19N y 21N. Conmemoración Paro nacional.

 ✊🏾🔥Vamos TODOS UNIDOS a protestar:

19N y 21N. Conmemoración Paro nacional. 

23N en memoria de Dilan Cruz y todos los caídos

25 N Día de la No Violencia contra las mujeres . 

 ¡Unidad para avanzar!

 ¡Viva el paro nacional! 

🔥🔥✊🏾✊🏾

¡Por una respuesta de masas a la masacre policial!

 «Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables, ustedes no necesitan investigación porque fue la Policía Nacional –y espero que esto no lo corten-, fue la Policía Nacional la que se encargó de dejar un niño de 7 meses sin padre»

María Páez.

Entrevista CM&

 

¿Por qué ardieron los CAI?

 Cuando creces en un país como Colombia, en un barrio marginal de la clase obrera, aprendes rápidamente lo que significan instituciones como la policía y el ejército. Ellos son quienes golpearon a tus padres cuando empezó la construcción de los ranchos que los gobiernos llaman «invasión»; ellos son los que asesinaron a tu amigo, a tu vecino, que salió con su familia a protestar contra la destrucción de las cuatro paredes que lograron construir; ellos son los que te persiguen y te agreden porque estabas en la esquina o en el potrero de la cuadra donde sueles jugar fútbol; ellos son los que te ponen encima una droga que nunca has consumido para conducirte a la estación y dejarte una noche encerrado luego de apalearte; ellos son los que montan las «batidas» para obligarte a prestar el servicio militar; ellos son los que se llevaron a los pelados de las lomas para asesinarlos y hacerlos pasar como «guerrilleros muertos en combate», como «falsos positivos».

 María Páez era la pareja de Jayder Fonseca, un joven de 17 años que fue asesinado por la policía nacional la noche del 9S. Como miles de jóvenes en todo Bogotá y algunas ciudades del país, Jayder y María salieron esa noche a expresar su rechazo por el asesinato de Javier Ordoñez. En la mañana conocimos un video de cómo Javier había sido torturado con armas «no letales» al resistirse al arresto, luego conducido a un CAI (Comando de Acción Inmediata) y finalmente a un hospital en donde falleció -hoy sabemos por la golpiza que le fue propinada por los agentes-. La respuesta del Estado ante esta legítima expresión de repudio e ira contra ese asesinato fue masacrar a la población, la policía asesinó en las noches del 9 y 10 de septiembre a 13 colombianos más e hirió a cerca de 500, 72 por heridas de bala.

Esos miles de jóvenes que salieron a las calles, arremetieron contra todas las estaciones de policía que tuvieron cerca, 45 en total, las destrozaron y les prendieron fuego. ¿Por qué? Porque esos sitios para quienes crecimos en las barriadas son la expresión de lo que son las FFMM y la policía en el Estado burgués, aparatos de represión. Las estaciones de policía son lugares en los que se violenta, se asesina, se humilla, se ultraja con particular saña a los hijos de la clase trabajadora. La rabia contenida por años contra esos recintos y sus ocupantes salió a flote la noche del 9S.

Cuando creces en una barriada obrera llevas el estigma de la pobreza contigo, la forma en la que te vistes, la manera en la que hablas, los ademanes de tu cuerpo, son huellas de identidad que la policía y el ejército utilizan para pedirte papeles, para negarte el ingreso a determinados lugares, para calificarte de «vicioso» y «ladrón» con solo mirarte. Para quienes crecimos en los barrios mirar las vitrinas de los almacenes es delito, porque los hijos de los trabajadores pobres no tenemos con que comprar; entrar a la librería a ojear un texto es delito, porque los hijos de los trabajadores pobres no podemos estudiar.

Para millones de jóvenes en Colombia la Universidad es cosa de ricos, se nos enseñó que a nosotros nos corresponde engrosar el ejército de reserva de la clase obrera, que a nosotros nos corresponde conseguir un trabajo sin prestaciones sociales, de máximo tres meses y con un salario por debajo del mínimo. Para millones de jóvenes en Colombia existe por ello la sensación constante de «No futuro», de estar en un laberinto que no tiene salida.

Jayder experimentó eso en su vida, como Dylan Cruz, como Anderson Arboleda, como los 8 niños bombardeados por el ejército en el Caquetá. A Javier se le dijo que estudiando iba a progresar, estudió aeronáutica, pero conducía un taxi. Lo que algunos llegamos a conocer y comprender es que ese laberinto en el que estamos se llama CAPITALISMO, que nuestra rabia no es contra esas edificaciones escenario de torturas y vejaciones, es contra las instituciones que defienden con su violencia ese sistema, nuestra rabia es con el sistema.

El gobierno uribista de Duque es la expresión sanguinaria y mafiosa de ese sistema

El gobierno uribista de Duque es el gobierno de la oligarquía colombiana, de una burguesía que no ha tenido problema en masacrarnos históricamente, en destruir nuestras organizaciones obreras, campesinas, indígenas, juveniles y populares con sus FFMM, policiales y paramilitares; que no tiene contemplación en imponernos leyes oprobiosas que nos conducen a niveles más profundos de explotación; que vende nuestros recursos al capital imperialista y orquesta con él la extensión de la muerte y la miseria en nuestros campos, que se pone de rodillas ante sus políticas antidrogas, pero tranza con los mafiosos y narcos el control de extensas regiones del país, que pretende que seamos cabeza de playa para la agresión a pueblos hermanos que han sido capaces de luchar por su dignidad, como el pueblo venezolano.

Esa burguesía nacional e imperialista ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo, en el que más se asesinan líderes sindicales, defensores de DDHH o del medio ambiente. Los trabajadores somos los gestores de toda la riqueza producida, pero esa riqueza se la queda una clase social burguesa que nos esquilma hasta el último peso: reduciéndonos el salario, extendiéndonos la jornada laboral, haciéndonos pagar por lo que debería ser derecho de todos: la salud, la educación, la pensión o la recreación. Los representantes del uribismo, con todo el cinismo que los caracteriza, nos acusan de «atenidos», cuando han hecho fortunas a costa del erario público, robando, matando y traficando desde el poder. Nos dicen: «estudien vagos», cuando son ellos los que atacan la educación pública, la tienen en una profunda crisis y gustosos la liquidarían.

Esos farsantes, cuando salimos a protestar, nos vienen siempre con el mismo cuento: que lo hacemos «financiados por el narcoterrorismo», porque «existe un plan orquestado por el Eln, las disidencias de las Farc, la izquierda internacional…». Sus explicaciones ya son risibles y podrían ser entendidas como delirantes, expresión de algún desequilibrio mental, pero no, son manifestación de una táctica premeditada y consciente de defensa: la mentira. Para poder ocultar la injusticia e inequidad que promueven necesitan deformar la realidad, mentir una y otra vez.

Mienten para que nos traguemos la idea que debemos sentir remordimiento por quemar las estaciones de policía, los buses del sistema de transporte en el que viajamos como animales y en el que dejamos buena parte del salario, un cajero automático que pertenece a los banqueros que nos arruinan y a los que el gobierno les gira dinero públicos por toneladas, o la sede de un supermercado que pertenece a la familia Santodomingo, una de las más ricas del país, que paga una miseria a sus trabajadores y los precariza lo que más puede, todo porque para ellos el más sagrado de los derechos es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, la posesión de las fábricas, tierras, bancos y comercio que han acumulado a costa nuestra.

