El derecho a la salud es quizá después del derecho a la vida, el don más preciado que debería tener la humanidad. Si padecer una enfermedad o lesión es ya una situación angustiante, no ser atendido de manera oportuna, gratuita y con altos estándares de calidad se convierte en catástrofe.
Pero la salud no es solo la ausencia de enfermedad, también está relacionada íntimamente con la calidad de vida: La vivienda, la alimentación, el agua potable, los servicios básicos, la educación, la salud mental, la recreación entre muchos otros, son derechos mínimos inalcanzables o precarizados para la mayoría de los trabajadores y pobres del mundo; otro sector de trabajadores mejor remunerados y gran parte de la clase media viven “endeudados” para poder acceder a unos derechos que se suponen ya alcanzados por siglos de “desarrollo” y “civilización”.
Pero hace ya al menos tres décadas se destruyó el concepto de la salud como un derecho, y pasó a ser un “servicio”. Pasó al mismo estatus que cualquier servicio; comparable por ejemplo con el de telefonía móvil: un servicio al cual se puede acceder… o no, si no se tiene los recursos. Y para quien pueda acceder, es decir, pagar, se le tienen diferentes opciones de acuerdo a su capacidad de pago: los hay de gama alta, media o baja. Y todo tan “democrático” como el “mercado”: el usuario decide qué opción compra. Sólo que con la salud lo que está en juego no es la calidad de un teléfono, sino la vida.
Mientras existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y un tercio de la humanidad vivía en países sin capitalistas ni terratenientes (en economías que no giraban alrededor de la “ganancia”); el capitalismo, para evitar que los trabajadores y pobres miraran hacia la URSS como un modelo, y presionado por fuertes luchas obreras y populares, tuvo que ceder, aunque parcial y desigualmente, cierto carácter de “derecho” a la salud; existieron así servicios de salud pública importantes.
Una vez, hacia 1990, que el imperialismo se deshizo de la URSS, mostró sin tapujos su verdadero rostro “neoliberal”, y desató un tsunami de privatizaciones y destrucción de conquistas sociales. La salud no escapó a esta sed de “oportunidades de negocio”. Así llegamos al 2020, la humanidad en estado de vulnerabilidad total, llegó el COVID-19… he hizo de las suyas.
LA SALUD COMO NEGOCIO, LA INTERMEDIACION DE LA LEY 100 Y LA SEMIDESTRUCCIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA
“En Colombia las EPS son peores que el coronavirus”.
Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas. 16-04-2020.
La pandemia ha develado las pésimas condiciones del sistema de salud y de la mayoría de los trabajadores de este sector. Frente a las denuncias sobre la carencia de EPP (Elementos de Protección Personal) para el personal y trabajadores de la salud, sale a relucir el bajo presupuesto para el año 2020 asignado al INS (Instituto Nacional de Salud) de 26 mil millones de pesos (19 veces menos del asignado para el ESMAD). Ni siquiera en tiempos de pandemia, el gobierno se “ruboriza” al destinar 9.600 millones de pesos en camionetas y otros 3.350 millones en “posicionamiento de imagen”. Es claro entonces que para Iván Duque la represión y el manejo mediático de su imagen, está muy por encima de la salud como derecho fundamental y de la protección y estabilidad de los trabajadores de la salud. La raíz de esta concepción mercantilista de la salud tiene sus orígenes en la ley 100 de 1993.
En el año 1993, el gobierno de Cesar Gaviria expidió la ley 100 cuyo ponente fue Avaro Uribe Vélez. Esta legislación creó la intermediación en la salud a través de las EPS, el estado ya no atendería directamente al sector mayoritario de la población, por el contrario, sería a través de las EPS generando un intermediador que se quedaría con buena parte de los ingresos. Los usuarios deberían además recurrir a toda clase de obstáculos para ser atendidos (preexistencias), cofinanciar parte del servicio (cuotas moderadoras o copagos) y ver como se restringen los medicamentos necesarios para los tratamientos (POS y restricciones al vademécum).
La negación permanente de servicios, la falta de oportunidad y calidad, el uso de las tutelas para poder acceder al sistema en los casos más críticos y la corrupción galopante, completan este difícil panorama para la mayoría de la población colombiana. El mismo BID en el 2018 debió reconocer que la insatisfacción de los afiliados llegó al 70% y que solo el 30% puede acceder realmente a la atención primaria del sistema (1). En plena pandemia, departamentos como el Amazonas cuentan solamente con un hospital de segundo nivel y sin ninguna unidad de UCI, a pesar de tener una de las tasas más alta de contagios en el país. En ciudades como Cartagena, Cali y algunas localidades de Bogotá la capacidad instalada de UCI están cerca del 75% faltando aun varias semanas para llegar al pico de contagios. En esta última ciudad, también debemos denunciar la privatización y posible demolición del Hospital San Juan de Dios, referente en América Latina de hospitales públicos.
