El
gobierno y los medios de comunicación se han ocupado de repetirnos una y otra
vez que las altas cifras de contagio y muerte por Covid-19 en el país son
consecuencia de la irresponsabilidad ciudadana, ¡mienten!. Mienten
sistemáticamente para ocultar que la responsabilidad de la crisis sanitaria y
económica que estamos padeciendo es del gobierno, de sus mezquinas decisiones y
de una burguesía nacional e imperialista que tienen como único objetivo seguir
haciendo negocios, enriqueciéndose así sea a costa de la muerte de miles de
personas.
Con
más de 2 millones de contagiados y 55 mil muertes, Colombia -como han indicado
los rankings internacionales- es uno de los países que de peor manera ha
encarado el manejo de la pandemia en el mundo. Lo que eso ha supuesto para la
población trabajadora es, en el mejor de los casos, un empobrecimiento sin
precedentes, y en las peores circunstancias enfrentar el hambre, la enfermedad
y la muerte. Con tasas de desempleo que llegaron al 20%, una cifra de muertes
que duplica la población que pereció en una catástrofe como la de Armero en
1985, un nivel de contagio que se encuentra entre los más altos a nivel mundial
y con limitadas esperanzas de acceder a una vacuna, el gobierno Duque nos
quiere hacer creer que ha hecho un manejo excepcional de las circunstancias.
Las medidas de Duque para contener la
emergencia económica: plata por montones… para los banqueros
Duque
y sus esbirros se pavonean con total arrogancia diciéndonos que su inversión en
el manejo de la pandemia para 2020 fue de 117 billones de pesos (equivalente al
11% del PIB), sin embargo, en un estudio del Observatorio Fiscal de la
Universidad Javeriana se denunció que según los contratos y las cuentas
presentadas la cifra apenas llegaba a 2,7 billones a junio de ese año (es
decir, solo el 0,25 % del PIB); de los restantes de 114 billones de pesos no se
tienen reportes.
Realmente
la mayoría de esos recursos estuvieron destinados al sistema bancario, por un
lado, como garantías de crédito, es decir, para proteger a los bancos de
posibles impagos. Por otro, los dueños del capital financiero, se beneficiaron
de créditos del Banco de la República por 13 billones de pesos. Es decir,
mientras en el país 1 de cada 5 trabajadores perdían el empleo porque el
gobierno Duque no otorgó a tiempo subsidios a las nóminas de las pequeñas empresas
y no entregó ayudas económicas a las familias trabajadoras más carenciadas; los
Sarmiento Ángulo (Grupo Aval), el Grupo Empresarial Antioqueño (Bancolombia), los
Gillinski (Sudameris, Servibanca) y los demás sátrapas dueños del sistema
bancario nacional se repartían los dividendos acumulados (ganancias que les corresponden
a los empresarios según cada acción de la empresa que posean), que para el mes
de septiembre de 2020 ya eran de casi 25 billones de pesos. Como si fuera poco
los fondos privados de pensiones, de los que también son dueños estos
parásitos, reportaron ganancias por 27 billones de pesos, aún así no le
aseguran una pensión a ningún colombiano.
Mientras
la pobreza y el hambre han crecido en el mundo por efecto de la pandemia, los
multimillonarios se han hecho aún más ricos, no han perdido nada, han seguido
ganando por montones. Solo en Colombia –según cifra de Oxfam con estimaciones
de las cifras disponibles en Forbes y ONU-, las fortunas de tres billonarios
(Sarmiento Ángulo, Gillinski y Santo Domingo) han crecido en cerca de 10 billones
de pesos; dinero con el cual se podrían entregar cerca de 2 millones de pesos a
más de 5 millones de trabajadores pobres.
Que
un pequeño comerciante o un pequeño empresario decida protestar por la
implementación de una cuarentena es consecuencia de esa política económica, que
un trabajador informal, un vendedor ambulante salga a exponer su salud y su
vida en la calle es resultado de esa política económica, que 300 familias
acampen frente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en Bogotá reclamando
ayudas económicas porque mueren de hambre en sus casuchas de los cerros es
resultado de esa política económica, del desprecio e indolencia de la clase
social burguesa y de las medidas que su gobierno, el patético gobierno Duque,
ha tomado o se ha negado a tomar.