Mienten para hacernos creer que las masacres no son masacres sino «asesinatos colectivos», que nada tienen que ver con ellos y sus aliados paramilitares y narcotraficantes; mienten cuando las masacres las cometen las propias FFMM para hacernos creer que «fueron operaciones impecables», a pesar del asesinato de por lo menos una decena de niños, mienten para hacernos creer que la policía es una institución «querida por los colombianos» y que sus crímenes son hechos «aislados», cometidos por «manzanas podridas», cuando por lo menos hubo 20 oficiales que participaron del asesinato de civiles desarmados y 70 que dispararon a matar a los manifestantes. 

Sus mentiras se repiten una y otra vez, en la radio, en la televisión, en las columnas de prensa, intentando que de tanto repetirlas terminemos creyendo que son verdad. Así asesinaron a más de 3000 militante de la UP, han exterminado a los desmovilizados de las guerrillas, han hecho campañas de «limpieza social» haciendo llamar la «mano negra» y asesinando a miles de jóvenes y habitantes de calle en el país, así han producido más de 3000 casos de «falsos positivos» (ejecuciones extrajudiciales) y los seguimos aun contando. En lo que va de 2020 llevamos 205 asesinatos de líderes sociales y 55 masacres con 218 muertos. Duque y el uribismo justifican esa violencia, le ofrece un manto protector y la impulsan, por eso son responsables de la masacre obrera y campesina en el país. Su violencia es sistemática, cometida con sevicia y con un propósito claro, generar miedo, terror, para que no salgamos a protestar contra la desigualdad, la explotación y en últimas en contra del sistema que las hace posibles.

 

Para derrotar las tendencias fascistas de este gobierno la salida es la movilización de masas

La burguesía colombiana, su Estado y sus aparatos de represión tiemblan de miedo ante el pueblo trabajador movilizado, históricamente ese ha sido el camino para conquistar nuestros derechos, para defenderlos, y será el camino para alcanzar nuevas conquistas y para destruir este sistema de hambre y opresión. El ejemplo más cercano que tenemos lo presenciamos todos nosotros el año anterior, el 21 de Noviembre de 2019 los colombianos vivimos una enorme fiesta democrática, salimos de forma unificada a las calles a exigir nuestros derechos, a reclamar que no se asesinaran más líderes sociales, que se parara la masacre que desplegaba el régimen uribista, que no se aplicarán las contrarreformas laboral, pensional y tributaria. Logramos aplazar la aplicación de estas contrarreformas o limitarlas, pero el gobierno Duque y la burguesía nacional e internacional no han desistido en su propósito, de hecho han aprovechado la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 para avanzar en su aplicación por decreto, y la masacre nunca paró.

Hoy, como a finales del 2019, el pueblo trabajador, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los jóvenes, las mujeres, necesitamos estar nuevamente en la calle movilizados alzando nuestra voz. Tras el asesinato que nos acaba de indignar de Javier Ordoñez ¡nos han matado 13 compañeros más! Este gobierno asesino nos ha mostrado ahora en Bogotá lo que por décadas ha hecho en el campo, dejar correr sus tendencias fascistas, matar salvajemente, matar sin piedad a quienes alzan su voz contra la injusticia y la barbarie, a quienes se oponen a sus intereses. Nos matan para que el miedo y el terror nos inmovilice, para que ellos puedan avanzar con sus políticas, para que la actual crisis económica siga siendo pagada con nuestro sudor y sufrimiento, para imponernos peores condiciones de trabajo y contratación, más limitaciones y dificultades para acceder a nuestro derecho a la pensión, más impuestos sobre nuestros hombros para exonerar de ellos a los más ricos, a los banqueros y las empresas imperialistas.

Claudia López ha denunciado que lo ocurrido en Bogotá fue una autentica masacre, que tener tantos civiles heridos por arma de fuego se debió a un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de «algunos policías», y que ella no dio la orden de uso de la fuerza, mucho menos de uso de armas de fuego contra los manifestantes. Se reunió con Duque y le hizo un llamado a una reforma estructural de la policía, el gobierno uribista, como era de esperarse, lo rechazó. Claudia tiene razón en sus denuncias, pero no en la orientación que termina planteando: llamar a un «acto de perdón y reconciliación». Claudia López peca de ingenua o de inconsecuente, la sociedad no puede perdonar ni reconciliarse con quienes no han demostrado el más mínimo arrepentimiento por los hechos criminales, con quienes los niegan y se han mostrado dispuestos a seguirlos cometiendo. El uribismo no va a dar marcha atrás con su política de odio y terror porque la necesita para mantenerse en el poder, al uribismo no le importa la verdad y mucho menos avanzar hacia la solución de los problemas que convocan a miles de jóvenes a manifestarse, porque justamente este gobierno y los sectores que representan se lucran y viven de la miseria de las mayorías.

Está claro: en defensa del derecho a la vida y las libertades democráticas, contra las tendencias fascistas del régimen uribista, lo que necesitamos son acciones unificadas y contundentes de movilización de masas que le demuestren al gobierno que ya no le tenemos miedo.

Para poder frenar y acabar con la masacre que nos desangra necesitamos hacer como en el 21N, salir todos, de forma unificada, movilizarnos en el marco de un gran Paro Nacional, ser millones en las calles, para hacer retroceder al gobierno, para derrotarlo de forma contundente. Por eso es necesario que las organizaciones que representan a la clase trabajadora, particularmente las Centrales Obreras, todas las organizaciones sociales y políticas que confluyeron a finales del año anterior, convoquen una acción inmediata. Es necesario que sus dirigentes cambien ya su actitud pasiva, que raya en la complicidad con la barbarie. Es nuestro deber como trabajadores, como miembros de esas organizaciones reclamarle a nuestras direcciones esa convocatoria.

También toda aquella organización, todo aquel dirigente, que se reconozca como defensor de las libertades democráticas, debería sumarse sin vacilación ni tardanza al llamado a este paro nacional. Petro está en lo correcto al llamar de manera insistente a las Centrales Obreras, al Partido Verde, a la Colombia Humana y a más sectores a unificarse en una gran acción nacional para hacer retroceder la avanzada antidemocrática del uribismo y su gobierno. Igualmente se requiere que florezcan en cada barrio, localidad y comuna del país formas de organización que impulsen la movilización, asambleas barriales y populares que le den vida y extiendan democráticamente el proceso.

Si Claudia López no dio la orden de disparar, lo sucedido en Bogotá con el accionar asesino de la policía, tal como se ha denunciado, es una ruptura de la cadena de mando orquestada desde la Casa de Nariño, desde el Ministerio de Defensa y la cúpula policial. Por tanto, en lugar de actos de «reconciliación» lo que debemos exigir en las calles en primer lugar y de inmediato es que caigan los responsables de la masacre:

 

¡Que se hagan públicos todos los videos entregados por Claudia a Duque, con los que la Alcaldía dijo colocar en evidencia la brutalidad policial!

 

¡Que ante una comisión integrada por los familiares de las víctimas, y de manera pública, la Alcaldía entregue la identificación de todos los policías que allí aparecen disparando, agrediendo, o permitiendo que otros policías lo hicieran!

 

¡Inmediata destitución de todos esos policías!

 

¡Juicio y castigo a los policías asesinos y no por la Justicia Penal Militar!

 

¡Fuera el comandante de la policía Oscar Atehortúa y toda la cúpula de la Institución!

 

¡Fuera el ministro de defensa, el uribista Carlos Holmes Trujillo!

 

 

 

 

 

 

 

 

Masacre en Bogotá · La indignación popular se toma las calles

 

Violación institucional sistemática por parte de las Fuerzas Armadas a los derechos y vida de las mujeres

¡La violencia institucional que han ejercido las Fuerzas Armadas colombianas en contra de las mujeres ha sido sistemática y se ha tratado de esconder bajo la cortina de poder del Estado!

