El
gobierno uribista de Duque se ha caracterizado por su ineptitud para encarar la
crisis sanitaria que desencadenó la pandemia del Covid-19, por su cinismo a la
hora de explicar los asesinatos de líderes sociales y la ampliación del
accionar paramilitar en todo el país, pero sobre todo por su actitud servil
ante la gran burguesía nacional y las transnacionales imperialistas.
En Colombia los principales grupos económicos se han
seguido enriqueciendo en medio de la crisis, particularmente beneficiados con
los recursos públicos. Duque les entregó 9 billones de regalo desde la pasada
reforma tributaria de 2019, en medio de la pandemia destinó la mayor parte de los
recursos a banqueros y comerciantes de la salud -dueños de las EPS-, y en los
últimos días se ha denunciado que otorgó miles de millones de pesos en ayudas a
sus protegidos de siempre, los aportantes a su campaña: Sarmiento Angulo,
Gilinski, Ardila Lulle y Santodomingo.
El gobierno Duque es el responsable de la crisis
económica y social que padecemos, no conforme con ello se ha empeñado en hacer
que la crisis la paguemos los trabajadores. El 1174, la reforma laboral que nos
impuso por decreto, y su iniciativa de realizar una nueva reforma tributaria
van en esa dirección. Si en noviembre y diciembre de 2019 los jóvenes, las
mujeres, las negritudes, los indígenas, los campesinos y los trabajadores, nos
organizamos para detener el «paquetazo de Duque», ahora tenemos que redoblar
esfuerzos en la organización y la lucha contra esta nueva ofensiva.
Crisis
económica y desigualdad: una realidad de la que apenas se habla
Colombia atraviesa una profunda crisis económica. Fedesarrollo planteó que
el país entró en recesión desde marzo de 2020, una circunstancia así no se
vivía desde 1999, sin embargo las cifras actuales tienden a ser peores, la
caída del PIB (Producto Interno Bruto) el año anterior fue de -6.8% (dos puntos
por encima de aquel entonces), el número de personas desempleadas a diciembre
fue de 3,3 millones y en tan sólo un mes del presente año llegó a ser
de 4,16 millones -casi un millón más-, pasando de una tasa de desocupación del
13% a una del 17.3%, la más alta en la historia. Se estima que la pobreza afecta hoy a uno de cada dos colombianos, que el 23% de los
hogares pasó de comer 3 veces al día a comer sólo 2 y que el 10% sólo tiene
para ingerir alimentos 1 vez al día.
Esta crisis ahonda los problemas ya existentes. Desde hace años distintos
informes como el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam)
publicado por un grupo de universidades entre las que está la Universidad de lo
Andes, el Informe Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), e incluso los informes de agencias imperialistas como el
Credit Suisse Research Institute o la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), subrayan que América Latina es la región más
desigual del mundo y Colombia el país más desigual de la región.
Según datos de los informes citados los colombianos con más de 100.000
dolares son apenas el 3,8% de la población y sólo 3 personas concentran una
riqueza equivalente a lo que poseen más de 20 millones de colombianos pobres.
El 66,8% de la riqueza del país esta en el 10% más rico de la población. Luís
Enrique Espitia y Luís Jorge Garay han publicado libros sobre el tema de la
desigualdad en los que hablan de la existencia en el país de ricos, super ricos
y super super ricos, estos últimos serían el 0,1 % de los ricos. La conclusión
es que la riqueza producida socialmente, por millones de trabajadores, está
ultraconcentrada en unas cuantas manos.
Esa profunda desigualdad es el verdadero origen de la pobreza, la
injusticia y la violencia que azotan los espacios urbanos y rurales, la que
conduce a los jóvenes de Buenavetura a enlistarse en las bandas de
paramilitares y nacotraficantes, al campesino del Catatumbo o el Cauca a
cultivar coca, a los niños de la Guajira a la desnutrición y a los indígenas
del Bajo Baudó al desplazamiento. Según la OCDE se requeriría el equivalente a
11 generaciones, es decir, cerca de tres siglos para que una persona salga de
la pobreza en Colombia.
Los impuestos o cómo sostener el Estado burgués
esquilmado a los trabajadores
El presupuesto general de la nación para 2021 está cercano a los 314
billones de pesos, de ellos alrededor del 50% provienen del recaudo de
impuestos. El 85% de los impuestos en el país provienen del Impuesto de Renta y
del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Otras fuentes de recursos son las
empresas de capital público como Ecopetrol -que producen dividendos al Estado-
y el endeudamiento.
