Las cifras del Covid-19 en Colombia crecen descontroladamente y el gobierno nos miente de forma cínica e indolente
El pasado 13 de junio en Quibdó, capital del departamento del Chocó, un hombre de 78 años de edad murió por falta de atención médica. Como muchos otros colombianos que han padecido circunstancias similares estuvo tirado por varias horas en una camilla frente a la puerta de la IPS Funvida, estaba conectado a una bala de oxigeno y se presume que padecía neumonía. A pesar de los reclamos de sus familiares se le negó el ingreso al centro asistencial, cuando fue trasladado al Hospital Ismael Rendón de esa ciudad llegó sin signos vitales. El caso se conoció porque los transeúntes grabaron un video que fue publicado esa noche en la emisión de Noticias Uno. Este hecho podría ejemplificar la realidad del sistema de salud en Colombia en las últimas tres décadas, pero en las circunstancias actuales es además expresión de lo que padece la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos de la población ante el desarrollo incontrolado del Covid-19 en el país.
Al ministro de salud Fernando Ruíz, le preocupa poco la muerte de un «negro pobre», tirado en una camilla frente a la entrada de una IPS en la remota Quibdó, desde la comodidad del palacio de gobierno, afirma que las tasas de contagio y letalidad del coronavirus en el país son bajas. La realidad lo desmiente. Por estos días se ha hecho macabramente común escuchar que murió el papá de una amiga, que se contagió un familiar, que no le entregaron la prueba a tiempo a un compañero de trabajo, que uno mismo tiene síntomas y lleva semanas esperando que le hagan la prueba. En nuestra vida cotidiana hoy constatamos que nos ronda la enfermedad y la muerte, pero también lo demuestran las cifras oficiales de la progresión del virus en Colombia.
En el mundo 196 países han reportado casos de contagio por Covid-19, Colombia esta 9 en esa lista, superando a países como China, origen de este coranavirus y que tiene una población ampliamente superior a la nuestra, a Italia o España que fueron epicentro de la pandemia en territorio europeo. El crecimiento del Covid-19 ha sido exponencial en los últimos meses: en mayo cerramos con 29.383 contagiados, en junio con 97.846 y finalizamos julio con 295.508. Al cerrar julio estuvimos durante 29 días consecutivos entre los 10 países con más muertes diarias a nivel mundial, algunos de esos días fuimos el país con la mayor tasa de fallecidos por millón de habitantes. Arrancamos agosto llegando a cifras de contagio cercanas a los 400.000 infectados y superando las 12.000 muertes, con un promedio de 300 fallecimientos diarios.
A todas luces las cifras no son bajas y el ministro de salud miente de forma cínica e indolente, lo más preocupante es que la dinámica de desarrollo de la pandemia nos indica que las cosas van a estar mucho peor. Ese es el signo que marca a América Latina en este momento: la catástrofe sanitaria.
La destrucción de nuestros sistemas de salud pública desde los años 90 -que se materializó en Colombia con la entrada en vigencia de la nefasta ley 100 y el manejo irresponsable y mezquino de la crisis por gobiernos como el de Bolsonaro, Piñera o Duque, nos enfrenta a una realidad que está lejos de mejorar; pues no se no atienden las recomendaciones de los profesionales de la salud y las comunidades científicas, y esta canalla gobernante se pone exclusivamente al servicio de la voracidad de las élites capitalistas.
A esta altura se puede decir que no tenemos una estadística plenamente confiable del desarrollo de la pandemia; la denuncia a las EPS por la demora en la toma de muestras y entrega de resultados es constante, la procuraduría habla de más de 70.000 pruebas represadas. En regiones como Sucre y Nariño la entrega ha llegado a tardar más de 64 días, en algunos casos los resultados se han conocido cuando la persona ya ha fallecido; así es imposible el diagnóstico temprano y el control de posibles focos de contagio.
El índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las tres principales ciudades del país se encuentra entre un 80% y un 90% y por ello la muerte sin atención hospitalaria se hará cada vez más común. Estas circunstancias han conducido a que en la ciudad de Bogotá se hayan instalado tres refrigeradores en los cementerios para conservar los cuerpos que esperan turno para ser incinerados en los hornos crematorios, mientras se avanza en autorizar la inhumación de los cuerpos ante la falta de infraestructura para asegurar su cremación. Escenas como las presentadas en ciudades como Guayaquil o Manaos podrían estar cercanas a nuestra realidad a pesar de la arrogancia y suficiencia con la que el gobierno y sus ministros se ocupan de negarlo.