En Colombia las recientes denuncias por parte de mujeres –varias de ellas niñas— de diferentes etnias indígenas que han sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros del ejército colombiano, han desatado la ira e indignación y han puesto en el centro del debate la tan normalizada violencia en contra de la mujer, particularmente aquella que es ejercida por quienes dicen ser los “defensores” del pueblo y “héroes de la patria”. Frente a esta grave problemática cínicamente el Estado y el gobierno de Duque como solución, nos ofrecen “ayuda” de las mismas instituciones que nos acosan, abusan, violan y asesinan.

El Estado y el gobierno de Duque nos hacen un llamado a confiar en las Fuerzas Militares, pues son “sólo unas cuantas manzanas podridas”, siendo que éstas han perpetrado históricamente masacres y asesinatos políticos, muchos en complicidad con los paramilitares, que han sido el soporte del régimen del terror de Uribe, y que Duque, en su esfuerzo por reinstaurar dicho régimen, ha restituido en el poder a toda una cúpula comprometida con crímenes graves contra los DDHH, como los falsos positivos, en amenazas, intimidación y asesinatos constantes a líderes sociales, campesinos y obreros.

No en vano las mujeres de Colombia se han unido a las millones de voces de mujeres alrededor del mundo coreando: “El Estado opresor es un macho violador”, denunciando la violencia, la violencia sexual y abusos sistemáticos por parte de la Fuerza Pública con la indulgencia y hasta complicidad del Estado, contra los derechos y vida de las mujeres; denunciando que el Estado y el gobierno fingen interés por los casos de abuso y violencia, pero en realidad encubren y distorsionan los casos que se han denunciado, alargando y archivando los procesos y re victimizando a quienes denuncian. Es por esto que hoy más que nunca se hace necesaria la unión y lucha de las mujeres en contra del Estado, sus instituciones y del sistema capitalista que nos explota, viola y oprime; es necesario que continuemos denunciando estos casos de violencia y abuso.

La violencia sexual por parte de miembros de las fuerzas militares: ¿casos aislados u otra expresión más de su brutalidad y de la impunidad del estado?

 “Quienes defienden al Ejército dicen que se trata de unas cuantas manzanas podridas, pero el verdadero problema es que es una práctica sistemática y estructural”

Catalina Ruíz, Julio 1 de 2020, The Washington Post.

El reciente caso que salió a la luz pública el pasado 22 de junio, sobre la violencia sexual contra una niña indígena de 13 años, perteneciente a la comunidad Embera Chamí, por parte de un grupo de al menos siete soldados, abrió el debate sobre las prácticas sistemáticas de abuso y violencia sexual ejercidas por las fuerzas públicas colombianas, particularmente del ejército, contra las mujeres y niñas. Sin embargo, frente a estos acontecimientos, los altos mandos de la institución militar sostienen como defensa a las denuncias, que éstas son casos aislados, que son unas cuantas “manzanas podridas que manchan el uniforme”. Incluso, Eduardo Zapateiro, el jefe del Ejército Nacional, se llena la boca asegurando que: “Ningún soldado, colombianos... Escúchese bien, quiero ser enfático. Ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”. No obstante, aunque Zapateiro y los demás altos mandos del ejército se empeñan en convencernos de que estas prácticas son de unos pocos miembros del ejército y no son reiterativas y que los miembros del ejército no son entrenados para “atentar contra los derechos humanos”, la verdad es que para nadie es un secreto que el uso desmedido del poder y de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares no es algo nuevo, pues son entrenados para ejercer control y poder sobre los territorios y la población mediante el uso de la fuerza y la violencia desenfrenada, lo que los hace propensos a esas prácticas de abuso y violencia sexual hacia las mujeres y niñas. De allí que el abuso y la violencia sexual ejercida por parte de los militares hacia las mujeres, tampoco es una práctica reciente en estas instituciones.

En un estudio reciente por la Corporación Sisma Mujer (2019), se señala a los miembros de las “fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia como los mayores presuntos responsables de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto de la violencia sociopolítica” –esto sin mencionar, la violencia sexual ejercida por grupos guerrilleros y paramilitares–. En ese sentido, este mismo estudio señala, para el 2018, a las fuerzas militares como los presuntos agresores que mayor participación tuvieron, pues “registran el 62,16% del total de hechos vinculados a la fuerza pública; y 23,59% del total de casos de violencia sexual contra las mujeres”, seguido de miembros de “delincuencia organizada” (paramilitares, pandillas, narcotraficantes, bandas criminales), “quienes reportan 24,62% de estos hechos”. Así mismo, se menciona que del 2017 al 2018 los casos de violencia sexual perpetrados por las fuerzas armadas, las fuerzas públicas, la policía, policía judicial pasaron de 43 en 2017 a 74 en 2018 (un incremento del 72,09%); de las fuerzas militares de 14 en 2017 a 46 en 2018 (un incremento del 228,57%). No obstante, cabe recordar que lamentablemente, en el marco del conflicto armado, no sólo militares y paramilitares incurrieron en este tipo de conductas contra las mujeres, también hay casos de miembros de los grupos guerrilleros, tal cual como lo señala el mismo estudio de Sisma Mujer, en donde los casos de violencia sexual en manos de grupos al margen de la ley (FARC, ELN) incrementó en el 2018 en un 65, 5% (lo que equivale de 16 casos en 2017 a 26 en 2018).

Aunque las anteriores cifras corresponden a la violencia sexual en el marco del conflicto armado, es preciso señalar que estos actos se siguen perpetrando. Hace unos meses Alberto Bruni, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó que se habían encontrado tres casos de violencia sexual, en Arauca, Guaviare y Meta, en el que estarían implicados miembros del Ejército. De igual modo, luego de la noticia de la niña Emberá, el Ejército Nacional reconoció otro caso de violencia sexual perpetrado en septiembre de 2019 en Guaviare, contra una niña indígena de la comunidad nukak makú, quien fue encerrada por cinco días en el Batallón Joaquín Parías. En 2018, se conoció que el militar Raúl Muñoz (quien paga una condena de 60 años), abusó sexualmente de una menor en Tame, Arauca. En 2017, en Fuente de Oro Meta, una menor de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. A esto se suman las declaraciones del general Eduardo Zapateiro, sobre 118 integrantes de la misma institución investigados por abuso sexual que involucran a menores de edad.

Todo esto demuestra, a diferencia de lo que nos señala Zapateiro y su cúpula militar, que no se trata de unas cuantas manzanas podridas de la institución o de casos aislados, por el contrario, es una práctica sistemática de abuso de poder y autoridad que las fuerzas militares han ejercido hacia niñas y mujeres, particularmente aquellas en condición vulnerable, en los diferentes territorios del país. Las fuerzas militares colombianas no son ningunos héroes de la patria, sino que, desde su semilla, es una institución putrefacta que refleja a profundidad los aspectos más retardatarios de la sociedad: el machismo, la violencia contra quienes están desarmados, torturas y violaciones a derechos humanos y, sobre todo, la defensa del opresor y el explotador a costa de la vida de los explotados y oprimidos.

Un aparato represivo signado por la violencia política, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad

Este derroche de abuso, de crueldad e impunidad que cobija a las Fuerzas Armadas tienen una base profunda en el carácter de clase de estas instituciones, su función como pilar del estado burgués, pero también en las peculiaridades de la oligarquía colombiana y de su relación con el imperialismo. El estado es por definición el aparato de dominación de las clases poseedoras, el órgano que garantiza que estas clases mantengan la propiedad privada de los medios de producción y todas sus condiciones de privilegio y opresión sobre las otras clases, y no eso que nos enseñan en la escuela para adoctrinarnos desde pequeños, que “el estado somos todos” o que “el estado es nuestro gran protector”. Dentro de ese aparato de dominación las Fuerzas Armadas son la columna vertebral, el aparato represivo y de inteligencia que soporta por la fuerza toda la explotación y la opresión. Ese trabajo se complementa con la acción de la justicia que defiende los intereses de los explotadores y opresores y persigue y encierra a los de abajo cuando se levantan, junto a ellos están el aparato escolar y los medios masivos de comunicación, que reproducen las ideas dominantes de estas clases poseedoras.