La burguesía colombiana, ese cada vez más pequeño sector de la pobalción en
el que se concentra la riqueza, se queja habitualmente de las altísimas tasas
de impuestos, y de como ellos soportan con sus contribuciones el aparato
estatal. Es común escuchar a sus economistas, diciéndonos con toda seriedad,
que en el país tan solo unos 3 millones y medio de colombianos pagan el
Impuesto de Renta.
Nos señalan que eso es inobjetable y formalmente tienen razón, sin embargo,
el 85% del Impuesto de Renta no proviene de contribuyentes directos, si no de
la Retención en la Fuente, que no es otra cosa que un adelanto del Impuesto de
Renta que se cobra en las transacciones económicas. La Retención en la Fuente
se le descuenta a un asalariado contratado por orden de prestación de servicios
como la mayoría de los trabajadores de la salud en la actualidad, nominalmente
puede que ellos no estén obligados a pagar el Impuesto de Renta, pero en la
realidad se lo terminan cobrando. Lo mismo sucede si un trabajador ofrece sus
servicios como ayudante de construcción en una obra de remodelación de una
oficina, a la hora del pago no se le cancela el 100% del precio pactado por su
trabajo, se le hace la deducción de la Retención en la Fuente. De esa manera
los contribuyentes al Impuesto de Renta crecen de forma indeterminada y abarcan
a un amplio margen de la clase trabajadora.
Contrario a lo dicho por lo lugartenientes de la burguesía, Espitia y Garay
han llegado a concluir que para los ricos, super ricos y super super ricos el
Impuesto de Renta tiene muy poco peso, pagan muy poco en proporción a sus
ingresos y riqueza acumulada.
El otro impuesto que es columna vertebral del sistema tributario colombiano
es el IVA, creado en 1963 se ha mantenido por 57 años como el tributo de mas
fácil recaudación. La tarifa general del IVA es hoy del 19%, se paga al momento
de la compra de productos como prendas de vestir, electrodomésticos y algunos
alimentos -por ejemplo, un frasco de aceite-. Empezó siendo del 10%, con
Gaviria pasó a ser del 14%, con Samper del 16% y con Santos del 19%. El IVA es
un impuesto indirecto que se le carga al consumidor sin tener en cuenta su
capacidad de pago. Lo paga Sarmiento Ángulo y Don Juan al momento de comprar
una camisa, una lavadora o una barra de chocolate.
Sin embargo, para una familia como la de Don Juan el IVA representa en
promedio un 11,5% de su ingreso mensual y para una familia como la de Sarmiento
Ángulo apenas un 2,2%. Es decir, es un impuesto que afecta particularmente a la
clase trabajadora, sobre todo a sus sectores más pobres porque les quita una
mayor porción de su salario.
Nominalmente los ricos, super ricos y super super ricos deberían pagar
muchos más impuestos, pero tienen todo tipo de exenciones, para 2018 Espitia
estimaba que estas llegaban a los 50 billones de pesos. De este modo es un
embuste decir que la mayor parte de la financiación del Estado proviene de la
burguesía, es el pueblo trabajador el que soporta con el pago de impuestos a un
Estado que debería ocuparse de invertir los recursos recaudados en el bienestar
de esa clase trabajadora que lo sostiene.
Pandemia y desigualdad: una realidad mil veces
padecida
Pero la realidad dista mucho de ser así. La inversión del Estado para la
satisfacción de los derechos básicos de la población ha sido históricamente
miserable. La salud y la educación llevan décadas convertidas en un privilegio,
del cual buena parte de los colombianos están excluidos o tienen un acceso
restringido. La lucha cotidiana para muchas familias de la clase trabajadora es
por la atención en salud, por condiciones mínimamente dignas en el servicio
educativo o por el acceso a la educación superior.
Una mujer fallece al subir un puente peatonal en Bogotá luego de salir de
su EPS y no recibir atención médica, llevaba meses solicitando una intervención
quirúrgica al corazón. La enfermera que recibió la primera dosis de la vacuna
contra el Covid-19 llevaba 2 meses sin que le pagarán su salario; alrededor de
700 trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fueron a
la huelga en agosto pasado luego de 8 meses sin pago, 4 de ellos se declararon
en huelga de hambre. Según un informe de la Procuraduría en 2020 la deuda con
los hospitales públicos ascendía a 11,4 billones de pesos, sus deudores son las
EPS, las aseguradoras y el Estado.