Una reforma tributaria en los planes y una
reforma laboral en los hechos
Duque
y su ministro Carrasquilla, con su cinismo característico, ahora nos dicen que por
el dinero que le han entregado al sistema financiero existe un hueco fiscal que
deben solucionar, que se requiere una nueva reforma tributaria y su novedosa
propuesta es que la tenemos que pagar nosotros, la clase trabajadora,
nuevamente proponen incrementar el cobro del IVA y ampliarlo a todos los
productos de la canasta básica familiar. Mientras en países como Argentina se
han implementado impuestos a las grandes fortunas y existen cada vez más
economistas en el mundo que reclaman ese tipo de medidas, el gobierno uribista
sigue demostrando que es el gobierno de la gran burguesía, de la oligarquía, y que
es incapaz de tomar una medida que la pueda afectar, por el contrario está
dispuesto a esquilmar al pueblo trabajador hasta la última gota de sangre.
Los
grandes empresarios desde la pasada reforma tributaria ganaron grandes excepciones
en impuestos, sin embargo los escuchamos quejarse en los medios de comunicación
porque supuestamente pagan impuestos muy altos, también mienten. Una persona
perteneciente al 10% más rico en la Unión Europea paga en promedio 21.3% de sus
ingresos en impuestos, en Estados Unidos 14% y en Colombia apenas el 5%. Estos
«pobres empresarios» son los mismos que reclaman que es necesario que los
trabajadores vuelvan a las fábricas, almacenes, obras o cultivos, no les
importa la economía del país, mucho menos la salud de sus empleados, eso es un
cuento, se preocupan exclusivamente por sus ganancias. Su presión por reabrir
la economía y no ofrecer ninguna ayuda al pueblo trabajador también es
responsable de la situación actual de crisis.
Esos
burgueses insaciables son los que también reclaman una reforma laboral y
pensional, el gobierno Duque se las ha concedido soterradamente. El decreto
1174 va en esa dirección, es una clara contrareforma laboral que entró en
vigencia desde el pasado 1 de febrero. Este decreto formaliza el trabajo por
horas, liquida la posibilidad de pensionarse ampliando el sistema de BEPs
(Beneficios Económicos Periódicos, que permite mesadas pensionales por debajo
del salario mínimo) y sigue engordando el negocio de los fondos privados de
pensiones, deja abierta la posibilidad del despido sin indemnización, profundiza
las condiciones de inestabilidad laboral y por todo ello liquida las
posibilidades de asociación y sindicalización.
La crisis sanitaria: denuncias
contundentes del talento en salud y servilismo de Duque ante las
transnacionales farmacéuticas
Pero
el gobierno no solo es responsable de la crisis económica, la crisis de
salubridad no es un cruel destino que estábamos condenados a soportar, ha sido
también consecuencia de la insensatez e ineptitud de Duque y sus ministros. El
gobierno uribista no ha atendido los reclamos y recomendaciones de los
trabajadores de la salud, aún hoy en distintas regiones del país los médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de seguridad y servicios
generales en los hospitales laboran sin condiciones de bioseguridad adecuadas,
con salarios adeudados de tres o cuatro meses y en una condición de exposición
infame que ha cobrado la vida de más de 150 de ellos. Las comunidades
científicas y médicas han reiterado que con la pandemia ha quedado demostrado
que el sistema de salud en Colombia es un desastre, que desde la entrada en
vigencia de la ley 100 –promovida por el entonces senador Álvaro Uribe-, pasó
de ser un sistema público de salud a ser un negocio de unos cuantos
empresarios, que privilegian sus intereses económicos por encima de la
prevención y atención de los pacientes.
