La medida de privación de la libertad domiciliaria contra Álvaro Uribe, dictada el pasado 5 de agosto por la Corte suprema de Justicia, fue recibida con entusiasmo y como una conquista por amplios sectores democráticos y de masas de la sociedad colombiana, lo que se reflejó en cacerolazos y algunas movilizaciones espontáneas en varias ciudades del país.
No es para menos: aunque se trata de una medida limitada frente a quien ha sido la máxima dirección política del paramilitarismo y de los sectores más reaccionarios o directamente fascistas del país (con su legado de muerte y terror: de masacres, desplazamiento, exterminio de líderes sociales, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la oposición política y a las cortes, y ataques sistemáticos a Venezuela y otros países independientes en su entrega incondicional al imperialismo norteamericano), se trata del golpe más importante que ha sufrido Uribe, el uribismo y el gobierno de Duque, un detonante que agudiza la crisis del régimen político y una amenaza para todos aquellos que se han mantenido en la impunidad durante décadas.
En primer lugar, porque es un golpe en medio de una crisis y de una división burguesa prolongada y que atraviesa a todas las instituciones: porque pone fin a la “intocabilidad” de Uribe, con todo lo que ello representa: que todos los que se esconden tras él -ganaderos, empresarios, políticos, altos oficiales de las FFMM, narcotraficantes y paramilitares, comprometidos en todo tipo de crímenes atroces- pueden perder su escudo protector; porque Uribe es el capo, el mandamás indiscutido -el Bonaparte- que impone el orden y mantiene la unidad en una fracción burguesa y en un partido, que más que un partido es un rejunte de canallas que se odian y combaten entre sí, y que sin el jefe tienden a defenestrarse unos a otros; porque es quien garantiza que se mantenga el código de silencio entre un montón de socios y cómplices, que podrían empezar a cantar a grito limpio para intentar salvarse.
Pero lo es también porque profundiza las tensiones entre Duque y su partido, quitándole su soporte fundamental -en el partido y en el gobierno- y porque, ante su debilidad manifiesta, abre la posibilidad de que sus aliados en el congreso empiecen a abandonarlo, al tiempo que envalentona y refuerza a todos los enemigos, tanto del gobierno, como de Uribe.
El golpe evidencia la crisis histórica del Uribismo. El Uribe que va preso, por más que conserve el apoyo de un sector importante de masas -fanáticos suyos- y que goce del respaldo de sectores burgueses incondicionales dentro y fuera del país, no es aquel caudillo que salvó al régimen de su crisis más aguda en el momento en que se hundían los dos partidos burgueses tradicionales -el Liberal y el Conservador-, el que unificó al país bajo el programa semifascista de exterminio a la guerrilla y al comunismo, logrando el apoyo de prácticamente toda la burguesía, la inmensa mayoría de las clases medias, de los sectores populares y hasta de una parte de la clase obrera.
No es el mismo político burgués que consiguió la mayor influencia política de masas de toda la historia del país, y que con ese apoyo instauró un verdadero régimen de terror, que sin dar un golpe militar -como en las dictaduras del Cono Sur- impuso una cruenta derrota política a los trabajadores y el pueblo combinando represión, demagogia y métodos de guerra civil despiadados de la mano de un gigantesco aparato paramilitar. Esa figura poderosa empezó a morir por lo menos desde mediados del año 2019 y la gran causa unificadora de las masas del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 - 21N - fue precisamente el deseo de derrotar políticamente a Uribe y todo el horror que representa. El gobierno advenedizo de Duque tiene por meta restaurar el régimen de terror del Uribismo, pero es justo eso lo que queda cuestionado.
Por esta razón, hacen mal quienes desestiman la medida por considerar que no es suficiente o que eventualmente puede llegar a ser revertida. El arresto de Uribe configura el pico más alto de la creciente crisis política y el desprestigio del uribismo y, en consecuencia, es un remezón muy importante para Duque, que exacerba las contradicciones en las instituciones y entre los sectores que dominan al país justamente cuando necesitaban mayor “gobernabilidad”, es decir, control y unidad política para aplicar en el futuro inmediato las medidas dirigidas a hacer pagar la crisis económica y los efectos de la pandemia a los trabajadores y a los pobres (reforma laboral, pensional, a la salud, tributaria, etc.), y para contener y reprimir los posibles estallidos sociales que se avizoran.
