardia.com/colombia/polemica-por-acusacion-contra-soldados-implicados-en-violacion-JE2547139
- https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/constitucional-y-derechos-humanos/debate-se-equivoco-la-fiscalia-al-tipificar-el
- http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/io0101.dir/io0101.pdf
- https://razonpublica.com/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo-de-las-mujeres/
- https://centrodememoriahistorica.gov.co/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo/
- https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922014000200003&script=sci_arttext
- https://www.lavanguardia.com/internacional/20150505/54431049979/soldados-de-eeuu-violaron-a-ninas-en-colombia-y-vendieron-videos-con-abusos.html
- https://www.telesurtv.net/news/colombia-eeuu-militares-denuncias-violaciones-sexuales-20200625-0003.html
- https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-solicito-informacion-sobre-casos-de-presunta-violencia-sexual-en-las-Fuerzas-Militares-y-la-Policia-Nacional.news
- https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/militares-retirados-casos-abuso-sexual-menores
- https://elordenmundial.com/los-abusos-sexuales-en-las-fuerzas-armadas-estadounidenses/
- https://www.elespectador.com/noticias/judicial/soldados-de-eeuu-violaron-a-ninas-en-colombia-y-grabaron-abusos/
- https://www.lavanguardia.com/internacional/20160828/404233518505/mujeres-victimas-conflicto-colombia.html
- https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/24-05-2019-Bolet%C3%ADn-SISMA-25-de-mayo-de-2019.pdf
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