La red pública hospitalaria quedó semidestruida o en el mejor de los casos subcontratada a las EPS, situación que se agrava con las moras recurrentes en los pagos. Solamente en el eje cafetero estas últimas le adeudan 556 billones a las IPS y hospitales (denuncia realizada por el gobernador de Caldas). Esta “venta de servicios” se ha visto diezmada desde el inicio de la cuarentena, pues las EPS han disminuido considerablemente el número de citas, procedimientos y medicamentos, aumentando así sus fabulosas ganancias (cerca de 3,6 billones de pesos mensuales) y perjudicando aún más a los hospitales públicos.
LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EXPUESTOS AL COVID 19 SIN ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y SIN GARANTÍAS LABORALES
“En Colombia no hay déficit de médicos, ni de técnicos de salud, sino una falta de contratación o deficientes tipos de vinculación laboral”
Carta enviada por las Sociedades Médicas
al presidente Iván Duque 27-03-2020
Han transcurrido casi tres meses desde el primer contagio de covid 19 en el país y seis semanas desde que el gobierno Duque prometió garantizar los elementos necesarios de bioseguridad para los trabajadores de la salud y la situación no mejora. Situaciones como el retraso en los pagos, la precarización laboral, la reducción “voluntaria” de salarios (Clínica del Norte en Barranquilla), masacres laborales (700 trabajadores de la salud despedidos en Medimas, 20 trabajadores en el San Vicente de Antioquia, 30 médicos despedidos de la red pública en Barranquilla), despidos de médicos que solicitan EPP, médicos obligados a trabajar a pesar de estar contagiados (Tumaco), la discriminación y exclusión social; se suman al aumento de contagiados a cerca de 760 y al lamentable fallecimiento de 10 trabajadores de este sector que enfrenta en primera línea el avance de la pandemia. Todo esto ocurre mientras los dueños de las EPS se enriquecen cada día más, bajo la colaboración de los diferentes gobiernos que también hacen parte del fabuloso negocio de la intermediación, la enfermedad y la muerte.
La precariedad en los elementos de bioseguridad, genera un círculo de multiplicación de contagio. El personal de salud sin bioseguridad, se expone al virus y seguramente contagia a su familia y a sus compañeros. Los trabajadores de la salud contagiados deben ir a cuarentena y si hay masividad en los contagios se cierran hospitales y clínicas. Todas estas situaciones agravan la crisis sanitaria y limitan aún más la precaria capacidad instalada de personal médico, camas y unidades, especialmente de UCI. Producto de estos contagios masivos se han cerrado cerca de 10 clínicas en el país, recientemente 2 en Manizales, una en Chocó, una en Córdoba y otra en Bogotá.
Contrario a la protección de los trabajadores de la salud, Duque ha impuesto medidas arbitrarias y nefastas que van en contra de sus derechos como por ejemplo el decreto 538 que pretende arrojar a los médicos, enfermeras y hasta estudiantes de último año de medicina prácticamente a una muerte segura pues sin las medidas mínimas de protección, es cuestión solo de días para que el número de trabajadores de la salud infectados y muertos a cuenta del Coronavirus sea desastroso, como lo afirma el medico Camilo Prieto.
El responsable es el gobierno de Iván Duque quien ha desprotegido al personal de salud y actúa como cómplice de los patronos y de las ARL en la lentitud con la que se dota de los EPP a médicos, enfermeras y trabajadores. La misma procuraduría dice que solo 1.454 IPS de 10.679 han recibido los elementos de bioseguridad por parte de las ARL; para dar un ejemplo los 5 hospitales públicos del Tolima y 3 de Huila no han recibido a la fecha ninguno de estos elementos. En estudio realizado por la federación Médica Colombiana el 88% de los trabajadores de la salud no tendrían equipos de protección completos (2).
A través del decreto 676 de 2020 el ministerio de salud admitió como enfermedad laboral el covid 19, a pesar de esto el gremio médico colombiano expresó su inconformidad frente a dicho decreto afirmando que este “presenta vacíos relacionados con aspectos de suma importancia que fueron expuestos por sociedades científicas antes de su expedición y que generan detrimento de los derechos de todo el talento humano en salud” (3).
Está claro entonces que mientras el gobierno de Duque expresa por todos los medios de comunicación la supuesta protección del personal médico, en la práctica se sigue atentado contra los derechos laborales, desconociendo a las organizaciones médicas y condicionando los EPP a una mínima parte de estos.
La carencia de EPP está ligado directamente al problema de la precarización laboral, la gran mayoría del personal de la salud se encuentra bajo la modalidad de contratos por meses y muchos de ellos bajo la figura de sobreexplotación de OPS (orden de prestación de Servicios), atomizados bajo diferentes modalidades de contratación, con una variedad de patronos en cada ciudad, las agremiaciones y organizaciones sindicales fueron reducidas a su mínima expresión y en otros casos desaparecidas.