Por si esto fuera poco, Colombia tiene una larga tradición de violencia política, pues la oligarquía ha privilegiado los métodos violentos incluso para dirimir sus propios conflictos, y la ha usado sistemáticamente para derrotar la lucha de clases. La violencia política, e incluso el recurso de los paramilitares como una táctica constante para mantener su dominación han sido un rasgo característico del régimen político colombiano por décadas. Rasgo que se acentuó por la alianza histórica de esa oligarquía con el imperialismo, lo que ha permitido una injerencia constante de EEUU en los asuntos internos del país, al tiempo que el país ha cumplido servilmente el rol de peón militar y político de sus intereses en el continente y en el mundo.

Pero con el Plan Colombia -desde el gobierno de Andrés Pastrana-, estos rasgos se hiperdesarrollaron y el país se convirtió en “el portaviones político y militar” del imperialismo en la región. Para esos fines imperialistas contra la soberanía de los países independientes como Venezuela y Ecuador y bajo la bandera de la guerra contra el narcotráfico, inundaron el país de bases militares de EEUU, cometieron todo tipo de atropellos, incluso violando las fronteras de esos países. En este marco, las FFMM de Colombia llegaron a ser las más grandes -en términos proporcionales- del continente y desde antes el país recibe la tercera inversión militar más grande de parte de EEUU, sólo después de Israel y de Egipto.

Han recibido por décadas el presupuesto más alto del estado y han gozado de gran poder e impunidad, actúan casi con licencia para matar en muchas regiones del país. Y durante los gobiernos de Uribe ayudaron a instaurar un verdadero régimen de terror férreamente apoyado y secundado por EEUU, en el que reinaron violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos. Desde entonces estas instituciones represivas viven un proceso de descomposición creciente, cada semana hay un escándalo nuevo por chuzadas, por espionaje contra jueces, periodistas y opositores políticos, por violaciones de derechos humanos, así como por todo tipo de atropellos y episodios sistemáticos de corrupción al más alto nivel. Pero el gobierno de Duque se dio a la tarea de restituir en los más altos cargos del Ejército a oficiales comprometidos en todo tipo de acciones criminales, como los falsos positivos. Por ello es el responsable político de la matanza sistemática contra líderes sociales y excombatientes y del nuevo auge del paramilitarismo, todo bajo la más descarada impunidad. En este marco las crecientes denuncias por abusos sexuales contra mujeres y niñas por parte de militares, se entiende perfectamente.

¡No es un fenómeno nuevo: la violencia contra la mujer ha sido un instrumento de guerra y dominación… también del imperialismo!

El uso del cuerpo de la mujer como botín de guerra es una práctica sistemática que convierte a las mujeres y sus cuerpos en instrumentos de control y dominación, es una forma de intimidación, castigo o represalia contra el enemigo, en la que los actores armados de un conflicto siembran el terror en las comunidades e imponen el control militar. Esta práctica la podemos encontrar a lo largo de la historia en varios hechos devastadores. Un ejemplo de esto es la guerra de Bosnia (1992-1995), en la cual las fuerzas serbias practicaron violaciones masivas entre las mujeres bosnias musulmanas en los campos de concentración por ser consideradas como parte de sus servicios; la guerra del Congo (1998-2003), en la cual, según un estudio de American Journal of Public Health, se habrían violado cuatro mujeres cada cinco minutos, lo cual arroja un aproximado de 400.000 mujeres violadas al año; o en África, en el 2013, en donde el cuerpo de las mujeres era el salario con el que el gobierno pagaba a sus milicianos, miles de mujeres eran explotadas, violadas u obligadas a casarse con los soldados que habían asesinado a sus familias. Estos son sólo algunos de los hechos atroces que se han cometido contra las mujeres y niñas alrededor del mundo, y que demuestra que los actores del conflicto no sólo libran la batalla en los territorios, sino que también los cuerpos de las mujeres se convierten en su campo de batalla.

Colombia, en sus más de 50 años de conflicto armado, no podría ser la excepción frente a esos abusos y violencia sistemática contra la mujer y, aunque hasta el momento ningún actor armado ha reconocido públicamente la responsabilidad por el uso de la violencia sexual, hay varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que confirman la dimensión de los daños y la magnitud de la violencia con que el cuerpo de las mujeres y niñas han sido objeto de sometimiento, de apropiación, y de despojo de su dignidad y de su humanidad, que en últimas es una cuestión de poder, pues es en la violencia sexual donde el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en el que se afirma la destrucción, sometimiento y dominación moral del enemigo, lo cual sigue perpetuando la construcción de masculinidades despóticas y violentas.

Las prácticas de violencia, violencia sexual y abuso que convierten a las mujeres y niñas en un instrumento para la guerra, no solamente han sido ejercidas por las fuerzas militares colombianas, sino que, también, se ha ejercido por grupos paramilitares y guerrilleros –esto bajo el conflicto armado—, y como si esto no fuera poco, por las tropas militares del imperialismo yanqui. Esto último obedece, precisamente, a que la burguesía colombiana, encabezada por el Estado, ha mantenido por décadas su absoluta complacencia y entrega al imperialismo estadounidense. Este servilismo que ha ido creciendo desde el 2001 con el “Plan Colombia” y que se intensificó bajo los gobiernos de Uribe, Santos, y, actualmente con Duque, ha convertido a Colombia en el “portaviones político y militar del imperialismo yanqui”: la existencia de 12 bases militares estadounidenses –aunque sólo se reconozcan 7–, el ingreso de Colombia a la OTAN en el 2018; la financiación, el monitoreo y equipamiento de los aparatos militares e inteligencia yanqui a las Fuerzas Armadas y su participación en las maniobras militares estadounidenses; las operaciones conjuntas con Estados Unidos para “combatir” a las FARC en países vecinos como Ecuador y Venezuela –precisamente en estos países que no son serviles al imperialismo–, la firma de los Tratados de Libre Comercio, el ingreso de Colombia a la OCDE; son sólo una muestra de la disposición abierta del gobierno y de las Fuerzas Armadas colombianas a colaborar con el amo del norte en su deseo de control y dominación política y económica de América Latina. En ese marco, no sólo le ha dado carta abierta a los yanquis para que intervenga en los asuntos políticos y económicos del país, sino que, también, parece habérsele otorgado a sus Fuerzas Armadas un permiso absoluto para cometer vejámenes, entre ellos el abuso sexual hacia las mujeres y niñas, contra las poblaciones vulnerables del territorio colombiano sin que éstos tengan repercusión alguna.

En el “informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, se revela que entre el 2003 y 2007 al menos 53 mujeres menores de edad fueron violadas por soldados y funcionarios de seguridad de EEUU en cercanías de la base militar de Tolemaida; y no solamente fueron víctimas de este tipo de violencia sexual, pues dichos actos fueron grabados y vendidos como material pornográfico. Aunque frente a estos actos la Defensoría del Pueblo en Colombia y el ICBF han asegurado hacer un seguimiento y la embajada estadounidense en Colombia ha señalado que cualquier mala conducta por parte de sus fuerzas armadas será tomada “muy en serio”, en la actualidad no hay ninguna condena ni proceso abierto contra soldados o agentes gringos por delitos sexuales en el país. Este derroche de impunidad demuestra hasta dónde es capaz de llegar la oligarquía y el estado colombiano en su sumisión al imperialismo, así como los rasgos coloniales del país en su relación con esa potencia extranjera.