El Covid-19 acecha las barriadas obreras y populares, el gobierno es responsable
Las muertes producidas por el Covid-19 respetan una clara división de clases. La mayoría de los muertos en ciudades como Bogotá pertenecen a la clase trabajadora, a los estratos 1, 2 y 3. Los trabajadores pobres somos quienes ponemos las víctimas por unas condiciones de desigualdad históricas y estructurales, somos quienes estamos peor alimentados, los que padecemos enfermedades asociadas a condiciones de trabajo indigno, los que cargamos con todos los males que produce la precarización laboral, los que tenemos que salir al rebusque para poder llevar el plato de comida a la mesa y a los que se nos niega la atención en salud por no tener capacidad de pago. Somos los condenados por el sistema.
El gobierno uribista de Duque ha tomado medidas que profundizan esas circunstancias y que ahondan sus efectos. La primera medida fue mantener abierto hasta el 19 de marzo el Aeropuerto El Dorado y el tráfico aéreo en todo el país, 13 días después del ingreso del primer contagiado con Covid-19, decisión que hizo posible la propagación del virus y la emergencia sanitaria consecuente. La segunda fue su «reapertura gradual de la economía» desde finales del mes de abril. Carolina Corcho -Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana- ha explicado a medios internacionales las consecuencias de esta decisión:
«En Colombia se hizo una apertura muy rápida. En Europa esto se hizo después de pasar el pico y lo hicieron gradualmente, pero acá no hemos pasado el pico y tenemos 43 sectores económicos en la calle (…) En el decreto todos tenemos una excepción para salir así que en la práctica la cuarentena no existe (…) Las medidas han sido insuficientes, no se hizo la inversión social necesaria con recursos que el Estado tiene y esto asfixió a las personas económicamente. Ahora es muy difícil que la gente se quede en casa».
Como plantea la médico los trabajadores tuvimos que salir a exponernos al virus porque el gobierno nos condeno al hambre y al desempleo, nos puso contra la pared al no disponer recursos suficientes para la entrega de subsidios y el pago de salarios, nos llevó como «borregos al matadero». Así los trabajadores informales empezamos a salir de los cuartos y casas de alquiler a buscar el alimento diario con las ventas ambulantes, y, los trabajadores «formales» a enfrentarnos en el lugar de trabajo a la noticia de que los patrones, ni cortos ni perezosos, habían reducido los salarios, establecido periodos de licencia sin remuneración o simplemente nos habían despedido, los «más afortunados» mantenemos el empleo pero sin las mínimas medidas de bioseguridad y exponiéndonos cotidianamente en el transporte público.
Como cereza del pastel –envenenado- el gobierno Duque se inventó el «Covid-Friday», un viernes sin IVA para que las grandes superficies comerciales cazaran compradores incautos y los bancos celebraran que la satisfacción del afán de consumo se hacía con la tarjeta de crédito en la mano. Las aglomeraciones y el descuido de las normas de distanciamiento social fueron motivo de asombro y burla en los medios internacionales. El alza excepcional en las tasas de contagio dos semanas después demostraron que toda concesión que el gobierno hace a sectores de la burguesía nacional la pagamos los trabajadores con la enfermedad y la muerte.
El gobierno nacional y los gobiernos locales se apresuran a decir que es la irresponsabilidad individual la que nos lleva a estas cifras de contagio. Muy fácil es decirlo haciendo cuarentena o «teletrabajando» desde sus cómodos apartamentos o casas, viendo crecer sus fortunas -como lo denuncian las investigaciones que advierten que la riqueza de los burgueses latinoamericanos se ha incrementado en 113.400 millones de dólares desde el mes de marzo-, con el salario completo -o con un incremento, como el de los congresistas que se aprobaron subir sus sueldos-, con una prestación efectiva del servicio de salud y el acceso oportuno a pruebas y medicamentos.