Agremiaciones
como el Colegio Médico de Bogotá han denunciado como los gobiernos -tanto el
nacional como los locales-, han mentido con las cifras de ocupación de las
camas UCI, en ciudades como Bogotá existió a comienzos de este año un colapso
del sistema hospitalario, la demanda de camas UCI sobrepasó la oferta, por lo
que se tuvieron que trasladar pacientes desde Bogotá a ciudades como
Barranquilla y Cartagena. La respuesta del gobierno a estas denuncias ha sido
mantener las condiciones de precarización laboral del talento en salud, apoyar
una reforma del sistema que propone concentrarlo y monopolizarlo aún más
(Proyecto de ley 010 de 2020). Duque y su ministro de salud Fernando Ruíz
entregaron la realización de las pruebas Covid a las EPS y han sido un completo
fracaso, el país nunca ha llegado a las cifras que se requieren para la
detección temprana y el seguimiento de los contagios. Sin importar esos
resultados ahora les entregan la aplicación de las vacunas, que posiblemente
lleguen al país en algún momento.
Que
hoy tengamos plan de vacunación, página para el plan de vacunación y hasta la
fecha ninguna vacuna también es responsabilidad de la política servil de Duque,
en este caso con las grandes empresas farmacéuticas imperialistas (Pfizer,
Aztrazeneca, Jonhson & Jonhson, Moderna, GlaxoSmithKline, Merck o Sanofi).
El gobierno uribista se negó a votar a favor de la iniciativa de Sudáfrica y la
India en la OMC (Organización Mundial del Comercio) para que las patentes de
las vacunas fueran de acceso libre y así pudieran ser producidas por los laboratorios
de muchos más países en el mundo, de este modo también en ese escenario se puso
del lado de los monopolios empresariales y en contra de una solución global y
solidaria a la pandemia. El gobierno Duque también se ha negado a constituir
una alianza con los países de la Latinoamérica para negociar en mejores
condiciones ante las farmacéuticas, rechazó desde el comienzo de la pandemia
las propuestas de la comunidad científica colombiana que reclamaban una
inversión en ciencia y tecnología que recuperara las capacidades del país para
producir vacunas, que podrían habilitar un trabajo conjunto con países como
Brasil, Argentina y México para desarrollar una estrategia para la solución al
acceso de la vacunas en la región.
El
gobierno tampoco se interesó en negociar con los rusos y chinos por su
supeditación a los dictados de las trasnacionales imperialistas, tan solo
ahora, cuando esas transnacionales le pagaron sus servicios dejándolo último en
la fila de entregas, ahora, cuando el programa Covax de la OMS -que fue creado
para el acceso a las vacunas de los países pobres del capitalismo- tampoco le
asegura una dosis, ha decidido sentarse a negociar la vacuna Sputnik V del
instituto de investigación ruso Gamaleya y las vacunas chinas producidas por Sinopharm,
CanSino y Sinovac. Si en Colombia empieza algún día el programa de vacunación
es muy probable que sea con estas vacunas. A Duque se le puede recordar el
adagio popular: «así paga el diablo, a quien bien le sirve».
Alternancia educativa en Colombia: entre
la mentira y la indiferencia
No
conformes con tan nefasto panorama la ministra de educación María Victoria
Ángulo decreta la vuelta a la presencialidad en los colegios públicos y
privados del país y la alcaldesa de Bogotá Claudia López hace lo mismo para la
capital. Desde el Ministerio se han llenado la boca diciendo que han invertido
400 mil millones de pesos en recursos para el retorno a las aulas en los
colegios públicos, ¡mienten!, suman peras con manzanas pues incluyen dineros
que son destinados habitualmente para programas como el de alimentación
escolar, realmente solo han invertido 64 mil millones, que equivale a un gasto
de 2 millones de pesos por institución educativa en el país, con
esos recursos ni siquiera se adecúa una batería sanitaria, en esas condiciones
y con cifras de contagio que están por encima de los 9 mil casos diarios y una
ocupación de camas UCI muy superior al 50% –cifra que según las comunidades científicas
permitiría un retorno seguro- quieren que maestros y estudiantes regresen a las
clases.
El
gobierno ha desarrollado cálculos de cuánto requiere invertir en la
infraestructura educativa y tiene la plata para hacerlo, pero no lo hace y no
lo hará porque prefiere tener debilitado el sistema de educación pública y
responsabilizar de su crisis al gremio docente, hacerlo ver ante la población
como quien se niega al retorno a las aulas, en últimas prefiere conducir a los
profesores, los estudiantes y sus familias a la exposición, como lo ha hecho
con el talento en salud.