En la institución educativa Aguas Pietras en Turbaco (Bolívar) no se cuenta
con agua potable, un carro de bomberos la deposita en un tanque, igual suerte
corren los colegios de las comunidades indígenas en el Guanía. En la inspección
de Santa Rita en Cumaribo (Vichada) esta ubicado el colegio Francisco de Paula
Santander que atiende a 196 estudiantes y lleva años denunciado su precariedad,
solo cuenta con dos baños, faltan pupitres, agua potable y dotación para los
laboratorios.
El sistema público de salud fue destruido desde los años noventa y en época
de pandemia ha dejado ver el efecto que eso produce a la hora de atender una
emergencia, ha sido un desastre por la inoperancia de un modelo de salud al
servicio del interés privado y el lucro. La deuda histórica con las escuelas y
colegios del país ha hecho enormemente difícil la posibilidad de una educación
virtual, niños y maestros sin recursos tecnológicos o conectividad padecen el
rigor del abandono estatal. La llamada política de alternancia es prácticamente
imposible en cientos de instituciones educativas que no cuentan siquiera con
agua potable o baterías sanitarias.
Para esa minoría de ricos, super ricos y super super ricos esos no son
inconvenientes su servicio de salud les asegura condiciones dignas de atención
médica y no tienen problema en viajar para acceder a tratamientos y vacunas en
el extranjero. Sus colegios cuentan con sendas inversiones para la adecuación
de protocolos de bioseguridad y si tienen que volver a la educación virtual
tienen recursos suficientes para no tener inconvenientes.
El heroísmo de los trabajadores del sector salud es el que mantiene lo que
queda del sistema público en pie y ha permitido soportar los estragos de la
pandemia. El esfuerzo de maestros, familias y estudiantes ha hecho posible
salvar en algo la educación durante este largo año de crisis sanitaria. Las
carencias estructurales en sectores como salud y educación hicieron posible un
impacto catastrófico de la pandemia y son responsabilidad de un Estado que se
niega a invertir en las necesidades básica de la gente y se niega a cobrarle
impuestos a los que acumulan la riqueza.
La reforma tributaria de Duque al servicio de la
oligarquía y de la banca imperialista
Según el gobierno Duque el déficit fiscal en el país -recursos que le hacen
falta para cubrir sus gastos- está cercano al 9% del PIB, unos de 90 billones
de pesos. Del mismo modo ha señalado que la deuda pública –deuda del Estado con
la banca nacional y particularmente extranjera- está alrededor del 60% del PIB.
De los casi 314 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para
2021 el gobierno Duque planea destinar alrededor de 71 billones de pesos para
el pago de la deuda, casi el 22,4% del presupuesto total, lo cual se convierte
el monto más alto que hemos pagado en la historia. Cerca de 36 billones van al
pago de la obligación neta y 33 billones al pago de intereses. Por lo cual el
gobierno uribista ha dicho que se requiere una nueva reforma tributaria para
incrementar el nivel de ingresos por la vía de cobrar más
impuestos.
El eje de la Reforma Tributaria sería extender el IVA y poner a pagar más
Impuesto de Renta a las personas naturales. Cuando la burguesía dice, bien sea
por boca de sus gremios, sus expertos o directamente de Duque y Carrasquilla,
que es necesario «eliminar las exenciones y beneficios» para aumentar el
recaudo, no se refieren a eliminar todas las gabelas de los ricos, super ricos
y superricos sino a cobrar el IVA del 19% a todos los productos de la canasta
familiar que hoy en día están exentos (huevos, leche, carne o pescado, etc.),
excluidos (arroz, frutas, gas, etc.), o que se benefician de una tarifa
diferencial de 5% (como el café, las harinas o las carnes frías).
Para promover la idea, el propio Duque y los periodistas a sueldo de la
patronal usan el argumento de que es injusto que personas como ellos, de altos
ingresos, no estén pagando el IVA por algunos productos. Su supuesta solución
es cobrar IVA a todos los productos y, posteriormente, «devolver» a la
población más pobre lo cobrado a través de pagos del gobierno a dos millones de
hogares.
Con una devolución del IVA del 100% al 20% de las familias más pobres se
reembolsarían a estos hogares 1.7 billones de pesos, el gobierno Duque viene
implementando una política similar de devolución del IVA a los más pobres,
entrega 37 mil pesos mensuales para beneficiarios de sus programas Familias en
acción y Colombia Mayor. Las cifras pasan a ser criminales cuando recordamos
que en la pasada reforma tributaria el gobierno uribista le regaló 9 billones
de pesos a los empresarios más poderosos del país en beneficios tributarios.
