“¡Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, bala es lo que hay malditos terroristas!”, gritaba rabiosamente un uribista en una demostración que se hizo viral, en una marcha de enero del año pasado. Y, efectivamente, a “plomo” han caído asesinados decenas de niños, adolescentes, jóvenes, trabajadores, indígenas y campesinos, todos ellos indefensos y desarmados, en las 10 masacres que se han producido en un mes, 7 en los últimos 11 días, ¡4 en las últimas 48 horas!
Con crueldad decenas de personas han caído asesinadas desde la detención de Uribe, algunas denuncias hablan de más de 35. Decenas de familias en Cali, Samaniego, Ricaurte, Tumaco, El Tambo y Venecia lloran a sus hijos e hijas masacrados: de ellos 13 jóvenes, 5 en la ciudad de Cali degollados y con tiros de gracia y 8 acribillados en Samaniego (hijos de recicladores, obreros de construcción o profesores), demuestran a la perfección que el anuncio de aquel uribista no quedó solo en palabras.
Las masacres se dispararon justo después de que se dictara dicha detención domiciliaria contra Uribe, pero vienen de atrás. Hasta la ONU habla de 33 masacres en 2020, y 69 desde 2019. Indepaz ha denunciado el asesinato de 194 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, de 8 familiares de estos, y de 41 firmantes del acuerdo de paz con las FARC, todo tan sólo en lo que va de este año… El recrudecimiento de las masacres en este preciso momento y la brutalidad y sevicia con los jóvenes resuena en la cabeza de decenas de miles como una maldición: ¿es esto parte de una venganza, de una campaña de terror por la medida de aseguramiento contra Uribe? ¿Volvemos a los más crudos momentos del pasado?
Demostrando una vez más su completo desprecio por las vidas del pueblo pobre y las víctimas de la violencia en el país, Duque evadió cínicamente referirse a las masacres por su nombre, y salió a decir que entre 2019 y 2020 se han presentado en el país 34 “homicidios colectivos”. Una vez más, pasó inmediatamente a lavarse las manos responsabilizando a las disidencias de las FARC, al ELN, al Clan del Golfo y los carteles mafiosos que tienen presencia en esos territorios.
Para zafarse de cualquier culpa, el gobierno dice que el responsable es el narcotráfico que actúa para controlar el territorio y las rutas del tráfico de drogas. Pretende ocultar un “pequeño detalle”: la escalada de violencia conexa al narcotráfico tiene su origen y motor en el sumiso y abyecto acatamiento por parte de Duque de la política de “prohibicionismo” y “guerra al narcotráfico” impuesta especialmente desde el gobierno de los Estados Unidos.
Nosotros sostenemos lo contrario: Duque es el responsable político de la matanza obrera, campesina y juvenil. Esta responsabilidad se demuestra por su obstinación en restaurar el régimen uribista, con su legado de terror en todos los órdenes:
1. Duque ofrece una ciega sumisión a la política de “guerra contra las drogas” impuesta por el imperialimo yanqui. Esta política que ha demostrado ser un completo fracaso histórico frente al tema de los narcóticos, mientras las medidas como la erradicación forzada y la aspersión aérea de glifosato impulsan la violencia, el desplazamiento (en otras palabras, la concentración terrateniente de la tierra), la muerte y destrucción de la naturaleza en los territorios del país, sumiéndolos en la barbarie y el atraso.
Mientras tanto, la política de “prohibicionismo” y “guerra al narcotráfico” sí sirve como pretexto para la injerencia militar yanqui en Colombia, para justificar sus bases militares y sus soldados en nuestro territorio y para amenazar la soberanía de Venezuela. También sirve para que el gran negocio con los dineros de los narcóticos se haga en Estados Unidos y en los grandes bancos. Además, fomenta las mafias, los clanes y la narcopolítica que está incrustada en el Estado (sin la cual no sería posible exportar las toneladas de drogas que produce el país), y que sirve de base y hace parte de las entrañas del uribismo y de la financiación de sus campañas electorales.
2. Duque se ha negado a reconocer la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales en el país, en los que la mayor parte de los casos ocurridos están vinculados a la lucha campesina por la restitución de las tierras (a quienes no se les ha restituido ni siquiera el 5% de la tierra) que despojadas por los paramilitares, a la lucha por la protección del medio ambiente contra las políticas extractivistas y depredadoras, y contra la erradicación forzada de cultivos y aspersión con glifosato impuesta por el imperialismo, con sus comprobados impactos en la salud, la tierra y el agua.
3. El gobierno ha incumplido de forma consciente y manifiesta los más mínimos puntos democráticos derivados de los acuerdos de paz (como los relacionados con la tenencia de la tierra, todo para favorecer a los terratenientes) firmados con la guerrilla de las FARC y, sobretodo, con su comportamiento cómplice e inclusive directo a través de asesinatos perpetrados desde el propio ejército y la policía, en el exterminio de cientos de líderes, lideresas sociales y excombatientes desmovilizados de esa guerrilla (baste recordar el caso de Dimar Torres). Garantizando la impunidad de quienes dan las órdenes desde esas instituciones, Duque le ha dado vía libre a los victimarios y a la perpetuación de la violencia.
4. Duque ha puesto enfrente a una cúpula militar afín al uribismo, la cual ha sido denunciada por sus vínculos con ejecuciones extrajudiciales y una línea guerrerista y fanática que se expresó en la formulación de doctrinas operativas que privilegian como criterio de efectividad el número de muertes. Así, volvieron a aparecer crímenes aberrantes como los «falsos positivos», bombardeos indiscriminados como el de San Vicente del Caguan que dejó 8 niños asesinados en 2019, o las constantes operaciones contra la población campesina cultivadora de coca en Putumayo o Caquetá, que han dejado ya varios campesinos heridos y asesinados. Del mismo modo, los ministros de defensa se han mostrado prestos a seguir las correrías del uribismo como cabeza de playa de la agresión imperialista a Venezuela.
5. El partido gobernante tiene entre sus militantes, financiadores y simpatizantes a políticos vinculados al paramilitarismo, ganaderos, terratenientes y burguesías regionales asociadas al narcotráfico y al despojo de tierras. Todos estos sectores están implicados de manera directa o indirecta en los asesinatos de los líderes y luchadores populares: por ello su política ha sido la adjudicación de resposabilidades de la matanza a las disidencias de las FARC, las estructuras del ELN o simplemente al narcotráfico. Duque niega los hechos y oculta la verdad porque el uribismo está implicado de pies y manos.
6. La defensa incondicional que Duque hace de Uribe y de su supuesta “honorabilidad” ante sus evidentes nexos mafiosos, no es más que su defensa de la impunidad estructural que caracteriza la institucionalidad en Colombia, y de una burguesía que ha gobernado a sangre y fuego el país. En su convivencia con las masacres ante la crisis política del uribismo, el gobierno espera reencauchar su obsoleta política de mano dura y militarismo para supuestamente traer “seguridad” a las regiones, en medio de la ruina económica y social en que se sume el país.
¡No nos dejemos engañar! Toda la razón tuvieron los pobladores de Samaniego que recibieron a Duque con un masivo y sonoro abucheo: a este gobierno uribista le cabe toda la responsabilidad política por la escalada de las masacres y los asesinatos. Con sus políticas y acciones Duque fomenta y dispara la violencia que termina cobrando la vida de niños, jóvenes, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales.
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