La decisión expresa la profundidad de la crisis y la disputa interburguesa que durante los últimos años ha dividido a la clase dirigente del país y que ha adoptado, entre otras, la forma política de la lucha entre defensores y opositores a la firma e implementación del Acuerdo de Paz de La Habana del 2016. Además, la pugna interburguesa se ha expresado directamente en todas las elecciones desde la salida del poder de Uribe y, más allá, en las divisiones en el aparato de justicia en procesos judiciales y a partir de los choques del uribismo contra la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP y al interior del ejército, la policía y otras instituciones (con escándalos por interceptaciones a congresistas, miembros de gobierno, jueces y periodista desde los aparatos de inteligencia financiados por el imperialismo).
Coincide con el creciente sentimiento democrático y antiuribista de amplios sectores de la población, que tuvieron su mayor expresión en las movilizaciones y el 21N, en el que la consigna dominante fue “Uribe, paraco, el pueblo está verraco”, pero que ya se había expresado antes, con las incontables rechifladas a Uribe en cuanta ciudad o pueblo se aparecía, en la multitudinaria marcha del 26 de julio, que unificó a decenas de miles en todo el país en su repudio generalizado a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, al paramilitarismo y a Uribe, y en los 8 millones de votos a favor de Gustavo Petro, en unas elecciones presidenciales en las que varios partidos de la oligarquía que ya se querían quitar de encima al Uribismo, tuvieron que -desesperados- apoyar a Duque para impedir que Petro ganara la presidencia.
La captura de Uribe vuelve a poner en evidencia la insustancialidad del gobierno de Duque, que había quedado suspendida por la irrupción de la pandemia: “En realidad, el gobierno de Duque es una especie de entremés amargo, una pausa mientras todos se preparan para las próximas elecciones presidenciales, en las que la oligarquía citadina espera retomar el control, pero en las que también se espera la reaparición de Petro”. (Colombia: el intento de restauración del régimen de terror uribista, Perspectiva Marxista Internacional, 2019).
Entre
el llamado a la subversión y la defensa incondicional del orden institucional
Las reacciones no se hicieron esperar: desde antes que fuera anunciada la decisión, Duque intervino abiertamente en el caso, diciendo que no se podía poner en duda la “honorabilidad” de Uribe y su combate contra la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en el país. Ante las críticas de varios sectores por inmiscuir al gobierno en las decisiones de la justicia, argumentó que hablaba como “ciudadano” y no en calidad de presidente, agitando que era una injusticia privar de la libertad a un expresidente mientras que, a los terroristas de las FARC, entre ellos Jesús Santrich acusado de un caso de narcotráfico, se les había permitido mantener la libertad y a otros ocupar curules en el Congreso.
El uribismo salió a promover una venganza contra las altas cortes (la Asamblea Constituyente y una reforma a la justicia que instaure una Corte única y acabe con la JEP), que evidencia una vez más su anhelo totalitario de liquidar todo contrapeso institucional y de concentrar aún más el poder en el ejecutivo. Pero fue más allá: un sector encabezado por la senadora Paola Olguín elevó un confuso llamado a un levantamiento militar: “Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el estado de derecho y la democracia”. Sin embargo, ninguno de sus llamados concitó el apoyo de masas que esperaban.
Los gremios económicos del país -muchos de cuyos miembros se encuentran comprometidos en todo tipo de complicidades y negocios con grupos paramilitares-, han manifestado su apoyo a Uribe reclamando que pueda defenderse en libertad, preocupados porque pueda romperse el pacto histórico de impunidad que ha cobijado a todos los expresidentes, por la inestabilidad institucional que pudiera generar la decisión, y porque si cae Uribe nada impediría que caiga cualquiera de los suyos.
Mientras tanto, la oposición burguesa y pequeñoburguesa (Santos, De la Calle, Petro, Robledo, Claudia López, Fajardo), con algunos pequeños matices, coinciden en que lo fundamental es “preservar la institucionalidad”, en su voto de confianza incondicional para la justicia burguesa y en su afán por buscar alternativas para canalizar cualquier muestra de descontento generalizado (hasta ahora contenido por la pandemia) por la vía electoral. Aunque todos apuntan a que todo se resuelva institucionalmente en las elecciones de 2022, tienen un gran problema y es que la coyuntura debilita aún más al gobierno y al régimen en el contexto de una durísima crisis económica y social que se agudiza día a día.
Para colmo de sus males, según las más recientes encuestas entre los posibles candidatos a la presidencia, Petro aparece liderando con una intención de voto entre el 18% y hasta el 32,9%. Aunque Petro se juega a proponer un proyecto capitalista alternativo “Progresista”, buscando atraer a los sectores burgueses que están en contra de Uribe -el llamado Pacto Nacional-, sobre la base de garantizar altas dosis de impunidad que hagan posible la “reconciliación nacional”, para la gran oligarquía también es inaceptable que él gobierne, tal y como quedó constatado en las últimas elecciones presidenciales en las que sus partidos terminaron apoyando a Duque. En la lógica fundamental de recapturar el control pleno del aparato del Estado, hasta el momento la oligarquía ve en Petro una amenaza para sus intereses.