Eso sin mencionar que es imposible devolver lo recaudado a los millones de
trabajadores que viven en la informalidad y no están bancarizados, el gobierno
uribista omite decir que sería mucho más sencillo -menos costoso, menos
burocrático y sobre todo menos proclive a trampas y corrupción-, eliminar las
gabelas y exenciones que ya existen. Por ejemplo, Duque y su partido son
campeones en dejar de pagar Renta, Álvaro Uribe pago 0 pesos de Impuesto de
Renta en 2020 e Iván Duque quedó con un saldo a favor de 8 millones.
Según la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) las exenciones
y beneficios tributarios otorgados en 2020 llegaron a 92,4 billones de pesos,
es decir, si los ricos, super ricos y super super ricos pagarán sus impuestos
íntegramente se cubriría el total del déficit fiscal.
De acuerdo a cifras subrayadas por Salomón Kalmanovitz las exenciones al
sector financiero permitieron que los banqueros pagaran en 2020 sólo el 1,9% de
sus utilidades de 121 billones de pesos; las petroleras sólo el 7% de 92
billones y las empresas mineras el 6% de 31 billones, cuando debieron haber
pagado el 33% de acuerdo a la ley. El costo para los ingresos del Estado por
estos obsequios a estos tres sectores fue de 80 billones de pesos, más de cinco
veces lo que el Gobierno intenta recaudar con su nueva reforma tributaria en un
año. Así las cosas el sistema tributario colombiano beneficia a las
transnacionales, los rentistas bancarios y los terratenientes, pero grava sin
ningún pudor a la clase trabajadora.
El gobierno uribista de Duque y su ministro Carrasquilla, a pesar de la
crisis económica, del desempleo rampante, del hambre, de la muerte que se
extienden por la crisis sanitaria, nos vuelven a decir que no podemos cobrarles
más impuestos a los ricos, super ricos y super super ricos, que el peso de la
crisis que ellos han contribuido a profundizar lo debemos seguir cargando
nosotros, incluso que se debe profundizar la miseria y la pobreza con tal de
mantener a los banqueros y las empresas imperialistas felices.
Una mentira mil veces dicha
La premisa de esta Reforma, como de todas las anteriores, es que no se
puede cobrar impuestos a las empresas y la burguesía, porque son éstos los que
generan empleo y dinamizan la economía. Este dogma ha demostrado ser
completamente falso, lo que se refleja no solo en la realidad, sino cada vez en
más estudios de los economistas burgueses. La política de subsidiar a los ricos
y las empresas por la vía de no cobrarles impuestos ha ocasionado mayores
niveles de desigualdad y endeudamiento de los Estados, que luego tienen que
buscar recursos para las finanzas públicas con nuevas reformas tributarias.
En la investigación Las consecuencias económicas de los importantes
recortes fiscales para los ricos, publicado en diciembre de 2020 por David
Hope y Julian Limberg del London School of Economics, se dice:
«Los resultados también muestran que el desempeño económico, medido por el PIB real per cápita y la tasa de desempleo, no se ve afectado significativamente por importantes recortes de impuestos para los ricos. Los efectos estimados para estas variables son estadísticamente indistinguibles de cero».
En palabras simples: lo último que hace un empresario con el dinero que
deja de pagar por impuestos es contratar a más personas para generar más
empleo. Cualquier trabajador sabe que su patrón exprimirá primero a sus
trabajadores hasta que no puedan dar una gota más antes de pasar a contratar a
una sola persona. El grueso del dinero ahorrado por la burguesía no se usa para
invertirlo productivamente, sino que se acapara, se usa para especular o para
el consumo de nuevos lujos.
Reformas tributarias regresivas una práctica
recurrente de los gobiernos en Colombia
Las Reformas Tributarias son una imposición de la burguesía imperialista
contra el pueblo pobre y trabajador para asegurar el pago de la deuda. Las
calificadoras de riesgo se ocupan de decirles a la banca internacional y a las
transnacionales imperialistas si es posible prestarle dinero a un gobierno o
«invertir» en un país. Para que la calificación sea favorable presionan a los
gobiernos de países como el nuestro para que adopten medidas como las reformas
laboral, tributaria o pensional que esquilman a la clase trabajadora para
asegurar los recursos con los que se pagará lo prestado.
Al mismo tiempo las reformas tributarias son parte de la agenda de las
asociaciones de los ricos, super ricos y super super ricos, como el Consejo
Gremial, la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), la SAC (Sociedad de
Agricultores de Colombia) o Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), que
presionan para que se les otorguen nuevas exenciones tributarias y para que la
financiación estatal se soporte con impuestos a los trabajadores.
