De acuerdo con la psiquiatra Carolina Corcho, el problema fundamental de la salud en Colombia es el sistema privatizado movido por el ánimo de lucro, acaecido con la ley 100 del 93. Sistema que se fundamentó materialmente en la expropiación por parte de privados de una gran cantidad de dinero público de los trabajadores que hacen sus aportes ($40 billones al año). Esta ley se impuso bajo el interés encarnado en Álvaro Uribe Vélez de favorecer al sector financiero, representado en el grupo Aval y el Sindicato Antioqueño.
Al
comienzo, el interés se reducía a la pensión de los colombianos, pero forzaron
que se privatizara también la salud, porque se dieron cuenta que las EPS eran
el vehículo ideal para que el sistema financiero captara más plata. Es un hecho
que, la mayoría de los recursos captados por las EPS, llegan a Bancolombia y
los gastos de prestación de servicios al Grupo Aval.
Basados
en la misma doctora Corcho, con todos estos recursos disponibles, estos
parásitos lograron un enorme control político gracias a las inversiones
millonarias en pauta publicitaria, lobby en el congreso y la colocación de
representantes directos suyos como ministros y superintendentes de salud. La
vicepresidenta de la Federación édica Colombiana, denuncia una puerta giratoria
en la cual, los mismos superintendentes transitan a gerentes de las EPS y
viceversa. Por lo tanto quienes deberían controlar son los mismos que agencian
este robo a los trabajadores colombianos. Para constatarlo, un caso que
encontramos es el del superintendente Fabio Aristizábal Ángel quien ha sido
gerente de aseguradoras, corredor de seguros, asesor del expresidente y
senador Álvaro Uribe y coordinador programático de salud de
la campaña –nada más y nada menos que- ‘Duque Presidente’.
Podemos
decir categóricamente: las EPS’s son parásitos al servicio del capital
financiero, lo que importa es la ganancia, no la salud. Muestra de ello, dice
Corcho es que “generan más de 200 mil tutelas al año tutelando el derecho
fundamental a la salud y más de un millón trescientas mil muertes evitables
entre 1998 y 2010, según cifras oficiales del Instituto Nacional de salud”[1].
Ahora
en la pandemia, estas sanguijuelas dejan ver cómo anteponen el lucro a la salud
ya que en sus manos, las pruebas Covid que se hacen en Colombia, están muy por debajo
de lo necesario: en el país se hacen de 3 a 5 pruebas por individuo contagiado,
cuando se deberían hacer cerca de 50 a 100 pruebas. A otra escala, hay 15 mil
contagios diarios y apenas se realizan 45 mil pruebas, muy por debajo de las
100-150 mil pruebas que debería estarse realizando diariamente.
Y
frente a la necesidad de tener una vacunación masiva, el pronóstico no es
bueno: nos tropezamos nuevamente con las EPS, encargadas de administrar las
dosis. Y son más que un tropiezo, las EPS son las culpables de la situación
actual; no tienen en su prioridad la atención primaria, o sea, preventiva; en
aras de la ganancia engavetaron 70 mil pruebas PCR, y son las responsables de
la demora en la entrega de resultados a los pacientes. Según el periódico El
Tiempo:
Un informe de la Superintendencia de Salud indica que, de las 746.387 quejas, peticiones y reclamos contra EPS recibidos desde el 1° de marzo del 2020 hasta el 17 de enero de este año, 91.965 fueron por temas relacionados con Covid (…) Hoy hay documentadas 36.177 quejas por demoras y las cinco zonas que las concentran son Bogotá (12.992 quejas), Valle del Cauca (4.100), Antioquia (3.754), Atlántico (3.517) y Cundinamarca (1.900). (…) En cuanto a la demora en la toma de la muestra –ya sea porque no la han programado o no han ido a practicarla–, se han registrado 38.510 quejas.
Las cinco zonas que encabezan la lista son Bogotá (14.174), Antioquia (4.989), Atlántico (3.716), Valle del Cauca (3.653) y Cundinamarca (2.299).
Por otro lado, la
ruina de los hospitales públicos y de sus trabajadores no tiene otros
culpables. La Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas dice que.