Trump al rescate de Uribe y del “portaviones”
La preocupación por el futuro gobierno no es exclusiva de la burguesía nacional. Resulta revelador el último video de campaña electoral de Trump, en el que incluye a Petro al lado de Fidel Castro, Chávez y Maduro como amenaza castrochavista alegando que “progresismo” es el sinónimo actual de “socialismo”. Más aún, apenas se supo del arresto de Uribe, el vicepresidente Pence, en nombre del gobierno de Trump y en un acto de violación de la soberanía nacional, salió a interceder por Uribe, pidiendo que se le permita defenderse en libertad y reivindicándolo como un “héroe de la libertad”.
Pero no es sólo eso. Lo que están cuidando Trump y los otros sectores del imperialismo que lo apoyan es el sagrado rol de portaviones político y militar que Colombia representa para EEUU en la región, en defensa de sus intereses estratégicos y en contra de los países independientes que resisten su arremetida. La preocupación por la posible desestabilización de su “portaviones” viene de antes, pues los yanquis son conscientes del importante cambio político que significó el 21N, saben del creciente retroceso del Uribismo y de las ansias democráticas del pueblo colombiano, y temen por futuros alzamientos de masas que puedan patear el tablero. Es por eso que están reforzando cada vez más su presencia militar en el país y que tratan de resolver la dura división y la crisis de las Fuerzas Armadas colombianas.
La detención de Uribe, baluarte de las políticas coloniales de los yanquis en América Latina, agudiza aún más dichas preocupaciones, es por eso que -en medio de una situación interna muy comprometedora para el gobierno de Trump- éste ha salido al rescate del gobierno de Duque con una inesperada visita de tres altos funcionarios, los cuales han venido a ofrecer su respaldo y a prometer importantes inversiones y donaciones económicas.
La
condena a Uribe representaría un importante triunfo democrático de las masas
El expresidente Uribe acaba de renunciar al Senado para evadir la competencia de la Corte Suprema y pasar a la justicia ordinaria -en la que como todo el mundo sabe cuenta con su peón el fiscal Barbosa-, mientras que ha sido llamado a rendir versión libre por la misma Corte Suprema de Justicia, ahora por la masacre del Aro y La Granja. No se sabe si esta jugada le saldrá bien, y aún si la corte le impide que se vaya, tampoco es ninguna garantía de que sea condenado. Por el momento, con todo y el decidido respaldo del imperialismo a Uribe y a Duque, la crisis y la división política no hacen más que agudizarse.
Entre tanto, como una suerte de venganza terrorífica, en el país se recrudecen las masacres en distintas zonas, cobrando las vidas de niños y jóvenes. No debe extrañarnos: la burguesía colombiana tiene una larga y siniestra tradición de violencia política, incluso para dirimir sus propias diferencias. Es incluso probable que esta tendencia se agudice mucho más y que incluso reaparezcan viejas lacras como los magnicidios y otros horrores semejantes. Si bien el Uribismo, en medio de su crisis casi irreversible, no tiene la capacidad de imponer su salida política al país, junto con sus despiadados aliados armados en las regiones y sus agentes en las Fuerzas Armadas y en el aparato de inteligencia todavía puede hacer muchísimo daño. Por eso debemos estar muy alertas (1).
También es de esperarse que Duque acelere su tendencia autoritaria de la mano de los yanquis, en medio de su creciente debilidad, y a medida que la crisis económica y social se agudiza (2). No es posible vaticinar en este momento si las fuerzas oligárquicas que lo respaldan -como Cambio Radical y sectores de la U- le mantendrán su apoyo para sostenerlo por el tiempo que le queda en el poder, o si están dispuestos a dejarlo caer para emprender su propia carrera por la Presidencia, o si emprenderán su marcha hacia “nuevos horizontes” como está haciendo el Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria, quien ha salido a atacar duramente a Uribe y a Duque; pero incluso el expresidente Pastrana, figura clave en la elección de Duque, cada vez lo critica más en público. Tampoco es seguro si los proyectos de Pacto Nacional bosquejado por Humberto De La Calle y por Petro terminarán cuajando. Lo que sí es cierto es que están a la orden día los grandes problemas de la sociedad colombiana, en especial los de carácter democrático.