Cada dos años los gobiernos de turno promueven una nueva reforma tributaria
con el mismo carácter: imposición, ampliación o modificación de lo que los
expertos llaman impuestos regresivos, aquellos que tienden a aumentar la
existencia de desigualdades, pues gravan o aumentan la carga impositiva a
quienes tienen menores ingresos y riqueza. Sin embargo, lo particularmente
infame de la reforma que propone el gobierno Duque es que se presentará en el
marco de la que podría ser la peor crisis económica del país en años.
Derrotemos la reforma tributaria de Duque,
construyamos el paro nacional
Existen amplios sectores académicos y políticos en el mundo que vienen
planteando la necesidad de implementar reformas tributarias progresivas, que
contribuyan a aminorar las desigualdades existentes en sociedades como la
colombiana, estableciendo impuestos para los sectores ricos, super ricos y
super super ricos de los que hablan Espitia y Garay.
En el país algunos centros de pensamiento y grupos de estudios tributarios
de las más importantes universidades han propuesto: impuestos a las bebidas
azucaradas y los servicios digitales, una ampliación del impuesto a la emisión
de dióxido de carbono, implementar una tarifa altamente progresiva y
diferencial sobre la renta de las empresas, mantener y profundizar el impuesto
sobre el patrimonio y modernizar los mecanismos de cobro de impuestos y
seguimiento a evasores.
No dudamos que muchas de esas propuestas son útiles y necesarias, pero nos
parece que lo primero debe ser eliminar todas las exenciones tributarias que se
han otorgado por décadas a las empresas y personas más ricas -nacionales y
extranjeras-, que son las verdaderas responsables del deficit fiscal. Es decir,
eliminar las exenciones a Duque y sus amigos Sarmiento Ángulo, Gilinski, Ardila
Lulle, Santodomingo y hasta el mismo Uribe.
Petro ha planteado también que «se debe gravar la renta». Refieriéndose al
capital improductivo, aquel que no se invierte en la producción de mercancías:
capital financiero, destinado a la especulación o el atesoramiento; dividendos
empresarialesl, las ganancias extraídas por la burguesía que no serán
reinvertidas; y la tierra fértil improductiva, que acaparan los terratenientes.
Sumado a lo anterior debemos exigir ante la situación de crisis y calamidad
actual el No pago de la deuda, además de los intereses abusivos que impone el
sistema financiero por cada prestamo y las imposiciones políticas con las que
llega cada uno de ellos, en el momento actual, en vez de saciar la sed de
ganancia de los banqueros, se deben destinar esos recursos para paliar el desempleo
y el hambre a la que se ha sometido a una buena parte de la población
trabajadora.
La única posibilidad de avanzar en esa dirección es una lucha unificada
para derrotar la ofensiva de Duque, su decreto 1174 y su anunciada
contrareforma tributaria. El 21N es nuestro referente nacional de lucha más
cercano, con él se frenó un primer intento de Carrasquilla de ir a una
extensión del impuesto del IVA, con él se frenaron las reformas pensional y
laboral que la burguesía aún reclama.
La CUT ha convocado un Paro Nacional para el 28 de abril y ha planteado un
plan de lucha en estos primeros meses del año, pero los paros y las
movilizaciones no se decretan, se construyen. Es necesario que las direcciones
sindicales desarollen una política que vaya encaminada a lograr la unidad de
todos los sectores en la lucha, que promuevan la realización de asambleas de
base y encuentros obrero/populares, que convoquen y permitan la participación
democrática de jóvenes, mujeres, indígenas, negritudes, campesinos y la clase
trabajadora en general.
El aborto legal en la Argentina no fue un regalo de los congresistas a las
mujeres, la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Chile no fue un regalo
de Piñera a la juventud y tampoco fue un regalo de Moreno al movimiento
indígena en Ecuador la derogatoria del decreto 883; las grandes conquistas de
estos pueblos se dieron en la calle, con la movilización y con la lucha, por
eso reclamamos de las direcciones políticas del movimiento de masas, a Petro y
los dirigentes del llamado Pacto Histórico, que se coloquen a la vanguardia de
las convocatorias a la movilización y la lucha contra la ofensiva del gobierno
uribista.
¡No al pago de la deuda!
¡No a la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla!
¡Que la crisis la paguen los ricos!
¡Por la construcción de un gran Paro Nacional para
derrotar la ofensiva uribista!
¡Que las direcciones sindicales y políticas del
movimiento de masas convoquen asambleas de base y un gran Encuentro Nacional
Obrero/Popular para preparar el Paro!