¡Los ataques sistemáticos a las mujeres por parte de las fuerzas Armadas se concentran en los grupos históricamente más oprimidos!

Las mujeres, sus condiciones, la violencia y opresión a la que están expuestas, no se pueden hablar genéricamente ni en abstracto. Los ataques contra las mujeres, se han enfocado en los grupos que siempre han sido más afectados por otras condiciones como la de ser negra, indígena, pobre, “poco educada”, trabajadora, transexual o discapacitada.

La encuesta realizada en el marco de la campaña “violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de su guerra” realizado para el periodo de 2010-2015, concluye que las mujeres negras, entre 15 y 24 años, pertenecientes al estrato socioeconómico 1, son quienes más expuestas han estado a ser víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Además, el mismo informe, realizado para el periodo 2001-2009, revela que 48,5% de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto pertenecen al estrato 1 y el porcentaje restante, a los estratos 2 y 3.

Para las mujeres racializadas -afrocolombianas e indígenas- la violencia ha sido mucho peor porque se ha combinado con actitudes históricas asociadas al colonialismo, el racismo y al esclavismo, pues, no es un secreto para nadie que, desde los tiempos de la colonia, el cuerpo de la mujer ha sido objeto de dominación. Además, los territorios que habitan son los más afectados por la desatención y olvido estatal, lo que se evidencia en su situación de vulneración a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo digno. Todo esto muestra que, como en todas sus otras manifestaciones, la violencia del estado tiene un marcado sello de clase. En esos lugares, que aparecen como tierra de nadie, es donde más se viven los abusos y los vejámenes.

¡El Estado y sus instituciones son complacientes con la violencia sexual y abuso contra las niñas y mujeres!

El presidente de Colombia Iván Duque, frente a lo sucedido con la violación a la niña Emberá por parte de las fuerzas militares, señaló en una rueda de prensa: “No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan el honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena”, así mismo, mencionó que se estrenaría la cadena perpetua con los militares involucrados en este caso. Sin embargo, aunque el presidente quiera dar a los colombianos unas palabras de “alivio” y “seguridad” frente a este caso y pretenda de esta manera “garantizar” la no impunidad, sus declaraciones no pudieron ser más cínicas, pues parece que al presidente se le olvidó que fue el mismo quien hace poco nombró una nueva cúpula militar en la que muchos de los militares y generales, están implicados en casos de falsos positivos y violación de derechos humanos. Incluso, mantuvo a Nicasio Martínez como comandante del ejército a pesar de su relación con procesos de violación de derechos humanos e hizo lo imposible por mantenerlo en su cargo, hasta que lo dejó caer evitando que salieran más denuncias a la luz, igual que con el ministro de defensa Guillermo Botero, la ficha de Uribe que trató de encubrir el bombardeo despiadado contra unos niños, acción que le costó el cargo. Por eso insistimos en que se trata de un fenómeno estructural, propio del carácter de estas Fuerzas Armadas, las mismas que han sido la punta de lanza de la historia de masacres y asesinatos políticos, muchos en complicidad con los paramilitares, las mismas que soportaron el régimen de terror del matarife en sus dos períodos presidenciales, y cuya cúpula fue restituida en el poder por Duque como parte de su esfuerzo por reinstaurar dicho régimen de terror.

Por otra parte, frente a ese mismo caso, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, se vanagloria de haber hecho un rápido proceso en contra de los militares que aceptaron cargos, pero su teatro se cayó al piso cuando, en el fallo, se les acusó de acceso carnal abusivo, lo que, según la ley, implicaría insinuar que la menor consintió la violación (algo impensable), además que da una rebaja de pena a los agresores. Como si este fallo fuera poco, los siete exmilitares fueron trasladados a un batallón en lugar de ser llevados a una cárcel regular, lo cual no fue explicado ni tiene razón de ser pues ya no pertenecen a la milicia.

Como en muchos otros casos la Fiscalía y el sistema judicial, son cómplices de la corrupción que hay dentro de esta institución (FFMM, policía y ESMAD), pues ocultan y encubren todos los crímenes que se cometen en contra las mujeres (pobres, campesinas, trabajadoras), los luchadores populares, sindicales, indígenas y defensores de derechos humanos. Y, descaradamente, nos hacen un llamado a confiar en los miembros de estas instituciones, quienes abusan, violan, persiguen, amenazan, criminalizan y desaparecen, lo cual resulta aún más oprobioso y hasta cínico.

La impunidad y el desprecio hacia la vida de los pobres y los oprimidos son las marcas distintivas de este régimen y de este gobierno, como se evidencia con los casos antes mencionados y, en este momento, con el recrudecimiento de las masacres y asesinatos contra niños y jóvenes: 6 jóvenes asesinados en la zona rural del municipio de Tumaco, 8 jóvenes entre 19 y 25 años masacrados en la aldea Santa Catalina (Samaniego, Nariño), 5 niños entre los 14 y 16 años degollados en Cali, tres jóvenes entre los 20 y 30 años acribillados en la zona rural del municipio de Abrego (Norte de Santander), dos niños de 12 y 17 años asesinados en el Municipio de Leiva (Nariño) –todo esto sin mencionar los asesinatos recientes a líderes y lideresas sociales, e indígenas–.

Respecto a todos esos acontecimientos atroces el gobierno de Iván Duque, no hacen más que emplear palabras eufemísticas pretendiendo así minimizar la gravedad de los hechos, culpando al narcotráfico e incluso a las mismas víctimas, y encubriendo a los perpetradores de esos crímenes. Lo cierto es que el único responsable político de las violaciones de derechos humanos y matanza contra mujeres, jóvenes, niños, lideres, campesinos y trabajadores, es el gobierno uribista de Iván Duque, quien en su empeño por reinstaurar el régimen del terror del uribismo y en su benevolencia al imperialismo yanqui, han permitido las violaciones sexuales, masacres y desapariciones forzadas contra lo pobres, explotados y oprimidos.

Referencias bibliográficas

• https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-recibio-hace-ocho-meses-denuncia-de-nina-indigena-abusada-en-guaviare/682870)
• https://www.vanguardia.com/colombia/polemica-por-acusacion-contra-soldados-implicados-en-violacion-JE2547139
• https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/constitucional-y-derechos-humanos/debate-se-equivoco-la-fiscalia-al-tipificar-el
•  http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/io0101.dir/io0101.pdf
• https://razonpublica.com/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo-de-las-mujeres/
• https://centrodememoriahistorica.gov.co/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo/
• https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922014000200003&script=sci_arttext
• https://www.lavanguardia.com/internacional/20150505/54431049979/soldados-de-eeuu-violaron-a-ninas-en-colombia-y-vendieron-videos-con-abusos.html
• https://www.telesurtv.net/news/colombia-eeuu-militares-denuncias-violaciones-sexuales-20200625-0003.html
• https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-solicito-informacion-sobre-casos-de-presunta-violencia-sexual-en-las-Fuerzas-Militares-y-la-Policia-Nacional.news
• https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/militares-retirados-casos-abuso-sexual-menores
• https://elordenmundial.com/los-abusos-sexuales-en-las-fuerzas-armadas-estadounidenses/
• https://www.elespectador.com/noticias/judicial/soldados-de-eeuu-violaron-a-ninas-en-colombia-y-grabaron-abusos/
• https://www.lavanguardia.com/internacional/20160828/404233518505/mujeres-victimas-conflicto-colombia.html
• https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/24-05-2019-Bolet%C3%ADn-SISMA-25-de-mayo-de-2019.pdf

PepsiCo- Funza en medio de la pandemia se deshace de sus trabajadores enfermos –con estabilidad reforzada- y avanza en su propósito de liquidar la organización sindical SINALTRAINAL

La empresa extranjera PEPSICO, que produce de alimentos empacados (papas margarita, doritos, Natuchips etc.), bebidas gaseosas y energizantes, entre otros productos de masivo consumo popular, quien se presenta al público con proyectos sociales como “Una hectárea de sueños que siembra la reconciliación en Boyacá” o propagadas de televisión realizadas por personajes famosos y costoso como Leonel Messi, NO tiene problema en someter a sus obreros, a sus operadores en medio de la pandemia a fuertes presiones, procesos disciplinarios abusivos y a sobrecarga de trabajos reduciendo los salarios. A los trabajadores que han ganado estabilidad laboral reforzada por sus enfermedades laborales les propone acuerdos leoninos para que renuncien a su derecho, buscando al tiempo la destrucción de la organización sindical SINALTRAINAL.

