Vayamos al grano con Vicentin, expropiemos.
Durante los cuatro años del gobierno de Macri pasaron cosas, ninguna buena para los laburantes; entre ellas, el caso de la cerealera Vicentin, entramado que se encuentra en la cima de las noticias.
El proceso de vaciamiento de esta empresa es un botón de muestra del dispositivo de saqueo perpetrado por el anterior gobierno junto a sus empresarios: una cadena de favores donde los eslabones son Mauricio Macri, el ex presidente del Banco Nación González Fraga y Sergio Nardelli, dueño de la compañía.
Esta cadena de favores entre amigos es un montaje que consta de:
• Vicentin, que fue la empresa que más plata le dio a Macri para sus campañas electorales, pide préstamos al estado por 400 millones de dólares, endeudando a la empresa con la banca pública (Nación, Provincia, Ciudad, BICE). Aunque no presenta los avales necesarios para un crédito de semejante tamaño (20% del total que puede prestar el Banco Nación), Macri le devuelve los favores recibidos y González Fraga lo autoriza.
• Acopio y venta de granos de pequeños productores y cooperativas que nunca cobraron. Según Claudio Soumoulou, presidente de Asociación de Cooperativas Argentinas, principal entidad de productores acreedora de Vicentin, la empresa le debe a su entidad más de 90 millones de dólares.
• Operaciones comerciales “legales” de sus filiales en Paraguay y en Uruguay para “triangular” sus exportaciones sin pagar las retenciones que cobra nuestro país, más contrabando de su producción hacia esos destinos desde sus propios puertos sobre el Paraná, más operaciones truchas con empresas con sede en Panamá para fugar la guita a cuentas offshore.
Con las enormes ganancias que le garantizaba este montaje, ¿por qué Vicentin quedó al borde la quiebra? Porque sus propietarios habían decidido “cambiar la línea de negocios” y dedicarse a la especulación financiera con los dólares que ya habían fugado, más la plata que no le pensaban pagar a ninguno de los acreedores privados ni al estado, más la venta de la “joya de la abuela”, la fábrica de biodiesel y derivados de soja Renova (con puerto propio en Timbúes) a la transnacional suiza Glencore, más lo que iban a rapiñar del desguace de la empresa para la vender los pedacitos sobrevivientes, más, más, más.
Esta gran estafa deja vaciada a una compañía dedicada principalmente a la exportación de granos y aceite, a cerca de 2.300 productores en pampa y la vía, y a alrededor de 7.000 fuentes de trabajo directas y 21.000 indirectas (aceiteros, algodoneros, trabajadores rurales, del vino y de la carne), en la incertidumbre laboral. Y a cientos de pueblos ligados a esta empresa y a los trabajadores condenados al empobrecimiento o la desaparición. Todo un genocidio social.
Como todos sabemos, la quiebra de grupos de estas características produce una importante sangría, y cuando hay sangre los primeros en olfatearla son los tiburones que empiezan acechar la presa que se encuentra en estado de debilidad.
Cuando hablamos de estos grandes depredadores nos referimos a grupos monopólicos extranjeros, como Cargill (de capitales yanquis con una facturación de 32.0000 millones de dólares), el Grupo Louis-Dreyfus (de capitales franceses con ventas por más de 20.000 millones), o Cofco Internacional (de capitales chinos), a través de Nidera.
No hace falta aclarar que estos monopolios, que operan en el mercado de granos y alimentos de la Argentina y el mundo, al comerse a Vicentin pasarían a tener mayor poder para determinar todo el negocio en el ámbito nacional. Además, ya estaban revoloteando para quedarse con el bocadillo algunos buitres criollos ligados al capital financiero, como Manzano.
Por lo tanto, este asunto no se trata solo de un problema jurídico, el cual se puede resolver sin más en los pasillos de los tribunales, como agitan los voceros del PRO o los medios de comunicación afines a estos delincuentes. Todo lo contrario, es una cuestión de una envergadura política muy grande debido a las consecuencias que van a pasar si se permite que este entramado delictivo siga manejando la empresa y se deja transcurrir los acontecimientos sin intervención del gobierno: una deuda incobrable para el Banco Nación, pequeños propietarios y cooperativistas fundidos, obreros sin trabajo y las consecuencias sociales en los pueblos donde se asientan las empresas del grupo Vicentin.
Tampoco debemos perder de vista que la compra de esta empresa por parte de algunos de los tiburones citados sobreviene en mayor concentración y extranjerización del mercado alimentario, un sector muy sentido para la economía nacional.
El gobierno nacional en principio tomó la determinación de intervenir la empresa. Con esta medida trata de evitar un drama social de grandes proporciones, que algunos calificaban como “una segunda Forestal”. Alertamos que la intervención por sí sola no es garantía de que se evite la tragedia.
Por otro lado, se encuentra la promesa por parte de Alberto de presentar un proyecto de expropiación, veremos cuál es su contenido, bajo la órbita de YPF agropecuaria.
La expropiación de los capitalistas es una decisión progresista, de la cual nosotros estamos a favor. Pero ante los retrocesos en otros temas, como el impuesto a la riqueza, frenar los despidos o no ceder a los buitres en la negociación de la deuda, esperemos que ante este caso el gobierno de Alberto no retroceda. Es decir, que la expropiación no se transforme en un rescate del delincuente Nardelli e indirectamente queden en la nada las responsabilidades de Macri y Gonzáles Fraga.
Así como dijimos que este caso es un botón de muestra del choreo perpetrado entre los capitalistas y el gobierno de Cambiemos, también lo es a la hora de abrir muestras de simpatías entre los laburantes a favor de la expropiación de la empresa.
Un sinfín de gremios, que van desde aceiteros con Yofra y Reguera al frente, camioneros con Pablo Moyano, portuarios, estatales, entre muchos pero muchos otros, sacaron declaraciones apoyando la propuesta de expropiación, así como organizaciones sociales, pequeños productores y cooperativistas.
Como siempre, los que muestran la hilacha y se mantienen firmes hasta el último minuto del lado de los delincuentes son los dirigentes de la CGT, que por ahora bien gracias, cero comentarios.
A fines de enero de este año publicamos en Punto de Partida una nota titulada “La familia Vicentín no sufre «estrés financiero»; son una manga de chorros”, en la que decíamos que estábamos ante una oportunidad histórica para que el estado pueda incidir en la actividad agroexportadora, hoy en manos del capital extranjero asociado a la oligarquía local. Una oportunidad histórica para incidir en un sector fundamental para la mesa de los trabajadores argentinos, ya que hace al costo de los alimentos.
Es hora de la expropiación del grupo Vicentin, bajo el control de sus actores fundamentales, trabajadores aceiteros, camioneros, portuarios, etc., junto a los movimientos sociales y cooperativistas, y planificar su producción en función de las mayorías laboriosas y empobrecidas.
Por último, como dijo el dirigente Daniel Yofra de la Federación Aceitera, “El PRO y la Rural siempre van a defender sus intereses de clase, son generadores de miseria”, y advirtió que la decisión del Gobierno nacional va a generar “fuertes tensiones”, por lo que “hay que estar muy preparado para lo que se viene”.
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