El sistema de salud puesto al desnudo por el personal médico
En publicaciones anteriores hemos sostenido que es a los científicos (virólogos, epidemiólogos, etc.) y el personal del servicio de salud, a quienes debemos escuchar por su conocimiento y experticia en estas circunstancias de calamidad sanitaria; justamente lo contrario a lo que ha hecho el gobierno Duque. Por eso haremos uso de las declaraciones de miembros de los Colegios Médicos, la Federación Médica Colombiana, Médicos Unidos de Colombia y las Comunidades Científicas, para conocer lo que piensan sobre las condiciones actuales del sistema de salud en el país.
La formulación más amplia que han planteado en los medios de comunicación es que el sistema de salud está colapsado, reventado. Sumado al nivel de ocupación de las UCI en las grandes ciudades y las muertes de pacientes con Covid-19 sin atención médica que han denunciado, las asociaciones de médicos y científicos han advertido cuáles son los problemas que conducen a este colapso. Hernán Bayona, presidente del colegio médico de Bogotá, ha señalado: «Las instituciones están descapitalizadas para enfrentar el pico de la pandemia (…) Aún se les adeudan a muchísimos médicos y trabajadores de la salud en el país salarios».
El pasado 3 de agosto empezó una huelga de hambre por el pago de 11 meses de salarios atrasados en el Hospital Rosario Pumarejo en Valledupar, los trabajadores llevan más de un mes de cese de actividades. Acciones similares se han presentado en ciudades como Barranquilla o Cartagena, y en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y San Andrés. Se ha constatado como en departamentos como Chocó o Amazonas se llegó a enfrentar la pandemia con muy pocas UCI habilitadas o directamente sin ellas, como en el Hospital Ismael Roldán de Quibdó, el más importante del departamento. Los médicos exigen el fin de la tercerización laboral, que se haga el pago directo de los servicios a los hospitales sin la intermediación de las EPS, y aún a estas alturas reclaman los insumos médicos de bioseguridad que el gobierno dice son responsabilidad de las ARL (Aseguradoras de Riesgos Laborales, otra pata de la Ley 100).
Desde la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, su presidente, ha subrayado que la pandemia ha demostrado la incapacidad de las EPS de atender a sus afiliados. En palabras de la médico Carolina Corcho: «Se confiaron en que las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) harían su tarea y no la hicieron como se está demostrando ante la opinión pública. Si no entregan los resultados de las pruebas a tiempo, mucho menos van a hacer aislamientos, cuarentenas familiares y cercos epidemiológicos».
El mismo Isaza, en una entrevista con Yamid Amat, explicó: «El problema es un problema de salud pública y debe ser tratado con una política de salud pública; par poder establecer un modelo a seguir, no desde una perspectiva de gerencia de la pandemia sino del conocimiento y la experiencia médica (…) La concepción de una gerencia es la concepción de un modelo de salud basado en el mercado; en un sistema de mercado financiero y no de la prevención, no se tiene ni la vocación, ni la capacidad para resolver y prevenir situaciones como la actual».
Isaza va a la raíz del problema, el sistema de salud en Colombia desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el hoy privado de la libertad Álvaro Uribe Vélez, convirtió el derecho a la salud de los colombianos en un privilegio al que se accede según las leyes del mercado: si usted tiene con qué pagarlo. El gobierno Duque, fiel del discípulo de Uribe, sigue sus preceptos, nombrando gerentes para afrontar un problema de salud pública, gerentes que hacen cálculos de costo/beneficio y ceden a cualquier reclamo de los sectores económicos, que no se ocupan de intentar resolver la calamidad sanitaria en las que estamos y menos de prevenir su profundización.
Frente a esta realidad partidos como Cambio Radical proponen una «reforma estructural al sistema de salud», que ha sido apoyada por el gobierno en cabeza de uno de sus gerentes: el ministro de salud Fernando Ruíz, el mismo que asegura que tenemos cifras bajas de contagio y muerte. En respuesta a esta iniciativa el presidente del Colegio Médico Colombiano Roberto Baquero dice que están en contra del proyecto de ley por una sencilla razón, consideran que con este proyecto no se acabará con las EPS. Gustavo Morales, presidente ACEMI el gremio de las EPS, aclara perfectamente el sentido del proyecto: «el proyecto de ley no pretende acabar con las EPS sino fortalecerlas financieramente y cambiarles el nombre». Por supuesto ACEMI sí está de acuerdo con el proyecto porque las EPS se mantienen en el negocio, van a desaparecer las más débiles y se tenderá a establecer un sistema controlado por un par de grandes monopolios, es decir, se plantean un par de cambios para que el problema de fondo siga igual, que el sistema de salud siga en manos de estos empresarios de la muerte.