Como son el problema del bonapartismo y de los rasgos fascistas del régimen político colombiano: el peso de las Fuerzas Armadas en la sociedad y el Estado, la endémica relación de éstas con el paramilitarismo, el presidencialismo, la cruenta y fallida guerra contra el narcotráfico auspiciada por EEUU, los asesinatos y masacres sistemáticas como método para combatir a la oposición y para derrotar la lucha de clases… Todos estos en su estrecha relación con la presencia ya casi colonial del imperialismo en nuestro país, repleto de bases y asesores militares extranjeros. Un cúmulo de viejas lacras sociales y políticas que Uribe y el Uribismo llevaron a su máxima expresión, pero que ya las masas obreras y populares, en especial la juventud, no aceptan más y a las que ansían poner fin, como se evidenció con contundencia en el 21N. La condena a Uribe representaría un primer triunfo muy importante para esa lucha democrática, un punto de partida fundamental en la tarea de democratizar el régimen y la sociedad colombiana y de honrar la memoria de las miles de víctimas de todos sus crímenes.
Por
la más amplia unidad de acción democrática para derrotar las tendencias
fascistas del régimen
También están todos los problemas estructurales de esta sociedad, como la espantosa concentración de la tierra en unas pocas manos, la opresión económica, política y militar del imperialismo, expresada en los TLC, en la guerra contra el narcotráfico y en una pléyade de acuerdos políticos y militares que atan nuestro país a los intereses de EEUU. La enorme desigualdad social y la creciente explotación, que se agudiza con la pandemia y la crisis económica actual. La solución de fondo a todos estos problemas no va a venir de la mano de este régimen, ni de ninguno de sus partidos, defensores todos del sistema capitalista. Es por eso que las elecciones y las otras salidas institucionales tampoco nos ofrecen ninguna garantía. De lo que se trata justamente es de derrocar este gobierno, este régimen y de seguir luchando por un gobierno obrero, campesino y popular.
Los trabajadores y los pobres no tenemos por qué depositar ninguna confianza ni en la justicia burguesa -la misma que persigue a luchadores obreros y populares y mantiene encarcelados, incluso sin condena, a centenares de presos políticos-, ni en ninguna institución de este régimen podrido. Nada nos garantiza que no lo absuelvan o que negocien, tras bambalinas, un nuevo pacto de impunidad que lo libere sacrificando a criminales menores a cambio de preservar a los peces gordos, a todos los otros cómplices de la matanza contra los luchadores en el país. Pero eso no debe impedirnos reconocer las tremendas contradicciones y fisuras que existen entre los poderosos, las cuales tienen que ser aprovechadas por los trabajadores y el pueblo pobre.
Como marxistas revolucionarios, por principio no apoyamos o defendemos ninguna decisión de un régimen o de un gobierno burgués, pero sí nos oponemos a los ataques bonapartistas y hasta fascistas del Uribismo y sus aliados contra los elementos de la democracia burguesa, como en este caso las cortes (3). El Uribismo, desde sus primeros gobiernos, ha construido una larga trayectoria de ataques, intimidaciones, chuzadas y amenazas a los jueces, como parte de su esfuerzo por doblegar y controlar a todas las otras instituciones y poderes, llegando incluso a entregarle el aparato de inteligencia a los paramilitares para amedrentar y perseguir a sus opositores. Por eso, ahora más que nunca, debemos denunciar y combatir el intento de Duque por reinstaurar el régimen de terror uribista, propiciando la más amplia unidad de acción democrática en su contra.
Es por eso que llamamos a los trabajadores y trabajadoras de todas las organizaciones obreras, campesinas y populares (estudiantiles, indígenas, afro, de mujeres, barriales, de derechos humanos) a que exijan a sus dirigentes de la dirección de la CUT, de la CGT, a Petro, a Robledo, a Claudia López, ponerse al frente del trabajo unitario contra la arremetida totalitaria de Duque y del Uribismo. Así como a todas las personalidades y organizaciones que se reclaman democráticas, a los sectores que convocaron la movilización del 26 de julio, y a quienes participaron e incluso a los que no en el 21N, pero que comprenden la importancia de esta causa, a organizar la más amplia unidad para luchar por la derrota de las tendencias bonapartistas y fascistas del gobierno Duque, para acabar con las masacres de jóvenes indefensos, con los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes y por el castigo al genocida de Uribe.
Referencias
- Entre otras, distintos sectores han denunciado el proceso de blindaje y concentración de poder, al poner bajo mando del Uribismo no sólo a la Fiscalía sino también a la Contraloría, la Defensoría del pueblo y la Procuraduría.
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