Más
aún plantean un retorno a las aulas para los sectores sociales que tienen peores
condiciones de vulnerabilidad, estudios a nivel mundial han planteado una y
otra vez que quienes mueren por Covid están en los sectores más carenciados de
la clase trabajadora, negros y latinos en Estados Unidos, estratos 1, 2 y 3 en
países como el nuestro. Lo que los expertos llaman condicionamientos sociales
para la enfermedad no son más que las circunstancias de pobreza y exclusión a
las que se ven sometidas las familias que envían sus hijos a las instituciones
escolares públicas. Gobierno y empresarios presionan para la reapertura de
colegios no por su preocupación en los niños sino para que la mano de obra
femenina que ha sido expulsada del mercado laboral durante la pandemia o ha
tenido que asumir de forma más amplia las labores del cuidado en los hogares,
vuelva a las fábricas. Su altruismo se corresponde nuevamente con su vil
interés.
Las tendencias bonapartistas y fascistas
del gobierno uribista avanzan
Las
vidas de los trabajadores colombianos no valen nada para el gobierno y los
empresarios, son cifras, estadísticas, les da lo mismo que sean 5 mil o 50 mil,
lo que realmente les importa es mantener su caja de ingresos funcionando. Que
es de esa manera se expresa también con el asesinato de líderes sociales y las
masacres que no cesan, Duque y sus ministros no se inmutan al salir diariamente
a decir que los asesinatos son consecuencia del narcotráfico, del ELN y las
disidencias de las FARC, mientras las bandas paramilitares asesinan defensores
de derechos humanos, ambientalistas o dirigentes campesinos defensores de la
sustitución de cultivos. Duque expresa su menosprecio por los miles de muertos
cuando declara duelo nacional por la muerte del ministro de defensa Holmes
Trujillo -comandante de la fuerzas militares y de policía que cometieron la
masacre de jóvenes el pasado mes de septiembre- pero poco y nada dice o hace
por esas miles de familias que han sido víctimas de la pandemia o la violencia
política, solamente nos repite una y otra vez sus estribillos del supuesto
éxito de su gobierno.
Duque
se ha ocupado de colocar en todos los entes de control a sus partidarios y
amigos, ahora da un paso adelante para borrar las alarmantes cifras de
asesinatos de líderes sociales en el país, le ha indicado a su defensor del
pueblo, el acusado de corrupción Carlos Camargo, que las cifras de líderes
asesinados solo pueden ser publicadas por la fiscalía general de la nación, a
cargo de su amigo y escudero el fiscal Francisco Barbosa. La fiscalía
históricamente ha entregado cifras menores de líderes asesinados y se ha
ufanado de esclarecer los asesinatos que investiga, la falsedad de sus
declaraciones y la ineficacia de sus acciones se demuestra en que la matanza no
ha parado. Esta nueva jugadita del uribismo en el poder no tiene otro fin que
pretender acabar con el problema negando que existe.
El
nepotismo ya es una marca registrada del uribismo, así como pusieron sus fichas
en la fiscalía, la contraloría, la procuraduría y la defensoría del pueblo,
ahora lo hacen en el Banco de la República donde nombraron a Bibiana Taboada,
cuyo mayor merito para el cargo es ser hija de la ex - ministra del interior y
de trabajo Alicia Arango, circunstancia similar se presentó con el nombramiento
del nuevo ministro de defensa Diego Molano, quien fue presentado por Duque como
idóneo para el ministerio porque es hijo de un militar, nació en un hospital
militar y estudió en un colegio militar. El nuevo ministro se reacomoda de
cargo para seguir repitiendo el mismo coro de Duque y el fiscal sobre los
asesinatos de líderes, la ilustre codirectora es una nueva ficha que el
gobierno pone para limitar la autonomía del Banco.
¿Qué respuesta debemos dar los
trabajadores a esta situación?
Los
científicos, médicos, enfermeras y sus agremiaciones son hoy la vanguardia en
el enfrentamiento a la política del gobierno, debemos reconocerles ese lugar,
exigir a las centrales obreras y a las direcciones políticas y del movimiento
de masas que rodeen al talento en salud, que constituyan en torno suyo un
frente de lucha común para lograr revertir las crisis sanitaria y económica que
estamos atravesando.