La Federación Medica Colombiana en una reciente encuesta revela que el 20% del personal vinculado a la salud no cuenta con su pago al día, mientras según las propias cifras del Ministerio de Salud en Colombia hay 23 mil profesionales de la salud a los que se les adeudan por concepto de nóminas vencida, alrededor de 460 mil millones de pesos (www.elcolombiano.com 02-05-2020), en esta misma encuesta tan solo el 46% afirmó tener un contrato de planta, mientras el 38% se encuentran vinculados por OPS (orden de prestación de servicios).
LA LUCHA POR UN MODELO DE SALUD SIN INTERMEDIACIÓN Y DE PLENAS GARANTIAS PARA SUS TRABAJADORES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
Particularmente, desde el inicio de la pandemia, miles de trabajadores de la salud han denunciado por redes sociales y medios de comunicación las condiciones de precarización en que se encuentran. Las más graves de estas, son la falta de elementos de bioseguridad y de garantías laborales. Los trabajadores de la salud se han convertido en vanguardia de la lucha durante esta pandemia, con plantones, marchas y cacerolazos en casi todo el país, los médicos, enfermeras y empleados nos muestran el camino a seguir, no solo para enfrentar la crisis sanitaria generada por el covid 19 sino para enfrentar la crisis económica y social generada por los “de arriba” y sus gobiernos y que pretenden que la sigamos pagando los de “abajo”. Fecode, CUT, centrales obreras y CNP deben respaldar estas acciones y organizar un plan de lucha y de exigencias al gobierno para que tome las medidas necesarias y de fondo frente a la pandemia. Las direcciones del movimiento obrero y de masas no pueden seguir dando simples respuestas aisladas, gremiales y coyunturales frente a esta profunda crisis.
La pandemia ha demostrado que la rápida velocidad de propagación del virus y sus fatales consecuencias se multiplican al tener un sistema de salud al servicio de la ganancia y las relaciones del mercado, las ganancias que producimos los trabajadores y la gran cantidad de impuestos que sufragamos, deberían garantizar un sistema de salud gratuito, universal, estatal y de alta calidad. La única manera de minimizar los impactos del virus y evitar que sus consecuencias sean asumidas por los más frágiles, es la estatización del sistema de salud, derogando la ley 100, en ese sentido, desde cacerolazo en línea les proponemos el siguiente programa:
- El gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales deben cancelar los salarios y prestaciones sociales que le adeudan al personal sanitario. Creación de primas y bonificaciones adicionales que generen un ingreso significativo.
- Dotación inmediata, completa y de calidad de los EPP para garantizar la bioseguridad de todos los trabajadores de la salud en los diferentes campos y niveles de la atención médica.
- ¡No más contrataciones por OPS ni contratos! Nombramiento de planta y formalización a cargo del estado, con salario profesional y plenas garantías de estabilidad y ascenso para todo el personal médico, asistencial, administrativo y de servicios, vinculado al sistema de salud público.
- ¡Abajo la ley 100! Todos los recursos del sistema de salud tanto público como privado quedan a disposición total para atender la pandemia y otros problemas de salud que no den espera. En consecuencia, todo el sistema de salud (incluidas EPS e IPS) así como las empresas nacionales y extranjeras que producen y comercializan servicios y productos de salud, incluidos medicamentos, pasan de inmediato a control del Estado, y les queda prohibido el ánimo de lucro, deben funcionar sólo con criterio social y eficiente para resolver la crisis. Por tanto, todo ciudadano deberá ser atendido gratuitamente, por cualquiera de esas entidades sin importar si está afiliado o no a determinada EPS o medicina prepagada. Los privados que se opongan a estas medidas, serán expropiadas sin indemnización y pasaran a control del estado.
- Las anteriores medidas son necesarias y su realización daría un importante avance para enfrentar la pandemia, pero la solución definitiva en el campo de la salud y en todos los demás aspectos, pasa por la movilización revolucionaria de los trabajadores, el campesinado, los sectores étnicos y populares, las mujeres, la juventud, los artistas, la clase media empobrecida; en la perspectiva de la destrucción de este oprobioso sistema capitalista que arroja a las masas del mundo a la falsa disyuntiva entre morirse por el virus o morirse de hambre y que amenaza hoy más que nunca la destrucción del planeta. Para que dicha tarea tome su forma consiente y logre consolidar los inevitables triunfos que las masas obtendrán, urge además la construcción del partido revolucionario internacional de la clase obrera. Este es un momento histórico que nos llama a resolver por la positiva la disyuntiva entre socialismo o barbarie.
(1) https://www.dinero.com/pais/articulo/cual-es-el-problema-del-sistema-de-salud-colombiano/263731
(2) www.semana.com. Edición del 6 de mayo de 2020
(3) www.opinionysalud.com/2020/05/21
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