 

Bajo la pandemia, los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, apoyados en el antiobrero gobierno Uribista de Duque, golpean sin cesar a los trabajadores. La crisis económica mundial se descarga inclemente sobre los hombros de los pobres y los explotados mientras los ricos se hacen más ricos. Las acciones de resistencia ante los ataques de patronos y gobierno se multiplican, trabajadores, estudiantes y activistas de derechos humanos buscan resistir el ataque a los derechos y a la vida misma.  Estas luchas de resistencia se realizan de manera aislada y en difíciles condiciones. En solidaridad con estas luchas,  Cacerolazo en línea publica el comunicado las fotos y vídeos producidos por los compañeros de SINALTRAINAL con motivo del mitin realizado el día 24 de agosto de 2020 en las instalaciones de la empresa en Funza (Cundinamarca)  y se permite llamar a la solidaridad, unión y coordinación de las luchas de trabajadores y el pueblo colombiano en contra de este régimen antiobrero y criminal del Uribista Duque, que condena al hambre y baña en sangre al pueblo colombiano.

 

COMUNICADO SINALTRAINAL 24 DE AGOSTO DE 2020: 

Jornada de denuncia frente a PepsiCo planta Funza, motivos :arreglos injustos donde pretenden callar a la gente con dinero sin tener en cuenta antigüedad, enfermedades laborales, situación económica y familiar, nada, el dinero se acaba y la enfermedad sigue, la gente renuncia voluntariamente con una abogada de frente que les dice tomen lo que hay o la compañía decide sacarlos solo con su liquidación, las trabajadoras que aceptaron este arreglo lo hicieron más por persecución aburrimiento por el nefasto clima laboral que hay al interior de la multinacional más trabajo por menos plata, exceso de calor,. Se justifican en las reformas del gobierno y el distanciamiento social para mandar a descargos y tener argumentos para sacarlos, nadie defiende a nadie no hay compasión por quienes con esfuerzo y sacrificio sacan a diario la producción todos aceptamos sus condiciones, por recibir un salario y sostener nuestras familias por temor a perder nuestro trabajo, nadie levanta la mano por miedo a las represalias. Nos han despedido directivos sindicales y compañeros directos con excusas poco válidas SINALTRAINAL rechaza estos actos, esta dictadura que día a día hace más difícil desempeñar nuestra labor, exigimos trato justo a los trabajadores, no más persecución a los trabajadores enfermos y sindicalizados, mejores garantías en nuestras áreas de trabajo, respeto a la convención colectiva, a la libre asociación, no más abusos no sean descarados ustedes son lo que son gracias a quienes venden su fuerza de trabajo para dicha multinacional. LO MEJOR QUE TIENE PEPSICO ALIMENTOS SON SUS TRABAJADORES LOS DEMÁS SON EXPLOTADORES, SINALTRAINAL sigue en pie de lucha así quede uno solo hay sindicato y se les duele pues se soban... a llorar a los Olivos.

 

 

La medida de aseguramiento contra Uribe: un duro golpe al uribismo y al gobierno que profundiza la crisis del régimen

 La medida de privación de la libertad domiciliaria contra Álvaro Uribe, dictada el pasado 5 de agosto por la Corte suprema de Justicia, fue recibida con entusiasmo y como una conquista por amplios sectores democráticos y de masas de la sociedad colombiana, lo que se reflejó en cacerolazos y algunas movilizaciones espontáneas en varias ciudades del país.

 No es para menos: aunque se trata de una medida limitada frente a quien ha sido la máxima dirección política del paramilitarismo y de los sectores más reaccionarios o directamente fascistas del país (con su legado de muerte y terror: de masacres, desplazamiento, exterminio de líderes sociales, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la oposición política y a las cortes, y ataques sistemáticos a Venezuela y otros países independientes en su entrega incondicional al imperialismo norteamericano), se trata del golpe más importante que ha sufrido Uribe, el uribismo y el gobierno de Duque, un detonante que agudiza la crisis del régimen político y una amenaza para todos aquellos que se han mantenido en la impunidad durante décadas.

 En primer lugar, porque es un golpe en medio de una crisis y de una división burguesa prolongada y que atraviesa a todas las instituciones: porque pone fin a la “intocabilidad” de Uribe, con todo lo que ello representa: que todos los que se esconden tras él -ganaderos, empresarios, políticos, altos oficiales de las FFMM, narcotraficantes y paramilitares, comprometidos en todo tipo de crímenes atroces- pueden perder su escudo protector; porque Uribe es el capo, el mandamás indiscutido -el Bonaparte- que impone el orden y mantiene la unidad en una fracción burguesa y en un partido, que más que un partido es un rejunte de canallas que se odian y combaten entre sí, y que sin el jefe tienden a defenestrarse unos a otros; porque es quien garantiza que se mantenga el código de silencio entre un montón de socios y cómplices, que podrían empezar a cantar a grito limpio para intentar salvarse.

 Pero lo es también porque profundiza las tensiones entre Duque y su partido, quitándole su soporte fundamental -en el partido y en el gobierno- y porque, ante su debilidad manifiesta, abre la posibilidad de que sus aliados en el congreso empiecen a abandonarlo, al tiempo que envalentona y refuerza a todos los enemigos, tanto del gobierno, como de Uribe.

 El golpe evidencia la crisis histórica del Uribismo. El Uribe que va preso, por más que conserve el apoyo de un sector importante de masas -fanáticos suyos- y que goce del respaldo de sectores burgueses incondicionales dentro y fuera del país, no es aquel caudillo que salvó al régimen de su crisis más aguda en el momento en que se hundían los dos partidos burgueses tradicionales -el Liberal y el Conservador-, el que unificó al país bajo el programa semifascista de exterminio a la guerrilla y al comunismo, logrando el apoyo de prácticamente toda la burguesía, la inmensa mayoría de las clases medias, de los sectores populares y hasta de una parte de la clase obrera.

 No es el mismo político burgués que consiguió la mayor influencia política de masas de toda la historia del país, y que con ese apoyo instauró un verdadero régimen de terror, que sin dar un golpe militar -como en las dictaduras del Cono Sur- impuso una cruenta derrota política a los trabajadores y el pueblo combinando represión, demagogia y métodos de guerra civil despiadados de la mano de un gigantesco aparato paramilitar. Esa figura poderosa empezó a morir por lo menos desde mediados del año 2019 y la gran causa unificadora de las masas del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 - 21N - fue precisamente el deseo de derrotar políticamente a Uribe y todo el horror que representa. El gobierno advenedizo de Duque tiene por meta restaurar el régimen de terror del Uribismo, pero es justo eso lo que queda cuestionado.