¿Qué se debe hacer para enfrentar la actual crisis sanitaria?
En Cacerolazo en línea hemos publicado un programa desde el comienzo de la crisis ubicando las medidas que consideramos resultaban indispensables para evitar las condiciones actuales, seguimos reivindicando ese programa y las consignas que hemos sostenido a lo largo de estos meses de extensión de la pandemia como: «cuarentena sin hambre», sin embargo, en este caso queremos atender y dar un espacio a las recomendaciones y exigencias mínimas del personal de salud en el país que son nuestros combatientes en primera línea contra el virus.
El gobierno Duque, vendedor de humo por definición, ha anunciado una extensión de la cuarentena hasta el mes de agosto; la medida mantiene las 43 excepciones autorizadas desde finales de abril y promueve otras, es decir la cuarentena no existe. El gobierno de Claudia López en Bogotá capituló a esa política presionada por distintos sectores burgueses y solo la modifica haciendo una cuarentena escalonada de tres semana por barrios y un confinamiento total para quienes sufran de hipertensión, diabetes y obesidad. Los miembros de la Federación Médica Colombiana han llamado a una cuarentena total en ciudades como Bogotá y a que el gobierno nacional disponga los recursos de apoyo económico a los trabajadores informales y los destechados, según las declaraciones de Isaza. Ese es el sentido básico de la consigna de cuarentena sin hambre y son las medidas racionales y al servicio de la vida que se requieren con urgencia. Podríamos sumar que los recursos deberían llegar también a todo el sector de trabajadores formales que han sido afectados por las medidas patronales para afrontar la crisis.
Varias asociaciones y federaciones de médicos han llamado desde el comienzo de la pandemia en el país ha realizar pruebas masivas de coronavirus, plantearon la necesidad de realizar 10.000 pruebas por millón de habitantes. Igualmente han sostenido que se requiere realizar pruebas masivas al personal de salud, conductores de transporte público, empleados de tiendas, grandes superficies y personal bancario, pues cada uno de estos grupos de trabajadores puede ser un foco de contaminación. En general estas recomendaciones han sido desatendidas. Incluso el gobierno nacional y las EPS han optado por una política contraria, realizar la prueba solo a los pacientes sintomáticos y negarse a realizar una segunda prueba para corroborar si los que resultaron contagiados han dejado de ser portadores de la enfermedad.
Claudia Vaca, investigadora del área de medicamentos y profesora de Universidad Nacional, ha anotado que las gestiones para la llegada de la vacuna contra el Covid-19 al país se está negociando a puerta cerrada, su preocupación es nuevamente que los criterios con los cuales parece que se está haciendo esta negociación no son los de una política de salud pública. Lo que se sabe hasta ahora es que se está proponiendo un trueque en el que el país pondría personas para experimentar con una vacuna a cambio del acceso a la misma, en otras palabras nos ofrecen como «conejillos de indias», lo cual no responde a los parámetro éticos de las comunidades científicas. Luego, como ya proponen los congresistas del partido de gobierno, el acceso lo determinaría el «mercado», es decir, la capacidad de compra, la plata en el bolsillo de cada colombiano. Por estas razones, junto con cada vez más agrupaciones de trabajadores de la salud, solo se puede exigir la derogatoria de la Ley 100 y el fin de la mercantilización de la salud.
La indignación y la rabia que nos causa la muerte de compañeros, amigos y familiares nos conduce a disentir de sentencias ante estos fallecimientos como: «es el destino», «lo que tenia que pasar, pasó», «dios así lo quiso», «de algo nos tenemos que morir», «las pandemias son normales». No, nuestros compañeros, nuestros familiares y nuestros amigos no tienen porque enfermarse y mucho menos morir en medio de la crisis sanitaria actual; si mueren es porque existe un sistema económico que nos condena a la inequidad, la desigualdad y la explotación, que depreda la naturaleza sin medir las consecuencias y afectaciones para la vida y salud humana, que privilegia el enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud de la inmensa mayoría, que sostiene un sistema de salud que arroja al pueblo trabajador a la enfermedad y la muerte. Si nosotros somos los condenados por el sistema, estamos llamados a ser históricamente sus sepultureros. Una y mil veces más diremos desde esta tribuna: ¡Muerte al capitalismo!
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