El planteamiento
de «Colombia, un solo hospital» que han sostenido las comunidades científicas y
médicas responde a la necesidad de centralizar la prevención, detección y
atención para enfrentar la pandemia. Un plan de vacunación, por ejemplo, debe
responder a ese horizonte, no puede entregarse al caótico y fracasado modelo de
las EPS. Los reclamos de los profesionales de la salud van en dirección de
derogar la ley 100 y avanzar hacia un sistema de salud público estatal, que
como ha quedado demostrado a nivel mundial es el mecanismo de política social
que realmente puede hacerle frente a una crisis como la actual. Eso supone
romper con la privatización del sistema de salud y con la precarización a la
que ha sido sometida su personal.
En lo
inmediato han venido haciendo énfasis en la prevención, sostienen que es
necesario mantener las cuarentenas, las normas de distanciamiento social y de
protección personal, pero eso, han subrayado, no funciona si no se plantean las
políticas para combatir los condicionamientos sociales que amplían las
posibilidades de contagio de la enfermedad, por ello han sostenido la necesidad
de la «renta básica». Sus consignas son hoy las consignas que mejor responden a
las circunstancias y por ello deberían ser apoyadas decididamente por todo
aquel que se precie de tener un carácter progresista y democrático.
Son
estos mismos científicos y personal de salud los que frente al problema de la
vacunación han planteado que es necesario que las negociaciones con las
transnacionales farmacéuticas tienen que ser transparente ante la población,
los dineros con los que se negocia son públicos y por tanto también tienen que
serlo los términos de contratación. Se debe presionar al gobierno para que las
negociaciones se den de cara a la sociedad, para que respalde las iniciativas
para hacer públicas las patentes y para negociar de forma mancomunada con los
otros países de la región ante las farmacéuticas, para que invierta los dineros
en ciencia y tecnología que nos permita actuar de forma conjunta también en la
producción, administración y distribución de vacunas, el gobierno no hará nada
de esto sino actuamos masivamente a favor de los reclamos que estas comunidades
y asociaciones han venido haciendo.
En
materia económica los trabajadores colombianos estamos en mora de tomar como
consignas la «renta básica» y el «salario mínimo para las mujeres que
desarrollan las labores del cuidado en los hogares», pero además necesitamos luchar
por la derogatoria del decreto 1174, combatir la política económica del gobierno
Duque y torcerle el brazo para que la reforma tributaria quite las exenciones
tributarias a los ricos e imponga un impuesto a las grandes fortunas, dinero
tienen y por montones, que sean ellos los que paguen la crisis, porque son
ellos y su avaricia la que de fondo explica la debacle social, económica y
sanitaria actual.
El
llamado que debemos hacer a la centrales obreras y a las direcciones políticas
del movimiento de masas es a que se coloquen al servicio de la defensa de estas
políticas, que convoquen a la unidad de acción en torno a la agremiaciones
médicas y científicas, que se constituya un frente común con ellas, pero no
simplemente con declaraciones públicas, es necesario que se establezca un plan
de acción que conduzca a un proceso de movilización, que sea constante,
contundente y que responda a las condiciones de salubridad de forma
responsable. Es necesario convocar para ello un gran encuentro nacional en
defensa de la salud, de la vida y por la superación de la crisis económica para
las familias trabajadoras.
Un
plan de ese carácter solo se puede alcanzar si se logran articular los
distintos sectores que han salido a luchar en los últimos años, por eso se
requiere un encuentro amplio y democrático, que tome como ejemplo las acciones
desarrolladas por la Minga indígena el año anterior, que demostró que se pueden
hacer acciones de masas contundentes, que presionen al gobierno y que cuenten
con mecanismos de control de la salubridad.
¡Por
un frente único de lucha encabezado por los profesionales y trabajadores del
sector salud!
¡Por
un encuentro nacional en defensa de la salud y la vida, para la superación de
la crisis económica!
¡Por
un plan de lucha para torcerle el brazo al gobierno Duque!
¡Por
el salario mínimo para las mujeres que desarrollan las labores del cuidado en
los hogares!
¡Renta
básica ya!
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