Las deudas a los hospitales y clínicas, por prestación de servicios de salud, superan los $11,2 billones de pesos, con una morosidad del 61,3%, así lo señala el más reciente estudio de cartera hospitalaria, (…), con corte a diciembre de 2019, en una muestra de 215 entidades públicas y privadas de todo el país.
De esa deuda, la parte que corresponde a las EPS se muestra a continuación,
de acuerdo al mismo informe:
Las EPS del régimen contributivo adeudan $4,8 billones aproximados (…) La cartera de las EPS en operación de este grupo es de $ 3.9 billones, y las principales entidades deudoras de este régimen son: Nueva EPS con $1.3 billones de pesos aproximados y el 58,5 % de la deuda en mora; Medimás EPS SAS con $638.582 millones y una morosidad del 62,4 % y Coomeva EPS que debe $586.820 millones y una mora del 80,7 %.
Respecto a la deuda de las EPS del régimen subsidiado, supera los $ 2.9 billones, (…) La cartera de las EPS en operación en este régimen asciende a los $2.4 billones y la mayor deudora de este grupo sigue siendo la EPS mixta Savia Salud o Alianza Medellín Antioquía S.A.S, con un monto total de $ 621.655 millones, donde el 69,9 % corresponde a cartera en mora, seguida de las EPS-S privadas en operación, Asmet Salud ESS con $ 286.494 millones y un 56,3 % de cartera vencida a diciembre de 2019 y Coosalud, con $ 257.431 millones y un 57,7 % en mora[2].
La necesidad es clara, el tratamiento de la pandemia como el manejo
regular de la salud no puede seguir en manos de estos chupasangre. Sustentado
en esta deuda y la crisis que genera en el sistema hospitalario del país, Juan
Carlos Giraldo, el Director de la ACHC pide el fin parasitismo de las EPS´s:
A su vez, las peticiones de la Achc a la Supersalud en lo referente al proceso que se adelanta con Medimás se centran en que intervenga inmediatamente los recursos de la EPS a través del giro directo, que la Adres tenga ese dinero y que sea girado más de 90% directo a la red prestadora de servicios.
“ojalá se pueda hacer la máxima apropiación de recursos y unos mecanismos claros, que la implementación sea inmediata y que los recursos lleguen inmediatamente a donde está la cartera. Ojalá decidan pronto para que la plata no se la queden las EPS, sino que fluya directo a los hospitales”[3]
No
extenderemos más la denuncia. Solo para no dejar desapercibido, señalemos una
vez más a las EPS´s y a todo el régimen de la ley 100, como los culpables de la
precarización laboral de los trabajadores sanitarios del país, desde
enfermeras, médicos y especialistas. Además toda esta situación condujo a que
sus sindicatos fueran destruidos y al asesinato de al menos 112 dirigentes
médicos y 493 amenazados a manos del Ejército Nacional y los paramilitares en
los pueblos y zonas rurales.[4]
Lo
anterior, y en correspondencia con los dictámenes de diversas organizaciones
médicas y de personalidades científicas nacionales, la ley 100 y sus engendros –las EPS´s- deben desaparecer. La
voracidad de ganancias no puede ser más la base del sistema de salud, debe
haber una reforma estructural donde lo privado no sea el 90% y lo público el
10% a nivel nacional. La actual catástrofe lo exige de inmediato. La propuesta Colombia un solo hospital incluye que el
Estado se haga cargo directamente del sistema hospitalario y la formalización
laboral del cuerpo médico, dando fin a la intermediación en salud y a la
tercerización laboral. Apoyamos esta y otras propuestas de los gremios médicos,
y junto a ellos decimos:
¡Abajo la ley 100 de
1993!, ¡Muerte a las EPS´s!
¡Salud administrada
directamente por el Estado!
¡Contratación directa
con el Estado y digna para los trabajadores de la salud!
[1] Pandemia:
entre el colapso del sistema de salud y el negacionismo.
[2] Las
deudas a hospitales y clínicas superan los $11,2 billones de pesos
https://achc.org.co/las-deudas-a-hospitales-y-clinicas-superan-los-112-billones-de-pesos/
[3] Las EPS que tienen las mayores deudas en
mora con los hospitales y clínicas del país. https://www.larepublica.co/empresas/las-eps-que-tienen-las-mayores-deudas-en-mora-con-los-hospitales-y-clinicas-del-pais-2858627
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