 Por esta razón, hacen mal quienes desestiman la medida por considerar que no es suficiente o que eventualmente puede llegar a ser revertida. El arresto de Uribe configura el pico más alto de la creciente crisis política y el desprestigio del uribismo y, en consecuencia, es un remezón muy importante para Duque, que exacerba las contradicciones en las instituciones y entre los sectores que dominan al país justamente cuando necesitaban mayor “gobernabilidad”, es decir, control y unidad política para aplicar en el futuro inmediato las medidas dirigidas a hacer pagar la crisis económica y los efectos de la pandemia a los trabajadores y a los pobres (reforma laboral, pensional, a la salud, tributaria, etc.), y para contener y reprimir los posibles estallidos sociales que se avizoran. 

 La decisión expresa la profundidad de la crisis y la disputa interburguesa que durante los últimos años ha dividido a la clase dirigente del país y que ha adoptado, entre otras, la forma política de la lucha entre defensores y opositores a la firma e implementación del Acuerdo de Paz de La Habana del 2016. Además, la pugna interburguesa se ha expresado directamente en todas las elecciones desde la salida del poder de Uribe y, más allá, en las divisiones en el aparato de justicia en procesos judiciales y a partir de los choques del uribismo contra la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP y al interior del ejército, la policía y otras instituciones (con escándalos por interceptaciones a congresistas, miembros de gobierno, jueces y periodista desde los aparatos de inteligencia financiados por el imperialismo).

 Coincide con el creciente sentimiento democrático y antiuribista de amplios sectores de la población, que tuvieron su mayor expresión en las movilizaciones y el 21N, en el que la consigna dominante fue “Uribe, paraco, el pueblo está verraco”, pero que ya se había expresado antes, con las incontables rechifladas a Uribe en cuanta ciudad o pueblo se aparecía, en la multitudinaria marcha del 26 de julio, que unificó a decenas de miles en todo el país en su repudio generalizado a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, al paramilitarismo y a Uribe, y en los 8 millones de votos a favor de Gustavo Petro, en unas elecciones presidenciales en las que varios partidos de la oligarquía que ya se querían quitar de encima al Uribismo, tuvieron que -desesperados- apoyar a Duque para impedir que Petro ganara la presidencia.

 La captura de Uribe vuelve a poner en evidencia la insustancialidad del gobierno de Duque, que había quedado suspendida por la irrupción de la pandemia: “En realidad, el gobierno de Duque es una especie de entremés amargo, una pausa mientras todos se preparan para las próximas elecciones presidenciales, en las que la oligarquía citadina espera retomar el control, pero en las que también se espera la reaparición de Petro”. (Colombia: el intento de restauración del régimen de terror uribista, Perspectiva Marxista Internacional, 2019).

 

Entre el llamado a la subversión y la defensa incondicional del orden institucional

 Las reacciones no se hicieron esperar: desde antes que fuera anunciada la decisión, Duque intervino abiertamente en el caso, diciendo que no se podía poner en duda la “honorabilidad” de Uribe y su combate contra la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en el país. Ante las críticas de varios sectores por inmiscuir al gobierno en las decisiones de la justicia, argumentó que hablaba como “ciudadano” y no en calidad de presidente, agitando que era una injusticia privar de la libertad a un expresidente mientras que, a los terroristas de las FARC, entre ellos Jesús Santrich acusado de un caso de narcotráfico, se les había permitido mantener la libertad y a otros ocupar curules en el Congreso.

 El uribismo salió a promover una venganza contra las altas cortes (la Asamblea Constituyente y una reforma a la justicia que instaure una Corte única y acabe con la JEP), que evidencia una vez más su anhelo totalitario de liquidar todo contrapeso institucional y de concentrar aún más el poder en el ejecutivo. Pero fue más allá: un sector encabezado por la senadora Paola Olguín elevó un confuso llamado a un levantamiento militar: “Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el estado de derecho y la democracia”. Sin embargo, ninguno de sus llamados concitó el apoyo de masas que esperaban.

 Los gremios económicos del país -muchos de cuyos miembros se encuentran comprometidos en todo tipo de complicidades y negocios con grupos paramilitares-, han manifestado su apoyo a Uribe reclamando que pueda defenderse en libertad, preocupados porque pueda romperse el pacto histórico de impunidad que ha cobijado a todos los expresidentes, por la inestabilidad institucional que pudiera generar la decisión, y porque si cae Uribe nada impediría que caiga cualquiera de los suyos.

 Mientras tanto, la oposición burguesa y pequeñoburguesa (Santos, De la Calle, Petro, Robledo, Claudia López, Fajardo), con algunos pequeños matices, coinciden en que lo fundamental es “preservar la institucionalidad”, en su voto de confianza incondicional para la justicia burguesa y en su afán por buscar alternativas para canalizar cualquier muestra de descontento generalizado (hasta ahora contenido por la pandemia) por la vía electoral. Aunque todos apuntan a que todo se resuelva institucionalmente en las elecciones de 2022, tienen un gran problema y es que la coyuntura debilita aún más al gobierno y al régimen en el contexto de una durísima crisis económica y social que se agudiza día a día.

 Para colmo de sus males, según las más recientes encuestas entre los posibles candidatos a la presidencia, Petro aparece liderando con una intención de voto entre el 18% y hasta el 32,9%. Aunque Petro se juega a proponer un proyecto capitalista alternativo “Progresista”, buscando atraer a los sectores burgueses que están en contra de Uribe -el llamado Pacto Nacional-, sobre la base de garantizar altas dosis de impunidad que hagan posible la “reconciliación nacional”, para la gran oligarquía también es inaceptable que él gobierne, tal y como quedó constatado en las últimas elecciones presidenciales en las que sus partidos terminaron apoyando a Duque. En la lógica fundamental de recapturar el control pleno del aparato del Estado, hasta el momento la oligarquía ve en Petro una amenaza para sus intereses.

 

 Trump al rescate de Uribe y del “portaviones”

 La preocupación por el futuro gobierno no es exclusiva de la burguesía nacional. Resulta revelador el último video de campaña electoral de Trump, en el que incluye a Petro al lado de Fidel Castro, Chávez y Maduro como amenaza castrochavista alegando que “progresismo” es el sinónimo actual de “socialismo”.  Más aún, apenas se supo del arresto de Uribe, el vicepresidente Pence, en nombre del gobierno de Trump y en un acto de violación de la soberanía nacional, salió a interceder por Uribe, pidiendo que se le permita defenderse en libertad y reivindicándolo como un “héroe de la libertad”.

 Pero no es sólo eso. Lo que están cuidando Trump y los otros sectores del imperialismo que lo apoyan es el sagrado rol de portaviones político y militar que Colombia representa para EEUU en la región, en defensa de sus intereses estratégicos y en contra de los países independientes que resisten su arremetida. La preocupación por la posible desestabilización de su “portaviones” viene de antes, pues los yanquis son conscientes del importante cambio político que significó el 21N, saben del creciente retroceso del Uribismo y de las ansias democráticas del pueblo colombiano, y temen por futuros alzamientos de masas que puedan patear el tablero. Es por eso que están reforzando cada vez más su presencia militar en el país y que tratan de resolver la dura división y la crisis de las Fuerzas Armadas colombianas.

 La detención de Uribe, baluarte de las políticas coloniales de los yanquis en América Latina, agudiza aún más dichas preocupaciones, es por eso que -en medio de una situación interna muy comprometedora para el gobierno de Trump- éste ha salido al rescate del gobierno de Duque con una inesperada visita de tres altos funcionarios, los cuales han venido a ofrecer su respaldo y a prometer importantes inversiones y donaciones económicas.

 

La condena a Uribe representaría un importante triunfo democrático de las masas

 El expresidente Uribe acaba de renunciar al Senado para evadir la competencia de la Corte Suprema y pasar a la justicia ordinaria -en la que como todo el mundo sabe cuenta con su peón el fiscal Barbosa-, mientras que ha sido llamado a rendir versión libre por la misma Corte Suprema de Justicia, ahora por la masacre del Aro y La Granja. No se sabe si esta jugada le saldrá bien, y aún si la corte le impide que se vaya, tampoco es ninguna garantía de que sea condenado. Por el momento, con todo y el decidido respaldo del imperialismo a Uribe y a Duque, la crisis y la división política no hacen más que agudizarse.

 Entre tanto, como una suerte de venganza terrorífica, en el país se recrudecen las masacres en distintas zonas, cobrando las vidas de niños y jóvenes. No debe extrañarnos: la burguesía colombiana tiene una larga y siniestra tradición de violencia política, incluso para dirimir sus propias diferencias. Es incluso probable que esta tendencia se agudice mucho más y que incluso reaparezcan viejas lacras como los magnicidios y otros horrores semejantes. Si bien el Uribismo, en medio de su crisis casi irreversible, no tiene la capacidad de imponer su salida política al país, junto con sus despiadados aliados armados en las regiones y sus agentes en las Fuerzas Armadas y en el aparato de inteligencia todavía puede hacer muchísimo daño. Por eso debemos estar muy alertas (1).

 También es de esperarse que Duque acelere su tendencia autoritaria de la mano de los yanquis, en medio de su creciente debilidad, y a medida que la crisis económica y social se agudiza (2). No es posible vaticinar en este momento si las fuerzas oligárquicas que lo respaldan -como Cambio Radical y sectores de la U- le mantendrán su apoyo para sostenerlo por el tiempo que le queda en el poder, o si están dispuestos a dejarlo caer para emprender su propia carrera por la Presidencia, o si emprenderán su marcha hacia “nuevos horizontes” como está haciendo el Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria, quien ha salido a atacar duramente a Uribe y a Duque; pero incluso el expresidente Pastrana, figura clave en la elección de Duque, cada vez lo critica más en público. Tampoco es seguro si los proyectos de Pacto Nacional bosquejado por Humberto De La Calle y por Petro terminarán cuajando. Lo que sí es cierto es que están a la orden día los grandes problemas de la sociedad colombiana, en especial los de carácter democrático.

 Como son el problema del bonapartismo y de los rasgos fascistas del régimen político colombiano: el peso de las Fuerzas Armadas en la sociedad y el Estado,  la endémica relación de éstas con el paramilitarismo, el presidencialismo, la cruenta y fallida guerra contra el narcotráfico auspiciada por EEUU, los asesinatos y masacres sistemáticas como método para combatir a la oposición y para derrotar la lucha de clases… Todos estos en su estrecha relación con la presencia ya casi colonial del imperialismo en nuestro país, repleto de bases y asesores militares extranjeros. Un cúmulo de viejas lacras sociales y políticas que Uribe y el Uribismo llevaron a su máxima expresión, pero que ya las masas obreras y populares, en especial la juventud, no aceptan más y a las que ansían poner fin, como se evidenció con contundencia en el 21N. La condena a Uribe representaría un primer triunfo muy importante para esa lucha democrática, un punto de partida fundamental en la tarea de democratizar el régimen y la sociedad colombiana y de honrar la memoria de las miles de víctimas de todos sus crímenes.

  

Por la más amplia unidad de acción democrática para derrotar las tendencias fascistas del régimen

 También están todos los problemas estructurales de esta sociedad, como la espantosa concentración de la tierra en unas pocas manos, la opresión económica, política y militar del imperialismo, expresada en los TLC, en la guerra contra el narcotráfico y en una pléyade de acuerdos políticos y militares que atan nuestro país a los intereses de EEUU. La enorme desigualdad social y la creciente explotación, que se agudiza con la pandemia y la crisis económica actual. La solución de fondo a todos estos problemas no va a venir de la mano de este régimen, ni de ninguno de sus partidos, defensores todos del sistema capitalista. Es por eso que las elecciones y las otras salidas institucionales tampoco nos ofrecen ninguna garantía. De lo que se trata justamente es de derrocar este gobierno, este régimen y de seguir luchando por un gobierno obrero, campesino y popular.

 Los trabajadores y los pobres no tenemos por qué depositar ninguna confianza ni en la justicia burguesa -la misma que persigue a luchadores obreros y populares y mantiene encarcelados, incluso sin condena, a centenares de presos políticos-, ni en ninguna institución de este régimen podrido. Nada nos garantiza que no lo absuelvan o que negocien, tras bambalinas, un nuevo pacto de impunidad que lo libere sacrificando a criminales menores a cambio de preservar a los peces gordos, a todos los otros cómplices de la matanza contra los luchadores en el país. Pero eso no debe impedirnos reconocer las tremendas contradicciones y fisuras que existen entre los poderosos, las cuales tienen que ser aprovechadas por los trabajadores y el pueblo pobre.

 Como marxistas revolucionarios, por principio no apoyamos o defendemos ninguna decisión de un régimen o de un gobierno burgués, pero sí nos oponemos a los ataques bonapartistas y hasta fascistas del Uribismo y sus aliados contra los elementos de la democracia burguesa, como en este caso las cortes (3).  El Uribismo, desde sus primeros gobiernos, ha construido una larga trayectoria de ataques, intimidaciones, chuzadas y amenazas a los jueces, como parte de su esfuerzo por doblegar y controlar a todas las otras instituciones y poderes, llegando incluso a entregarle el aparato de inteligencia a los paramilitares para amedrentar y perseguir a sus opositores. Por eso, ahora más que nunca, debemos denunciar y combatir el intento de Duque por reinstaurar el régimen de terror uribista, propiciando la más amplia unidad de acción democrática en su contra.

 Es por eso que llamamos a los trabajadores y trabajadoras de todas las organizaciones obreras, campesinas y populares (estudiantiles, indígenas, afro, de mujeres, barriales, de derechos humanos) a que exijan a sus dirigentes de la dirección de la CUT, de la CGT, a Petro, a Robledo, a Claudia López, ponerse al frente del trabajo unitario contra la arremetida totalitaria de Duque y del Uribismo. Así como a todas las personalidades y organizaciones que se reclaman democráticas, a los sectores que convocaron la movilización del 26 de julio, y a quienes participaron e incluso a los que no en el 21N, pero que comprenden la importancia de esta causa, a organizar la más amplia unidad para luchar por la derrota de las tendencias bonapartistas y fascistas del gobierno Duque, para acabar con las masacres de jóvenes indefensos, con los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes y por el castigo al genocida de Uribe.

  

Referencias

1.  Ya van 10 masacres en este mes, 7 en los últimos 12 días, 4 en los últimos 3 días, más de 35 personas indefensas asesinadas de manera cruel y despiadada, mientras que Duque, que se resiste a hablar de masacres, pues según él son “crímenes colectivos”, es abucheado estruendosamente por los pobladores de las comunidades, quienes reconocen que sus muertos son víctimas de un gobierno y un régimen complacientes con los asesinos.
2. Entre otras, distintos sectores han denunciado el proceso de blindaje y concentración de poder, al poner bajo mando del Uribismo no sólo a la Fiscalía sino también a la Contraloría, la Defensoría del pueblo y la Procuraduría.
3.  Elementos o libertades democráticas que son claves para que la clase obrera y el pueblo pobre pueda reunirse, organizarse y movilizarse en contra de este sistema.